Internacionales
EE. UU. y ONU condenan asedio judicial contra tribunal electoral en Guatemala
Washington y la ONU condenaron el domingo el asedio judicial al tribunal electoral de Guatemala, y dijeron que «socava» la transición pacífica del poder tras las elecciones presidenciales en ese país.
«Estados Unidos está gravemente preocupado» tras un nuevo allanamiento de la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Se trata de una «acción antidemocrática (que) socava las instituciones democráticas de Guatemala», dijo. «El pueblo guatemalteco ha hablado. Su voz debe ser respetada».
Fiscales guatemaltecos confiscaron el sábado material electoral custodiado por el TSE para supuestamente investigar denuncias de irregularidades en los comicios de junio.
En una escena caótica, policías y representantes de la fiscalía forcejearon con magistrados del TSE mientras confiscaban cajas que contenían actas de votación.
Tras las elecciones, los observadores locales e internacionales habían declarado que no existían evidencias de fraude.
Según el magistrado Gabriel Aguilera, las actas de votación incautadas correspondían a la primera vuelta electoral, que sorpresivamente encaminó al socialdemócrata Bernardo Arévalo a una victoria en el balotaje en agosto.
Arévalo ha denunciado las sucesivas operaciones de la fiscalía contra el TSE -incluidos allanamientos anteriores- como un «golpe de Estado en curso» destinado a impedir que asuma la presidencia en enero para sustituir al derechista Alejandro Giammattei.
La fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de las operaciones contra el máximo organismo electoral, son señalados por Estados Unidos como «corruptos» y «antidemocráticos».
El Departamento de Estado dijo que estaba «tomando medidas activas para imponer restricciones de visa a personas que continúan socavando la democracia de Guatemala, incluidos miembros actuales y anteriores del Congreso, actores judiciales y cualquier otra persona que participe en tal comportamiento».
Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó el domingo desde Ginebra su profunda preocupación por la nueva arremetida.
«Estos eventos son los últimos de una larga lista de acciones muy preocupantes adoptadas en las últimas semanas, que -tomadas en conjunto- parecen diseñadas para minar la integridad del proceso electoral y socavar el estado de derecho», dijo Türk.
«La información sobre hostigamiento e intimidación contra funcionarios electorales y personas electas, incluidos el presidente electo y la vicepresidenta electa, es especialmente inquietante».
Türk instó a las autoridades guatemaltecas a «abstenerse» de cualquier nuevo intento «de desafiar la voluntad del voto popular».
Dada la tensa situación en Guatemala, el alto comisionado expresó su preocupación por el riesgo de violencia y solicitó que se respete plenamente el derecho de reunión pacífica.
La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos se pronunciaron el sábado en contra del nuevo allanamiento.
Con enfrentamientos entre policías y manifestantes que dejaron 10 detenidos y 3 policías heridos, según el saldo oficial, sindicalistas y estudiantes protestaron el jueves en Quito en contra del gobierno de Daniel Noboa por la crisis energética y su política económica, en la segunda jornada de manifestaciones en menos de una semana.
Las protestas fueron convocadas por gremios de trabajadores, docentes, estudiantes y organizaciones sociales a pesar de la advertencia de la ministra del Interior, Mónica Palencia, hecha la víspera, sobre el estado de excepción que rige en la capital y “que limita de manera temporal los derechos la libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad”.
“El estado de excepción debe servir para combatir el narcotráfico y la delincuencia; los trabajadores, las organizaciones no somos delincuentes, no somos narcotraficantes”, dijo a The Associated Press José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores.
Horas antes la Corte Constitucional falló sobre la legalidad del estado de excepción a la que hizo alusión la ministra, y que fue decretada por Noboa a inicios de octubre. Aunque el organismo reconoció como constitucional el decreto, declaró inconstitucional la suspensión de libertad de reunión, además de la orden de requisición de armas y la movilización de las fuerzas del orden.
