Política
Diputados superan veto a apertura económica sería el 16 de junio y con transporte colectivo
Después de varios intentos de acercamientos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, con 58 votos los diputados superaron el veto que hiciera el presidente Nayib Bukele a la ley de emergencia y reapertura económica (DL 648).
Con dicha normativa los legisladores pretenden que el Ejecutivo combata la pandemia del coronavirus e ir abriendo la economía por fases desde el próximo 16 de junio.
Una sentencia de la Sala de lo Constitucional invalidó el decreto que mantenía el Gobierno con la cuarentena y las restricciones y les dio cuatro días a los órganos del Estado para llegar a un consenso, pero eso no se dio y los parlamentarios terminaron superando el veto.
Las intenciones de congresistas eran abrir economía desde el 8 de junio y ese punto provocó el veto del presidente Nayib Bukele en la anterior legislación.
Esta ocasión —y sin tregua entre Ejecutivo y Legislativo— los diputados establecieron una apertura sin distinción entre privados y públicos.
Todas las fases:
Esta vez la fase I de reapertura económica inicia ese 16 de junio y vuelven a sus actividades todos los centros de trabajo, pero los empleadores deberán garantizar las medidas sanitarias y que los trabajadores guarden metro y medio de distancia, así como ajustar programas de gestión y prevención de riesgos.
Se abren los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas, oficinas de aduana y migración solo para “repatriación de salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes”, puertos y sus oficinas de aduana.
Todas las actividades siguientes siguen suspendidas: sistema educativo en todos sus niveles, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, espacios abiertos y cerrados de atención al público de restaurantes, iglesias, salas de recepción, museos, centros de convenciones, cines y teatros, gimnasios, piscinas, salones de belleza, casinos, parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares.
Las prohibiciones estarán vigentes hasta el 6 de julio.
El 7 de julio El Salvador entra en la fase II de reapertura económica, lugares como iglesias o sitios de culto pueden abrir, pero respetando medidas de distanciamiento, así como el servicio para comer en restaurantes o cafeterías con dos metros de distancia entre mesas y solo a las familias.
Continúa suspendido: sistema educativo, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, salas de recepción, cines y teatros, piscinas, gimnasios, casinos y loterías, parques acuáticos, bares y discotecas.
Las suspensiones de la fase II se mantienen hasta el 27 de julio.
En la fase III de reapertura los espectáculos públicos y eventos deportivos pueden volver a realizarse, lo que continúa inhabilitado de funcionar son los estadios de fútbol.
Las prohibiciones se mantienen para el transporte recreativo, las ferias, fiestas patronales, piscinas, gimnasios, cines, teatros, piscinas, casinos, parques acuáticos y discotecas.
En el caso del sistema educativo, la suspensión continúa solo para la educación parvularia, básica y media; es decir, solo la educación superior vuelve a las actividades presenciales.
La fase III llega hasta el 17 de agosto.
En la última fase de reapertura, la IV, se permite la realización de todas las actividades que continuaban prohibidas en la fase anterior desde el 18 de agosto en adelante.
Se agrega que “lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo epidemiológico que la pandemia presente” y dichas reformas solo las podrá hacer la Asamblea.
Estado de Emergencia
Los diputados decretaron el estado de emergencia por un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del cuerpo normativo.
El Gobierno podrá hacer uso de mecanismo de compras directas para “las adquisiciones y contrataciones que lleven a cabo las instituciones públicas que se encuentren relacionadas con el Covid-19, de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos”.
Incertidumbre
Cuando los diputados estaban aprobando el anterior cuerpo de ley, funcionarios del Ejecutivo estaba reunidos con representantes de diferentes sectores económicos planeando otro sistema de reapertura.
En esa reunión, algunas propuestas del Gobierno van en contra de lo que lo que han establecido los diputados, como por ejemplo el transporte público, el cual quieren que inicie hasta una fase II.
Con el veto superado, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que resuelva la nueva controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo; es decir, nada de lo aprobado entra en vigencia hasta que resuelvan los magistrados.
Por: El Salvador Times.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
