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Aprueban exención de impuestos a ayuda humanitaria que ingrese al país
Debido a que el paso de la tormenta tropical Julia sobre el territorio salvadoreño causó diversos estragos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 82 votos, eximir de todo tipo de impuesto la ayuda humanitaria que ingrese al país, emitidas por personas nacionales, organismos internacionales u organismos multilaterales.
La iniciativa fue presentada ante dicho Órgano de Gobierno por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en el marco del estado de emergencia nacional originado por la tormenta Julia. Este fue decretado por la Asamblea Legislativa el pasado 8 de octubre, en la octava sesión plenaria ordinaria.
“Este tipo de fenómenos vienen con más fuerza y es por eso que como gobierno debemos de estar preparados. La prioridad principal es salvar vidas y empezar la etapa de reconstrucción de la infraestructura perdida”, comentó el funcionario Zelaya, al momento de presentar la pieza ante el presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara.
El fin de dicha solicitud, avalada por los legisladores en la sesión plenaria número 76, es ejecutar con eficiencia el traslado de medicamentos, vestuario, alimentos, entre otras donaciones que sean enviadas a El Salvador para poder apoyar a la población de una manera rápida.
Por ello, para facilitar la aplicación de los beneficios tributarios concedidos en este decreto se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Aduanas para generar circulares, instructivos y resoluciones acorde al detalle de lo aprobado.
Ante este fenómeno natural, la población cuenta con el respaldo de 650 bomberos y 500 elementos operativos desplegados a nivel nacional. Además, hay 67 albergues en todo el país equipados para recibir a los afectados: 12 en La Libertad, 10 en San Salvador, nueve en La Unión, ocho en Usulután, seis en La Paz, cinco en Santa Ana, tres en Chalatenango, tres en Sonsonate, tres en San Miguel, tres en Cuscatlán, dos en Morazán, dos en Ahuachapán y uno en San Vicente.
Esto sin contar los centros de acopio -para recibir alimentos, vestuario y medicamento- que se han instalado en las sedes departamentales de la Asamblea Legislativa.
Los centros de recolección que se han instalado en la zona occidental se ubican en Ahuachapán, en Santa Ana y Sonsonate. En la zona central están en La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador. En la región paracentral se encuentran en La Paz, Cabañas y San Vicente. Mientras que en el área oriental, en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y en La Unión.
De acuerdo a lo admitido por el pleno, la cooperación internacional estará exenta del pago de todo tipo de tributos y gravámenes, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
Asimismo, las importaciones y compras locales que realice el Gobierno con fondos provenientes de donaciones para atender este acontecimiento gozarán de los mismos beneficios tributarios descritos anteriormente.
Por otro lado, los contribuyentes del IVA que se amparen a este decreto no estarán obligados a aplicar la proporcionalidad del crédito fiscal, mismo que está regulado en el artículo 66 de dicha ley.
En cuanto al impuesto denominado renta, las donaciones realizadas por los contribuyentes deberán documentarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32, numeral cuatro, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.
Un grupo de 89 cristianos secuestrados desde mediados de enero tras un ataque de bandas armadas contra tres iglesias en Nigeria fue liberado este jueves.
Los fieles, vestidos con camisetas naranjas, llegaron en un autobús escoltado por las fuerzas de seguridad y fueron acogidos por el gobernador del estado de Kaduna, Uba Sani.
La autoridad de este estado del norte de Nigeria afirmó que en total 183 personas fueron secuestradas, 11 lograron escapar y 83 regresaron hace unos días.
El secuestro masivo tuvo lugar el 18 de enero durante un ataque contra iglesias durante la misa dominical en una zona remota del estado de Kaduna.
Las circunstancias de la liberación no fueron reveladas. El pago de rescates es ilegal en Nigeria, pero hay sospechas de que el gobierno recurre habitualmente a esta práctica.
La semana pasada, un líder tradicional informó que la mitad de los secuestrados en realidad lograron huir durante el ataque y se escondieron en otras aldeas.
El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre. Estados Unidos acusó al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a finales de 2025 a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio». A finales de diciembre Estados Unidos lanzó ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste, contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.
