Internacionales
Protestas masivas en Panamá en rechazo de explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica
Agentes antimotines dispersaron con gases lacrimógenos a una multitud de panameños que protestaron este jueves cerca de la Presidencia, en la capital, contra el gobierno por haber firmado un contrato con el gigante minero canadiense First Quantum Minerals .
Una muchedumbre compuesta por estudiantes, médicos, religiosos, obreros, profesores, grupos indígenas, además de sociedad civil, hizo sonar cacerolas y ondeó banderas panameñas, al protestar por cuarto día consecutivo en contra del contrato ley firmado el pasado viernes por el presidente de Panamá. , Laurentino Cortizo , para que Minera Panamá explote por 20 años prorrogables la mina de cobre más grande de Centroamérica.
«Esta patria no se vende» o «Minera no te queremos» formaban parte de los cánticos de los cientos de jóvenes que avanzaban hoy por el paseo marítimo de la capital panameña hasta el casco antiguo, donde se encuentran algunos de los edificios gubernamentales, como el Palacio presidencial.
La marcha concluyó con el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los antidisturbios, parapetados tras grandes vallas que protegían los edificios gubernamentales.
Los choques se registraron en la Plaza de la Catedral, en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, cuando millas de manifestantes intentaron retirar las vallas de seguridad que resguardan el perímetro de la sede de gobierno.
La manifestación recorrió, a ratos bajo la lluvia, la estratégica Avenida Balboa hasta llegar al corazón del Casco Viejo, pero tras el lanzamiento de gases, dio marcha atrás, se agrupó de nuevo y se enrumbó hacia las zonas del centro financiero y exclusivos sectores residenciales. del este de la ciudad.
Mientras, los gremios del transporte de carga decidieron este jueves «paralizar completamente» sus servicios por seguridad debido a los bloqueos en la principal carretera del país y otras vías, en el marco de las protestas.
«Es importante dar a conocer que de no resolverse este conflicto en un término de dos días, el país sufrirá los embates del desabastecimiento total» de enseres como «comida, medicinas, insumos médicos, gas, combustible y más», señaló una misiva, suscrita por ocho gremios de transporte de carga. Mientras, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, Roberto Araúz cifró en «unos 900 camiones parados ahora en la carretera» Panamericana, que cruza todo el país y lo comunica con Centroamérica,
Las protestas exigen la derogación de una ley que vendió el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es «inconstitucional» y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente. El gobierno lo defiende argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
