Política
Diputados superan veto a apertura económica sería el 16 de junio y con transporte colectivo
Después de varios intentos de acercamientos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, con 58 votos los diputados superaron el veto que hiciera el presidente Nayib Bukele a la ley de emergencia y reapertura económica (DL 648).
Con dicha normativa los legisladores pretenden que el Ejecutivo combata la pandemia del coronavirus e ir abriendo la economía por fases desde el próximo 16 de junio.
Una sentencia de la Sala de lo Constitucional invalidó el decreto que mantenía el Gobierno con la cuarentena y las restricciones y les dio cuatro días a los órganos del Estado para llegar a un consenso, pero eso no se dio y los parlamentarios terminaron superando el veto.
Las intenciones de congresistas eran abrir economía desde el 8 de junio y ese punto provocó el veto del presidente Nayib Bukele en la anterior legislación.
Esta ocasión —y sin tregua entre Ejecutivo y Legislativo— los diputados establecieron una apertura sin distinción entre privados y públicos.
Todas las fases:
Esta vez la fase I de reapertura económica inicia ese 16 de junio y vuelven a sus actividades todos los centros de trabajo, pero los empleadores deberán garantizar las medidas sanitarias y que los trabajadores guarden metro y medio de distancia, así como ajustar programas de gestión y prevención de riesgos.
Se abren los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas, oficinas de aduana y migración solo para “repatriación de salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes”, puertos y sus oficinas de aduana.
Todas las actividades siguientes siguen suspendidas: sistema educativo en todos sus niveles, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, espacios abiertos y cerrados de atención al público de restaurantes, iglesias, salas de recepción, museos, centros de convenciones, cines y teatros, gimnasios, piscinas, salones de belleza, casinos, parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares.
Las prohibiciones estarán vigentes hasta el 6 de julio.
El 7 de julio El Salvador entra en la fase II de reapertura económica, lugares como iglesias o sitios de culto pueden abrir, pero respetando medidas de distanciamiento, así como el servicio para comer en restaurantes o cafeterías con dos metros de distancia entre mesas y solo a las familias.
Continúa suspendido: sistema educativo, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, salas de recepción, cines y teatros, piscinas, gimnasios, casinos y loterías, parques acuáticos, bares y discotecas.
Las suspensiones de la fase II se mantienen hasta el 27 de julio.
En la fase III de reapertura los espectáculos públicos y eventos deportivos pueden volver a realizarse, lo que continúa inhabilitado de funcionar son los estadios de fútbol.
Las prohibiciones se mantienen para el transporte recreativo, las ferias, fiestas patronales, piscinas, gimnasios, cines, teatros, piscinas, casinos, parques acuáticos y discotecas.
En el caso del sistema educativo, la suspensión continúa solo para la educación parvularia, básica y media; es decir, solo la educación superior vuelve a las actividades presenciales.
La fase III llega hasta el 17 de agosto.
En la última fase de reapertura, la IV, se permite la realización de todas las actividades que continuaban prohibidas en la fase anterior desde el 18 de agosto en adelante.
Se agrega que “lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo epidemiológico que la pandemia presente” y dichas reformas solo las podrá hacer la Asamblea.
Estado de Emergencia
Los diputados decretaron el estado de emergencia por un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del cuerpo normativo.
El Gobierno podrá hacer uso de mecanismo de compras directas para “las adquisiciones y contrataciones que lleven a cabo las instituciones públicas que se encuentren relacionadas con el Covid-19, de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos”.
Incertidumbre
Cuando los diputados estaban aprobando el anterior cuerpo de ley, funcionarios del Ejecutivo estaba reunidos con representantes de diferentes sectores económicos planeando otro sistema de reapertura.
En esa reunión, algunas propuestas del Gobierno van en contra de lo que lo que han establecido los diputados, como por ejemplo el transporte público, el cual quieren que inicie hasta una fase II.
Con el veto superado, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que resuelva la nueva controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo; es decir, nada de lo aprobado entra en vigencia hasta que resuelvan los magistrados.
Por: El Salvador Times.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
