Judicial
Carlos Rubio: Resolución caso Enrique Rais, es un paso a la justicia ante casos creados por el exfiscal Meléndez
Carlos Miranda Rubio, apoderado legal del empresario Enrique Rais, explicó que la resolución del caso, a favor de su cliente, daría pauta a la justicia ante los casos ilegales que creó el exfiscal Douglas Meléndez.
Enrique Rais fue sobreseído luego de que los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extingue las acciones civiles y penales.
«Esto es muy importante porque el juez confirma que ni fiscalía, ni las supuestas víctimas pudieron demostrar dentro de la causa penal, que poseían los derechos que afirmaban tener, ni como socios, ni como supuestos acreedores del señor Rais», explicó Rubio.
Según el jurista, el exfiscal, creó una persecución contra Rais, creando casos y dilatando la investigación de los mismos.
«Se ha venido probando durante todo este tiempo que se fabricaron procesos con pruebas ilegales, con testigos sin rostro (testigos protegidos), infringiendo el derecho de defensa de mi cliente y presentando como víctimas a personas que no podían sostener judicialmente esa calidad», explicó.
Todo empezó cuando el empresario adquirió el cien por ciento de la empresa MIDES, en modalidad de crédito por $11 millones de dólares, sin embargo terminó pagando más de $23 millones, bajo las exigencias de los canadienses.
A esta extorsión se sumó el abogado Mario Calderón, que durante ese tiempo fuese apoderado legal de Rais, que junto a los canadienses pretendían obtener $25 millones más. El abogado Calderón fue despedido por Rais y posteriormente, en un acto de deslealtad, paso a ser parte como abogado de los canadiense.
«Los canadienses comienzan todo un esquema de presiones, la principal es amenazarlo con que lo perjudicarían a él y a su familia, lo que es evidente que terminaron haciendo».
Por eso pesa ante los extranjeros una orden de captura por ser declarados rebeldes, indica el apoderado legal actual de Rais.
Posteriormente durante el 2013 y 2014 Pasquale y Pacceti interponen las denuncias por administración fraudulenta de MIDES y otras de las empresas de Rais, en las que no pudieron demostrar ser accionistas de estas empresas.
Asimismo interponen en ese periodo otra demanda por el delito de estafa, don de argumentaban que supuestamente el empresario no podía transferir las acciones del MIDES, por la existencia de «una deuda pendiente», argumentando que les hizo unos pagos demás.
«Allí es donde comienza a aparecer la mano del Ex Fiscal Douglas Meléndez, en toda esta persecución penal ilegal y arbitraria, contra el Sr. Enrique Rais, que es una vergüenza para el Sistema Judicial, porque fíjese, los denunciantes (canadienses) no logran acreditar ni ser socios, ni la existencia de una deuda, entonces la Fiscalía formula un Requerimiento de Sobreseimiento Definitivo, que es confirmado por el Juez de Paz», detalla Miranda Rubio.
La Cámara 3a de lo Penal de San Salvador, el 26 de abril de 2016, lo modifica por un Sobreseimiento Provisional, es decir, que le da el plazo de un año a la fiscalía y las víctimas para que puedan presentar pruebas de sus denuncias y pedir la reapertura del caso.
«Entonces, uno espera que haya pruebas y lejos de eso desde allí se comienza a urdir un nuevo esquema de presiones a través de presentar otra denuncia en la que se presenta como víctima Matteo Pasquale».
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una nueva denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, creando un documento que no existía, detalla Rubio.
«La base es el supuesto error en una fecha de un acta, a la que según la denuncia no compareció el Sr. Rais; esos argumentos no coincidían con la verdad de los hechos y al no ser socios ni tener derechos sobre las acciones de MIDES, tampoco había una causa que perseguir», indica el abogado del empresario acusado.
Balmore Escobar, es vinculado al caso de la sustracción de documentos e información del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), con el que se inició el proceso contra el expresidente Francisco Flores.
«Al parecer los abogados de los canadienses tenían gente de medios de comunicación apoyándoles, porque toda acción, como esa denuncia, era publicada rápidamente, así se entera el Sr. Rais, y pide por medio de sus abogados ser intimado de los hechos que le acusan», agregó Rubio.
Rais fue citado por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario a la fiscalía, tal citatorio no existía, lo detuvieron de inmediato exhibiéndolo en público.
«El Ex Fiscal Meléndez, sin ningún dejo de objetividad propio de su cargo, comienza a realizar juicios de valor como condena mediática de mi cliente. A partir de allí todo lo relacionado con él, se convierte en sospechoso, ilegal. Por ejemplo los sobreseimientos definitivos sobre las denuncias de los canadienses que carecían de pruebas, se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», subraya.
«En cambio en el caso del Sr. Enrique Rais, se hizo parecer que todo era producto de compras de voluntades, lo cual los hechos se han desmentido», dijo Rubio.
Para el defensor de Enrique Raises un paso de justicia ante los casos ilegales creados contra él y otras personas que han sufrido persecución ante estos los montajes mediáticos por el exfiscal Meléndez, dijo el jurista.
«La fiscalía tuvo desde el 29 de abril de 2016 al 28 de abril de 2017 para presentar prueba y pedir la reapertura. ¿Quién era el Fiscal General en ese periodo? Douglas Meléndez».
La parte defensora de Rais indicó que esperan que su cliente obtenga su liberación plena de todos los cargos que se le han fabricado.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
