Política
ONG de diputadas de ARENA y del FMLN habrían recibido casi un $1 millón
La concejala de la alcaldía de Santa Ana y exintegrante de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa del partido ARENA Milena Calderón de Escalón reconoció que no había base legal para otorgar fondos públicos a las ONG, y que una organización que presidió los recibió.
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas e integrante de la comisión que investiga el destino de los casi $300 millones que las anteriores legislaturas entregaron a las ONG, le preguntó a la diputada si la asignación de los fondos públicos para las organizaciones tuvo un mecanismo legal.
«No», respondió escuetamente la legisladora, quien minutos después aceptó que perteneció a la Fundación Ambientalista de Santa Ana, pero que se desligó de la junta directiva para que esa ONG recibiera los fondos públicos del presupuesto general del Estado.
Sin embargo, Navarro desmintió a la exdiputada de ARENA y reveló con documentos certificados del Ministerio de Gobernación que entre 2012 y 2018 ella ocupó los cargos de vicepresidenta y presidenta de ese organismo.
También, a pesar de que la exlegisladora era integrante de la comisión de hacienda pidió que la Asamblea le entregara fondos a la organización.
La última vez que Calderón solicitó fondos para la ONG fue en octubre de 2017. En esa oportunidad pidió que del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2018 se le asignaran $25,000.
La exdiputada de ARENA argumentó que cuando hizo esa petición de fondos ya había renunciado a su cargo como vicepresidenta de la ONG.
Sin embargo, los diputados de la comisión le hicieron ver que el organismo comenzó a recibir fondos desde 2011, es decir, que ella ya era diputada, no había renunciado a su cargo en la directiva, e incluso firmó dictámenes favorables de la comisión de hacienda para entregar los recursos a la institución.
Navarro contabilizó que desde 2011, la ONG recibió $316,650 del presupuesto general del Estado. Además, se le hizo saber que no hay recibos de pagos ni gastos de honorarios que comprueben cómo fueron utilizados los fondos públicos.
La exlegisladora de ARENA se defendió al decir que no había votado en la Asamblea Legislativa cuando se le asignaron fondos y que desde 2011 la Corte de Cuentas de la República (CCR) no hizo reparos al uso de fondos entregados a la ONG.
Por su parte, la exdiputada del FMLN y expresidenta de la comisión de hacienda del período 2009 a 2018 Lorena Peña reconoció que ha sido integrante de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, conocida como Las Mélidas.
La comisión especial presentó pruebas que mientras Peña fue diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda esa ONG recibió $518,890 desde 2011 hasta 2019.
La presidenta de la comisión especial también reveló que la exdiputada del FMLN Cristina Cornejo y varias empleadas de la Asamblea Legislativa han sido parte de la junta directiva de Las Mélidas en ese período.
El exgerente de operaciones de la Asamblea Óscar Armando Pineda Navas y el exjefe de técnicos Jorge Estrada reconocieron públicamente ayer que no había procedimiento ni marco legal para asignar fondos a estos organismos.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
