Política
Lista la comisión de antejuicio contra diputado de ARENA, Alberto Romero
La Asamblea Legislativa juramentó a los integrantes de la Comisión de Antejucio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Los parlamentarios que conformarán la mesa de trabajo son Ernesto Castro, como presidente; Rodrigo Ayala, como secretario, y Caleb Navarro como relator. Los vocales serán Alexia Rivas, Raúl Castillo, José Urbina, William Soriano, Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos. Mientras que los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Saldaña fueron nombrados como fiscales.
Las peticiones de antejuicio y desafuero contra el funcionario ingresaron al pleno legislativo con dispensa de trámite, tras la solicitud del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien sostuvo que existen suficientes indicios de que el funcionario ha cometido los referidos delitos.
“El diputado Alberto Armando Romero Rodríguez tuvo ingresos sin justificar por un monto de $1,162,388.05 y en virtud de eso le es atribuible el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, aseguró el funcionario.
Tras recibir la petición, el presidente Castro convocó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sesionara y abordara el tema.
Los parlamentarios coincidieron en que las peticiones fiscales reunían los requisitos de ley y emitieron un dictamen favorable para que se creara la Comisión de Antejuicio, la cual deberá determinar si hay formación de causa para retirarle el fuero constitucional a Romero y pueda enfrentar un proceso penal.
El presidente del Órgano Legislativo reiteró que desde la nueva Asamblea Legislativa se está rompiendo con la tradición de corrupción de la vieja clase política y reiteró que brindarán todo el respaldo a las instituciones para que en las instancias correspondientes se logre llegar a la verdad.
“Nosotros siempre, sin importar el partido, sin importar ningún tipo de circunstancia, siempre vamos a buscarla verdad. Lastimosamente, en el pasado, el fuero se hizo un sinónimo de corrupción, porque fue garantía de impunidad. Pero este país ya cambió. Aunque algunos no logren aceptarlo, el pueblo ha iniciado una transformación total”, apuntó el presidente Castro.
En el mismo sentido, el legislador Christian Guevara expresó que “esta es una plenaria histórica, donde hemos roto un récord, el de la honestidad. Este sería el quinto proceso de desafuero que se inicia, algo que los partidos anteriores no tuvieron el valor de hacer”.
Por su parte, el diputado Jorge Castro manifestó que la Comisión de Antejuicio realizará una búsqueda de la verdad, la existencia de un posible delito y abrir las puertas para que se realice un proceso judicial.
“Abrir el proceso de antejuicio es prácticamente una responsabilidad de la Asamblea, es una obligación. Hay una petición formal del fiscal, las asambleas anteriores desestimaban esta responsabilidad, pero nosotros no”, expresó Castro.
Minutos antes de que el fiscal general presentara al Órgano Legislativo la solicitud para que se le eliminara el fuero a Alberto Romero, el diputado abandonó el recinto en pleno desarrollo de la sesión plenaria. Más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, informó que había retenido al funcionario por resistencia agresiva, luego de que insultara a unos agentes policiales.
Como lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República, el legislador fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Después, la Junta Directiva sesionó y acordó enviar a la Fiscalía General las diligencias recibidas por parte de la corporación policial.
Además, el presidente Castro explicó que el legislador permanecerá retenido en las instalaciones legislativas, específicamente en las oficinas de ARENA, en donde se le deberán garantizar sus derechos constitucionales como defensa, alimentación, atención médica y otros.
Castro también informó que se solicitó la presencia de agentes policías para garantizar la custodia del legislador dentro de este órgano de Estado. Además, el funcionario fue puesto a disposición de la coordinación adjunta del grupo parlamentario de ARENA, Silvia Ostorga.
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigación de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos
El Código Procesal Penal en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4 determina que se entenderá por se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Además, la ley indica que quien depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio inicio este lunes a la presentación oficial de los 46 programas que conforman el Plan General de Elecciones (Plagel) 2027, un paso clave en la organización de los comicios previstos para el 28 de febrero de ese año.
Según explicó la institución, el Plagel representa el tercer documento fundamental en el proceso electoral, junto al Plan Estratégico Institucional (PEI) y el calendario electoral. “Esta presentación permitirá un análisis detallado de cada programa para su posterior aprobación, garantizando el orden, eficiencia y modernización en la fiesta electoral de 2027, dentro y fuera de El Salvador”, señaló el TSE.
