Nacionales
Pandilleros compran negocios para lavar el dinero de la extorsión y las drogas
Se cumplió un mes desde que el Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, reforzó legalmente el combate frontal a las pandillas y en ese periodo han salido a la luz pública los vanos intentos de los terroristas para eludir a la justicia al esconderse en cuevas, pilas con agua, borrar sus tatuajes, huir del país y hasta montar negocios con el dinero de la extorsión o venta de drogas para aparentar ser comerciantes.
Sin embargo, para su mala suerte, la inteligencia, la efectividad de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) los atrapó en sus ilícitos intentos y ahora podrían pagar hasta con 45 años de prisión luego que la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal e incrementó las penas contra los miembros de pandillas, incluso castigando con cárcel la solo pertenencia a una pandilla.
La extorsión ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para las pandillas, dinero con el cual los grupos terroristas lavaban dinero comprando moteles, con buses o microbuses de transporte colectivo, panaderías, bares y cafeterías. Siguiendo ese ejemplo y para evitar ser capturado, Clider Iván Morán, alias «Balero», abrió una farmacia para aparentar ser comerciante y no ir a la cárcel.
El informe policial detalla que el marero inició en el negocio con el dinero de la extorsión en la ciudad de Ahuachapán.
Un caso similar ocurrió en el municipio de Tamanique, departamento de la Libertad donde la pandilla administraba el servicio de mototaxis. La Policía detuvo a cuatro colaboradores quienes se dedicaban a movilizar a terroristas, drogas y armamento en referida zona.
En el procedimiento les incautaron cinco vehículos que eran utilizados para las actividades ilícitas. Además, funcionaban como una línea de transporte para trasladar personas de forma ilegal, ya que no contaban con los permisos correspondientes para circular.
GOLPES A LAS FINANZAS DE LA PANDILLA
El año pasado las autoridades detuvieron dos miembros de la MS por lavar más de $400,000 a través de negocios como floristerías y venta de vehículos a beneficio de la estructura terrorista. El caso fue detectado en San Miguel y los terroristas fueron identificados como Ángel Ramírez y José Godoy, ambos acusados de lavado de dinero y activos.
Entre 2016 y 2017 las autoridades golpearon las finanzas de la Mara Salvatrucha mediante las operaciones Jaque y Tecana y revelaron la forma cómo la pandilla lavaba el dinero de sus actividades ilícitas.
En la operación Jaque las investigaciones dieron cuenta que la pandilla compró o arrendó moteles, autolotes, bares, cafeterías y talleres. Cada uno de esos negocios les dejaba hasta $1,000 diarios de ganancia. De igual forma se develó que los algunos cabecillas incursionaron en el negocio del transporte colectivo, a través de la adquisición buses en las rutas 4 y 6, además de taxis piratas y mototaxis.
En esa ocasión fueron incautados 157 moteles, bares, casas de citas, cafeterías y otros inmuebles de los cabecillas de la MS, les decomisaron 25 autobuses de las rutas 4 y 6 así como 54 vehículos entre tipo sedán, camionetas, camiones y cabezales. De igual forma armas de fuego, droga, celulares y dinero en efectivo, como también cuentas bancarias.
En 2017 se ejecutó la operación Tecana y el procedimiento reveló que los grupos terroristas lavaban dinero a través de ventas de comida rápida, prestamistas, entre otros rubros.
En esa ocasión decomisaron más de 75 vehículos, más de 40 negocios entre los que había cafeterías, cervecerías, talleres de mecánica, carwash, puestos de venta de accesorios telefónicos, armas de fuego y miles de dólares en efectivo.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está siendo adoptado por países como Perú, Costa Rica, Ecuador y Honduras, tanto en la administración de cárceles como en la construcción de nuevas instalaciones de alta seguridad, inspiradas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
En Ecuador, la cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, está en proceso de construcción y se espera que esté lista a finales de 2025. Esta prisión, diseñada al estilo de las megaprisiones salvadoreñas, tendrá capacidad para entre 700 y 800 internos de alta peligrosidad, según informó el Diario El Mercurio.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola manifestaron en marzo de 2024 su interés por replicar este modelo, y recientemente el alcalde de Lima solicitó asesoría técnica a El Salvador para construir una cárcel similar, en respuesta al aumento de la inseguridad.
Costa Rica también anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 5,000 reos, contando con la cooperación técnica salvadoreña, según declaró el ministro de Justicia Gerald Campos.
En Honduras, el gobierno de Roxana Castro implementa módulos de máxima seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, siguiendo el modelo del Cecot.
Expertos en administración pública y seguridad destacan que este modelo ha transformado las cárceles salvadoreñas, con orden, disciplina, tecnología avanzada y programas innovadores como el Plan Cero Ocio, convirtiéndolo en un referente regional para el control efectivo y la rehabilitación en el sistema penitenciario.
Nacionales
Protección Civil reporta más de 70 viviendas afectadas por lluvias y mantiene albergues activos en San Salvador y La Libertad
El director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que entre el 16 y el 26 de junio se han registrado alrededor de 70 viviendas afectadas por las lluvias en diferentes zonas del país. Del total, 40 presentan anegamientos, 28 tienen daños leves y dos han sufrido daños mayores.
Además, como resultado de las condiciones climáticas, se han contabilizado 192 árboles caídos, 31 deslizamientos de tierra, 176 vías obstruidas, dos ríos desbordados, cinco muros perimetrales dañados y 13 vehículos afectados.
Actualmente, tres albergues permanecen activos: dos en San Salvador y uno en La Libertad, donde se resguardan 66 personas (38 adultos y 28 menores), pertenecientes a 26 familias.
Amaya destacó que la institución mantiene una red nacional de 180 albergues preequipados, con capacidad para atender dignamente a más de 10,000 personas en caso de emergencia. En los centros activos se brindan servicios básicos como kits de higiene, insumos esenciales y alimentación. También se entregan paquetes alimentarios a las familias que han retornado a sus hogares.
El titular de Protección Civil hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles riesgos en sus viviendas, especialmente si están ubicadas cerca de taludes, árboles de gran tamaño o estructuras vulnerables. Asimismo, recomendó tener preparada una mochila de emergencia con artículos esenciales, incluyendo documentos personales y de propiedad.
Finalmente, recordó que ante cualquier eventualidad, la ciudadanía puede comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a los números 2281-0888 o 7070-3307, disponibles las 24 horas del día.
