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Internacionales

El Gobierno colombiano lanza la ‘Operación Perseo’ contra disidentes de las FARC

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La crisis en la estrategia de paz del Gobierno de Colombia continúa. Este 12 de octubre, el Ejército colombiano confirmó el inicio de un operativo castrense en El Plateado, donde desde la madrugada fueron desplegadas «unidades especiales, aeronaves y capacidades de artillería», según informó el Ministerio de Defensa, que también reveló que la operación tiene como objetivo la captura de seis líderes militares del frente Carlos Patiño.

«Esta operación es dirigida en contra de los grupos armados ilegales que históricamente han afectado a la población con múltiples crímenes, entre ellos el reclutamiento forzado, los homicidios selectivos, los secuestros y el uso indiscriminado de artefactos explosivos», explicó el Ejército en un comunicado, donde también compartió el despliegue de 1.400 elementos de las fuerzas armadas en la zona.

El Ejército también informó sobre los primeros logros de la ‘Operación Perseo’, presumiendo la incautación de armas de fuego, municiones y explosivos utilizados por el grupo armado, además de la captura de dos presuntos miembros del frente Carlos Patiño, sumadas a la «posible neutralización de varios sujetos pertenecientes a este grupo», según reveló la Tercera División del Ejército Nacional a través de una publicación en X.

El frente Carlos Patiño es una de las facciones del EMC que abandonaron el proceso de paz emprendido por el Gobierno de Gustavo Petro y que cuentan con una fuerte presencia en el Cauca, donde es señalado de controlar una red de narcotráfico en cooperación con carteles mexicanos.

En respuesta a la operación militar, los disidentes, liderados por alias ‘Iván Mordisco’, lanzaron un ataque de drones dirigido contra miembros del Ejército presentes en El Plateado, que finalmente resultó en 17 civiles heridos, según información compartida por la Defensoría del Pueblo.

Petro anuncia bombardeos contra el EMC; este amenaza a la COP16
Desde el inicio de la ‘Operación Perseo’, el presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró el arranque del operativo militar para diezmar las capacidades de la disidencia de las extintas FARC, afirmando a través de su cuenta de X que «inicia la recuperación de El Preseo» y prometiendo a los pobladores de la localidad un diálogo para acordar sobre «el avance social de la región».

Además, el mandatario también anunció un próximo viaje, junto con todo su gabinete, a El Plateado, donde pretende trazar un «plan de inversiones inmediato» con «todos los habitantes del Micay», haciendo referencia al Cañón del Micay, zona densamente poblada dentro de El Plateado, cuyos habitantes tienen como actividad económica principal la agricultura.

Sin embargo, Petro cambió el tono, a uno mucho más hostil, tras el ataque del frente Carlos Patiño a sus tropas en El Plateado, avisando que su Gobierno reaccionará a través de un bombardeo a sus elementos, aunque no compartió detalles sobre la zona específica a atacar, ni la temporalidad del accionar.

«El EMC al bombardear población civil nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas. Les envío un mensaje: venzan la codicia y hagan la paz en favor del pueblo colombiano», sostuvo el presidente a través de su cuenta de X. En otra publicación, Petro lanzó una cruda advertencia a los miembros del frente: «Si las fuerzas armadas de los traquetos no hacen la paz, serán destruidas».

 

El frente Carlos Patiño también hizo pública su respuesta a la operación militar de Petro, afirmando que la movida del Gobierno es parte de una estrategia para «garantizar la expansión de los Márquez, como acuerdo entre (alias) ‘Calarcá’ y el general Ramírez, que parece usted (Gustavo Petro) avaló”, haciendo referencia a un presunto plan del Gobierno y los frentes del EMC que aún siguen dentro de los diálogos de paz para otorgar a estos más poder.

Además, los liderados por alias ‘Iván Mordisco’ lanzaron una advertencia clara para los asistentes de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), albergada en la ciudad colombiana de Cali, -capital del Valle del Cauca, región vecina a Cauca, donde el frente Carlos Patiño tiene gran influencia- invitándolos a «no asistir». Hace días, el grupo armado se había comprometido a cesar sus operaciones militares en la ciudad para asegurar la salvaguarda del evento.

