Connect with us

Política

Lista la comisión de antejuicio contra diputado de ARENA, Alberto Romero

Publicado

el

La Asamblea Legislativa juramentó a los integrantes de la Comisión de Antejucio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

Los parlamentarios que conformarán la mesa de trabajo son Ernesto Castro, como presidente; Rodrigo Ayala, como secretario, y Caleb Navarro como relator. Los vocales serán Alexia Rivas, Raúl Castillo, José Urbina, William Soriano, Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos. Mientras que los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Saldaña fueron nombrados como fiscales.

Las peticiones de antejuicio y desafuero contra el funcionario ingresaron al pleno legislativo con dispensa de trámite, tras la solicitud del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien sostuvo que existen suficientes indicios de que el funcionario ha cometido los referidos delitos.

“El diputado Alberto Armando Romero Rodríguez tuvo ingresos sin justificar por un monto de $1,162,388.05 y en virtud de eso le es atribuible el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, aseguró el funcionario.

Tras recibir la petición, el presidente Castro convocó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sesionara y abordara el tema.

Los parlamentarios coincidieron en que las peticiones fiscales reunían los requisitos de ley y emitieron un dictamen favorable para que se creara la Comisión de Antejuicio, la cual deberá determinar si hay formación de causa para retirarle el fuero constitucional a Romero y pueda enfrentar un proceso penal.

El presidente del Órgano Legislativo reiteró que desde la nueva Asamblea Legislativa se está rompiendo con la tradición de corrupción de la vieja clase política y reiteró que brindarán todo el respaldo a las instituciones para que en las instancias correspondientes se logre llegar a la verdad.

“Nosotros siempre, sin importar el partido, sin importar ningún tipo de circunstancia, siempre vamos a buscarla verdad. Lastimosamente, en el pasado, el fuero se hizo un sinónimo de corrupción, porque fue garantía de impunidad. Pero este país ya cambió. Aunque algunos no logren aceptarlo, el pueblo ha iniciado una transformación total”, apuntó el presidente Castro.

En el mismo sentido, el legislador Christian Guevara expresó que “esta es una plenaria histórica, donde hemos roto un récord, el de la honestidad. Este sería el quinto proceso de desafuero que se inicia, algo que los partidos anteriores no tuvieron el valor de hacer”.

Por su parte, el diputado Jorge Castro manifestó que la Comisión de Antejuicio realizará una búsqueda de la verdad, la existencia de un posible delito y abrir las puertas para que se realice un proceso judicial.

“Abrir el proceso de antejuicio es prácticamente una responsabilidad de la Asamblea, es una obligación. Hay una petición formal del fiscal, las asambleas anteriores desestimaban esta responsabilidad, pero nosotros no”, expresó Castro.

Minutos antes de que el fiscal general presentara al Órgano Legislativo la solicitud para que se le eliminara el fuero a Alberto Romero, el diputado abandonó el recinto en pleno desarrollo de la sesión plenaria. Más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, informó que había retenido al funcionario por resistencia agresiva, luego de que insultara a unos agentes policiales.

Como lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República, el legislador fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Después, la Junta Directiva sesionó y acordó enviar a la Fiscalía General las diligencias recibidas por parte de la corporación policial.

Además, el presidente Castro explicó que el legislador permanecerá retenido en las instalaciones legislativas, específicamente en las oficinas de ARENA, en donde se le deberán garantizar sus derechos constitucionales como defensa, alimentación, atención médica y otros.

Castro también informó que se solicitó la presencia de agentes policías para garantizar la custodia del legislador dentro de este órgano de Estado. Además, el funcionario fue puesto a disposición de la coordinación adjunta del grupo parlamentario de ARENA, Silvia Ostorga.

Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.

Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigación de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.

Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos

El Código Procesal Penal en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.

Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4 determina que se entenderá por se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.

Además, la ley indica que quien depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.

Continuar Leyendo
PUBLICIDAD
Publicidad

Política

La CCR finalizó auditorías de todos los ministerios

Publicado

el

Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.

El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.

«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».

Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.

«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.

También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.

Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.

Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.

Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.

 

Continuar Leyendo

Política

TSE presenta memoria de labores 2024-2025

Publicado

el

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.

Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.

Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.

«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.

Continuar Leyendo

Política

Junta de Vigilancia Electoral prevé desarrollar más de 60 misiones por voto en el exterior

Publicado

el

Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.

El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.

«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.

Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.

Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.

A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.

En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.

Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.

«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.

Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley

«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.

Continuar Leyendo

Publicidad

Lo Más Leído