Política
Mauricio Funes podría buscar la nacionalidad nicaragüense para evadir el proceso de extradición
El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, podría buscar nacionalizarse como nicaragüense para evadir el proceso de extradición que se ha planteado desde la Fiscalía General de El Salvador (FGR) por el proceso judicial que se tiene en su contra.
El exmandatario, que se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, podría solicitar ser nacionalizado para que la justicia de ese país opte por negar una solicitud de extradición; la cual el fiscal general ya ha dicho que se va a realizar.
Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragüa ha negado la extradición de personajes acusados, algunos hasta condenados, que son reclamados por la justicia de su país.
Uno de los más sonados es el del italiano Alessio Casimirri, condenado por secuestro y asesinato de un primer ministro, quien recibió asilo político durante la primera gestión de presidente Ortega.
En 1988, fue nacionalizado como nicaragüense para evitar su extradición a Roma, la cual había sido solicitada en reiteradas ocasiones. Casimirri incluso no fue entregado a Italia cuando Ortega salió del poder.
Con este antecedente, el expresidente Funes y su familia podrían aplicar a esta medida para resguardarse en la constitución nicaragüense, la cual establece que no hay extradición por delitos políticos o comunes conexos.
Además, la presidencia de Ortega ha sido caracterizada por el resguardo a personas que han huido de sus países porque se les acusa de algún delito, algunos de estos relacionados al narcotráfico y terrorismo.
En 2016, Funes y varios de sus familiares pidieron asilo político alegando una persecución en su contra, algo que fue concedido por Ortega, quien se esta está siendo señalado por convertir a Nicaragua en un “refugio de delincuentes”.
Según el periódico La Prensa, otros de los casos en los que Ortega otorgó asilo fue en el de Rubén Darío Granda, acusado por Colombia de realizar transacciones millonarias con dinero de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el peruano Alberto Pizango acusado por sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos por los que habría sido condenado a hasta 35 años de cárcel.
Por último, a las colombianas Martha Pérez Gutiérrez, Doris Bohórquez Torres y Lucía Morett, de origen mexicano, vinculadas con las guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Por: El Salvador Times.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
