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Judicial

Norman Quijano es enviado a juicio por negociar con pandillas

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La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, envió a juicio a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014.

Los magistrados admitieron toda la prueba presentada por la Fiscalía para que sea analizada de forma integra en la vista pública que realizará la Cámara Segunda de lo Penal.

A los abogados defensores les admitieron como testigos al diputado de Arena, René Portillo Cuadra, Ernesto Angulo, Nelson Valdez, presidente de la Red Nacional de Pastores,  Manuel Arrieta, a la exjefa de comunicaciones de Quijano, Jeanneth Palacios, y al exasesor de campaña, Miguel Ángel Simán.

El ministerio público acusa al exfuncionario de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos que se originan cuando Quijano supuestamente se reunió con jefes de pandillas para negociar beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador.

En una reunión que sostuvo con los cabecillas de las maras a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, Quijano pidió a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.

Les expresó que los $100 millones, iban a salir del presupuesto general de la nación y que esos fondos ya estaban disponibles porque el gobierno del FMLN saliente no los había ocupado.

Quijano dijo a los pandilleros que esos $100 millones iban ir destinados para programas sociales en favor de las pandillas, que los cuarteles iban a ser ocupados como granjas de reinserción.

En el proceso existen testimonios de los testigos criteriados Noé y Salomón, quienes han contado a la Fiscalía el pacto y el ofrecimiento de Quijano. Salomón es el testigo que confirmó la entrega de los $100,000 que Quijano hizo a las pandillas a través de Paolo Lüers, según el criteriado, la MS recibió $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una.

Mientras que Noé ha dicho que Quijano les pidió votar por ARENA, que permitieran a la gente ir a votar, el ofrecimiento de los $100 millones para las pandillas y que al abordar el tema de reinserción las pandillas iban a tener libertad de movimiento, además se levantarían todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.

Quijano tiene orden de captura desde el 17 de enero de 2022, cuando la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró la detención por considerar que hay indicios de que cometió los dos ilícitos.

La Fiscalía judicializó el caso después qur la Asamblea Legislativa le retirar la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021.

El origen del expediente tiene que ver con la causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», cuando Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados «Noé» quien en su testimonio dijo que él y otros cabecillas de maras se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.

El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que tuvo el proceso contra 425 pandilleros divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con los cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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