Judicial
Carlos Rubio: Resolución caso Enrique Rais, es un paso a la justicia ante casos creados por el exfiscal Meléndez
Carlos Miranda Rubio, apoderado legal del empresario Enrique Rais, explicó que la resolución del caso, a favor de su cliente, daría pauta a la justicia ante los casos ilegales que creó el exfiscal Douglas Meléndez.
Enrique Rais fue sobreseído luego de que los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por los delitos de administración fraudulenta y estafa; que al no ser probados por los acusantes en el tiempo establecido, el caso queda cancelado imposibilitando a los extranjeros a continuar con el caso y extingue las acciones civiles y penales.
«Esto es muy importante porque el juez confirma que ni fiscalía, ni las supuestas víctimas pudieron demostrar dentro de la causa penal, que poseían los derechos que afirmaban tener, ni como socios, ni como supuestos acreedores del señor Rais», explicó Rubio.
Según el jurista, el exfiscal, creó una persecución contra Rais, creando casos y dilatando la investigación de los mismos.
«Se ha venido probando durante todo este tiempo que se fabricaron procesos con pruebas ilegales, con testigos sin rostro (testigos protegidos), infringiendo el derecho de defensa de mi cliente y presentando como víctimas a personas que no podían sostener judicialmente esa calidad», explicó.
Todo empezó cuando el empresario adquirió el cien por ciento de la empresa MIDES, en modalidad de crédito por $11 millones de dólares, sin embargo terminó pagando más de $23 millones, bajo las exigencias de los canadienses.
A esta extorsión se sumó el abogado Mario Calderón, que durante ese tiempo fuese apoderado legal de Rais, que junto a los canadienses pretendían obtener $25 millones más. El abogado Calderón fue despedido por Rais y posteriormente, en un acto de deslealtad, paso a ser parte como abogado de los canadiense.
«Los canadienses comienzan todo un esquema de presiones, la principal es amenazarlo con que lo perjudicarían a él y a su familia, lo que es evidente que terminaron haciendo».
Por eso pesa ante los extranjeros una orden de captura por ser declarados rebeldes, indica el apoderado legal actual de Rais.
Posteriormente durante el 2013 y 2014 Pasquale y Pacceti interponen las denuncias por administración fraudulenta de MIDES y otras de las empresas de Rais, en las que no pudieron demostrar ser accionistas de estas empresas.
Asimismo interponen en ese periodo otra demanda por el delito de estafa, don de argumentaban que supuestamente el empresario no podía transferir las acciones del MIDES, por la existencia de «una deuda pendiente», argumentando que les hizo unos pagos demás.
«Allí es donde comienza a aparecer la mano del Ex Fiscal Douglas Meléndez, en toda esta persecución penal ilegal y arbitraria, contra el Sr. Enrique Rais, que es una vergüenza para el Sistema Judicial, porque fíjese, los denunciantes (canadienses) no logran acreditar ni ser socios, ni la existencia de una deuda, entonces la Fiscalía formula un Requerimiento de Sobreseimiento Definitivo, que es confirmado por el Juez de Paz», detalla Miranda Rubio.
La Cámara 3a de lo Penal de San Salvador, el 26 de abril de 2016, lo modifica por un Sobreseimiento Provisional, es decir, que le da el plazo de un año a la fiscalía y las víctimas para que puedan presentar pruebas de sus denuncias y pedir la reapertura del caso.
«Entonces, uno espera que haya pruebas y lejos de eso desde allí se comienza a urdir un nuevo esquema de presiones a través de presentar otra denuncia en la que se presenta como víctima Matteo Pasquale».
El abogado Diego Balmore Escobar, quien fuese antiguo compañero del exfiscal Douglas Meléndez, presenta una nueva denuncia el 30 de junio del 2016, apareciendo como apoderado de Matteo Pasquale, por el delito de falsedad material, creando un documento que no existía, detalla Rubio.
«La base es el supuesto error en una fecha de un acta, a la que según la denuncia no compareció el Sr. Rais; esos argumentos no coincidían con la verdad de los hechos y al no ser socios ni tener derechos sobre las acciones de MIDES, tampoco había una causa que perseguir», indica el abogado del empresario acusado.
Balmore Escobar, es vinculado al caso de la sustracción de documentos e información del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS), con el que se inició el proceso contra el expresidente Francisco Flores.
«Al parecer los abogados de los canadienses tenían gente de medios de comunicación apoyándoles, porque toda acción, como esa denuncia, era publicada rápidamente, así se entera el Sr. Rais, y pide por medio de sus abogados ser intimado de los hechos que le acusan», agregó Rubio.
Rais fue citado por la fiscalía el 22 de agosto de 2016, para darle a conocer formalmente sobre la denuncia, sin embargo al compadecer el empresario a la fiscalía, tal citatorio no existía, lo detuvieron de inmediato exhibiéndolo en público.
«El Ex Fiscal Meléndez, sin ningún dejo de objetividad propio de su cargo, comienza a realizar juicios de valor como condena mediática de mi cliente. A partir de allí todo lo relacionado con él, se convierte en sospechoso, ilegal. Por ejemplo los sobreseimientos definitivos sobre las denuncias de los canadienses que carecían de pruebas, se trata de una práctica que inclusive la fiscalía actual ha realizado a favor del propio Douglas Meléndez, presentando requerimientos de sobreseimientos definitivos y también se hizo en un caso de Lavado de dinero, contra los señores Juan Wright, Gerardo Balzaretti y el Ex Presidente Saca, sobre los fondos provenientes de Taiwán y nada se ha dicho al respecto, a pesar que en este último caso se pidió porque el Ex Fiscal Meléndez dejó prescribir la acción penal», subraya.
«En cambio en el caso del Sr. Enrique Rais, se hizo parecer que todo era producto de compras de voluntades, lo cual los hechos se han desmentido», dijo Rubio.
Para el defensor de Enrique Raises un paso de justicia ante los casos ilegales creados contra él y otras personas que han sufrido persecución ante estos los montajes mediáticos por el exfiscal Meléndez, dijo el jurista.
«La fiscalía tuvo desde el 29 de abril de 2016 al 28 de abril de 2017 para presentar prueba y pedir la reapertura. ¿Quién era el Fiscal General en ese periodo? Douglas Meléndez».
La parte defensora de Rais indicó que esperan que su cliente obtenga su liberación plena de todos los cargos que se le han fabricado.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
