Política
Buscan eliminar saturación laboral en Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitieron un dictamen favorable con el fin de reformar la Ley Orgánica Judicial relativas a la competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana, Cuscatlán y Usulután.
En materia jurisdiccional, la CSJ realiza periódicamente evaluaciones y estudios sobre la carga administrativa que tiene cada uno de los juzgados y como comisión vieron la oportunidad de ampliar las facultades de los Juzgados de Vigilancia y del Cumplimiento de la Pena de Cuscatlán y Usulután, con el fin de que vean el tema relacionado con el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).
Además, los parlamentarios recibieron una segunda iniciativa para brindar facultades a los Juzgados de Santa Ana, mismo que está relacionado con el cumplimiento de la pena en ese departamento del occidente del país.
“Es necesario hacer estas reformas para que haya una distribución equitativa de cada uno de los expedientes de las personas que están ingresadas en el sistema judicial y con ello se elimina una sobresaturación en los juzgados”, comentó la parlamentaria presidenta de dicha mesa de trabajo, Marcela Pineda.
De esta manera, la CSJ cumple el mandato de una pronta y cumplida justicia y para ello es que los diputados buscan brindar las herramientas necesarias para ejecutar labores completas.
De acuerdo a lo explicado en la comisión, entre lo aprobado se buscar ampliar de forma transitoria la jurisdicción y atribuciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután para que de forma conjunta y equitativa ejerzan su competencia en el Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca, San Vicente; mientras se crea otra sede judicial que apoye esta competencia.
Por ser de reciente creación el Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca, San Vicente, no está definido el Juzgado de Vigilancia y de Ejecución de la Pena que ejercerá competencia sobre el referido lugar.
En este momento, no es viable que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente asuma la competencia del Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca por tener una carga laboral más elevada, en comparación con los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután.
Además, ampliamos la competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana para que de forma conjunta y equitativa ejerzan su competencia en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.
Actualmente, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ejerce su sus labores en personas internadas en el Centro Penal de Apanteos; mientras que, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena ejerce su vigilancia en la Penitenciaría Occidental y el Centro Penal de Metapán.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
