Política
Políticos y exdiplomáticos manifiestan que el Gobierno tuvo que haber considerado las consecuencias por romper relaciones con Taiwán
Analistas políticos y exdiplomáticos de El Salvador consideraron que el Gobierno tendría que haber analizado a profundidad las consecuencias de romper relaciones diplomáticas con la República de Taiwán antes de cortar «de tajo» el vínculo y anunciar la apertura con la República Popular de China. Además, consideraron que por el tiempo en que se tuvieron, 85 años, deben una explicación de la situación.
El analista y exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, consideró que el Gobierno tendría que haber calculado las implicaciones de romper relaciones diplomáticas con ese país porque a lo largo de los años se han tenido muchos programas de cooperación con los que se han visto beneficiados El Salvador.
«Lo que hay que ver es por qué se rompen relaciones en este momento, cuando los gobiernos de ARENA y FMLN las habían sostenido por todo este tiempo, cuando hay una relación de décadas con otro país, creo que hay un problema de transparencia en todo esto… la cooperación con Taiwán era alta», valoró Zamora.
Una pregunta que hay que hacerse, sostuvo Zamora, es cuáles son los términos que se han arreglado con China Popular y cuáles van a ser las repercusiones de la apertura de relaciones con la segunda economía más grande a nivel global.
Otro aspecto importante, según el exembajador de El Salvador en países como México o Jamaica y exviceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix, es ver que hay detrás de una rotura «de tajo» de las relaciones porque da a entender que no se han hecho las consultas respectivas.
El diplomático indicó que si bien es cierto cada Estado es libre de decidir con quién se abren relaciones, hay que tener en cuenta otros aspectos. «Hay que ver lo que representa la amistad, la cooperación y los años que se han tenido con Taiwán… no es lo mismo las relaciones con un país tan cercano como lo es Taiwán a uno con el que el país tiene escasos intereses generales, como algunos del medio oriente».
También, agregó que las consultas se deberían haber hecho con los diferentes sectores que han tenido intereses con Taiwán. «Se tomó una decisión que a lo mejor puede traer implicaciones a posterior que son de alguna manera delicadas y que pueden traer consecuencias negativas para el país», subrayó.
«He sabido de que China popular ha cooperado con el partido en el Gobierno en elecciones anteriores»
Zamora consideró que es importante preguntarse si esta situación tiene que ver con arreglos de tipo electoral que pudieran haberse gestado entre el partido en el gobierno, el FMLN y el gobierno de China, ya que dice tener conocimiento de que el gobierno chino ha cooperado en elecciones anteriores con los oficialistas.
«Habría que ver si en esto hay arreglos de tipo electoral porque he sabido de que China Popular ha cooperado con el partido en el gobierno en elecciones anteriores y es de ver si hay un arreglo, es de ver también si esto está relacionado con lo que se está debatiendo ahorita con la concesión del Puerto de La Unión»
En el caso de los vínculos entre el FMLN y el gobierno de China para las elecciones, es una situación «grave», consideró Zamora. «( Al financiar la campaña) se estaría subordinando los intereses nacionales estratégicos a un interés puramente electoral y además con un país extranjero, eso daría paso a la injerencia de un país extranjero en el proceso electoral salvadoreño y en el más importante como lo sería las presidenciales»
El propio canciller de Taiwán, Joseph Wu, dijo que el gobierno de Salvador Sánchez Ceren y el FMLN «exigieron al gobierno taiwanés que financie el proyecto del puerto de La Unión y la campaña para las elecciones presidenciales programadas para febrero de 2019″. Algo que el secretario de comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que era falso y agregó » es decepcionante que se actué con tanta bajeza».
Zamora agregó que la Asamblea Legislativa debería ser la encargada de supervisar al Ejecutivo en ese tema del financiamiento en conjunto con el Órgano Judicial porque no es posible que se dé esta situación, ya que recalcó que sería subordinar los intereses de todo un país por aspiraciones electorales.
En el caso del financiamiento del puerto, el exembajador consideró que no sería nada nuevo porque por años hubo gestiones para saber si Taiwán tenía intenciones en el puerto de La Unión.
El TLC, los programas de cooperación y los becados quedan en el aire
Por su parte, Cálix añadió que se tendrá problemas con dos aspectos, al no tener relaciones diplomáticas. El primero es ver qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que existe con Taiwán y el otro es la situación de los becados que están estudiando en el país oriental. «Prácticamente se les está diciendo vean ustedes como se costean los estudios», manifestó.
«Los becados que actualmente cursan estudios superiores en la isla prácticamente se les está diciendo vean ustedes como se costean los estudios, porque las becas ya no van a existir, la cooperación técnica, científica, cultural, agrícola y militar que se tuvo por 85 años quedó cortada», manifestó Calix.
Los empresarios salvadoreños que de alguna manera tenían intereses en el país asiático son otros afectados de la situación, consideró Cálix, pues están «muy vulnerados» porque la falta de relaciones diplomáticas va a complicar, si no a detener las relaciones de negocios.
«Estamos prácticamente a cero con el entendimiento que había con los mecanismos de cooperación que Taiwán ofrecía a El Salvador, ya el Tratado de Libre Comercio por obvias razones se desvincula de la batería de acuerdos que se tenía, no hay forma de competir con eso», explicó.
Por: El Salvador Times.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
