Internacionales
Así se resguardaba la droga en montañas entre Guatemala y Honduras
El nombre de Guatemala ha salido a relucir en testimonios durante el juicio, en Nueva York, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), por cargos de narcotráfico.
Uno de los declarantes más fuertes del caso parece ser un exalcalde hondureño y narcotraficante que fue extraditado a EE. UU. y ahora es testigo especial.
Amílcar Alexander Ardón ya fue clave en el juicio contra el hermano de Hernandez, Tony, y en su testimonio ha vinculado con acciones del narcotráfico a unas 20 personas más, de acuerdo con el diario hondureño La Prensa.
En uno de sus testimonios recientes en la corte de Nueva York, Ardón señaló que el cartel de Sinaloa, al mando del también extraditado capo mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, movió toneladas de droga provenientes de Sudamérica hacia Estados Unidos en suelo hondureño, desde el 2009, del cual él era coordinador.
En un mapa de Centroamérica en la corte, le pidieron que señalara las fronteras de Honduras, las cuales identificó como Nicaragua, Guatemala y El Salvador, según una transcripción de La Prensa.
Admitió que sus delitos eran ser jefe de banda de narcos, armas, homicidios y narcotráfico, y durante sus testimonios describió cómo fue protegido por autoridades hondureñas.
Señaló que para mover al menos 250 toneladas de droga contaba con colaboradores y armas ofensivas como AR-15, M-16, 9mm, AK-47, e incluso “bazucas para destruir carros”, de acuerdo con el diario hondureño.
Ardón contó que a veces hicieron estallar con bazucas vehículos blindados en las zonas montañosas entre Guatemala y Honduras.
En sus testimonios, Ardón también ha mencionado a algunos guatemaltecos. A preguntas de la fiscalía respondió que los primos Ronald Enrique Salguero Portillo y Otto René Salguero Morales, quienes se declararon culpables de narcotráfico en Nueva York en octubre del 2022, eran proveedores de cocaína del cartel de Sinaloa.
El fiscal también le preguntó sobre Jairo el Pelón Orellana Morales, a quien se señala de haber sido pieza clave de los Zetas en Guatemala y fue capturado en Zacapa en el 2014. Ardón dijo que lo único que sabía era que estaba en una prisión de EE. UU.
De acuerdo con otra nota de La Prensa, Ardón, exalcalde de una localidad de Copán, también mencionó en su testimonio al guatemalteco Mario Ponce, capturado en Honduras y extraditado luego a Estados Unidos, como una pieza clave para la expansión del cartel de Sinaloa en la región.
Ponce fue condenado en el 2012 a 25 años de cárcel, por narcotráfico, según sentencia emitida por la Corte de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
En el 2015, varias fincas del narcotraficante pasaron a poder del Estado de Guatemala, la mayoría de las cuales se encontraban en Playitas, Morales, Izabal, uno de sus centros de operaciones para el trasiego de droga.
Alexander Ardón fue alcalde de El Paraíso, municipio del departamento hondureño de Copán desde el 2000.
Fue el segundo testigo presentado por la Fiscalía en el juicio que se sigue en Nueva York contra Juan Orlando Hernández.
De acuerdo con El Heraldo, de Honduras, junto a su hermano, Hugo Ardón, formó el hondureño cartel de los Hermanos AA, quienes controlaron las rutas de la droga en las localidades de Copán y Ocotepeque.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a EE. UU. bajo señalamientos de narcotráfico. (Foto Prensa Libre: AFP)
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Ardón se entregó a la justicia de EE. UU. en 2018, después de haber negociado el proceso con el Departamento Antidrogas de ese país.
Se declaró culpable de narcotráfico, en un acuerdo para reducir su pena.
Como parte de las negociaciones con la justicia, Ardón aceptó ser testigo especial en el caso de los hermanos Hernández, también acusados por Estados Unidos.
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
Internacionales
Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
