Política
Lista la comisión de antejuicio contra diputado de ARENA, Alberto Romero
La Asamblea Legislativa juramentó a los integrantes de la Comisión de Antejucio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Los parlamentarios que conformarán la mesa de trabajo son Ernesto Castro, como presidente; Rodrigo Ayala, como secretario, y Caleb Navarro como relator. Los vocales serán Alexia Rivas, Raúl Castillo, José Urbina, William Soriano, Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos. Mientras que los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Saldaña fueron nombrados como fiscales.
Las peticiones de antejuicio y desafuero contra el funcionario ingresaron al pleno legislativo con dispensa de trámite, tras la solicitud del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien sostuvo que existen suficientes indicios de que el funcionario ha cometido los referidos delitos.
“El diputado Alberto Armando Romero Rodríguez tuvo ingresos sin justificar por un monto de $1,162,388.05 y en virtud de eso le es atribuible el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, aseguró el funcionario.
Tras recibir la petición, el presidente Castro convocó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sesionara y abordara el tema.
Los parlamentarios coincidieron en que las peticiones fiscales reunían los requisitos de ley y emitieron un dictamen favorable para que se creara la Comisión de Antejuicio, la cual deberá determinar si hay formación de causa para retirarle el fuero constitucional a Romero y pueda enfrentar un proceso penal.
El presidente del Órgano Legislativo reiteró que desde la nueva Asamblea Legislativa se está rompiendo con la tradición de corrupción de la vieja clase política y reiteró que brindarán todo el respaldo a las instituciones para que en las instancias correspondientes se logre llegar a la verdad.
“Nosotros siempre, sin importar el partido, sin importar ningún tipo de circunstancia, siempre vamos a buscarla verdad. Lastimosamente, en el pasado, el fuero se hizo un sinónimo de corrupción, porque fue garantía de impunidad. Pero este país ya cambió. Aunque algunos no logren aceptarlo, el pueblo ha iniciado una transformación total”, apuntó el presidente Castro.
En el mismo sentido, el legislador Christian Guevara expresó que “esta es una plenaria histórica, donde hemos roto un récord, el de la honestidad. Este sería el quinto proceso de desafuero que se inicia, algo que los partidos anteriores no tuvieron el valor de hacer”.
Por su parte, el diputado Jorge Castro manifestó que la Comisión de Antejuicio realizará una búsqueda de la verdad, la existencia de un posible delito y abrir las puertas para que se realice un proceso judicial.
“Abrir el proceso de antejuicio es prácticamente una responsabilidad de la Asamblea, es una obligación. Hay una petición formal del fiscal, las asambleas anteriores desestimaban esta responsabilidad, pero nosotros no”, expresó Castro.
Minutos antes de que el fiscal general presentara al Órgano Legislativo la solicitud para que se le eliminara el fuero a Alberto Romero, el diputado abandonó el recinto en pleno desarrollo de la sesión plenaria. Más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, informó que había retenido al funcionario por resistencia agresiva, luego de que insultara a unos agentes policiales.
Como lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República, el legislador fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Después, la Junta Directiva sesionó y acordó enviar a la Fiscalía General las diligencias recibidas por parte de la corporación policial.
Además, el presidente Castro explicó que el legislador permanecerá retenido en las instalaciones legislativas, específicamente en las oficinas de ARENA, en donde se le deberán garantizar sus derechos constitucionales como defensa, alimentación, atención médica y otros.
Castro también informó que se solicitó la presencia de agentes policías para garantizar la custodia del legislador dentro de este órgano de Estado. Además, el funcionario fue puesto a disposición de la coordinación adjunta del grupo parlamentario de ARENA, Silvia Ostorga.
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigación de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos
El Código Procesal Penal en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4 determina que se entenderá por se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Además, la ley indica que quien depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.
El último estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuyos resultados fueron presentados en las últimas horas, reveló que el 77.3 % de la población entrevistada dijo que tiene esperanza de cara al futuro de El Salvador, y 19.4 % afirmó que tiene temor.
A la pregunta específica de ¿cómo cree que va a estar la situación económica del país en 2025? el 46.2 % de los consultados dijo que estará mejor. El 26.1 % declaró que la situación estará igual y el 20.7 % señaló que peor. Respecto a la situación económica familiar, casi 51 % cree que será mejor, el 35.2 % igual y 10.3 % peor.
El presidente de la república, Nayib Bukele, ha afirmado que el trabajo en su segundo mandato estará centrado en la economía, una vez resuelto el tema de la inseguridad que golpeó por décadas a los salvadoreños, logrando ahora ser el país más seguro del hemisferio occidental.
Asimismo, para el 35.1 % de los encuestados por el Iudop/UCA la situación política del país estará mejor este año respecto a 2024. El 42 % opinó que estará igual, mientras que el 15.6 % valoró que estará peor.
