Política
Políticos y exdiplomáticos manifiestan que el Gobierno tuvo que haber considerado las consecuencias por romper relaciones con Taiwán
Analistas políticos y exdiplomáticos de El Salvador consideraron que el Gobierno tendría que haber analizado a profundidad las consecuencias de romper relaciones diplomáticas con la República de Taiwán antes de cortar «de tajo» el vínculo y anunciar la apertura con la República Popular de China. Además, consideraron que por el tiempo en que se tuvieron, 85 años, deben una explicación de la situación.
El analista y exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Rubén Zamora, consideró que el Gobierno tendría que haber calculado las implicaciones de romper relaciones diplomáticas con ese país porque a lo largo de los años se han tenido muchos programas de cooperación con los que se han visto beneficiados El Salvador.
«Lo que hay que ver es por qué se rompen relaciones en este momento, cuando los gobiernos de ARENA y FMLN las habían sostenido por todo este tiempo, cuando hay una relación de décadas con otro país, creo que hay un problema de transparencia en todo esto… la cooperación con Taiwán era alta», valoró Zamora.
Una pregunta que hay que hacerse, sostuvo Zamora, es cuáles son los términos que se han arreglado con China Popular y cuáles van a ser las repercusiones de la apertura de relaciones con la segunda economía más grande a nivel global.
Otro aspecto importante, según el exembajador de El Salvador en países como México o Jamaica y exviceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Cálix, es ver que hay detrás de una rotura «de tajo» de las relaciones porque da a entender que no se han hecho las consultas respectivas.
El diplomático indicó que si bien es cierto cada Estado es libre de decidir con quién se abren relaciones, hay que tener en cuenta otros aspectos. «Hay que ver lo que representa la amistad, la cooperación y los años que se han tenido con Taiwán… no es lo mismo las relaciones con un país tan cercano como lo es Taiwán a uno con el que el país tiene escasos intereses generales, como algunos del medio oriente».
También, agregó que las consultas se deberían haber hecho con los diferentes sectores que han tenido intereses con Taiwán. «Se tomó una decisión que a lo mejor puede traer implicaciones a posterior que son de alguna manera delicadas y que pueden traer consecuencias negativas para el país», subrayó.
«He sabido de que China popular ha cooperado con el partido en el Gobierno en elecciones anteriores»
Zamora consideró que es importante preguntarse si esta situación tiene que ver con arreglos de tipo electoral que pudieran haberse gestado entre el partido en el gobierno, el FMLN y el gobierno de China, ya que dice tener conocimiento de que el gobierno chino ha cooperado en elecciones anteriores con los oficialistas.
«Habría que ver si en esto hay arreglos de tipo electoral porque he sabido de que China Popular ha cooperado con el partido en el gobierno en elecciones anteriores y es de ver si hay un arreglo, es de ver también si esto está relacionado con lo que se está debatiendo ahorita con la concesión del Puerto de La Unión»
En el caso de los vínculos entre el FMLN y el gobierno de China para las elecciones, es una situación «grave», consideró Zamora. «( Al financiar la campaña) se estaría subordinando los intereses nacionales estratégicos a un interés puramente electoral y además con un país extranjero, eso daría paso a la injerencia de un país extranjero en el proceso electoral salvadoreño y en el más importante como lo sería las presidenciales»
El propio canciller de Taiwán, Joseph Wu, dijo que el gobierno de Salvador Sánchez Ceren y el FMLN «exigieron al gobierno taiwanés que financie el proyecto del puerto de La Unión y la campaña para las elecciones presidenciales programadas para febrero de 2019″. Algo que el secretario de comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que era falso y agregó » es decepcionante que se actué con tanta bajeza».
Zamora agregó que la Asamblea Legislativa debería ser la encargada de supervisar al Ejecutivo en ese tema del financiamiento en conjunto con el Órgano Judicial porque no es posible que se dé esta situación, ya que recalcó que sería subordinar los intereses de todo un país por aspiraciones electorales.
En el caso del financiamiento del puerto, el exembajador consideró que no sería nada nuevo porque por años hubo gestiones para saber si Taiwán tenía intenciones en el puerto de La Unión.
El TLC, los programas de cooperación y los becados quedan en el aire
Por su parte, Cálix añadió que se tendrá problemas con dos aspectos, al no tener relaciones diplomáticas. El primero es ver qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que existe con Taiwán y el otro es la situación de los becados que están estudiando en el país oriental. «Prácticamente se les está diciendo vean ustedes como se costean los estudios», manifestó.
«Los becados que actualmente cursan estudios superiores en la isla prácticamente se les está diciendo vean ustedes como se costean los estudios, porque las becas ya no van a existir, la cooperación técnica, científica, cultural, agrícola y militar que se tuvo por 85 años quedó cortada», manifestó Calix.
Los empresarios salvadoreños que de alguna manera tenían intereses en el país asiático son otros afectados de la situación, consideró Cálix, pues están «muy vulnerados» porque la falta de relaciones diplomáticas va a complicar, si no a detener las relaciones de negocios.
«Estamos prácticamente a cero con el entendimiento que había con los mecanismos de cooperación que Taiwán ofrecía a El Salvador, ya el Tratado de Libre Comercio por obvias razones se desvincula de la batería de acuerdos que se tenía, no hay forma de competir con eso», explicó.
Por: El Salvador Times.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró su propuesta de intercambio de prisioneros al mandatario venezolano Nicolás Maduro, luego de que este último rechazara públicamente la iniciativa. En un nuevo pronunciamiento, Bukele anexó documentación formal emitida por la Cancillería salvadoreña como parte del ofrecimiento oficial.
En una carta abierta difundida este lunes, el presidente salvadoreño dirigió duros cuestionamientos a Maduro, señalando incoherencia en su decisión de no aceptar el canje propuesto. “Usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia”, afirmó Bukele.
El mandatario salvadoreño recordó que el gobierno venezolano ha realizado intercambios similares en el pasado, citando el caso del empresario colombiano Alex Saab, quien fue liberado tras un acuerdo que involucró la excarcelación de 30 presos políticos venezolanos. “¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1?”, cuestionó.
Asimismo, Bukele acusó a Maduro de haber engañado a los familiares de los detenidos venezolanos en El Salvador, quienes fueron recibidos con pompa en el Palacio de Miraflores semanas atrás. “¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?”, preguntó, insinuando que las declaraciones del mandatario venezolano carecen de verdadera voluntad política.
El presidente salvadoreño concluyó su mensaje reiterando el ofrecimiento de intercambio, respaldado esta vez con los documentos oficiales pertinentes. “Quedo a la espera de su respuesta. Y espero que el pueblo venezolano, y el mundo entero, puedan ver con claridad, si aún les quedaba alguna duda, quién es usted en realidad”, sentenció.
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial tras esta nueva comunicación.
