Política
Asamblea ratifica garantía soberana para préstamos de $240 millones dirigidos a empresas afectadas por pandemia
La Asamblea Legislativa continúa apoyando al Órgano Ejecutivo a implementar estrategias para recuperar la economía del país, a través del otorgamiento de créditos a los micros y pequeños empresarios afectados por la pandemia del COVID-19.
Para este fin, los legisladores ratificaron con 63 votos la garantía soberana que avala un préstamo por $200 millones que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) suscribirá con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con 64 votos también aprobaron la firma solidaria para otro crédito por $40 millones que pactará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aclaró que no se está contrayendo más deuda, como lo han querido hacer ver los partidos de oposición.
“Esto son garantías soberanas, no es deuda que la Asamblea está emitiendo. Hay actores políticos de la oposición que buscan desinformar. Estas garantías soberanas son créditos que se han conseguido a muy bajas tasas; son tasas muy competitivas que no se pueden conseguir con la banca comercial”, aseveró el legislador.
Días atrás, el presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, también sostuvo en la Comisión de Hacienda del Órgano Legislativo que la garantía soberana del Estado no representa un endeudamiento directo del país, sino que es una firma solidaria que permite captar condiciones favorables para obtener un préstamo.
$200 millones para beneficiar a más de 8,000 empresas
El crédito que BANDESAL realizará con el BID es de $200 millones y permitirá financiar el “Primer Programa de Acceso al Crédito para la Recuperación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”.
Con estos recursos se beneficiará a más de ocho mil micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores de la economía, por medio de capital de trabajo e inversiones en activo fijo.
“Estamos dando un paso para que la MIPYMES y los emprendedores del país puedan ser sujetos a un crédito a través de BANDESAL. Promover este tipo de iniciativas fortalecerá cada uno de sus negocios. Ellos generan empleo en el país y son fuentes de dinero para su familia”, manifestó la diputada Marcela Pineda.
Apuesta por proyectos de generación de energía renovable
La otra garantía soberana aprobada por los diputados es para un préstamo por $40 millones que se suscribirá con el BEI. Este dinero será utilizado por el Gobierno para financiar la operación «BANDESAL Energía Sostenible y Pymes COVID-19», con el que se busca oxigenar a las empresas que resultaron afectadas económicamente por la emergencia sanitaria.
La mitad del dinero servirá para que las pequeñas y medianas empresas puedan reactivar sus actividades económicas en condiciones favorables. El resto será utilizado para financiar proyectos de generación de energía renovable.
Los fondos podrán ser utilizados por los empresarios para hacer ampliaciones y remodelaciones; hacer compras de suelo y equipos, así como para invertir en activos inmateriales.
La diputada de la bancada cyan, Sandra Martínez, explicó que la eficiencia energética es una serie de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía que la población consume y los servicios que se les brinda.
“Este Gobierno ha volteado su vista al clima y el ambiente del país. Parte de estos fondos servirán para financiar proyectos de eficiencia energética y energía renovable que tanta falta nos hace. Esto es una deuda que por décadas se nos ha negado, este tipo de iniciativas viene a mejorar nuestra competitividad”, señaló la legisladora.
Además, la funcionaria destacó que este tipo de proyectos permite hacer inversiones amigables con el medio ambiente, como generar energía solar y modernizar las centrales hidroeléctricas.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
