Internacionales
Así se resguardaba la droga en montañas entre Guatemala y Honduras
El nombre de Guatemala ha salido a relucir en testimonios durante el juicio, en Nueva York, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), por cargos de narcotráfico.
Uno de los declarantes más fuertes del caso parece ser un exalcalde hondureño y narcotraficante que fue extraditado a EE. UU. y ahora es testigo especial.
Amílcar Alexander Ardón ya fue clave en el juicio contra el hermano de Hernandez, Tony, y en su testimonio ha vinculado con acciones del narcotráfico a unas 20 personas más, de acuerdo con el diario hondureño La Prensa.
En uno de sus testimonios recientes en la corte de Nueva York, Ardón señaló que el cartel de Sinaloa, al mando del también extraditado capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, movió toneladas de droga provenientes de Sudamérica hacia Estados Unidos en suelo hondureño, desde el 2009, del cual él era coordinador.
En un mapa de Centroamérica en la corte, le pidieron que señalara las fronteras de Honduras, las cuales identificó como Nicaragua, Guatemala y El Salvador, según una transcripción de La Prensa.
Admitió que sus delitos eran ser jefe de banda de narcos, armas, homicidios y narcotráfico, y durante sus testimonios describió cómo fue protegido por autoridades hondureñas.
Señaló que para mover al menos 250 toneladas de droga contaba con colaboradores y armas ofensivas como AR-15, M-16, 9mm, AK-47, e incluso “bazucas para destruir carros”, de acuerdo con el diario hondureño.
Ardón contó que a veces hicieron estallar con bazucas vehículos blindados en las zonas montañosas entre Guatemala y Honduras.
En sus testimonios, Ardón también ha mencionado a algunos guatemaltecos. A preguntas de la fiscalía respondió que los primos Ronald Enrique Salguero Portillo y Otto René Salguero Morales, quienes se declararon culpables de narcotráfico en Nueva York en octubre del 2022, eran proveedores de cocaína del cartel de Sinaloa.
El fiscal también le preguntó sobre Jairo el Pelón Orellana Morales, a quien se señala de haber sido pieza clave de los Zetas en Guatemala y fue capturado en Zacapa en el 2014. Ardón dijo que lo único que sabía era que estaba en una prisión de EE. UU.
De acuerdo con otra nota de La Prensa, Ardón, exalcalde de una localidad de Copán, también mencionó en su testimonio al guatemalteco Mario Ponce, capturado en Honduras y extraditado luego a Estados Unidos, como una pieza clave para la expansión del cartel de Sinaloa en la región.
Ponce fue condenado en el 2012 a 25 años de cárcel, por narcotráfico, según sentencia emitida por la Corte de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
En el 2015, varias fincas del narcotraficante pasaron a poder del Estado de Guatemala, la mayoría de las cuales se encontraban en Playitas, Morales, Izabal, uno de sus centros de operaciones para el trasiego de droga.
Alexander Ardón fue alcalde de El Paraíso, municipio del departamento hondureño de Copán desde el 2000.
Fue el segundo testigo presentado por la Fiscalía en el juicio que se sigue en Nueva York contra Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con El Heraldo, de Honduras, junto a su hermano, Hugo Ardón, formó el hondureño cartel de los Hermanos AA, quienes controlaron las rutas de la droga en las localidades de Copán y Ocotepeque.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a EE. UU. bajo señalamientos de narcotráfico. (Foto Prensa Libre: AFP)
Acusan a coronel hondureño de haber matado a cinco manifestantes durante crisis poselectoral
Ardón se entregó a la justicia de EE. UU. en 2018, después de haber negociado el proceso con el Departamento Antidrogas de ese país.
Se declaró culpable de narcotráfico, en un acuerdo para reducir su pena.
Como parte de las negociaciones con la justicia, Ardón aceptó ser testigo especial en el caso de los hermanos Hernández, también acusados por Estados Unidos.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
