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Aprueban exención de impuestos a ayuda humanitaria que ingrese al país
Debido a que el paso de la tormenta tropical Julia sobre el territorio salvadoreño causó diversos estragos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 82 votos, eximir de todo tipo de impuesto la ayuda humanitaria que ingrese al país, emitidas por personas nacionales, organismos internacionales u organismos multilaterales.
La iniciativa fue presentada ante dicho Órgano de Gobierno por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en el marco del estado de emergencia nacional originado por la tormenta Julia. Este fue decretado por la Asamblea Legislativa el pasado 8 de octubre, en la octava sesión plenaria ordinaria.
“Este tipo de fenómenos vienen con más fuerza y es por eso que como gobierno debemos de estar preparados. La prioridad principal es salvar vidas y empezar la etapa de reconstrucción de la infraestructura perdida”, comentó el funcionario Zelaya, al momento de presentar la pieza ante el presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara.
El fin de dicha solicitud, avalada por los legisladores en la sesión plenaria número 76, es ejecutar con eficiencia el traslado de medicamentos, vestuario, alimentos, entre otras donaciones que sean enviadas a El Salvador para poder apoyar a la población de una manera rápida.
Por ello, para facilitar la aplicación de los beneficios tributarios concedidos en este decreto se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Aduanas para generar circulares, instructivos y resoluciones acorde al detalle de lo aprobado.
Ante este fenómeno natural, la población cuenta con el respaldo de 650 bomberos y 500 elementos operativos desplegados a nivel nacional. Además, hay 67 albergues en todo el país equipados para recibir a los afectados: 12 en La Libertad, 10 en San Salvador, nueve en La Unión, ocho en Usulután, seis en La Paz, cinco en Santa Ana, tres en Chalatenango, tres en Sonsonate, tres en San Miguel, tres en Cuscatlán, dos en Morazán, dos en Ahuachapán y uno en San Vicente.
Esto sin contar los centros de acopio -para recibir alimentos, vestuario y medicamento- que se han instalado en las sedes departamentales de la Asamblea Legislativa.
Los centros de recolección que se han instalado en la zona occidental se ubican en Ahuachapán, en Santa Ana y Sonsonate. En la zona central están en La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador. En la región paracentral se encuentran en La Paz, Cabañas y San Vicente. Mientras que en el área oriental, en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y en La Unión.
De acuerdo a lo admitido por el pleno, la cooperación internacional estará exenta del pago de todo tipo de tributos y gravámenes, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
Asimismo, las importaciones y compras locales que realice el Gobierno con fondos provenientes de donaciones para atender este acontecimiento gozarán de los mismos beneficios tributarios descritos anteriormente.
Por otro lado, los contribuyentes del IVA que se amparen a este decreto no estarán obligados a aplicar la proporcionalidad del crédito fiscal, mismo que está regulado en el artículo 66 de dicha ley.
En cuanto al impuesto denominado renta, las donaciones realizadas por los contribuyentes deberán documentarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32, numeral cuatro, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
