Política
Asamblea ratifica garantía soberana para préstamos de $240 millones dirigidos a empresas afectadas por pandemia
La Asamblea Legislativa continúa apoyando al Órgano Ejecutivo a implementar estrategias para recuperar la economía del país, a través del otorgamiento de créditos a los micros y pequeños empresarios afectados por la pandemia del COVID-19.
Para este fin, los legisladores ratificaron con 63 votos la garantía soberana que avala un préstamo por $200 millones que el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) suscribirá con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con 64 votos también aprobaron la firma solidaria para otro crédito por $40 millones que pactará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, aclaró que no se está contrayendo más deuda, como lo han querido hacer ver los partidos de oposición.
“Esto son garantías soberanas, no es deuda que la Asamblea está emitiendo. Hay actores políticos de la oposición que buscan desinformar. Estas garantías soberanas son créditos que se han conseguido a muy bajas tasas; son tasas muy competitivas que no se pueden conseguir con la banca comercial”, aseveró el legislador.
Días atrás, el presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, también sostuvo en la Comisión de Hacienda del Órgano Legislativo que la garantía soberana del Estado no representa un endeudamiento directo del país, sino que es una firma solidaria que permite captar condiciones favorables para obtener un préstamo.
$200 millones para beneficiar a más de 8,000 empresas
El crédito que BANDESAL realizará con el BID es de $200 millones y permitirá financiar el “Primer Programa de Acceso al Crédito para la Recuperación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”.
Con estos recursos se beneficiará a más de ocho mil micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores de la economía, por medio de capital de trabajo e inversiones en activo fijo.
“Estamos dando un paso para que la MIPYMES y los emprendedores del país puedan ser sujetos a un crédito a través de BANDESAL. Promover este tipo de iniciativas fortalecerá cada uno de sus negocios. Ellos generan empleo en el país y son fuentes de dinero para su familia”, manifestó la diputada Marcela Pineda.
Apuesta por proyectos de generación de energía renovable
La otra garantía soberana aprobada por los diputados es para un préstamo por $40 millones que se suscribirá con el BEI. Este dinero será utilizado por el Gobierno para financiar la operación «BANDESAL Energía Sostenible y Pymes COVID-19», con el que se busca oxigenar a las empresas que resultaron afectadas económicamente por la emergencia sanitaria.
La mitad del dinero servirá para que las pequeñas y medianas empresas puedan reactivar sus actividades económicas en condiciones favorables. El resto será utilizado para financiar proyectos de generación de energía renovable.
Los fondos podrán ser utilizados por los empresarios para hacer ampliaciones y remodelaciones; hacer compras de suelo y equipos, así como para invertir en activos inmateriales.
La diputada de la bancada cyan, Sandra Martínez, explicó que la eficiencia energética es una serie de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía que la población consume y los servicios que se les brinda.
“Este Gobierno ha volteado su vista al clima y el ambiente del país. Parte de estos fondos servirán para financiar proyectos de eficiencia energética y energía renovable que tanta falta nos hace. Esto es una deuda que por décadas se nos ha negado, este tipo de iniciativas viene a mejorar nuestra competitividad”, señaló la legisladora.
Además, la funcionaria destacó que este tipo de proyectos permite hacer inversiones amigables con el medio ambiente, como generar energía solar y modernizar las centrales hidroeléctricas.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
