Judicial
Carlos Rubio: Resolución caso Enrique Rais, es un paso a la justicia ante casos creados por el exfiscal Meléndez
Carlos Miranda Rubio, apoderado legal del empresario Enrique Rais, explicó que la resolución del caso, a favor de su cliente, daría pauta a la justicia ante los casos ilegales que creó el exfiscal Douglas Meléndez.
Enrique Rais fue sobreseído luego de que los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extingue las acciones civiles y penales.
«Esto es muy importante porque el juez confirma que ni fiscalía, ni las supuestas víctimas pudieron demostrar dentro de la causa penal, que poseían los derechos que afirmaban tener, ni como socios, ni como supuestos acreedores del señor Rais», explicó Rubio.
Según el jurista, el exfiscal, creó una persecución contra Rais, creando casos y dilatando la investigación de los mismos.
«Se ha venido probando durante todo este tiempo que se fabricaron procesos con pruebas ilegales, con testigos sin rostro (testigos protegidos), infringiendo el derecho de defensa de mi cliente y presentando como víctimas a personas que no podían sostener judicialmente esa calidad», explicó.
Todo empezó cuando el empresario adquirió el cien por ciento de la empresa MIDES, en modalidad de crédito por $11 millones de dólares, sin embargo terminó pagando más de $23 millones, bajo las exigencias de los canadienses.
A esta extorsión se sumó el abogado Mario Calderón, que durante ese tiempo fuese apoderado legal de Rais, que junto a los canadienses pretendían obtener $25 millones más. El abogado Calderón fue despedido por Rais y posteriormente, en un acto de deslealtad, paso a ser parte como abogado de los canadiense.
«Los canadienses comienzan todo un esquema de presiones, la principal es amenazarlo con que lo perjudicarían a él y a su familia, lo que es evidente que terminaron haciendo».
Por eso pesa ante los extranjeros una orden de captura por ser declarados rebeldes, indica el apoderado legal actual de Rais.
Posteriormente durante el 2013 y 2014 Pasquale y Pacceti interponen las denuncias por administración fraudulenta de MIDES y otras de las empresas de Rais, en las que no pudieron demostrar ser accionistas de estas empresas.
Asimismo interponen en ese periodo otra demanda por el delito de estafa, don de argumentaban que supuestamente el empresario no podía transferir las acciones del MIDES, por la existencia de «una deuda pendiente», argumentando que les hizo unos pagos demás.
«Allí es donde comienza a aparecer la mano del Ex Fiscal Douglas Meléndez, en toda esta persecución penal ilegal y arbitraria, contra el Sr. Enrique Rais, que es una vergüenza para el Sistema Judicial, porque fíjese, los denunciantes (canadienses) no logran acreditar ni ser socios, ni la existencia de una deuda, entonces la Fiscalía formula un Requerimiento de Sobreseimiento Definitivo, que es confirmado por el Juez de Paz», detalla Miranda Rubio.
La Cámara 3a de lo Penal de San Salvador, el 26 de abril de 2016, lo modifica por un Sobreseimiento Provisional, es decir, que le da el plazo de un año a la fiscalía y las víctimas para que puedan presentar pruebas de sus denuncias y pedir la reapertura del caso.
«Entonces, uno espera que haya pruebas y lejos de eso desde allí se comienza a urdir un nuevo esquema de presiones a través de presentar otra denuncia en la que se presenta como víctima Matteo Pasquale».
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una nueva denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, creando un documento que no existía, detalla Rubio.
«La base es el supuesto error en una fecha de un acta, a la que según la denuncia no compareció el Sr. Rais; esos argumentos no coincidían con la verdad de los hechos y al no ser socios ni tener derechos sobre las acciones de MIDES, tampoco había una causa que perseguir», indica el abogado del empresario acusado.
Balmore Escobar, es vinculado al caso de la sustracción de documentos e información del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), con el que se inició el proceso contra el expresidente Francisco Flores.
«Al parecer los abogados de los canadienses tenían gente de medios de comunicación apoyándoles, porque toda acción, como esa denuncia, era publicada rápidamente, así se entera el Sr. Rais, y pide por medio de sus abogados ser intimado de los hechos que le acusan», agregó Rubio.
Rais fue citado por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario a la fiscalía, tal citatorio no existía, lo detuvieron de inmediato exhibiéndolo en público.
«El Ex Fiscal Meléndez, sin ningún dejo de objetividad propio de su cargo, comienza a realizar juicios de valor como condena mediática de mi cliente. A partir de allí todo lo relacionado con él, se convierte en sospechoso, ilegal. Por ejemplo los sobreseimientos definitivos sobre las denuncias de los canadienses que carecían de pruebas, se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», subraya.
«En cambio en el caso del Sr. Enrique Rais, se hizo parecer que todo era producto de compras de voluntades, lo cual los hechos se han desmentido», dijo Rubio.
Para el defensor de Enrique Raises un paso de justicia ante los casos ilegales creados contra él y otras personas que han sufrido persecución ante estos los montajes mediáticos por el exfiscal Meléndez, dijo el jurista.
«La fiscalía tuvo desde el 29 de abril de 2016 al 28 de abril de 2017 para presentar prueba y pedir la reapertura. ¿Quién era el Fiscal General en ese periodo? Douglas Meléndez».
La parte defensora de Rais indicó que esperan que su cliente obtenga su liberación plena de todos los cargos que se le han fabricado.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
