Política
Ley del agua incluye revocar permisos cuando haya crisis
Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas y secretario de la comisión «ad hoc» que estudia el anteproyecto de la ley general de recursos hídricos, explicó que este contempla que las autorizaciones para la explotación del agua podrán ser revocadas cuando se determine que haya crisis hídrica.
«En el tema de los tiempos de la explotación, la ley tiene otros candados. Este tema no estaba en absoluto regulado, había un abuso sistemático de todo. Antes no había un límite diario de litros [de agua para la explotación], pero hoy la ley tiene ese candado», afirmó el legislador.
«La ley te da dos términos: la explotación por año, hasta el máximo por año, pero también por día. Hoy todos los días tienen un tope [de explotación]. También dice sobre la crisis hídrica, es decir, si hay una crisis hídrica, todas las autorizaciones pueden ser revocadas porque ya están determinados los usos, y el uso doméstico es el principal uso [del agua]», puntualizó.
Guevara detalló que en la redacción del articulado del anteproyecto se dejó establecido que los permisos se otorgarán hasta un máximo de 15 años, pero serán variables, y no en el mismo período para quien así lo solicite.
Reiteró que el anteproyecto de ley, que será sometido a votación del pleno, reconoce el agua como derecho humano, y reprochó que el FMLN de-sinforme a la población en relación con este tema.
«La decisión de los tiempos [de explotación del agua] la criticaron los del FMLN. Son los del FMLN los que están haciendo la bullita. El marco jurídico lo criticaron; la metodología, la criticaron; el desarrollo y la ejecución, los critican. Están criticando todo y están dando falacias. Dicen que la ley no tiene que el acceso al agua es un derecho humano, pero en el artículo 1 está mencionado», afirmó.
Además, se han incluido «párrafos enteros» propuestos por el Foro del Agua y la UCA.
A criterio de Wálter Coto, diputado de Nuevas Ideas y también integrante de la comisión «ad hoc», en el borrador de ley se ha incluido al menos el 80 % de todas las propuestas de redacción presentadas por las organizaciones consultadas.
«Se convocó a las 23 universidades, a todas las iglesias, a todos los sectores. Llegaron sectores vinculados al FMLN. Hay párrafos enteros que se han tomado del Foro del Agua para incluirlos en el articulado. Hay párrafos enteros que se han tomado de la UCA», complementó Guevara.
Sobre los cánones que se cobrarán, irán en dos rubros: de uso doméstico y de vertidos. Ambos fueron establecidos tomando como base estándares internacionales, como los que hay en Colombia, México y España.
«Los cobros se aplicarán conforme varios criterios. Quien consuma más deberá pagar más», mencionó el jefe de fracción de Nuevas Ideas.
Para establecer los cánones se tomará en cuenta el criterio de consumo, pero también por cuánto tiempo se hará, de dónde se extraiga el recurso y la razón social del solicitante.
Guevara cuestionó el discurso de la oposición que señala que no se garantizarán los espacios de participación de la sociedad civil para la toma de decisiones, además de que el agua será privatizada.
Ambos planteamientos han sido descartados en múltiples ocasiones no solo por los diputados de la comisión especial, sino también desde el mismo Ejecutivo.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
