Política
ONG de diputadas de ARENA y del FMLN habrían recibido casi un $1 millón
La concejala de la alcaldía de Santa Ana y exintegrante de la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa del partido ARENA Milena Calderón de Escalón reconoció que no había base legal para otorgar fondos públicos a las ONG, y que una organización que presidió los recibió.
Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas e integrante de la comisión que investiga el destino de los casi $300 millones que las anteriores legislaturas entregaron a las ONG, le preguntó a la diputada si la asignación de los fondos públicos para las organizaciones tuvo un mecanismo legal.
«No», respondió escuetamente la legisladora, quien minutos después aceptó que perteneció a la Fundación Ambientalista de Santa Ana, pero que se desligó de la junta directiva para que esa ONG recibiera los fondos públicos del presupuesto general del Estado.
Sin embargo, Navarro desmintió a la exdiputada de ARENA y reveló con documentos certificados del Ministerio de Gobernación que entre 2012 y 2018 ella ocupó los cargos de vicepresidenta y presidenta de ese organismo.
También, a pesar de que la exlegisladora era integrante de la comisión de hacienda pidió que la Asamblea le entregara fondos a la organización.
La última vez que Calderón solicitó fondos para la ONG fue en octubre de 2017. En esa oportunidad pidió que del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2018 se le asignaran $25,000.
La exdiputada de ARENA argumentó que cuando hizo esa petición de fondos ya había renunciado a su cargo como vicepresidenta de la ONG.
Sin embargo, los diputados de la comisión le hicieron ver que el organismo comenzó a recibir fondos desde 2011, es decir, que ella ya era diputada, no había renunciado a su cargo en la directiva, e incluso firmó dictámenes favorables de la comisión de hacienda para entregar los recursos a la institución.
Navarro contabilizó que desde 2011, la ONG recibió $316,650 del presupuesto general del Estado. Además, se le hizo saber que no hay recibos de pagos ni gastos de honorarios que comprueben cómo fueron utilizados los fondos públicos.
La exlegisladora de ARENA se defendió al decir que no había votado en la Asamblea Legislativa cuando se le asignaron fondos y que desde 2011 la Corte de Cuentas de la República (CCR) no hizo reparos al uso de fondos entregados a la ONG.
Por su parte, la exdiputada del FMLN y expresidenta de la comisión de hacienda del período 2009 a 2018 Lorena Peña reconoció que ha sido integrante de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes, conocida como Las Mélidas.
La comisión especial presentó pruebas que mientras Peña fue diputada del FMLN y presidenta de la comisión de hacienda esa ONG recibió $518,890 desde 2011 hasta 2019.
La presidenta de la comisión especial también reveló que la exdiputada del FMLN Cristina Cornejo y varias empleadas de la Asamblea Legislativa han sido parte de la junta directiva de Las Mélidas en ese período.
El exgerente de operaciones de la Asamblea Óscar Armando Pineda Navas y el exjefe de técnicos Jorge Estrada reconocieron públicamente ayer que no había procedimiento ni marco legal para asignar fondos a estos organismos.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