«Ante la guerra con que se responde a nuestra muestra de voluntad de paz por la COP16, invitamos a los delegados de la comunidad nacional e internacional a abstenerse de asistir a este evento. No se presten para este evento mercantil”, mencionó el grupo disidente a través de un comunicado.

El frente Carlos Patiño, uno de los fracasos de la ‘Paz Total’
Una de las grandes promesas de Gustavo Petro al llegar a la Presidencia colombiana fue estructurar la ‘Paz Total’ en el territorio; una estrategia política que consiste en construir una serie de diálogos de paz con todos los actores armados en el país, desde la guerrilla del ELN, los disidentes de las FARC del EMC, hasta grupos del crimen organizado sin vinculación a las guerrillasguerrillero, con el objetivo de desarmar a dichos grupos y ponerle fin al violento conflicto interno que azota a Colombia desde hace décadas.

El EMC, mayor grupo disidente de las FARC, es uno de los protagonistas de los diálogos. En 2023, las conversaciones de paz entre Bogotá y los guerrilleros iban encaminadas, con altas y bajas, al éxito, hasta que el pasado mes de abril, el frente Carlos Patiño se levantó de la mesa de negociación, argumentando una «falta de garantías» por parte del Gobierno colombiano para dejar las armas. Esto provocó una escisión interna en el EMC.

Al frente Carlos Patiño se le sumaron otros frentes, de zonas del sur del país, que también abandonaron los diálogos de paz. Sin embargo, otras tres facciones del EMC decidieron continuar en pláticas con el Estado: el frente Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, el frente Comandante Jorge Suárez Briceño y el frente Raúl Reyes, a mando de alias ‘Calarcá’, líder guerrillero que ahora antagoniza con alias ‘Mordisco’.

El frente Carlos Patiño es uno de los antiguos bloques armados del EMC más activos y señalados por el Gobierno petrista en los últimos meses, con sus actividades más presentes dentro de El Plateado, donde se les acusa de extorsionar a los pobladores para la plantación de cosechas ilegales que luego son utilizadas para la elaboración de drogas como la cocaína.

En Caquetá (sur), el frente Carlos Patiño ha librado diversos enfrentamientos contra de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las antiguas FARC liderada por alias ‘Iván Márquez’, con la que pelea el control del departamento, ambos rodeados por el Estado colombiano, que busca erradicar sus fuerzas si no se añaden al proceso de paz de Petro.

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Internacionales

Comienza juicio contra expresidenta boliviana Áñez por «golpe de Estado» contra Morales

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Un tribunal de La Paz iniciará este jueves el juicio penal contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, por presuntamente haber planificado en 2019 un «golpe de Estado» contra el entonces mandatario, Evo Morales.

Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez ya fue sentenciada a 10 años de prisión en junio de 2022 por asumir la presidencia de manera inconstitucional.

Junto con la exmandataria de 57 años comenzarán a ser juzgados el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social.

El ministerio público los acusa de «terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias», a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019, señalado entonces de cometer un supuesto fraude en los comicios en los que buscaba una tercera reelección.

La fiscalía pide para Áñez y los demás procesados entre 15 y 20 años de cárcel, según su grado de participación en terrorismo, el cargo más grave que les imputa.

Camacho está acusado como autor de ese delito y Áñez como cómplice.

El ministerio público dice tener pruebas para que los acusados sean condenados por los hechos que «derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno» de Morales.

En noviembre de 2019, Áñez, senadora de oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social.

Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.

Fantasioso, ilegal, una patraña

Áñez, quien estuvo en la presidencia por un año, calificó esta semana el juicio denominado «Golpe de Estado I», como «ilegal y fantasioso» y una «patraña».

En su opinión, el oficialismo decidió encarcelarla sin «ninguna prueba de nada».

Además rechaza el juicio penal ordinario y pide que, en su calidad de expresidenta, el máximo tribunal examine su caso, previa autorización del Congreso.

La exmandataria de derecha enfrenta varios procesos más relacionados todos con la crisis de 2019, que dejó unas 20 muertos en la represión militar que siguió al cambio de gobierno.

El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.

Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial.

Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez.

El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto.

Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.

El líder indígena, que rechaza el proceso como «una mentira más», acusa a Arce de orquestar su posible detención.

Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos.

El sistema de justicia se encuentra ahora «con un mayor nivel de manipulación política» comparado con otros de la región, remarcó.

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Ecuador decomisa casi 228 toneladas de droga en lo que va de 2024

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Ecuador decomisó 227,63 toneladas de droga entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2024, lo que representa un 30 por ciento más con relación con el mismo periodo de 2023, cuando se incautaron 175,59 toneladas, informó hoy miércoles la ministra del Interior, Mónica Palencia.

La ministra dio a conocer la cifra en una rueda de prensa del llamado Bloque de Seguridad, una instancia de coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el Gobierno, para combatir a la delincuencia en el país.

Palencia dijo que este nivel de decomiso es resultado de las operaciones que ejecuta el Bloque de Seguridad en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno en enero pasado contra bandas criminales ligadas al narcotráfico.

Apuntó que el Bloque de Seguridad ejecuta acciones tras identificar el desplazamiento de grupos de delincuencia organizada en siete provincias del país, grupos armados que se dedican a actividades «terroristas».

Añadió que la violencia en Ecuador se ha reducido en un 17,5 por ciento entre el 1 de enero y el 13 de octubre pasado en comparación con el mismo período de 2023, al pasar de 6.231 homicidios intencionales a 5.143.

 

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Familia pide liberación de famosos hermanos que asesinaron a sus padres

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Familiares de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, encarcelados en Estados Unidos tras un mediático juicio por el asesinato de sus padres en 1989, pidieron su liberación, en momentos en que el interés por su caso ha resurgido gracias a una serie de Netflix.

La muerte a tiros del magnate de la música José Menéndez y su esposa Kitty en su casa de Beverly Hills, y los posteriores juicios televisados de sus hijos, acapararon titulares a principio de los años 1990.

Ahora, la expectación por su historia ha revivido de la mano de la serie «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez» de Netflix, que también les ha dedicado un nuevo documental.

Con 18 y 21 años en el momento de los hechos, ambos hermanos declararon entre lágrimas que habían matado a sus padres tras sufrir años de abusos sexuales a manos de su papá.

Fueron condenados por asesinato y cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional desde 1996.

«A medida que salían a la luz los detalles de los abusos sufridos por Lyle y Eric, quedaba claro que sus acciones, aunque trágicas, eran la respuesta desesperada de dos niños que intentaban sobrevivir a la crueldad indescriptible de su padre», dijo este miércoles Joan VanderMolen, su tía de 92 años.

«Lyle y Erik ya han pagado un precio muy alto, desechados por un sistema que no supo reconocer su dolor», añadió en una rueda de prensa a la que asistieron una treintena de familiares.

El juicio inicial, que comenzó en 1993, fue uno de los primeros casos de asesinato televisados que coparon los titulares de los periódicos de todo el mundo. Tras un juicio nulo debido al desacuerdo del jurado, los hermanos fueron declarados culpables en un segundo procedimiento.

La fiscalía los acusó de asesinar a sus padres para heredar su fortuna de 14 millones de dólares.

El año pasado, los abogados de los hermanos interpusieron una moción en la que presentaban nuevas pruebas que, según ellos, demuestran los abusos cometidos por José Menéndez, incluida una carta escrita por Erik a una prima.

La defensa ha pedido que se vuelva a dictar sentencia, lo que podría suponer la excarcelación de sus clientes dado el largo tiempo que han pasado entre rejas.

Incluso los fiscales aseguraron en un comunicado que el sistema de justicia penal de Los Ángeles «ha desarrollado una comprensión más moderna de la violencia sexual desde que los hermanos Menéndez se enfrentaron por primera vez a la acusación».

«Hoy en día, nuestra oficina reconoce que la violencia sexual es un problema generalizado que afecta a innumerables personas, de todas las identidades de género», escribieron, confirmando que el caso está siendo revisado en múltiples frentes.

A principios de este mes, el fiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascon, dijo a los periodistas que tenía «la obligación moral y ética de revisar» el proceso.

Una audiencia está prevista para el 29 de noviembre.

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