Política
ONG de diputadas de ARENA y del FMLN habrían recibido casi un $1 millón
La concejala de la alcaldía de Santa Ana y exintegrante de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa del partido ARENA Milena Calderón de Escalón reconoció que no había base legal para otorgar fondos públicos a las ONG, y que una organización que presidió los recibió.
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas e integrante de la comisión que investiga el destino de los casi $300 millones que las anteriores legislaturas entregaron a las ONG, le preguntó a la diputada si la asignación de los fondos públicos para las organizaciones tuvo un mecanismo legal.
«No», respondió escuetamente la legisladora, quien minutos después aceptó que perteneció a la Fundación Ambientalista de Santa Ana, pero que se desligó de la junta directiva para que esa ONG recibiera los fondos públicos del presupuesto general del Estado.
Sin embargo, Navarro desmintió a la exdiputada de ARENA y reveló con documentos certificados del Ministerio de Gobernación que entre 2012 y 2018 ella ocupó los cargos de vicepresidenta y presidenta de ese organismo.
También, a pesar de que la exlegisladora era integrante de la comisión de hacienda pidió que la Asamblea le entregara fondos a la organización.
La última vez que Calderón solicitó fondos para la ONG fue en octubre de 2017. En esa oportunidad pidió que del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2018 se le asignaran $25,000.
La exdiputada de ARENA argumentó que cuando hizo esa petición de fondos ya había renunciado a su cargo como vicepresidenta de la ONG.
Sin embargo, los diputados de la comisión le hicieron ver que el organismo comenzó a recibir fondos desde 2011, es decir, que ella ya era diputada, no había renunciado a su cargo en la directiva, e incluso firmó dictámenes favorables de la comisión de hacienda para entregar los recursos a la institución.
Navarro contabilizó que desde 2011, la ONG recibió $316,650 del presupuesto general del Estado. Además, se le hizo saber que no hay recibos de pagos ni gastos de honorarios que comprueben cómo fueron utilizados los fondos públicos.
La exlegisladora de ARENA se defendió al decir que no había votado en la Asamblea Legislativa cuando se le asignaron fondos y que desde 2011 la Corte de Cuentas de la República (CCR) no hizo reparos al uso de fondos entregados a la ONG.
Por su parte, la exdiputada del FMLN y expresidenta de la comisión de hacienda del período 2009 a 2018 Lorena Peña reconoció que ha sido integrante de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, conocida como Las Mélidas.
La comisión especial presentó pruebas que mientras Peña fue diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda esa ONG recibió $518,890 desde 2011 hasta 2019.
La presidenta de la comisión especial también reveló que la exdiputada del FMLN Cristina Cornejo y varias empleadas de la Asamblea Legislativa han sido parte de la junta directiva de Las Mélidas en ese período.
El exgerente de operaciones de la Asamblea Óscar Armando Pineda Navas y el exjefe de técnicos Jorge Estrada reconocieron públicamente ayer que no había procedimiento ni marco legal para asignar fondos a estos organismos.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
