Política
Recursos para la DOM permitirán mejorar centros educativos y carreteras
La Ley de Presupuesto 2023, en la parte que corresponde a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), podría sufrir una reforma para incorporar $2,910,308.00 que le permitirán a la institución seguir ejecutando programas que beneficien a los salvadoreños.
Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para hacer las modificaciones a la normativa.
Del total de fondos, $974,188.00 se destinarán al Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a Nivel Nacional. Los otros $1,936,120.00 servirán para adquirir un terreno para desarrollar proyectos en Ahuachapán, a través del Programa de Obras Municipales para Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos a Nivel Nacional.
Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, explicó a los legisladores que el proyecto relacionado a las carreteras se está ejecutando actualmente en diferentes municipios de Chalatenango, La Libertad, La Unión, La paz, San Miguel, Santa Ana y Usulután.
“Este programa incluye pavimentación de calles, carreteras o vías de acceso a nivel nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo local a nivel de las localidades que reciben los beneficios”, expresó Reyes.
En cuanto a las obras que se realizarán en las escuelas tendrán un alcance a nivel nacional, pero los fondos solicitados se invertirán en Ahuachapán.
“Tratan de la construcción, remodelación, aplicación, equipamientos de centros educativos a nivel nacional para mejorar el proceso de enseñanza en cada centro educativo”, dijo la funcionaria.
Los parlamentarios también dictaminaron a favor de que se faculte a la DOM para transferir sus bienes a la Constructora El Salvador, S.A de C.V., mediante aportaciones en especie y suscripción de acciones.
Este trámite se hará con el objetivo de que la sociedad disponga de elementos necesarios y respaldos técnicos y financieros que permitan desarrollar obras de gran magnitud a nivel estatal o en el extranjero.
El pasado 23 de abril, se constituyó la sociedad anónima de capital variable denominada Constructora El Salvador, S.A. de C.V. en la cual la DOM es la accionista mayoritaria.
Esta sociedad tiene como principal propósito ser un ente ejecutor que desarrolle proyectos estratégicos y de interés general y público en beneficio de la población de los diferentes municipios.
La iniciativa fue detallada por la Ministra de Desarrollo Social, María Ofelia Navarrete, y el representante de la DOM, Edwin Chavarría.
El delegado expuso que la institución tiene una cobertura amplia en 199 municipios con proyectos que incluye mejoramiento vial y de escuelas, así como proyectos de clínicas de especialización y hospitales.
Es por esta razón que la institución requiere de un sistema más eficiente y de apoyo para cumplir la cantidad de demandas que tiene el país.
“Existe una gran cantidad de proyectos que el país necesita que se desarrollen. Por eso, es importante modificar la ley para que la empresa constructora nos ayude a suplir las actuales demandas», mencionó Chavarría.
El diputado Giovanny Zaldaña reconoció el trabajo que actualmente realiza la Dirección de Obras Municipales e hizo referencia al que en Santa Ana, el departamento al que pertenece, ya están cubiertos los 13 municipios y en ellos se están construyendo escuelas y, mercados; también se están abriendo pozos.
“La DOM ahora sí representa desarrollos para los municipios. Los impuestos son convertidos en obras de verdad”, afirmó el legislador.
Mientras que su colega, Marcela Pineda, aseguró que el trabajo de esta entidad ha llegado hasta La Paz en obras tangibles. Ella agregó que, muchas de ellas, son deuda que dejaron los gobiernos anteriores.
“Es increíble la cantidad de necesidades que hay, pero eso es producto del no buen funcionamiento de los gobiernos anteriores. Nos toca hacer la tarea desde cero”, apuntó la parlamentaria.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
