Política
Diputados superan veto a apertura económica sería el 16 de junio y con transporte colectivo
Después de varios intentos de acercamientos entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, con 58 votos los diputados superaron el veto que hiciera el presidente Nayib Bukele a la ley de emergencia y reapertura económica (DL 648).
Con dicha normativa los legisladores pretenden que el Ejecutivo combata la pandemia del coronavirus e ir abriendo la economía por fases desde el próximo 16 de junio.
Una sentencia de la Sala de lo Constitucional invalidó el decreto que mantenía el Gobierno con la cuarentena y las restricciones y les dio cuatro días a los órganos del Estado para llegar a un consenso, pero eso no se dio y los parlamentarios terminaron superando el veto.
Las intenciones de congresistas eran abrir economía desde el 8 de junio y ese punto provocó el veto del presidente Nayib Bukele en la anterior legislación.
Esta ocasión —y sin tregua entre Ejecutivo y Legislativo— los diputados establecieron una apertura sin distinción entre privados y públicos.
Todas las fases:
Esta vez la fase I de reapertura económica inicia ese 16 de junio y vuelven a sus actividades todos los centros de trabajo, pero los empleadores deberán garantizar las medidas sanitarias y que los trabajadores guarden metro y medio de distancia, así como ajustar programas de gestión y prevención de riesgos.
Se abren los aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas, oficinas de aduana y migración solo para “repatriación de salvadoreños, su familia nuclear y extranjeros residentes”, puertos y sus oficinas de aduana.
Todas las actividades siguientes siguen suspendidas: sistema educativo en todos sus niveles, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, espacios abiertos y cerrados de atención al público de restaurantes, iglesias, salas de recepción, museos, centros de convenciones, cines y teatros, gimnasios, piscinas, salones de belleza, casinos, parques acuáticos, zoológicos, turicentros y similares.
Las prohibiciones estarán vigentes hasta el 6 de julio.
El 7 de julio El Salvador entra en la fase II de reapertura económica, lugares como iglesias o sitios de culto pueden abrir, pero respetando medidas de distanciamiento, así como el servicio para comer en restaurantes o cafeterías con dos metros de distancia entre mesas y solo a las familias.
Continúa suspendido: sistema educativo, espectáculos públicos, transporte recreativo, ferias, fiestas patronales, salas de recepción, cines y teatros, piscinas, gimnasios, casinos y loterías, parques acuáticos, bares y discotecas.
Las suspensiones de la fase II se mantienen hasta el 27 de julio.
En la fase III de reapertura los espectáculos públicos y eventos deportivos pueden volver a realizarse, lo que continúa inhabilitado de funcionar son los estadios de fútbol.
Las prohibiciones se mantienen para el transporte recreativo, las ferias, fiestas patronales, piscinas, gimnasios, cines, teatros, piscinas, casinos, parques acuáticos y discotecas.
En el caso del sistema educativo, la suspensión continúa solo para la educación parvularia, básica y media; es decir, solo la educación superior vuelve a las actividades presenciales.
La fase III llega hasta el 17 de agosto.
En la última fase de reapertura, la IV, se permite la realización de todas las actividades que continuaban prohibidas en la fase anterior desde el 18 de agosto en adelante.
Se agrega que “lo dispuesto en el presente decreto estará sujeto a reformas en virtud del comportamiento y riesgo epidemiológico que la pandemia presente” y dichas reformas solo las podrá hacer la Asamblea.
Estado de Emergencia
Los diputados decretaron el estado de emergencia por un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigor del cuerpo normativo.
El Gobierno podrá hacer uso de mecanismo de compras directas para “las adquisiciones y contrataciones que lleven a cabo las instituciones públicas que se encuentren relacionadas con el Covid-19, de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos”.
Incertidumbre
Cuando los diputados estaban aprobando el anterior cuerpo de ley, funcionarios del Ejecutivo estaba reunidos con representantes de diferentes sectores económicos planeando otro sistema de reapertura.
En esa reunión, algunas propuestas del Gobierno van en contra de lo que lo que han establecido los diputados, como por ejemplo el transporte público, el cual quieren que inicie hasta una fase II.
Con el veto superado, será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que resuelva la nueva controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo; es decir, nada de lo aprobado entra en vigencia hasta que resuelvan los magistrados.
Por: El Salvador Times.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
