Política
«Con el régimen de excepción, se les fue la mano con mucha gente inocente»: Dina Argueta
Este lunes 14 de agosto, la diputada del FMLN, Dina Argueta, comentó que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos, la decimoséptima prórroga del régimen de excepción.
Para la parlamentaria de izquierda «el régimen de excepción es una medida mal aplicada», porque a su criterio, a las autoridades «se les fue la mano con mucha gente inocente» que fue enviada a las cárceles.
«El régimen de excepción ha sido la única política de seguridad pública, pero hay una serie que han venido a visibilizar muchos efectos y daños colaterales», señaló Argueta.
Además, aseguró que «aproximadamente 7 mil de las personas capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas por no estar vinculadas con grupos de pandillas».
«Muchas de estas personas que han sido liberadas han perdido su trabajo o han tenido afectaciones en su salud», sostuvo la parlamentaria de izquierda.
Durante la entrevista, la legisladora destacó que «a diferencia de este Gobierno sí hubo planes de seguridad con el FMLN, como el Plan El Salvador Seguro, que tenía el plan de prevención, pero faltó tiempo».
Sin embargo, para el Gobierno Central, el Plan El Salvador Seguro «para lo único que funcionó fue para perfeccionar el crimen organizado», para desarrollar «programas exclusivos para los pandilleros» y les dio «financiamiento a cambio de votos».
Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y publicaciones periodísticas han demostrado que miembros del FMLN —como Benito Lara y Arístides Valencia— sostuvieron acercamientos con las pandillas para las elecciones presidenciales de 2014.
Sánchez Cerén resultó electo presidente de la república en esos comicios.
Asimismo, en marzo de 2012, durante el Gobierno del entonces presidente y también nacionalizado nicaragüense, Mauricio Funes, se dio la tregua entre las pandillas, la cual fue apoyada por el entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.
Medios internacionales destacan los avances en la seguridad pública en El Salvador con el modelo Bukele
Los medios de comunicación y espacios de opinión internacionales han publicado noticias y vertido declaraciones en las que reconocen el trabajo que el Presidente de la República, Nayib Bukele, desarrolla en materia de seguridad pública, con la finalidad de garantizar la tranquilidad de los salvadoreños honrados.
Ese compendio de noticias que dan fe de las mejoras en la seguridad lo ha compartido en muchas ocasiones el gobernante salvadoreño en en su cuenta de X (Twitter), y viene a rebatir las publicaciones que, cargadas de sesgo político, han denunciado la presunta vulneración de derechos humanos.
Dichos medios de comunicación — de países y regiones como Estados Unidos, China, Oriente Medio y Europa— destacan la nueva realidad en seguridad que vive el país, que se refleja en la inédita reducción de los homicidios, la captura de miles de pandilleros que por años dañaron a las familias salvadoreñas y el control de las cárceles, antes dominadas por las pandillas.
La Real America Voice, ANN News, Euronews, Mandarin News son algunos medios internacionales que han retomado lo que está ocurriendo en El Salvador; aparte de diversos medios en Centroamérica, que hacen eco de los resultados en seguridad.
En el actual Gobierno se han reducido los homicidios, con la implementación del Plan Control Territorial (PCT) —vigente desde junio de 2019— y el régimen de excepción, medida constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y vigente actualmente.
Según la última cifra actualizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con el régimen de excepción han sido capturados más de 72,000 pandilleros, donde se han decomisado vehículos, celulares y millones en efectivo que estaban en poder de las estructuras pandilleriles, producto de las actividades ilícitas como el robo y la extorsión.
Con el PCT y el régimen de excepción han sido capturados cabecillas que ya fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel que el Presidente Nayib Bukele inauguró en febrero en el municipio de Tecoluca, en San Vicente.
Según medios internacionales, este trabajo en seguridad ha garantizado la inédita reducción de los asesinatos, situación que no fue posible en los gobiernos anteriores, que gobernaron el país desde 1989 hasta 2019
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La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