«Encuesta UCA revela que existe optimismo sobre la situación que habrá en el país durante el año 2025. Alrededor de 46 de cada 100 salvadoreños consideran que la situación económica del país mejorará y 77 de cada 100 siente esperanza al pensar en el futuro del país», resume el estudio realizado en diciembre pasado con 1,266 personas.
En reiteradas ocasiones, los diputados de la Asamblea Legislativa han aprobado la extensión de una herramienta de seguridad exitosa, tras implementarse desde el 27 de marzo de 2022: El régimen de excepción.
Con ella, la población ha logrado vivir con mucha tranquilidad en el territorio salvadoreño, se ha logrado recuperar espacios públicos que antes estaban invadidos por miembros de estructuras criminales y se han salvado muchas vidas.
Es por eso que nuevamente los parlamentarios aprobaron, con 57 votos, la extensión de la misma por el plazo de 30 días, por lo que será aplicada del 6 de enero al 4 de febrero de este 2025.
“Esta herramienta nos ha dado los resultados de esa paz que nunca habíamos vivido en este país. Esta es una gran diferencia de hacer política, el pueblo salvadoreño es y será nuestra prioridad”, expresó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
Por ende, esta prórroga será la número 34, según lo comunicaron los diputados en el pleno legislativo, durante el desarrollo de la sesión plenaria número 37, la primera de este nuevo año. Así se le continuará brindando apoyo al Plan Control Territorial, implementada desde que el Presidente de la República, Nayib Bukele, asumió su cargo.
La diputada Alexia Rivas justificó que esta medida de seguridad debe de continuar porque aún hay remanentes de pandilleros. Recordó las últimas capturas que las autoridades han realizado de personas vinculadas a las estructuras delictivas.
“En estos últimos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad han realizado la captura de criminales que han estado escondiéndose en lugares subterráneos. Vimos como en Altavista, en temporada de fin de año, seis delincuentes fueron capturados por agrupaciones ilícitas y por delinquir en esa zona”, mencionó Rivas.
Los datos obtenidos con el régimen de excepción
Durante los gobiernos del Presidente Bukele se ha logrado tener un total de 800 días sin homicidios. Los datos dan cuenta hasta el 4 de enero de 2025.
Gracias a las estrategias de seguridad, El Salvador pasó a ser un país ejemplo a nivel regional, pues ha habido una caída drástica de los homicidios, que en el pasado causaron tanto dolor a muchas familias.
El presidente Castro recordó cuando se aprobó por primera vez esta iniciativa enviada por el mandatario Bukele y que contenía la herramienta constitucional del régimen de excepción.
“En esos momentos no sabíamos qué iba a suceder. Teníamos la esperanza de que iba a ayudar en algo porque estábamos pasando momentos difíciles y no era solo por ese fin de semana, esa fue la gota que derramó el vaso, fueron años de zozobra que vivimos en este país”, sostuvo Castro.
Hoy, la tasa de asesinatos por 100 mil habitantes es de 1.9. Es así que desde la implementación del régimen de excepción se suman 687 días sin muertes violentas intencionales, es decir que se contabiliza un 98% en la reducción de ataques mortales, respecto al último gobierno del FMLN.
Además, de acuerdo a las autoridades de seguridad, el 2024 cerró con 279 días sin homicidios, bajo un promedio de 0.3 asesinatos diarios.
En 2015, la tasa de asesinatos fue de 106 por cada 100 mil habitantes. Este fue uno de los años más sangrientos, debido a que las autoridades registraron 6 mil muertes violentas.
Luego, en 2016 la tasa de homicidios fue de 84; en 2017, los índices de homicidios bajaron a 83. Además, en 2018 llegó a 53.
En 2019, cuando el Presidente Bukele inició el desarrollo de su plan para rescatar el país, la tasa de homicidios fue de 38 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Además, en 2020 la tasa fue de 21.2; en 2021, bajó a 18.1; en 2022, cuando se aprobó el régimen de excepción, la tasa de homicidios bajó a 7.8.
Finalmente, en 2023 fue de 2.4 y este nuevo año ya alcanzó el punto más bajo de la historia. Enero ya suma tres días sin homicidios.
“Esto es trabajo en equipo. Las políticas de seguridad han sido claves y éxito para la mejora de la situación de seguridad que tenemos en este país. Hemos logrado desarticular la red de terroristas y ahora las instituciones garantizan justicia para los salvadoreños”, sostuvo el legislador Raúl Chamagua.
Por su parte, la diputada Elisa Rosales enfatizó en que con el voto para el régimen de excepción, los legisladores reiteran su compromiso con la seguridad del pueblo salvadoreño.
