Política
Expresidente del Parlacen, Leonel Búcaro, optimista ante anuncio de Estados Unidos que daría estabilidad migratoria a compatriotas
Tan sólo vio la publicación y reaccionó con beneplácito.
El ex presidente del PARLACEN y actual candidato para ese organismo regional, por el FMLN, expresó su satisfacción tras conocer el anuncio que Estados Unidos podría dar un beneficio migratorio a los inmigrantes en Estados Unidos, que abarca a miles de salvadoreños.
Leonel Búcaro, entiende este drama, ya que durante su presencia en el PARLACEN, realizó gestiones para resolver a través de una amnistía la situación legal de los centroamericanos y dominicanos en Estados Unidos.
“Recibimos con júbilo las declaraciones que la electa vicepresidenta Kamala Harris, dio a la cadena Univisión, en la que afirma que el nuevo gobierno de Joe Biden tiene planeado presentar y enviar al Congreso un plan de reforma migratoria que incluirá un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, que abarca por supuesto a nuestros compatriotas”, celebró Bucaro.
“Si bien Harris no mencionó una fecha específica de entrega del proyecto de ley, la oficina de campaña del presidente electo ha reiterado que el plan será enviado al Senado en los primeros 100 días de gobierno, que arrancan el próximo 20 de enero al medio día”, destaca un artículo publicado por Univision, la cadena hispana más influyente de Estados Unidos.
Según el artículo, “El plan que elabora Biden junto a Harris crea un camino para que la mayoría de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país obtengan la ciudadanía, convirtiéndolos primero en residentes legales permanentes, estatus al que podrían acceder en un período de ocho años”
El plan Biden-Harris incluye una residencia temporal por 8 años al término de los cuales el inmigrante podrá pedir la green card.
Tres años después calificará para la ciudadanía.
En el plan de 2013 la espera era de 10 años para la residencia permanente y otros tres para convertirse en ciudadano estadounidense
Otros detalles entregados por Harris a Univision, revelan que el plan de reforma migratoria prometido por Biden durante la campaña incluye “restablecer el sistema de gestión familiar (de asilo) y no dividir y separar familias en la frontera”, una práctica en el 2018 llevó a cabo el gobierno de Trump bajo el amparo de la denominada ‘tolerancia cero’.
A la pregunta respecto a cómo harán para legalizar a los millones de indocumentados que viven en el país, Harris dijo que, “parte de lo que tenemos es que vamos a endurecer todo el proceso para las tarjetas de residencia y asegurarnos de darle a las personas un período de tiempo muy definido, desde el momento en que realmente solicitan la green card hasta el momento de obtener la ciudadanía”.
En cuanto al establecimiento de la política de asilo, severamente reducida en los últimos cuatro años, Harris dijo a Univision:
• Nos aseguraremos de que haya asesoría legal para las personas que buscan refugio.
• Pondrán recursos en el Triángulo Norte para asegurar que haya fondos que ayuden a establecer la democracia y que haya paz en esos países (Guatemala, Honduras y El Salvador) y México.
• Evitar que la gente no esté expuesta a situaciones de violencia, daños y riesgos en sus países de origen que los obligue a huir y pedir asilo en Estados Unidos.
• Acortar los tiempos de espera y ser más eficientes.
• Permitir a personas que tienen un Estatus de Protección Temporal (TPS) y soñadores (dreamers) obtener automáticamente tarjetas de residencia.Leonel Búcaro, quien durante su gestión al frente del PARLACEN, promovió programas de respeto a los derechos de los migrantes y junto a alcaldes de Chiapas, inauguró una cadena de albergues para migrantes en suelo azteca, dice que reconoce el gran paso del nuevo gobierno en materia migratoria y espera que “ aquí nadie salude con sombrero ajeno”.
Leonel Búcaro, quien ocupa la casilla 15 como candidato del PARLACEN, afirma qué hay mucho que hacer como región para enfrentar el fenómeno migratorio.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
