Política
Buscan eliminar saturación laboral en Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitieron un dictamen favorable con el fin de reformar la Ley Orgánica Judicial relativas a la competencia de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana, Cuscatlán y Usulután.
En materia jurisdiccional, la CSJ realiza periódicamente evaluaciones y estudios sobre la carga administrativa que tiene cada uno de los juzgados y como comisión vieron la oportunidad de ampliar las facultades de los Juzgados de Vigilancia y del Cumplimiento de la Pena de Cuscatlán y Usulután, con el fin de que vean el tema relacionado con el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).
Además, los parlamentarios recibieron una segunda iniciativa para brindar facultades a los Juzgados de Santa Ana, mismo que está relacionado con el cumplimiento de la pena en ese departamento del occidente del país.
“Es necesario hacer estas reformas para que haya una distribución equitativa de cada uno de los expedientes de las personas que están ingresadas en el sistema judicial y con ello se elimina una sobresaturación en los juzgados”, comentó la parlamentaria presidenta de dicha mesa de trabajo, Marcela Pineda.
De esta manera, la CSJ cumple el mandato de una pronta y cumplida justicia y para ello es que los diputados buscan brindar las herramientas necesarias para ejecutar labores completas.
De acuerdo a lo explicado en la comisión, entre lo aprobado se buscar ampliar de forma transitoria la jurisdicción y atribuciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután para que de forma conjunta y equitativa ejerzan su competencia en el Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca, San Vicente; mientras se crea otra sede judicial que apoye esta competencia.
Por ser de reciente creación el Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca, San Vicente, no está definido el Juzgado de Vigilancia y de Ejecución de la Pena que ejercerá competencia sobre el referido lugar.
En este momento, no es viable que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Vicente asuma la competencia del Centro Penitenciario de Seguridad y Máxima Seguridad de Tecoluca por tener una carga laboral más elevada, en comparación con los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Cuscatlán y Usulután.
Además, ampliamos la competencia de los Juzgados Primero y Segundo de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Santa Ana para que de forma conjunta y equitativa ejerzan su competencia en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana.
Actualmente, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena ejerce su sus labores en personas internadas en el Centro Penal de Apanteos; mientras que, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena ejerce su vigilancia en la Penitenciaría Occidental y el Centro Penal de Metapán.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
