Judicial
Norman Quijano es enviado a juicio por negociar con pandillas
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, envió a juicio a Norman Quijano, diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia por el partido ARENA en el año 2014.
Los magistrados admitieron toda la prueba presentada por la Fiscalía para que sea analizada de forma integra en la vista pública que realizará la Cámara Segunda de lo Penal.
A los abogados defensores les admitieron como testigos al diputado de Arena, René Portillo Cuadra, Ernesto Angulo, Nelson Valdez, presidente de la Red Nacional de Pastores, Manuel Arrieta, a la exjefa de comunicaciones de Quijano, Jeanneth Palacios, y al exasesor de campaña, Miguel Ángel Simán.
#CombateALaImpunidad I Entre la prueba ofertada por @FGR_SV, en la audiencia preliminar, se encuentra un video donde Norman Quijano está reunido con pandilleros y otros líderes políticos, ofreciendo $100 millones de dólares en beneficio de estos grupos terroristas.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
El ministerio público acusa al exfuncionario de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, delitos que se originan cuando Quijano supuestamente se reunió con jefes de pandillas para negociar beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran para ser electo presidente de la República de El Salvador.
En una reunión que sostuvo con los cabecillas de las maras a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca, Quijano pidió a la Mara Salvatrucha y a las dos facciones de la Pandilla 18 que votaran en segunda vuelta por ARENA y que a cambio invertiría $100 millones en las pandillas, si ganaba las elecciones.
Les expresó que los $100 millones, iban a salir del presupuesto general de la nación y que esos fondos ya estaban disponibles porque el gobierno del FMLN saliente no los había ocupado.
#CombateALaImpunidad I Gracias a las reformas al Código Penal aprobadas recientemente, reos prófugos de la justicia como Norman Quijano podrán ser enjuiciados y condenados por sus actos de corrupción.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 11, 2022
Quijano dijo a los pandilleros que esos $100 millones iban ir destinados para programas sociales en favor de las pandillas, que los cuarteles iban a ser ocupados como granjas de reinserción.
En el proceso existen testimonios de los testigos criteriados Noé y Salomón, quienes han contado a la Fiscalía el pacto y el ofrecimiento de Quijano. Salomón es el testigo que confirmó la entrega de los $100,000 que Quijano hizo a las pandillas a través de Paolo Lüers, según el criteriado, la MS recibió $50,000, y las dos facciones de la Pandilla 18, $25,000 cada una.
Mientras que Noé ha dicho que Quijano les pidió votar por ARENA, que permitieran a la gente ir a votar, el ofrecimiento de los $100 millones para las pandillas y que al abordar el tema de reinserción las pandillas iban a tener libertad de movimiento, además se levantarían todas las restricciones impuestas por los gobiernos anteriores.
Quijano tiene orden de captura desde el 17 de enero de 2022, cuando la Cámara Primera de lo Penal al finalizar la audiencia inicial giró la detención por considerar que hay indicios de que cometió los dos ilícitos.
La Fiscalía judicializó el caso después qur la Asamblea Legislativa le retirar la inmunidad el 15 de diciembre del año 2021.
El origen del expediente tiene que ver con la causa penal conocida como «Operación Cuscatlán», cuando Quijano y otros cinco políticos de ARENA y del FMLN, fueron mencionados «Noé» quien en su testimonio dijo que él y otros cabecillas de maras se habían reunido con Quijano, el exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano (ya fallecido), el expresidente de dicho instituto político, Jorge Velado (ya fallecido), así como los exministros de Gobernación y Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, que tuvo el proceso contra 425 pandilleros divulgó los videos donde se observa a los políticos reunidos con los cabecillas de la MS y la pandilla 18 negociando beneficios para esas estructuras a cambio de votos.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
