Política
Mauricio Funes podría buscar la nacionalidad nicaragüense para evadir el proceso de extradición
El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, podría buscar nacionalizarse como nicaragüense para evadir el proceso de extradición que se ha planteado desde la Fiscalía General de El Salvador (FGR) por el proceso judicial que se tiene en su contra.
El exmandatario, que se encuentra asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016, podría solicitar ser nacionalizado para que la justicia de ese país opte por negar una solicitud de extradición; la cual el fiscal general ya ha dicho que se va a realizar.
Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragüa ha negado la extradición de personajes acusados, algunos hasta condenados, que son reclamados por la justicia de su país.
Uno de los más sonados es el del italiano Alessio Casimirri, condenado por secuestro y asesinato de un primer ministro, quien recibió asilo político durante la primera gestión de presidente Ortega.
En 1988, fue nacionalizado como nicaragüense para evitar su extradición a Roma, la cual había sido solicitada en reiteradas ocasiones. Casimirri incluso no fue entregado a Italia cuando Ortega salió del poder.
Con este antecedente, el expresidente Funes y su familia podrían aplicar a esta medida para resguardarse en la constitución nicaragüense, la cual establece que no hay extradición por delitos políticos o comunes conexos.
Además, la presidencia de Ortega ha sido caracterizada por el resguardo a personas que han huido de sus países porque se les acusa de algún delito, algunos de estos relacionados al narcotráfico y terrorismo.
En 2016, Funes y varios de sus familiares pidieron asilo político alegando una persecución en su contra, algo que fue concedido por Ortega, quien se esta está siendo señalado por convertir a Nicaragua en un “refugio de delincuentes”.
Según el periódico La Prensa, otros de los casos en los que Ortega otorgó asilo fue en el de Rubén Darío Granda, acusado por Colombia de realizar transacciones millonarias con dinero de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el peruano Alberto Pizango acusado por sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos por los que habría sido condenado a hasta 35 años de cárcel.
Por último, a las colombianas Martha Pérez Gutiérrez, Doris Bohórquez Torres y Lucía Morett, de origen mexicano, vinculadas con las guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
