Política
Recursos para la DOM permitirán mejorar centros educativos y carreteras
La Ley de Presupuesto 2023, en la parte que corresponde a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), podría sufrir una reforma para incorporar $2,910,308.00 que le permitirán a la institución seguir ejecutando programas que beneficien a los salvadoreños.
Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para hacer las modificaciones a la normativa.
Del total de fondos, $974,188.00 se destinarán al Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a Nivel Nacional. Los otros $1,936,120.00 servirán para adquirir un terreno para desarrollar proyectos en Ahuachapán, a través del Programa de Obras Municipales para Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos a Nivel Nacional.
Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, explicó a los legisladores que el proyecto relacionado a las carreteras se está ejecutando actualmente en diferentes municipios de Chalatenango, La Libertad, La Unión, La paz, San Miguel, Santa Ana y Usulután.
“Este programa incluye pavimentación de calles, carreteras o vías de acceso a nivel nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo local a nivel de las localidades que reciben los beneficios”, expresó Reyes.
En cuanto a las obras que se realizarán en las escuelas tendrán un alcance a nivel nacional, pero los fondos solicitados se invertirán en Ahuachapán.
“Tratan de la construcción, remodelación, aplicación, equipamientos de centros educativos a nivel nacional para mejorar el proceso de enseñanza en cada centro educativo”, dijo la funcionaria.
Los parlamentarios también dictaminaron a favor de que se faculte a la DOM para transferir sus bienes a la Constructora El Salvador, S.A de C.V., mediante aportaciones en especie y suscripción de acciones.
Este trámite se hará con el objetivo de que la sociedad disponga de elementos necesarios y respaldos técnicos y financieros que permitan desarrollar obras de gran magnitud a nivel estatal o en el extranjero.
El pasado 23 de abril, se constituyó la sociedad anónima de capital variable denominada Constructora El Salvador, S.A. de C.V. en la cual la DOM es la accionista mayoritaria.
Esta sociedad tiene como principal propósito ser un ente ejecutor que desarrolle proyectos estratégicos y de interés general y público en beneficio de la población de los diferentes municipios.
La iniciativa fue detallada por la Ministra de Desarrollo Social, María Ofelia Navarrete, y el representante de la DOM, Edwin Chavarría.
El delegado expuso que la institución tiene una cobertura amplia en 199 municipios con proyectos que incluye mejoramiento vial y de escuelas, así como proyectos de clínicas de especialización y hospitales.
Es por esta razón que la institución requiere de un sistema más eficiente y de apoyo para cumplir la cantidad de demandas que tiene el país.
“Existe una gran cantidad de proyectos que el país necesita que se desarrollen. Por eso, es importante modificar la ley para que la empresa constructora nos ayude a suplir las actuales demandas», mencionó Chavarría.
El diputado Giovanny Zaldaña reconoció el trabajo que actualmente realiza la Dirección de Obras Municipales e hizo referencia al que en Santa Ana, el departamento al que pertenece, ya están cubiertos los 13 municipios y en ellos se están construyendo escuelas y, mercados; también se están abriendo pozos.
“La DOM ahora sí representa desarrollos para los municipios. Los impuestos son convertidos en obras de verdad”, afirmó el legislador.
Mientras que su colega, Marcela Pineda, aseguró que el trabajo de esta entidad ha llegado hasta La Paz en obras tangibles. Ella agregó que, muchas de ellas, son deuda que dejaron los gobiernos anteriores.
“Es increíble la cantidad de necesidades que hay, pero eso es producto del no buen funcionamiento de los gobiernos anteriores. Nos toca hacer la tarea desde cero”, apuntó la parlamentaria.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
