Política
Lista la comisión de antejuicio contra diputado de ARENA, Alberto Romero
La Asamblea Legislativa juramentó a los integrantes de la Comisión de Antejucio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Los parlamentarios que conformarán la mesa de trabajo son Ernesto Castro, como presidente; Rodrigo Ayala, como secretario, y Caleb Navarro como relator. Los vocales serán Alexia Rivas, Raúl Castillo, José Urbina, William Soriano, Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos. Mientras que los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Saldaña fueron nombrados como fiscales.
Las peticiones de antejuicio y desafuero contra el funcionario ingresaron al pleno legislativo con dispensa de trámite, tras la solicitud del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien sostuvo que existen suficientes indicios de que el funcionario ha cometido los referidos delitos.
“El diputado Alberto Armando Romero Rodríguez tuvo ingresos sin justificar por un monto de $1,162,388.05 y en virtud de eso le es atribuible el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, aseguró el funcionario.
Tras recibir la petición, el presidente Castro convocó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sesionara y abordara el tema.
Los parlamentarios coincidieron en que las peticiones fiscales reunían los requisitos de ley y emitieron un dictamen favorable para que se creara la Comisión de Antejuicio, la cual deberá determinar si hay formación de causa para retirarle el fuero constitucional a Romero y pueda enfrentar un proceso penal.
El presidente del Órgano Legislativo reiteró que desde la nueva Asamblea Legislativa se está rompiendo con la tradición de corrupción de la vieja clase política y reiteró que brindarán todo el respaldo a las instituciones para que en las instancias correspondientes se logre llegar a la verdad.
“Nosotros siempre, sin importar el partido, sin importar ningún tipo de circunstancia, siempre vamos a buscarla verdad. Lastimosamente, en el pasado, el fuero se hizo un sinónimo de corrupción, porque fue garantía de impunidad. Pero este país ya cambió. Aunque algunos no logren aceptarlo, el pueblo ha iniciado una transformación total”, apuntó el presidente Castro.
En el mismo sentido, el legislador Christian Guevara expresó que “esta es una plenaria histórica, donde hemos roto un récord, el de la honestidad. Este sería el quinto proceso de desafuero que se inicia, algo que los partidos anteriores no tuvieron el valor de hacer”.
Por su parte, el diputado Jorge Castro manifestó que la Comisión de Antejuicio realizará una búsqueda de la verdad, la existencia de un posible delito y abrir las puertas para que se realice un proceso judicial.
“Abrir el proceso de antejuicio es prácticamente una responsabilidad de la Asamblea, es una obligación. Hay una petición formal del fiscal, las asambleas anteriores desestimaban esta responsabilidad, pero nosotros no”, expresó Castro.
Minutos antes de que el fiscal general presentara al Órgano Legislativo la solicitud para que se le eliminara el fuero a Alberto Romero, el diputado abandonó el recinto en pleno desarrollo de la sesión plenaria. Más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, informó que había retenido al funcionario por resistencia agresiva, luego de que insultara a unos agentes policiales.
Como lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República, el legislador fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Después, la Junta Directiva sesionó y acordó enviar a la Fiscalía General las diligencias recibidas por parte de la corporación policial.
Además, el presidente Castro explicó que el legislador permanecerá retenido en las instalaciones legislativas, específicamente en las oficinas de ARENA, en donde se le deberán garantizar sus derechos constitucionales como defensa, alimentación, atención médica y otros.
Castro también informó que se solicitó la presencia de agentes policías para garantizar la custodia del legislador dentro de este órgano de Estado. Además, el funcionario fue puesto a disposición de la coordinación adjunta del grupo parlamentario de ARENA, Silvia Ostorga.
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigación de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos
El Código Procesal Penal en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4 determina que se entenderá por se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Además, la ley indica que quien depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.
Con el propósito de seguir estrechando lazos de amistad y ampliar el trabajo bilateral en temáticas de interés de país entre Estados Unidos y El Salvador, esta mañana, los jefes de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara y Caleb Navarro, fueron invitados a una importante reunión en el Congreso de ese país.
La honorable invitación es iniciativa de la congresista Ana Paulina Luna, que, en su calidad de Presidenta del Caucus El Salvador resaltó la importancia de seguir fortaleciendo la relación y trabajo Bilateral entre los Gobiernos de Estados Unidos y el Gobiernos del Presidente Nayib Bukele. En la reunión estuvo presenta la embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga
El Caucus, conformada actualmente por 16 legisladores, aborda aspectos relativos a la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos, con vistas a impulsar de manera conjunta acciones de beneficio para ambos pueblos.
El grupo de Congresistas está conformado por: Vicente Gonzalez, Andy Biggs, Dan Bishop, Lauren Boebert, Lou Correa, Eli Crane, Anna Paulina Luna, Nancy Mace, Cory Mills, Alex Mooney, Barry Moore, Ralph Norman, Andy Ogles, Scott Perry, Maria Salazar y Tim Burchett.
Cabe destacar que, en el anterior gobierno de Estados Unidos, incluyó al Jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, en la lista Engel, esto, como medida de presión para coaccionar los votos de lo disputados de la Asamblea Legislativa e impedir que en El Salvador continuara el Régimen de Excepción, una estrategia del Presidente Bukele que ha dado paz y tranquilidad y ha salvado miles de vidas de los salvadoreños.
El presidente de la República, Nayib Bukele, continúa gozando de elevados niveles de aprobación a seis años de su gestión, según reveló este jueves Luis Haug, gerente general de CID-Gallup, al presentar los resultados de la última encuesta de opinión pública.
Haug destacó que existe una fuerte correlación entre la figura personal del mandatario y su desempeño como presidente, con un respaldo cercano al 87 % de los salvadoreños. «Es prácticamente igual: nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión presidencial», afirmó durante la entrevista en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).
El ejecutivo de CID-Gallup señaló que desde su primer mandato, Bukele ha mantenido altos niveles de popularidad, impulsados por avances en áreas como seguridad, educación y economía. Además, destacó que la encuesta, realizada la semana pasada a nivel nacional, refleja que la gestión del mandatario es percibida como inclusiva y dirigida a todos los sectores de la sociedad salvadoreña.
Nacionales
Vicepresidente Ulloa resalta innovación y transparencia en conversatorio de la Corte de Cuentas de la República
El Vicepresidente Félix Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), participó en el conversatorio de la Corte de Cuentas de la República (CCR), “Avances y Desafíos de la Fiscalización en El Salvador”, donde se abordaron estrategias para consolidar un sistema de fiscalización moderno, preventivo y efectivo que fortalezca la transparencia.
En su intervención, el Vicepresidente Ulloa subrayó que “la digitalización, la innovación y la transparencia son instrumentos indispensables para combatir la corrupción”, resaltando la alianza estratégica entre la ESIAP y la CCR, como un esfuerzo conjunto para modernizar y actualizar la función pública, incluyendo a más de 1,200 colaboradores de la institución.
El evento reafirma la transparencia, la formación continua y la innovación tecnológica. En la actividad participaron la Directora Ejecutiva de la ESIAP, Claudia de Larín; el Procurador General de la República, René Escobar; el Presidente del Registro Nacional de Personas Naturales, Fernando Velasco, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, así como otros funcionarios del Gobierno y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.
