Política
Comisión de sobresueldos y la FGR pendientes de procesar a Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y albino Román por recibir dinero del Estado
Tanto la Comisión Especial que investiga los sobresueldos entregado a funcionarios públicos en gobiernos anteriores como la Fiscalía General de la República tienen pendientes los procesos contra a Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y Albino Román por recibir dinero de fondos del Estado.
En 2021, durante una entrevista televisiva, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó que a los 10 imputados en el “Caso Desfalco” se podrían sumarse otros 54 exfuncionarios a quienes se les imputarán delitos relacionados con presuntos actos de corrupción, aunque evitó revelar más detalles para no entorpecer las indagaciones.
«En los próximos días vamos a concluir investigaciones en contra de 54 exfuncionarios más y vamos a presentar estos casos oportunamente a los tribunales», anticipó el fiscal general sin revelar más detalles para no entorpecer las indagaciones.
Entre las personas señaladas de recibir dinero de fondos públicos se encuentran; Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y Albino Román.
HÉCTOR SILVA ÁVALOS
El diario La Página reveló el martes 1 de septiembre de 2020 que Héctor Silva Ávalos tiene abierta una investigación por supuesto lavado de dinero, por ciertas compras de caballos a personas vinculadas con Joaquín “Chapo” Guzman Loera y recibir sobresueldos. La investigación contra Silva Ávalos está registrada en el expediente con la referencia 49-UIF-2016 inició en 2016, y en la misma se registra que el hoy exministro consejero de la embajada de El Salvador en Estados Unidos recibió miles de dólares en sobresueldos, además, habría comprado para el expresidente Mauricio Funes 40 caballos pura sangre que costaban entre $50,000 y $10,000 cada uno.
De acuerdo a la publicación de La Página, dicha investigación contra Héctor Silva Ávalos no prosiguió gracias a la intervención de los hermanos Carlos, Gerardo y Francisco Cáceres, quienes habrían mediado ante el entonces fiscal general Douglas Meléndez.
Silva también fue señalado por el expresidente de la república, Mauricio Funes, de recibir junto a su papá, mamá y hermana de recibir dinero durante su gobierno a cambio de dar relevancia a noticias del gobierno en turno.
ROBERTO RUBIO
El 28 de octubre de 2021, bajo juramentación a decir la verdad, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, aceptó haber pertenecido a la Comisión Nacional de Desarrollo por 12 años, a cuyos integrantes se les pagó alrededor de $3,000 mensuales, a más de 15 personas, de fondos del Estado.
“El presidente Armando Calderón Sol consideró que ayudara al país para sentar las bases de un plan de Nación. No era salario eran honorarios por servicios profesionales prestados y eran 20 mil colones y luego $2,300. Fue fijo.», aceptó.
Además, dentro de la FGR, rubio tiene abierto el expediente 20-UIF-2017. Este, investiga la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el exasistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación en los casos de corrupción de los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Entre los documentos de la investigación figuran varias cotizaciones de los empleados de FUNDE, realizadas durante varios años. La Fiscalía determinó que Rubio fue miembro de la junta directiva de la empresa RUDA S.A. de C.V., además del abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds.
LUIS CARDENAL
Fue en 2018, durante la lectura de la confesión del expresidente Elías Antonio Saca, de la autoría de los delitos de lavado de dinero y peculado; se conoció que una parte de los $301 millones que reconoció que desvió sirvieron para pagar sobresueldos mensuales a sus entonces funcionarios durante su gestión (2004-2009). La mayor parte de los exfuncionarios de Saca hoy en día se encuentran alejados de la vida pública y dedicados a sus negocios, salvo el actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, quien al inicio de la gestión Saca fungió como ministro de Turismo. De acuerdo a una serie de recibos filtrados a los medios de comunicación, el entonces ministro de Turismo (2004-2005), Luis Cardenal, recibía cada mes un sobresueldo de $10 mil, por los que firmaba un recibo.
ALBINO ROMAN
El secretario privado de la presidencia de Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix, dio una lista de todos aquellos exfuncionarios, empresarios, medios de comunicación, partidos políticos, entre otros, que recibieron fondos de Estado para mantener la llamada “gobernabilidad”. Entre estos, señaló que Albino Román, expresidente CEPA, recibió $10 mil.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
