Política
Investigador y experiodista estadounidense vincula directamente a José Luis Merino con las FARC de Colombia
El estadounidense, Douglas Farah, un investigador y experiodista que se ha convertido en consultor de seguridad nacional, y quien por años se ha sumergido en darle un seguimiento a personalidades y partidos políticos latinoamericanos, sobre todo a los de izquierda que han tenido o mantienen una relación directa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ).
En una entrevista brindada a la Prensa Gráfica, Douglas Farah vincula a José Luis Merino, alto dirigente del FMLN con las FARC o a sus grupos disidentes.
El investigador manifiesta ante la pregunta que en el pasado se ha escuchado que el contacto en El Salvador de las FARC ha sido José Luis Merino. ¿Se mantiene? a la cual responde.
“Sí, creo que, sin duda, José Luis Merino ha sido un aliado desde los años noventa, sino antes, de las FARC. Eso lo dice él mismo en una entrevista en Telesur cuando firmaron el acuerdo de paz en Colombia, de sus relaciones históricas y de cuánto ha hecho por las FARC. Hay una simpatía, una cosa ideológica mezclada con cosas de la guerra fría, mezclado con intereses económicos, que ahora se ve en el conjunto de los grupos de izquierda de aquellos años y que siguen existiendo. Creo que el grupo del Partido Comunista histórico en El Salvador que controla José Luis Merino; el grupo más duro de los sandinistas, que controla Daniel Ortega. Son los grupos que más incidencia han tenido históricamente con las FARC y que se mantienen estas relaciones todavía”, asegura Douglas Farah en la entrevista.
Posteriormente se le pregunta sobre el origine y sostenibilidad de ALBA Petróleos y de cómo la misma ha pasado a ser la auspiciadora oficial del partido político FMLN, a lo que el experiodista responde.
“Es un fenómeno donde creo que hay mucho movimiento de dinero inexplicable e injustificable por vías normales y vías legales. Ha acaecido en ALBA Petróleos, en Albanisa (Nicaragua) a través de PDVSA de Venezuela. Ha dado origen a un imperio de empresas que es muy opaco, no tiene una contabilidad, ni visibilidad, ni control externo ni para público o para contadores para ver de dónde viene el dinero que se gasta. Creo que las FARC está en la misma cosa, de crear fondos de origen inexplicable que, de repente, les permite nacer un imperio aparentemente de negocios lícitos, pero que uno tiene que preguntarse de dónde viene tanto dinero tan rápido a gente que supuestamente no tenía nada”.
Entre otros temas se le consulta al experto en temas de corrupción que si hay nombre de salvadoreños en lista Magnitsky, sin embargo Douglas Farah no da nombre y deja todo en manos del Departamento de Estado de los Estados Unidos el que dé a conocer si hay o no salvadoreños en ese listado asegura en la entrevista de la Prensa Gráfica realizada por el periodista Luis Laínez que sale publicada este día en dicho matutino.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
