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Aprueban exención de impuestos a ayuda humanitaria que ingrese al país
Debido a que el paso de la tormenta tropical Julia sobre el territorio salvadoreño causó diversos estragos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 82 votos, eximir de todo tipo de impuesto la ayuda humanitaria que ingrese al país, emitidas por personas nacionales, organismos internacionales u organismos multilaterales.
La iniciativa fue presentada ante dicho Órgano de Gobierno por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en el marco del estado de emergencia nacional originado por la tormenta Julia. Este fue decretado por la Asamblea Legislativa el pasado 8 de octubre, en la octava sesión plenaria ordinaria.
“Este tipo de fenómenos vienen con más fuerza y es por eso que como gobierno debemos de estar preparados. La prioridad principal es salvar vidas y empezar la etapa de reconstrucción de la infraestructura perdida”, comentó el funcionario Zelaya, al momento de presentar la pieza ante el presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara.
El fin de dicha solicitud, avalada por los legisladores en la sesión plenaria número 76, es ejecutar con eficiencia el traslado de medicamentos, vestuario, alimentos, entre otras donaciones que sean enviadas a El Salvador para poder apoyar a la población de una manera rápida.
Por ello, para facilitar la aplicación de los beneficios tributarios concedidos en este decreto se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Aduanas para generar circulares, instructivos y resoluciones acorde al detalle de lo aprobado.
Ante este fenómeno natural, la población cuenta con el respaldo de 650 bomberos y 500 elementos operativos desplegados a nivel nacional. Además, hay 67 albergues en todo el país equipados para recibir a los afectados: 12 en La Libertad, 10 en San Salvador, nueve en La Unión, ocho en Usulután, seis en La Paz, cinco en Santa Ana, tres en Chalatenango, tres en Sonsonate, tres en San Miguel, tres en Cuscatlán, dos en Morazán, dos en Ahuachapán y uno en San Vicente.
Esto sin contar los centros de acopio -para recibir alimentos, vestuario y medicamento- que se han instalado en las sedes departamentales de la Asamblea Legislativa.
Los centros de recolección que se han instalado en la zona occidental se ubican en Ahuachapán, en Santa Ana y Sonsonate. En la zona central están en La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador. En la región paracentral se encuentran en La Paz, Cabañas y San Vicente. Mientras que en el área oriental, en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y en La Unión.
De acuerdo a lo admitido por el pleno, la cooperación internacional estará exenta del pago de todo tipo de tributos y gravámenes, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
Asimismo, las importaciones y compras locales que realice el Gobierno con fondos provenientes de donaciones para atender este acontecimiento gozarán de los mismos beneficios tributarios descritos anteriormente.
Por otro lado, los contribuyentes del IVA que se amparen a este decreto no estarán obligados a aplicar la proporcionalidad del crédito fiscal, mismo que está regulado en el artículo 66 de dicha ley.
En cuanto al impuesto denominado renta, las donaciones realizadas por los contribuyentes deberán documentarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32, numeral cuatro, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, aceptó la sentencia impuesta por un tribunal federal de Nueva York, Estados Unidos, que lo condenó a cadena perpetua por delitos relacionados con el narcotráfico.
La condena fue dictada el 6 de julio por dicha sede judicial. Ante esta resolución, Zambada solicitó al juez federal que no fuera enviado a una cárcel de máxima seguridad y pidió que se garantice la atención de su salud.
En una carta presentada por sus abogados al juez federal Brian M. Cogan, se indicó que Zambada está «plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua» y que «acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley».
Un video difundido en redes sociales muestra una pelea entre motoristas y ayudantes de dos autobuses del transporte interdepartamental ocurrida la mañana de este martes en Guatemala.
En las imágenes se observa cómo dos autobuses se detienen sobre la carretera. Segundos después, tres hombres descienden de una de las unidades y comienzan a gritar al ayudante del segundo autobús.
Posteriormente, la discusión escala hasta convertirse en una pelea en la que los involucrados intercambian golpes con puños, patadas y palos en plena vía.
Al final del video se escucha una detonación de arma de fuego proveniente del interior de uno de los autobuses.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
