Judicial
Norman Quijano es enviado a juicio por negociar con pandillas
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, envió a juicio a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014.
Los magistrados admitieron toda la prueba presentada por la Fiscalía para que sea analizada de forma integra en la vista pública que realizará la Cámara Segunda de lo Penal.
A los abogados defensores les admitieron como testigos al diputado de Arena, René Portillo Cuadra, Ernesto Angulo, Nelson Valdez, presidente de la Red Nacional de Pastores, Manuel Arrieta, a la exjefa de comunicaciones de Quijano, Jeanneth Palacios, y al exasesor de campaña, Miguel Ángel Simán.
#CombateALaImpunidad I Entre la prueba ofertada por @FGR_SV, en la audiencia preliminar, se encuentra un video donde Norman Quijano está reunido con pandilleros y otros líderes políticos, ofreciendo $100 millones de dólares en beneficio de estos grupos terroristas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
El ministerio público acusa al exfuncionario de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos que se originan cuando Quijano supuestamente se reunió con jefes de pandillas para negociar beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador.
En una reunión que sostuvo con los cabecillas de las maras a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, Quijano pidió a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.
Les expresó que los $100 millones, iban a salir del presupuesto general de la nación y que esos fondos ya estaban disponibles porque el gobierno del FMLN saliente no los había ocupado.
#CombateALaImpunidad I Gracias a las reformas al Código Penal aprobadas recientemente, reos prófugos de la justicia como Norman Quijano podrán ser enjuiciados y condenados por sus actos de corrupción.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
Quijano dijo a los pandilleros que esos $100 millones iban ir destinados para programas sociales en favor de las pandillas, que los cuarteles iban a ser ocupados como granjas de reinserción.
En el proceso existen testimonios de los testigos criteriados Noé y Salomón, quienes han contado a la Fiscalía el pacto y el ofrecimiento de Quijano. Salomón es el testigo que confirmó la entrega de los $100,000 que Quijano hizo a las pandillas a través de Paolo Lüers, según el criteriado, la MS recibió $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una.
Mientras que Noé ha dicho que Quijano les pidió votar por ARENA, que permitieran a la gente ir a votar, el ofrecimiento de los $100 millones para las pandillas y que al abordar el tema de reinserción las pandillas iban a tener libertad de movimiento, además se levantarían todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Quijano tiene orden de captura desde el 17 de enero de 2022, cuando la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró la detención por considerar que hay indicios de que cometió los dos ilícitos.
La Fiscalía judicializó el caso después qur la Asamblea Legislativa le retirar la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021.
El origen del expediente tiene que ver con la causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», cuando Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados «Noé» quien en su testimonio dijo que él y otros cabecillas de maras se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que tuvo el proceso contra 425 pandilleros divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con los cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
