Política
Asamblea ratifica garantía soberana para préstamos de $240 millones dirigidos a empresas afectadas por pandemia
La Asamblea Legislativa continúa apoyando al Órgano Ejecutivo a implementar estrategias para recuperar la economía del país, a través del otorgamiento de créditos a los micros y pequeños empresarios afectados por la pandemia del COVID-19.
Para este fin, los legisladores ratificaron con 63 votos la garantía soberana que avala un préstamo por $200 millones que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) suscribirá con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con 64 votos también aprobaron la firma solidaria para otro crédito por $40 millones que pactará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aclaró que no se está contrayendo más deuda, como lo han querido hacer ver los partidos de oposición.
“Esto son garantías soberanas, no es deuda que la Asamblea está emitiendo. Hay actores políticos de la oposición que buscan desinformar. Estas garantías soberanas son créditos que se han conseguido a muy bajas tasas; son tasas muy competitivas que no se pueden conseguir con la banca comercial”, aseveró el legislador.
Días atrás, el presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, también sostuvo en la Comisión de Hacienda del Órgano Legislativo que la garantía soberana del Estado no representa un endeudamiento directo del país, sino que es una firma solidaria que permite captar condiciones favorables para obtener un préstamo.
$200 millones para beneficiar a más de 8,000 empresas
El crédito que BANDESAL realizará con el BID es de $200 millones y permitirá financiar el “Primer Programa de Acceso al Crédito para la Recuperación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”.
Con estos recursos se beneficiará a más de ocho mil micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores de la economía, por medio de capital de trabajo e inversiones en activo fijo.
“Estamos dando un paso para que la MIPYMES y los emprendedores del país puedan ser sujetos a un crédito a través de BANDESAL. Promover este tipo de iniciativas fortalecerá cada uno de sus negocios. Ellos generan empleo en el país y son fuentes de dinero para su familia”, manifestó la diputada Marcela Pineda.
Apuesta por proyectos de generación de energía renovable
La otra garantía soberana aprobada por los diputados es para un préstamo por $40 millones que se suscribirá con el BEI. Este dinero será utilizado por el Gobierno para financiar la operación «BANDESAL Energía Sostenible y Pymes COVID-19», con el que se busca oxigenar a las empresas que resultaron afectadas económicamente por la emergencia sanitaria.
La mitad del dinero servirá para que las pequeñas y medianas empresas puedan reactivar sus actividades económicas en condiciones favorables. El resto será utilizado para financiar proyectos de generación de energía renovable.
Los fondos podrán ser utilizados por los empresarios para hacer ampliaciones y remodelaciones; hacer compras de suelo y equipos, así como para invertir en activos inmateriales.
La diputada de la bancada cyan, Sandra Martínez, explicó que la eficiencia energética es una serie de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía que la población consume y los servicios que se les brinda.
“Este Gobierno ha volteado su vista al clima y el ambiente del país. Parte de estos fondos servirán para financiar proyectos de eficiencia energética y energía renovable que tanta falta nos hace. Esto es una deuda que por décadas se nos ha negado, este tipo de iniciativas viene a mejorar nuestra competitividad”, señaló la legisladora.
Además, la funcionaria destacó que este tipo de proyectos permite hacer inversiones amigables con el medio ambiente, como generar energía solar y modernizar las centrales hidroeléctricas.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
