Política
Comisión de sobresueldos y la FGR pendientes de procesar a Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y albino Román por recibir dinero del Estado
Tanto la Comisión Especial que investiga los sobresueldos entregado a funcionarios públicos en gobiernos anteriores como la Fiscalía General de la República tienen pendientes los procesos contra a Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y Albino Román por recibir dinero de fondos del Estado.
En 2021, durante una entrevista televisiva, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó que a los 10 imputados en el “Caso Desfalco” se podrían sumarse otros 54 exfuncionarios a quienes se les imputarán delitos relacionados con presuntos actos de corrupción, aunque evitó revelar más detalles para no entorpecer las indagaciones.
«En los próximos días vamos a concluir investigaciones en contra de 54 exfuncionarios más y vamos a presentar estos casos oportunamente a los tribunales», anticipó el fiscal general sin revelar más detalles para no entorpecer las indagaciones.
Entre las personas señaladas de recibir dinero de fondos públicos se encuentran; Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y Albino Román.
HÉCTOR SILVA ÁVALOS
El diario La Página reveló el martes 1 de septiembre de 2020 que Héctor Silva Ávalos tiene abierta una investigación por supuesto lavado de dinero, por ciertas compras de caballos a personas vinculadas con Joaquín “Chapo” Guzman Loera y recibir sobresueldos. La investigación contra Silva Ávalos está registrada en el expediente con la referencia 49-UIF-2016 inició en 2016, y en la misma se registra que el hoy exministro consejero de la embajada de El Salvador en Estados Unidos recibió miles de dólares en sobresueldos, además, habría comprado para el expresidente Mauricio Funes 40 caballos pura sangre que costaban entre $50,000 y $10,000 cada uno.
De acuerdo a la publicación de La Página, dicha investigación contra Héctor Silva Ávalos no prosiguió gracias a la intervención de los hermanos Carlos, Gerardo y Francisco Cáceres, quienes habrían mediado ante el entonces fiscal general Douglas Meléndez.
Silva también fue señalado por el expresidente de la república, Mauricio Funes, de recibir junto a su papá, mamá y hermana de recibir dinero durante su gobierno a cambio de dar relevancia a noticias del gobierno en turno.
ROBERTO RUBIO
El 28 de octubre de 2021, bajo juramentación a decir la verdad, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, aceptó haber pertenecido a la Comisión Nacional de Desarrollo por 12 años, a cuyos integrantes se les pagó alrededor de $3,000 mensuales, a más de 15 personas, de fondos del Estado.
“El presidente Armando Calderón Sol consideró que ayudara al país para sentar las bases de un plan de Nación. No era salario eran honorarios por servicios profesionales prestados y eran 20 mil colones y luego $2,300. Fue fijo.», aceptó.
Además, dentro de la FGR, rubio tiene abierto el expediente 20-UIF-2017. Este, investiga la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el exasistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación en los casos de corrupción de los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Entre los documentos de la investigación figuran varias cotizaciones de los empleados de FUNDE, realizadas durante varios años. La Fiscalía determinó que Rubio fue miembro de la junta directiva de la empresa RUDA S.A. de C.V., además del abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds.
LUIS CARDENAL
Fue en 2018, durante la lectura de la confesión del expresidente Elías Antonio Saca, de la autoría de los delitos de lavado de dinero y peculado; se conoció que una parte de los $301 millones que reconoció que desvió sirvieron para pagar sobresueldos mensuales a sus entonces funcionarios durante su gestión (2004-2009). La mayor parte de los exfuncionarios de Saca hoy en día se encuentran alejados de la vida pública y dedicados a sus negocios, salvo el actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, quien al inicio de la gestión Saca fungió como ministro de Turismo. De acuerdo a una serie de recibos filtrados a los medios de comunicación, el entonces ministro de Turismo (2004-2005), Luis Cardenal, recibía cada mes un sobresueldo de $10 mil, por los que firmaba un recibo.
ALBINO ROMAN
El secretario privado de la presidencia de Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix, dio una lista de todos aquellos exfuncionarios, empresarios, medios de comunicación, partidos políticos, entre otros, que recibieron fondos de Estado para mantener la llamada “gobernabilidad”. Entre estos, señaló que Albino Román, expresidente CEPA, recibió $10 mil.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
