Política
Comisión de sobresueldos y la FGR pendientes de procesar a Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y albino Román por recibir dinero del Estado
Tanto la Comisión Especial que investiga los sobresueldos entregado a funcionarios públicos en gobiernos anteriores como la Fiscalía General de la República tienen pendientes los procesos contra a Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y Albino Román por recibir dinero de fondos del Estado.
En 2021, durante una entrevista televisiva, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó que a los 10 imputados en el “Caso Desfalco” se podrían sumarse otros 54 exfuncionarios a quienes se les imputarán delitos relacionados con presuntos actos de corrupción, aunque evitó revelar más detalles para no entorpecer las indagaciones.
«En los próximos días vamos a concluir investigaciones en contra de 54 exfuncionarios más y vamos a presentar estos casos oportunamente a los tribunales», anticipó el fiscal general sin revelar más detalles para no entorpecer las indagaciones.
Entre las personas señaladas de recibir dinero de fondos públicos se encuentran; Héctor Silva, Roberto Rubio, Luis Cardenal y Albino Román.
HÉCTOR SILVA ÁVALOS
El diario La Página reveló el martes 1 de septiembre de 2020 que Héctor Silva Ávalos tiene abierta una investigación por supuesto lavado de dinero, por ciertas compras de caballos a personas vinculadas con Joaquín “Chapo” Guzman Loera y recibir sobresueldos. La investigación contra Silva Ávalos está registrada en el expediente con la referencia 49-UIF-2016 inició en 2016, y en la misma se registra que el hoy exministro consejero de la embajada de El Salvador en Estados Unidos recibió miles de dólares en sobresueldos, además, habría comprado para el expresidente Mauricio Funes 40 caballos pura sangre que costaban entre $50,000 y $10,000 cada uno.
De acuerdo a la publicación de La Página, dicha investigación contra Héctor Silva Ávalos no prosiguió gracias a la intervención de los hermanos Carlos, Gerardo y Francisco Cáceres, quienes habrían mediado ante el entonces fiscal general Douglas Meléndez.
Silva también fue señalado por el expresidente de la república, Mauricio Funes, de recibir junto a su papá, mamá y hermana de recibir dinero durante su gobierno a cambio de dar relevancia a noticias del gobierno en turno.
ROBERTO RUBIO
El 28 de octubre de 2021, bajo juramentación a decir la verdad, el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio, aceptó haber pertenecido a la Comisión Nacional de Desarrollo por 12 años, a cuyos integrantes se les pagó alrededor de $3,000 mensuales, a más de 15 personas, de fondos del Estado.
“El presidente Armando Calderón Sol consideró que ayudara al país para sentar las bases de un plan de Nación. No era salario eran honorarios por servicios profesionales prestados y eran 20 mil colones y luego $2,300. Fue fijo.», aceptó.
Además, dentro de la FGR, rubio tiene abierto el expediente 20-UIF-2017. Este, investiga la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el exasistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación en los casos de corrupción de los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Entre los documentos de la investigación figuran varias cotizaciones de los empleados de FUNDE, realizadas durante varios años. La Fiscalía determinó que Rubio fue miembro de la junta directiva de la empresa RUDA S.A. de C.V., además del abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds.
LUIS CARDENAL
Fue en 2018, durante la lectura de la confesión del expresidente Elías Antonio Saca, de la autoría de los delitos de lavado de dinero y peculado; se conoció que una parte de los $301 millones que reconoció que desvió sirvieron para pagar sobresueldos mensuales a sus entonces funcionarios durante su gestión (2004-2009). La mayor parte de los exfuncionarios de Saca hoy en día se encuentran alejados de la vida pública y dedicados a sus negocios, salvo el actual presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, quien al inicio de la gestión Saca fungió como ministro de Turismo. De acuerdo a una serie de recibos filtrados a los medios de comunicación, el entonces ministro de Turismo (2004-2005), Luis Cardenal, recibía cada mes un sobresueldo de $10 mil, por los que firmaba un recibo.
ALBINO ROMAN
El secretario privado de la presidencia de Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix, dio una lista de todos aquellos exfuncionarios, empresarios, medios de comunicación, partidos políticos, entre otros, que recibieron fondos de Estado para mantener la llamada “gobernabilidad”. Entre estos, señaló que Albino Román, expresidente CEPA, recibió $10 mil.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
