Agentes antimotines dispersaron con gases lacrimógenos a una multitud de panameños que protestaron este jueves cerca de la Presidencia, en la capital, contra el gobierno por haber firmado un contrato con el gigante minero canadiense First Quantum Minerals .

Una muchedumbre compuesta por estudiantes, médicos, religiosos, obreros, profesores, grupos indígenas, además de sociedad civil, hizo sonar cacerolas y ondeó banderas panameñas, al protestar por cuarto día consecutivo en contra del contrato ley firmado el pasado viernes por el presidente de Panamá. , Laurentino Cortizo , para que Minera Panamá explote por 20 años prorrogables la mina de cobre más grande de Centroamérica.

«Esta patria no se vende» o «Minera no te queremos» formaban parte de los cánticos de los cientos de jóvenes que avanzaban hoy por el paseo marítimo de la capital panameña hasta el casco antiguo, donde se encuentran algunos de los edificios gubernamentales, como el Palacio presidencial.

La marcha concluyó con el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los antidisturbios, parapetados tras grandes vallas que protegían los edificios gubernamentales.

Los choques se registraron en la Plaza de la Catedral, en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, cuando millas de manifestantes intentaron retirar las vallas de seguridad que resguardan el perímetro de la sede de gobierno.

La manifestación recorrió, a ratos bajo la lluvia, la estratégica Avenida Balboa hasta llegar al corazón del Casco Viejo, pero tras el lanzamiento de gases, dio marcha atrás, se agrupó de nuevo y se enrumbó hacia las zonas del centro financiero y exclusivos sectores residenciales. del este de la ciudad.

Mientras, los gremios del transporte de carga decidieron este jueves «paralizar completamente» sus servicios por seguridad debido a los bloqueos en la principal carretera del país y otras vías, en el marco de las protestas.

«Es importante dar a conocer que de no resolverse este conflicto en un término de dos días, el país sufrirá los embates del desabastecimiento total» de enseres como «comida, medicinas, insumos médicos, gas, combustible y más», señaló una misiva, suscrita por ocho gremios de transporte de carga. Mientras, el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, Roberto Araúz cifró en «unos 900 camiones parados ahora en la carretera» Panamericana, que cruza todo el país y lo comunica con Centroamérica,

Las protestas exigen la derogación de una ley que vendió el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original de la mina de cobre más grande de Centroamérica.

Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es «inconstitucional» y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente. El gobierno lo defiende argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.