Política
Población no pagará el impuesto del 5 % que contempla la nueva Ley del Cuerpo de Bomberos
A propuesta del grupo parlamentario de Nuevas Ideas, la Asamblea Legislativa dejó claro en la nueva Ley de Bomberos que la población salvadoreña no será gravada con el 5 % cuando contrate seguros y extienda, renueve o modifique las respectivas pólizas, sino que este impuesto será aplicado a las sociedades de seguros.
La diputada de la bancada cian, Suecy Callejas propuso reformar la redacción inicial del inciso segundo del artículo 41 del proyecto de ley, para evitar confusiones o malinterpretaciones que conlleven al inadecuado cobro del gravamen.
«Que se modifique el inciso segundo del artículo 41 de la siguiente manera: exclúyase de lo regulado a los seguros contratados en relación con todo tipo de créditos bancarios, no bancarios y por cualquier otra persona natural o jurídica autorizada conforme a la ley con el otorgamiento de créditos, así como la extensión, renovación o modificación de sus respectivas pólizas, sean estas de carácter obligatorio u opcional», propuso la legisladora.
Asimismo, fue incorporado el inciso segundo al artículo 43, para se estableciera que serán sujetos pasivos de la nueva Ley del Cuerpo de Bomberos «las sociedades de seguro con las que se contrata, extiende, renueva o modifica la póliza de seguro y se prohíbe a la sociedades antes mencionadas trasladar el cobro del 5 % del impuesto Ad-Valorem a las personas naturales o jurídicas que contraten seguros y constituyan el hecho generador».
Ambas modificaciones fueron incorporadas al anteproyecto de ley inicial y después de hacerle los cambios fue votada con 75 votos de los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y algunos diputados de ARENA.
Los diputados de la bancada cian dijeron que el Gobierno del presidente de la república Nayib Bukele está comprometido con no afectar el bolsillo de la población con nuevos impuestos.
Los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron abstención de la nueva ley que reestructurará el trabajo de la institución que es la encargada de atender y sofocar todo tipo de incendios a escala nacional.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
