Judicial
Norman Quijano es enviado a juicio por negociar con pandillas
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, envió a juicio a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014.
Los magistrados admitieron toda la prueba presentada por la Fiscalía para que sea analizada de forma integra en la vista pública que realizará la Cámara Segunda de lo Penal.
A los abogados defensores les admitieron como testigos al diputado de Arena, René Portillo Cuadra, Ernesto Angulo, Nelson Valdez, presidente de la Red Nacional de Pastores, Manuel Arrieta, a la exjefa de comunicaciones de Quijano, Jeanneth Palacios, y al exasesor de campaña, Miguel Ángel Simán.
#CombateALaImpunidad I Entre la prueba ofertada por @FGR_SV, en la audiencia preliminar, se encuentra un video donde Norman Quijano está reunido con pandilleros y otros líderes políticos, ofreciendo $100 millones de dólares en beneficio de estos grupos terroristas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
El ministerio público acusa al exfuncionario de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos que se originan cuando Quijano supuestamente se reunió con jefes de pandillas para negociar beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador.
En una reunión que sostuvo con los cabecillas de las maras a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, Quijano pidió a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.
Les expresó que los $100 millones, iban a salir del presupuesto general de la nación y que esos fondos ya estaban disponibles porque el gobierno del FMLN saliente no los había ocupado.
#CombateALaImpunidad I Gracias a las reformas al Código Penal aprobadas recientemente, reos prófugos de la justicia como Norman Quijano podrán ser enjuiciados y condenados por sus actos de corrupción.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
Quijano dijo a los pandilleros que esos $100 millones iban ir destinados para programas sociales en favor de las pandillas, que los cuarteles iban a ser ocupados como granjas de reinserción.
En el proceso existen testimonios de los testigos criteriados Noé y Salomón, quienes han contado a la Fiscalía el pacto y el ofrecimiento de Quijano. Salomón es el testigo que confirmó la entrega de los $100,000 que Quijano hizo a las pandillas a través de Paolo Lüers, según el criteriado, la MS recibió $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una.
Mientras que Noé ha dicho que Quijano les pidió votar por ARENA, que permitieran a la gente ir a votar, el ofrecimiento de los $100 millones para las pandillas y que al abordar el tema de reinserción las pandillas iban a tener libertad de movimiento, además se levantarían todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Quijano tiene orden de captura desde el 17 de enero de 2022, cuando la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró la detención por considerar que hay indicios de que cometió los dos ilícitos.
La Fiscalía judicializó el caso después qur la Asamblea Legislativa le retirar la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021.
El origen del expediente tiene que ver con la causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», cuando Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados «Noé» quien en su testimonio dijo que él y otros cabecillas de maras se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que tuvo el proceso contra 425 pandilleros divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con los cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