“Estoy segura que ningún salvadoreño quiere regresar a ese pasado de violencia, ni de tristeza. No debemos olvidar de dónde venimos para que sigamos construyendo el país que las futuras generaciones merecen”, dijo Rosales.
El 1.° de junio inició el segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, tras resultar electo el 4 de febrero en comicios libres y democráticos, obteniendo 2,701,725 votos válidos de salvadoreños que residen en el territorio nacional y en el extranjero.
Con ese histórico caudal de votos, reflejo del respaldo popular en las urnas, Bukele derrotó a las fórmulas presidenciales de ARENA (Joel Sánchez e Hilcia Bonilla), FMLN (Manuel Flores y Werner Marroquín), Nuestro Tiempo (Luis Parada y Celia Medrano), Fuerza Solidaria (José Renderos y Rafael Montalvo) y Fraternidad Patriota Salvadoreña (Marina Murillo y Fausto Carranza).
Sánchez fue el primero en reconocer el triunfo del presidente Nayib Bukele. Además, criticó la mala gestión del presidente de ARENA, Carlos Saade, a quien responsabilizó de la derrota electoral para el partido tricolor.
A causa de sus críticas, el instituto arenero abrió un proceso de expulsión contra Sánchez; sin embargo, él renunció días antes de conocerse el resultado de dicho proceso interno, no sin antes revelar que dirigentes tricolor le exigieron dinero durante la campaña presidencial para financiar la de alcaldes y diputados, y para no removerlo como candidato.
Tras ser ratificado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el ganador de los comicios, la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele se realizó el 1.° de junio en el Palacio Nacional, en el renovado Centro Histórico de San Salvador, donde miles de personas se congregaron en la Plaza Cívica, además de la presencia del Rey Felipe VI, varios presidentes e invitados especiales.
Durante su discurso, Bukele destacó la transformación de El Salvador en materia de seguridad pública, pues pasó de ser uno de los países más inseguros del mundo a uno de los más seguros y con menos homicidios, como resultado de la guerra contra las pandillas a través del Plan Control Territorial (PCT) y el estado de excepción.
Además, ese día anunció que en su quinquenio de gestión 2024-2029 -y ante el problema de inseguridad ya resuelto-, apostaría por el crecimiento de la economía.
Un mes después de su discurso del 1.° de junio, el mandatario presentó Plan Económico, y anunció el inicio de la primera de las seis fases que lo integran: Alimentación, que consiste, entre otras medidas, en la eliminación de aranceles a más de 70 productos de la canasta básica y a otros productos alimenticios.
Como parte de esta fase, el mandatario anunció posteriormente la implementación de los agromercados a escala nacional (ya han sido instalados 55) y la construcción de la primera Central de Abastos -ya en funcionamiento- en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, para favorecer el bolsillo de los salvadoreños con productos más baratos.
La segunda fase del Plan Económico, Tecnología, consiste en una apuesta del Ejecutivo por este sector como dinamizador de la economía; y la tercera fase, Logística, conlleva una fuerte inversión económica para la reactivación de los puertos de La Unión Centroamericana y de Acajutla.
En esta tercera fase participa la empresa de capital turco YILPORT Holding, que invierte $1,615 millones, y con la cual el Estado salvadoreño estableció una sociedad de economía mixta con el objetivo de reativar y modernizar las dos principales terminales marítimas del país.
La gestión del presidente Bukele en su segundo mandato es respaldada desde la Asamblea Legislativa por los diputados de Nuevas Ideas que fueron electos en los comicios del 4 de febrero, y que tomaron posesión de sus cargos el 1.° de mayo.
De los 60 diputados en el congreso 54 pertenecen a la banca cian; dos son del PCN y uno del PDC. Estos dos últimos partidos también acompañan con sus votos el trabajo del presidente Bukele. Los tres diputados restantes integran la oposición política, distribuidos así: dos legisladores son de ARENA y una diputada es de VAMOS. El FMLN no obtuvo ningún diputado por primera vez en su historia de participación electoral.
Los diputados de Nuevas Ideas, así como los del PCN y PDC, han respaldado desde el inicio de su periodo legislativo (2024-2027) las iniciativas del Ejecutivo, como es el caso de la aprobación del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2025, que contempla una fuerte apuesta para atender a los sectores sociales más vulnerables, manteniendo el énfasis en la inversión para las áreas de educación, salud y seguridad.
También han dado sus votos para mantener vigente el estado de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022, a propuesta del Ejecutivo. Desde la legislatura anterior y hasta la fecha la oposición política no acompaña con sus votos la continuidad de la medida constitucional.
En las elecciones del 3 de marzo Nuevas Ideas ganó 28 de las 44 nuevas alcaldías. GANA tiene seis comunas con su bandera, el PCN cuatro, PDC cuatro (una en coalición con PCN), Fuerza Solidaria una y ARENA ganó una.
