Política
Políticos y exdiplomáticos manifiestan que el Gobierno tuvo que haber considerado las consecuencias por romper relaciones con Taiwán
Analistas políticos y exdiplomáticos de El Salvador consideraron que el Gobierno tendría que haber analizado a profundidad las consecuencias de romper relaciones diplomáticas con la República de Taiwán antes de cortar «de tajo» el vínculo y anunciar la apertura con la República Popular de China. Además, consideraron que por el tiempo en que se tuvieron, 85 años, deben una explicación de la situación.
El analista y exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, consideró que el Gobierno tendría que haber calculado las implicaciones de romper relaciones diplomáticas con ese país porque a lo largo de los años se han tenido muchos programas de cooperación con los que se han visto beneficiados El Salvador.
«Lo que hay que ver es por qué se rompen relaciones en este momento, cuando los gobiernos de ARENA y FMLN las habían sostenido por todo este tiempo, cuando hay una relación de décadas con otro país, creo que hay un problema de transparencia en todo esto… la cooperación con Taiwán era alta», valoró Zamora.
Una pregunta que hay que hacerse, sostuvo Zamora, es cuáles son los términos que se han arreglado con China Popular y cuáles van a ser las repercusiones de la apertura de relaciones con la segunda economía más grande a nivel global.
Otro aspecto importante, según el exembajador de El Salvador en países como México o Jamaica y exviceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix, es ver que hay detrás de una rotura «de tajo» de las relaciones porque da a entender que no se han hecho las consultas respectivas.
El diplomático indicó que si bien es cierto cada Estado es libre de decidir con quién se abren relaciones, hay que tener en cuenta otros aspectos. «Hay que ver lo que representa la amistad, la cooperación y los años que se han tenido con Taiwán… no es lo mismo las relaciones con un país tan cercano como lo es Taiwán a uno con el que el país tiene escasos intereses generales, como algunos del medio oriente».
También, agregó que las consultas se deberían haber hecho con los diferentes sectores que han tenido intereses con Taiwán. «Se tomó una decisión que a lo mejor puede traer implicaciones a posterior que son de alguna manera delicadas y que pueden traer consecuencias negativas para el país», subrayó.
«He sabido de que China popular ha cooperado con el partido en el Gobierno en elecciones anteriores»
Zamora consideró que es importante preguntarse si esta situación tiene que ver con arreglos de tipo electoral que pudieran haberse gestado entre el partido en el gobierno, el FMLN y el gobierno de China, ya que dice tener conocimiento de que el gobierno chino ha cooperado en elecciones anteriores con los oficialistas.
«Habría que ver si en esto hay arreglos de tipo electoral porque he sabido de que China Popular ha cooperado con el partido en el gobierno en elecciones anteriores y es de ver si hay un arreglo, es de ver también si esto está relacionado con lo que se está debatiendo ahorita con la concesión del Puerto de La Unión»
En el caso de los vínculos entre el FMLN y el gobierno de China para las elecciones, es una situación «grave», consideró Zamora. «( Al financiar la campaña) se estaría subordinando los intereses nacionales estratégicos a un interés puramente electoral y además con un país extranjero, eso daría paso a la injerencia de un país extranjero en el proceso electoral salvadoreño y en el más importante como lo sería las presidenciales»
El propio canciller de Taiwán, Joseph Wu, dijo que el gobierno de Salvador Sánchez Ceren y el FMLN «exigieron al gobierno taiwanés que financie el proyecto del puerto de La Unión y la campaña para las elecciones presidenciales programadas para febrero de 2019″. Algo que el secretario de comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que era falso y agregó » es decepcionante que se actué con tanta bajeza».
Zamora agregó que la Asamblea Legislativa debería ser la encargada de supervisar al Ejecutivo en ese tema del financiamiento en conjunto con el Órgano Judicial porque no es posible que se dé esta situación, ya que recalcó que sería subordinar los intereses de todo un país por aspiraciones electorales.
En el caso del financiamiento del puerto, el exembajador consideró que no sería nada nuevo porque por años hubo gestiones para saber si Taiwán tenía intenciones en el puerto de La Unión.
El TLC, los programas de cooperación y los becados quedan en el aire
Por su parte, Cálix añadió que se tendrá problemas con dos aspectos, al no tener relaciones diplomáticas. El primero es ver qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que existe con Taiwán y el otro es la situación de los becados que están estudiando en el país oriental. «Prácticamente se les está diciendo vean ustedes como se costean los estudios», manifestó.
«Los becados que actualmente cursan estudios superiores en la isla prácticamente se les está diciendo vean ustedes como se costean los estudios, porque las becas ya no van a existir, la cooperación técnica, científica, cultural, agrícola y militar que se tuvo por 85 años quedó cortada», manifestó Calix.
Los empresarios salvadoreños que de alguna manera tenían intereses en el país asiático son otros afectados de la situación, consideró Cálix, pues están «muy vulnerados» porque la falta de relaciones diplomáticas va a complicar, si no a detener las relaciones de negocios.
«Estamos prácticamente a cero con el entendimiento que había con los mecanismos de cooperación que Taiwán ofrecía a El Salvador, ya el Tratado de Libre Comercio por obvias razones se desvincula de la batería de acuerdos que se tenía, no hay forma de competir con eso», explicó.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
