Política
ONG de diputadas de ARENA y del FMLN habrían recibido casi un $1 millón
La concejala de la alcaldía de Santa Ana y exintegrante de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa del partido ARENA Milena Calderón de Escalón reconoció que no había base legal para otorgar fondos públicos a las ONG, y que una organización que presidió los recibió.
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas e integrante de la comisión que investiga el destino de los casi $300 millones que las anteriores legislaturas entregaron a las ONG, le preguntó a la diputada si la asignación de los fondos públicos para las organizaciones tuvo un mecanismo legal.
«No», respondió escuetamente la legisladora, quien minutos después aceptó que perteneció a la Fundación Ambientalista de Santa Ana, pero que se desligó de la junta directiva para que esa ONG recibiera los fondos públicos del presupuesto general del Estado.
Sin embargo, Navarro desmintió a la exdiputada de ARENA y reveló con documentos certificados del Ministerio de Gobernación que entre 2012 y 2018 ella ocupó los cargos de vicepresidenta y presidenta de ese organismo.
También, a pesar de que la exlegisladora era integrante de la comisión de hacienda pidió que la Asamblea le entregara fondos a la organización.
La última vez que Calderón solicitó fondos para la ONG fue en octubre de 2017. En esa oportunidad pidió que del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2018 se le asignaran $25,000.
La exdiputada de ARENA argumentó que cuando hizo esa petición de fondos ya había renunciado a su cargo como vicepresidenta de la ONG.
Sin embargo, los diputados de la comisión le hicieron ver que el organismo comenzó a recibir fondos desde 2011, es decir, que ella ya era diputada, no había renunciado a su cargo en la directiva, e incluso firmó dictámenes favorables de la comisión de hacienda para entregar los recursos a la institución.
Navarro contabilizó que desde 2011, la ONG recibió $316,650 del presupuesto general del Estado. Además, se le hizo saber que no hay recibos de pagos ni gastos de honorarios que comprueben cómo fueron utilizados los fondos públicos.
La exlegisladora de ARENA se defendió al decir que no había votado en la Asamblea Legislativa cuando se le asignaron fondos y que desde 2011 la Corte de Cuentas de la República (CCR) no hizo reparos al uso de fondos entregados a la ONG.
Por su parte, la exdiputada del FMLN y expresidenta de la comisión de hacienda del período 2009 a 2018 Lorena Peña reconoció que ha sido integrante de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, conocida como Las Mélidas.
La comisión especial presentó pruebas que mientras Peña fue diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda esa ONG recibió $518,890 desde 2011 hasta 2019.
La presidenta de la comisión especial también reveló que la exdiputada del FMLN Cristina Cornejo y varias empleadas de la Asamblea Legislativa han sido parte de la junta directiva de Las Mélidas en ese período.
El exgerente de operaciones de la Asamblea Óscar Armando Pineda Navas y el exjefe de técnicos Jorge Estrada reconocieron públicamente ayer que no había procedimiento ni marco legal para asignar fondos a estos organismos.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.
De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.
Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.
«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.
La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.
«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.
El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.
Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda políticahttps://t.co/LJ1g0JVJeW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda política https://t.co/gkdTkuRXFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.
Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.
Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.
Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.
En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.
La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.
Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.
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