En las calles de Quito se escuchaba: “Fuera Noboa fuera”, “Noboa, muñeco de cartón, dejaste sin luz a todo el Ecuador”, mientras los manifestantes avanzaban desde el parque El Ejido en el centro norte de Quito — sitio clave para este tipo de concentraciones— buscando llegar a las inmediaciones del palacio presidencial, en pleno casco colonial.
La pretensión fue truncada por las vallas que cercaban el acceso al centro histórico y la fuerte presencia de la fuerza pública que, desde temprano, se preparó para evitar el avance de la protesta. Más de dos mil agentes policiales y militares se desplegaron en esta jornada, según el comandante de la policía, general Víctor Zárate.
En un intento de traspasar los bloqueos, los manifestantes lanzaron piedras e intentaron vulnerar algunas barreras. La policía reclamó en su cuenta de X que algunos participantes agredieron a servidores policiales y causaron daños a bienes públicos.
La ministra Palencia dijo posteriormente que esos “execrables acontecimientos”, que adjudicó a “infiltrados agresores”, no quedarán en la “impunidad”.
El llamado es “para demostrar en base a la protesta social nuestra inconformidad y rechazo a su política”, dijo Villavicencio. “Hay despidos, desempleo, crisis energética y la respuesta del gobierno es decir que van a reprimir a los ecuatorianos”, reprochó.
“No tener luz es violencia, no tener trabajo es violencia”, reclamó Cristina Cachaguay, de la misma organización “Mujeres por el cambio”, mientras Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, enfatizó que “el derecho a la protesta, el derecho al reclamo está vigente”.
Los dirigentes dijeron que volverán a las calles aunque no precisaron una fecha.
Ecuador atraviesa una de las peores crisis energéticas en más de una década por el déficit de generación hidroeléctrica que llevó al gobierno a imponer cortes de electricidad que llegaron hasta las 14 horas diarias.
Eso se suma a una ola de inseguridad que el gobierno no ha podido contrarrestar pese a que sostiene que las muertes violentas en el país han disminuido en un 17 % frente al año anterior.
Noboa asumió el poder en noviembre de 2023 para concluir el período de Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea en medio de un juicio político en su contra y acortó su propio mandato. Ahora, Noboa es candidato para la reelección en los comicios de 2025.
Un autobús volcado del transporte público en la carretera federal México-Cuernavaca dejó 32 personas heridas, informó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi).
El accidente ocurrió la mañana de este viernes 22 de noviembre a la altura del kilómetro 25 en la colonia San Andrés Totoltepec de la alcaldía Tlalpan.
El autobús pertenecía a la ruta 70 de transporte público. Al lugar llegaron servicios de emergencia para dar atención a los lesionados, dijo la Semovi.
La alcaldía Tlalpan informó en un comunicado que el vehículo circulaba a exceso de velocidad y se quedó sin frenos.
Un hombre de 41 años fue detenido por las autoridades tras haberle propinado cerca de 30 puñaladas a su expareja en una pizzería de la ciudad de Buenos Aires y haber intentado suicidarse.
El violento incidente, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento –donde trabaja la víctima–, ocurrió aproximadamente a las 08:45 hora local del 18 de noviembre.
Inicialmente, el agresor inició una discusión desde la calle, pero casi de inmediato ingresó al lugar, saltó el mostrador, interceptó a la mujer mientras ella intentaba huir y procedió a atacarla con un arma blanca hasta que consiguió lanzarla contra el piso.
Sus compañeros de trabajo intentaron auxiliarla lanzándole objetos a su perpetrador, pero esto no hizo que se detuviera. El ataque se frenó cuando uno de ellos lo amenazó con golpearlo con una barra de hierro y esa acción fue clave para que ella pudiera escapar.
El atacante, identificado como Sergio Sarria, no fue tras su expareja sino que se quedó dentro del restaurante hasta que llegó la Policía con intención de detenerlo. Al verse rodeado, gritó: «Mi hija no me quiere, me voy a matar» y se clavó un cuchillo en el cuello en dos oportunidades.
Tanto él como la mujer atacada fueron trasladados a un hospital.
