Internacionales
Protestas masivas en Panamá en rechazo de explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica
Agentes antimotines dispersaron con gases lacrimógenos a una multitud de panameños que protestaron este jueves cerca de la Presidencia, en la capital, contra el gobierno por haber firmado un contrato con el gigante minero canadiense First Quantum Minerals .
Una muchedumbre compuesta por estudiantes, médicos, religiosos, obreros, profesores, grupos indígenas, además de sociedad civil, hizo sonar cacerolas y ondeó banderas panameñas, al protestar por cuarto día consecutivo en contra del contrato ley firmado el pasado viernes por el presidente de Panamá. , Laurentino Cortizo , para que Minera Panamá explote por 20 años prorrogables la mina de cobre más grande de Centroamérica.
«Esta patria no se vende» o «Minera no te queremos» formaban parte de los cánticos de los cientos de jóvenes que avanzaban hoy por el paseo marítimo de la capital panameña hasta el casco antiguo, donde se encuentran algunos de los edificios gubernamentales, como el Palacio presidencial.
La marcha concluyó con el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los antidisturbios, parapetados tras grandes vallas que protegían los edificios gubernamentales.
Los choques se registraron en la Plaza de la Catedral, en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, cuando millas de manifestantes intentaron retirar las vallas de seguridad que resguardan el perímetro de la sede de gobierno.
La manifestación recorrió, a ratos bajo la lluvia, la estratégica Avenida Balboa hasta llegar al corazón del Casco Viejo, pero tras el lanzamiento de gases, dio marcha atrás, se agrupó de nuevo y se enrumbó hacia las zonas del centro financiero y exclusivos sectores residenciales. del este de la ciudad.
Mientras, los gremios del transporte de carga decidieron este jueves «paralizar completamente» sus servicios por seguridad debido a los bloqueos en la principal carretera del país y otras vías, en el marco de las protestas.
«Es importante dar a conocer que de no resolverse este conflicto en un término de dos días, el país sufrirá los embates del desabastecimiento total» de enseres como «comida, medicinas, insumos médicos, gas, combustible y más», señaló una misiva, suscrita por ocho gremios de transporte de carga. Mientras, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, Roberto Araúz cifró en «unos 900 camiones parados ahora en la carretera» Panamericana, que cruza todo el país y lo comunica con Centroamérica,
Las protestas exigen la derogación de una ley que vendió el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es «inconstitucional» y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente. El gobierno lo defiende argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
