Política
«Con el régimen de excepción, se les fue la mano con mucha gente inocente»: Dina Argueta
Este lunes 14 de agosto, la diputada del FMLN, Dina Argueta, comentó que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos, la decimoséptima prórroga del régimen de excepción.
Para la parlamentaria de izquierda «el régimen de excepción es una medida mal aplicada», porque a su criterio, a las autoridades «se les fue la mano con mucha gente inocente» que fue enviada a las cárceles.
«El régimen de excepción ha sido la única política de seguridad pública, pero hay una serie que han venido a visibilizar muchos efectos y daños colaterales», señaló Argueta.
Además, aseguró que «aproximadamente 7 mil de las personas capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas por no estar vinculadas con grupos de pandillas».
«Muchas de estas personas que han sido liberadas han perdido su trabajo o han tenido afectaciones en su salud», sostuvo la parlamentaria de izquierda.
Durante la entrevista, la legisladora destacó que «a diferencia de este Gobierno sí hubo planes de seguridad con el FMLN, como el Plan El Salvador Seguro, que tenía el plan de prevención, pero faltó tiempo».
Sin embargo, para el Gobierno Central, el Plan El Salvador Seguro «para lo único que funcionó fue para perfeccionar el crimen organizado», para desarrollar «programas exclusivos para los pandilleros» y les dio «financiamiento a cambio de votos».
Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y publicaciones periodísticas han demostrado que miembros del FMLN —como Benito Lara y Arístides Valencia— sostuvieron acercamientos con las pandillas para las elecciones presidenciales de 2014.
Sánchez Cerén resultó electo presidente de la república en esos comicios.
Asimismo, en marzo de 2012, durante el Gobierno del entonces presidente y también nacionalizado nicaragüense, Mauricio Funes, se dio la tregua entre las pandillas, la cual fue apoyada por el entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Medios internacionales destacan los avances en la seguridad pública en El Salvador con el modelo Bukele
Los medios de comunicación y espacios de opinión internacionales han publicado noticias y vertido declaraciones en las que reconocen el trabajo que el Presidente de la República, Nayib Bukele, desarrolla en materia de seguridad pública, con la finalidad de garantizar la tranquilidad de los salvadoreños honrados.
Ese compendio de noticias que dan fe de las mejoras en la seguridad lo ha compartido en muchas ocasiones el gobernante salvadoreño en en su cuenta de X (Twitter), y viene a rebatir las publicaciones que, cargadas de sesgo político, han denunciado la presunta vulneración de derechos humanos.
Dichos medios de comunicación — de países y regiones como Estados Unidos, China, Oriente Medio y Europa— destacan la nueva realidad en seguridad que vive el país, que se refleja en la inédita reducción de los homicidios, la captura de miles de pandilleros que por años dañaron a las familias salvadoreñas y el control de las cárceles, antes dominadas por las pandillas.
La Real America Voice, ANN News, Euronews, Mandarin News son algunos medios internacionales que han retomado lo que está ocurriendo en El Salvador; aparte de diversos medios en Centroamérica, que hacen eco de los resultados en seguridad.
En el actual Gobierno se han reducido los homicidios, con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) —vigente desde junio de 2019— y el régimen de excepción, medida constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y vigente actualmente.
Según la última cifra actualizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el régimen de excepción han sido capturados más de 72,000 pandilleros, donde se han decomisado vehículos, celulares y millones en efectivo que estaban en poder de las estructuras pandilleriles, producto de las actividades ilícitas como el robo y la extorsión.
Con el PCT y el régimen de excepción han sido capturados cabecillas que ya fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel que el Presidente Nayib Bukele inauguró en febrero en el municipio de Tecoluca, en San Vicente.
Según medios internacionales, este trabajo en seguridad ha garantizado la inédita reducción de los asesinatos, situación que no fue posible en los gobiernos anteriores, que gobernaron el país desde 1989 hasta 2019
¡Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado con las entrevistas y noticias de hoy!
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
