Política
La nueva Asamblea Legislativa podría impulsar desde privatizar ANDA hasta destituir al Presidente
La tendencia que se tiene en la conformación de la próxima Asamblea Legislativa le da la llave a la derecha para, que como lo hiciera a inicios de la década de los noventa, legisle sin tener en cuenta la postura de la izquierda.
Los 23 diputados del FMLN no podrían impedir que los acuerdos entre ARENA, PCN, GANA y PDC sean concretados, además estos partidos incluso tendrían el poder de superar vetos presidenciales con mayoría calificada.
En discursos de algunos de los actuales diputados del FMLN se hace referencia a la Asamblea elegida en 1994 y que tenía números similares a los que se prevé van a ser declarados en firmes por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los ocho diputados que pierde el Frente lo hacen un partido poco atractivo para que las fuerzas minoritarias –con ideologías diferentes a las del FMLN- los vayan a buscar para negociar y oponerse a las propuestas de ARENA.
Precisamente, los presidenciales de este instituto político han comenzado a analizar la importancia que representa tener el control del legislador, pero aclaran que no pueden pasar por alto al FMLN, ya que esto podría implicar que la población les imponga un voto de castigo por tomar decisiones que pudieran parecer antojadizas.
Ley de agua y privatización de ANDA
Johnny Wright Sol, diputado de ARENA que no continuará en el Palacio Legislativo, presentó una propuesta para la aprobación de la Ley de Agua que fue muy criticada por diputados de izquierda, pues aseguraron se trataba de un intento de privatización de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
El arenero empeñó su palabra ante la opinión pública y aseguró que no se quiere privatizar la autónoma, sino crear una comisión conformada por instancias públicas y privadas para supervisar a la autónoma.
Con Wright Sol fuera el escenario, la situación podría cambiar. Por otro lado, si los diputados no se atreven, el mejor de los escenarios en este tema es que las propuestas sean regresadas al archivo del Órgano Legislativo.
Elección de magistrados de Corte Suprema, fiscal general y otros funcionarios
La elección popular de segundo grado fue una de las propuestas que hizo la izquierda en la campaña, pero que van a tener que esperar, ya que los funcionarios seguirán siendo seleccionados por los diputados.
Uno de los primeros puntos a cumplir por la actual Asamblea serán los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde elegirán a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que estarán en estos cargos por nueve años. Un organismo que el FMLN ha acusado de estar al servicio de ARENA.
Asimismo, deberán escoger un nuevo fiscal general de la República, una de las piezas claves para la investigación del delito y que estaría quedando la decisión en manos de los diputados de derecha.
Además, podrá de disponer de los principales cargos en instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Procuraduría General de la República (PGR), Corte de Cuentas de la República (CCR), Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Tribunal de Ética (TEG), Tribunal de Servicio Civil y Procuraduría de Derechos Humanos (PDHH).
Presupuesto general de la nación
El Órgano Ejecutivo tendrá que cambiar su forma de elaborar el presupuesto debido a que –es casi un hecho- que ARENA va a exigir que se cumpla con la resolución de la Sala de lo Constitucional a una demanda del diputado René Portillo Cuadra en el que se le exige austeridad a la Presidencia.
La aprobación de deuda, conocer la partida secreta y austeridad en gastos son las tres principales condicionantes que la Sala de lo Constitucional ha puesto al Gobierno para la aprobación del presupuesto y que esta vez se tendrán que dar si o si.
Caso contrario a esto podría provocar que no se apruebe el plan financiero y que la administración de Sánchez Cerén alegando estar desfinanciada, aunque la oposición siempre ha exigido reajustes en ciertas áreas.
Superar vetos presidenciales
La Asamblea entrante va a tener más poder de decisión que el propio presidente de la República, quien podría sufrir importantes reveces en sus decisiones al unirse los 56 votos que se harían pesar más que el jefe de Estado.
En la actual legislatura situación provocó que los partidos de derecha no se atrevieran a aprobar su propuesta a la reforma al sistema de pensiones. Una de las últimas decisiones que pudo haber sido revertida fue el veto para que personas con DUI vencidos pudiera votar en los comicios.
En pocas ocasiones la Asamblea ha logrado superar vetos presidenciales, el último escenario de este tipo se tuvo en 2011 cuando Mauricio Funes se negó a sancionar la Ley Antitabaco que aún se encuentra vigente.
Condicionar viajes del presidente
Incluso las salidas del país del presidente de la República se verían condicionadas, ya que se ha reclamado el cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional que se interpreta que el mandatario debe llegar a la Asamblea a pedir permiso por cada viaje.
Para seguir otorgando los permisos como se ha venido haciendo –cada seis meses- el FMLN tendría que recurrir a tres fuerzas políticas para lograr superar los cuestionamientos que siempre hará ARENA.
En junio del presente año Salvador Sánchez Cerén tendrá que regresar al Palacio Legislativo para solicitar permiso para sus salidas, esta será otra de las primeras pruebas que van a permitir medir el escenario legislativo.
Destitución del presidente
Desde que llegó el FMLN al poder ARENA ha intentado sacarlo a como dé lugar, incluso poniendo en duda la salud mental de los presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, al primero solo lo señalaron mediáticamente; mientras que al segundo le solicitaron incluso un chequeo médico.
Según el artículo 131 de la Constitución de la República, la Asamblea Legislativa debe aprobar la destitución del mandatario con dos tercios, además se debe nombrar una constituyente que va a gobernar hasta que se celebren elecciones.
Según la Carta Magna, se puede «declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los diputados electos, la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea».
Este proceso ya fue solicitado por el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, quien justificó la petición en la conducta mostrada por el presidente, quien en ese entonces fue noticia por un confuso discurso en el que pareció pedir que se pusieran de pie a personas en sillas de ruedas.
Incluso El Salvador Times se dio a la tarea de buscar profesionales para que dieran su valoración respecto a la salud del presidente, los psiquiatras y psicólogos consultados emitieron diferentes opiniones que fueron desde déficit de atención hasta idiotez.
De momento, entre los virtuales candidatos electos ya se escuchan voces de querer la presidencia del Órgano Legislativo, uno de ellos el último candidato a la presidencia Norman Quijano, quien de esta manera podría llegar a gobernar en un país donde dice que le robaron el gane cuando corrió contra Sánchez Cerén.
A partir del 1 de mayo próximo se va a comenzar a visualizar el camino de esta nueva Asamblea que aunque se diga es de derecha se ha comprobado que está dividida.
Por: El Salvador Times
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