De los 46 programas presentados, 24 están orientados al voto nacional y 22 al sufragio en el exterior. Cada uno será evaluado y aprobado conforme al procedimiento establecido por el organismo electoral, con el objetivo de asegurar un desarrollo fluido y transparente del proceso.
El Plagel también contempla los presupuestos operativos, jurisdiccionales, administrativos y contralores, que permitirán dar soporte técnico y logístico a toda la jornada electoral.
Como parte del calendario electoral ya divulgado, el TSE recordó que desde el 30 de enero de 2027 los salvadoreños en el exterior podrán emitir su voto de forma remota por internet. Además, ya está habilitado el periodo autorizado para realizar el cambio de domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), un paso necesario para actualizar el registro electoral.
En los comicios de 2027, los ciudadanos elegirán a 60 diputados a la Asamblea Legislativa y a 44 concejos municipales, tanto dentro como fuera del país.
Los salvadoreños residentes en el exterior podrán ejercer su derecho al voto de manera remota a partir del 30 de enero de 2027, según el calendario electoral para el sufragio en el extranjero publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La modalidad en línea estará disponible hasta el 28 de febrero, fecha en que también se realizará la votación presencial, de acuerdo con el huso horario de cada país.
Como parte de la planificación electoral, el TSE activará el Plan General de Elecciones (Plagel), que comprende 22 programas enfocados en logística, tecnología y operatividad. Estas acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad del proceso, la accesibilidad para los votantes en el exterior y la capacitación de los actores clave en los países con mayor concentración de la diáspora salvadoreña.
«Te compartimos algunas de las actividades más importantes para que puedas ejercer el sufragio desde cualquier lugar del mundo», publicó el TSE en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Entre las fechas más relevantes del calendario figura la suspensión para modificar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI) con fines electorales, la cual entrará en vigor el 27 de febrero de 2026. Asimismo, la promoción institucional del voto en el exterior comenzará el 8 de octubre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.
El proceso de creación y cierre del Registro Electoral para el Voto Electrónico (REVEL) en todas sus modalidades se desarrollará del 16 de junio de 2025 al 4 de noviembre de 2026. Además, se realizarán simulacros y pruebas del sistema de votación entre el 27 de julio de 2026 y el 12 de febrero de 2027.
La organización de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX), encargada de supervisar la votación remota, está prevista entre el 27 de agosto y el 28 de noviembre de 2026. Los preparativos de las papeletas de votación, tanto para el sistema remoto como para la modalidad presencial electrónica, se llevarán a cabo entre el 18 y el 30 de diciembre de ese mismo año.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, hizo un llamado a la diáspora, a los partidos políticos y a las instituciones aliadas a sumarse al proceso electoral de 2027. “Juntos construiremos un proceso ejemplar, donde la voluntad de la diáspora se refleje con integridad, respeto y equidad”, expresó.
En las elecciones generales de 2024, un total de 331,756 salvadoreños votaron desde el exterior; de ellos, 242,110 lo hicieron a través de Internet (73 %) y 89,646 de manera presencial (27 %).
Los partidos políticos legalmente inscritos en El Salvador deberán comenzar a convocar elecciones internas a partir del 6 de marzo de 2026, como parte del calendario electoral previo a los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el cronograma publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los institutos políticos tendrán hasta el 29 de julio de 2026 para desarrollar sus procesos internos y definir a los candidatos que competirán por diputaciones a la Asamblea Legislativa y por los concejos municipales.
Estas actividades se realizan en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Partidos Políticos. El artículo 37-B establece que la comisión electoral de cada partido debe convocar a elecciones internas con al menos seis meses de anticipación a la convocatoria oficial a elecciones nacionales. Asimismo, el artículo 37-K indica que dichos procesos deberán completarse a más tardar dos meses antes de esa convocatoria, prevista para el 30 de septiembre de 2026.
Una vez concluidos los procesos internos, cada partido deberá oficializar a sus candidatos mediante su inscripción ante el TSE. Según el calendario electoral, la inscripción para diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano se realizará entre el 1.º de octubre y el 19 de noviembre de 2026, mientras que para concejos municipales el plazo será del 9 al 19 de noviembre de ese mismo año, conforme lo establece el artículo 142 del Código Electoral.
Actualmente, el TSE registra como partidos inscritos a ARENA, FMLN, Democracia Salvadoreña (DS), Fuerza Solidaria, GANA, Nuevas Ideas, PAIS, PCN, FPS, PDC y VAMOS. En 2023, al menos 12 partidos convocaron procesos internos en cumplimiento del calendario previo a las elecciones generales celebradas en 2024.
