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Aprueban exención de impuestos a ayuda humanitaria que ingrese al país
Debido a que el paso de la tormenta tropical Julia sobre el territorio salvadoreño causó diversos estragos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 82 votos, eximir de todo tipo de impuesto la ayuda humanitaria que ingrese al país, emitidas por personas nacionales, organismos internacionales u organismos multilaterales.
La iniciativa fue presentada ante dicho Órgano de Gobierno por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en el marco del estado de emergencia nacional originado por la tormenta Julia. Este fue decretado por la Asamblea Legislativa el pasado 8 de octubre, en la octava sesión plenaria ordinaria.
“Este tipo de fenómenos vienen con más fuerza y es por eso que como gobierno debemos de estar preparados. La prioridad principal es salvar vidas y empezar la etapa de reconstrucción de la infraestructura perdida”, comentó el funcionario Zelaya, al momento de presentar la pieza ante el presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara.
El fin de dicha solicitud, avalada por los legisladores en la sesión plenaria número 76, es ejecutar con eficiencia el traslado de medicamentos, vestuario, alimentos, entre otras donaciones que sean enviadas a El Salvador para poder apoyar a la población de una manera rápida.
Por ello, para facilitar la aplicación de los beneficios tributarios concedidos en este decreto se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Aduanas para generar circulares, instructivos y resoluciones acorde al detalle de lo aprobado.
Ante este fenómeno natural, la población cuenta con el respaldo de 650 bomberos y 500 elementos operativos desplegados a nivel nacional. Además, hay 67 albergues en todo el país equipados para recibir a los afectados: 12 en La Libertad, 10 en San Salvador, nueve en La Unión, ocho en Usulután, seis en La Paz, cinco en Santa Ana, tres en Chalatenango, tres en Sonsonate, tres en San Miguel, tres en Cuscatlán, dos en Morazán, dos en Ahuachapán y uno en San Vicente.
Esto sin contar los centros de acopio -para recibir alimentos, vestuario y medicamento- que se han instalado en las sedes departamentales de la Asamblea Legislativa.
Los centros de recolección que se han instalado en la zona occidental se ubican en Ahuachapán, en Santa Ana y Sonsonate. En la zona central están en La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador. En la región paracentral se encuentran en La Paz, Cabañas y San Vicente. Mientras que en el área oriental, en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y en La Unión.
De acuerdo a lo admitido por el pleno, la cooperación internacional estará exenta del pago de todo tipo de tributos y gravámenes, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
Asimismo, las importaciones y compras locales que realice el Gobierno con fondos provenientes de donaciones para atender este acontecimiento gozarán de los mismos beneficios tributarios descritos anteriormente.
Por otro lado, los contribuyentes del IVA que se amparen a este decreto no estarán obligados a aplicar la proporcionalidad del crédito fiscal, mismo que está regulado en el artículo 66 de dicha ley.
En cuanto al impuesto denominado renta, las donaciones realizadas por los contribuyentes deberán documentarse conforme a lo dispuesto en el artículo 32, numeral cuatro, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
