Política
Presidente Sánchez Cerén sanciona decreto de aumento al FODES
El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, sancionó el decreto legislativo que aumenta del 8% al 10% el presupuesto que se le asigna anualmente a las alcaldías por medio del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES).
El aumento será efectivo a partir del presupuesto del año 2020, tal como lo estableció la Asamblea Legislativa en la pasada sesión plenaria.
“El eje transversal de nuestro trabajo coloca a los territorios y sus gobiernos como actores fundamentales y al gobierno central como socio estratégico. Nuevamente tiendo mi mano a ustedes y les reafirmo la disposición de mi gobierno de construir juntos nuevas y mejores oportunidades para todos los municipios”, fueron las palabras del Presidente Sánchez Cerén en septiembre de 2018 durante el XXXIII Congreso de COMURES.
Cerén avaló las reformas que realizó el primer órgano, pese a que incluso el mismo ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, advirtió que el aumento del 2% que hicieron los diputados de la Asamblea Legislativa no era conveniente debido a las delicadas condiciones de las finanzas públicas, pero ni el mismo FMLN tomó en cuenta sus observaciones.
El aumento del 8 al 10% fue aprobado con 67 votos de diputados de
ARENA, FMLN y PCN y según el dictamen, la modificación debería aplicarse a partir de 2020.
En este sentido, el titular del Ministerio de Hacienda indicó que es el órgano legislativo el que debe responder por esta acción, pues él es parte del órgano Ejecutivo y en el país existe independencia de poderes.
Además, el presidente electo, Nayib Bukele, también ya había advertido antes de la sesión plenaria que aumentar el FODES dañaría más a las finanzas públicas.
En su cuenta de Twitter, Bukele señaló que habría consecuencias negativas, entre estas, un incremento en los intereses que debe pagar el Estado salvadoreño por su deuda.
En pocas palabras, el dinero que pida prestado El Salvador podría volverse más caro al conseguirlo.
Además, entre las instituciones que también habían criticado el aumento al FODES estaba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en un estudio advirtió que la manera en la que se ha estado distribuyendo el FODES no permite que todos hagan el mismo aprovechamiento de los recursos.
En sus recomendaciones en cuanto al endeudamiento, el BID consignó: “No aumentar el FODES”. Más bien, recomiendan ajustar la fórmula y volver a calcular la proporción por municipio.
También la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) indicó con anterioridad que no se debía aumentar el FODES.
De acuerdo a un informe que presentaron esta semana, este tanque de pensamiento dijo que los criterios de asignación necesitan actualizarse y adecuarse al nivel de deuda, para que puedan ser sostenibles.
Tanto el BID como FUSADES recomiendan usar los censos más recientes para replantear la transferencia de estos fondos a las municipalidades.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
