Política
Recursos para la DOM permitirán mejorar centros educativos y carreteras
La Ley de Presupuesto 2023, en la parte que corresponde a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), podría sufrir una reforma para incorporar $2,910,308.00 que le permitirán a la institución seguir ejecutando programas que beneficien a los salvadoreños.
Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para hacer las modificaciones a la normativa.
Del total de fondos, $974,188.00 se destinarán al Programa de Obras Municipales para Infraestructura Vial a Nivel Nacional. Los otros $1,936,120.00 servirán para adquirir un terreno para desarrollar proyectos en Ahuachapán, a través del Programa de Obras Municipales para Infraestructura y Equipamiento de Centros Educativos a Nivel Nacional.
Delia Reyes, subdirectora de inversión y crédito público del Ministerio de Hacienda, explicó a los legisladores que el proyecto relacionado a las carreteras se está ejecutando actualmente en diferentes municipios de Chalatenango, La Libertad, La Unión, La paz, San Miguel, Santa Ana y Usulután.
“Este programa incluye pavimentación de calles, carreteras o vías de acceso a nivel nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo local a nivel de las localidades que reciben los beneficios”, expresó Reyes.
En cuanto a las obras que se realizarán en las escuelas tendrán un alcance a nivel nacional, pero los fondos solicitados se invertirán en Ahuachapán.
“Tratan de la construcción, remodelación, aplicación, equipamientos de centros educativos a nivel nacional para mejorar el proceso de enseñanza en cada centro educativo”, dijo la funcionaria.
Los parlamentarios también dictaminaron a favor de que se faculte a la DOM para transferir sus bienes a la Constructora El Salvador, S.A de C.V., mediante aportaciones en especie y suscripción de acciones.
Este trámite se hará con el objetivo de que la sociedad disponga de elementos necesarios y respaldos técnicos y financieros que permitan desarrollar obras de gran magnitud a nivel estatal o en el extranjero.
El pasado 23 de abril, se constituyó la sociedad anónima de capital variable denominada Constructora El Salvador, S.A. de C.V. en la cual la DOM es la accionista mayoritaria.
Esta sociedad tiene como principal propósito ser un ente ejecutor que desarrolle proyectos estratégicos y de interés general y público en beneficio de la población de los diferentes municipios.
La iniciativa fue detallada por la Ministra de Desarrollo Social, María Ofelia Navarrete, y el representante de la DOM, Edwin Chavarría.
El delegado expuso que la institución tiene una cobertura amplia en 199 municipios con proyectos que incluye mejoramiento vial y de escuelas, así como proyectos de clínicas de especialización y hospitales.
Es por esta razón que la institución requiere de un sistema más eficiente y de apoyo para cumplir la cantidad de demandas que tiene el país.
“Existe una gran cantidad de proyectos que el país necesita que se desarrollen. Por eso, es importante modificar la ley para que la empresa constructora nos ayude a suplir las actuales demandas», mencionó Chavarría.
El diputado Giovanny Zaldaña reconoció el trabajo que actualmente realiza la Dirección de Obras Municipales e hizo referencia al que en Santa Ana, el departamento al que pertenece, ya están cubiertos los 13 municipios y en ellos se están construyendo escuelas y, mercados; también se están abriendo pozos.
“La DOM ahora sí representa desarrollos para los municipios. Los impuestos son convertidos en obras de verdad”, afirmó el legislador.
Mientras que su colega, Marcela Pineda, aseguró que el trabajo de esta entidad ha llegado hasta La Paz en obras tangibles. Ella agregó que, muchas de ellas, son deuda que dejaron los gobiernos anteriores.
“Es increíble la cantidad de necesidades que hay, pero eso es producto del no buen funcionamiento de los gobiernos anteriores. Nos toca hacer la tarea desde cero”, apuntó la parlamentaria.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
