Política
Asamblea Legislativa aprueba histórica reestructuración municipal en El Salvador
En las elecciones del 3 de marzo de 2024, los salvadoreños podrán elegir solo a 44 alcaldes, esto ocurrirá luego de que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaran, con 67 votos, una reestructuración territorial que agrupa a los 262 municipios, hoy denominados como distritos.
La nueva distribución se respalda en los 14 artículos de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, misma que fue expuesta en el pleno legislativo, durante el desarrollo de la sesión de trabajo número 110.
“Estamos reestructurando la organización territorial en función de agilizar la coordinación de planes de desarrollo. Una acción, que como tantas otras, se debió tomar hace décadas”, comentó el Presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro.
Una vez publicado en el Diario Oficial, ocho días después de ello, los municipios pasan a ser distritos y quedarán agrupados por regiones en cada uno de los 14 departamentos, basado en los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste.
“En esta plenaria vamos a darle otro golpe al modelo perfecto de corrupción que ellos (la oposición) construyeron por décadas”, comentó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara. “Les hemos quitado los maletines negros, les hemos golpeado sus modelos de ONG fachadas, su modelo de evasores, el modelo del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES). Hoy, les vamos a cerrar las minas de oro que tenían en las alcaldías”, agregó.
Referente al FODES, creado en 1988, la diputada Alexia Rivas aseguró que fue utilizado para beneficios personales, para financiamientos de campañas políticas y para contratación de activistas y por ende “esta es la preocupación que tienen los partidos de oposición”, comentó.
Tras este aval, se marca una historia en el país, pues desde hace 84 años no se aplicaba una división territorial en El Salvador, luego de que la última fuera en 1939.
“De la mano del pueblo que soberana, democrática y pacíficamente, tomó una decisión hoy damos un nuevo paso al futuro”, dijo el diputado Castro.
Mientras que el legislador Guevara indicó: “Vamos a cambiar 200 años de tradición en el país y para esto nos han escogido los salvadoreños, no para dejar al país tal y como lo encontramos, sino para hacerlo avanzar y adaptarlo al futuro”.
De acuerdo a lo discutido entre los parlamentarios, esta ley se hará efectiva ocho días después de su publicación oficial.
Los beneficios
La nueva división territorial ayudará a mejorar la administración del presupuesto de las municipalidades, esto permitirá que éstas cuenten con mayores recursos y se distribuyen de manera más enfocada en las necesidades de cada sector.
Los ahora distritos no perderán su identidad cultural, tradiciones ni las oficinas administrativas en las que prestan servicio a la población.
La modificación municipal no afectará la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de las tasas municipales ni otros servicios que presta la comuna actualmente.
No se cambiará la información del Documento Único de Identidad (DUI), solamente cuando sean emitidos por primera vez, en renovación o reposición.
“Ningún territorio va a perder su identidad, los trámites de partidas de nacimientos, pago de impuestos y otras diligencias se seguirán haciendo en donde actualmente acude y que se conoce hasta hoy como alcaldía”, explicó la legisladora Elisa Rosales.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) hará una mejor auditoría de los impuestos en cada distrito. Se reducirá la burocracia, habrá un ahorro de gastos para el Estado, se mejorará la atención a los ciudadanos y se fomentará la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, el diputado Guevara argumentó que para la DOM será mucho más fácil ponerse de acuerdo con 44 comunas que con la 262 que se establecía. “Lo que se busca son obras para los salvadoreños y no estar manteniendo activistas, simpatizantes o campañas”, dijo.
La distribución de los concejales
Bajo esta modalidad y según el artículo 4 de la ley, la distribución de los concejales quedará de la siguiente manera:
Dos concejales o regidores en los municipios que tengan hasta 200 mil habitantes; seis concejales o regidores en los sitios que tenga más de esa cifra hasta los 400 mil habitantes; mientras que serían ocho en los municipios que tengan más de 400 mil habitantes.
El TSE deberá de otorgar la cifra de estos elementos de acuerdo al último censo poblacional y lo notificará a los partidos políticos legalmente inscritos, para este proceso los diputados también admitieron un decreto transitorio para que el plazo pueda ampliarse a tres días.
De acuerdo a esto, habrá 40 concejos con 10 miembros; dos, con 14 miembros; y dos concejos, ubicados en el departamento de San Salvador, con 16 miembros.
44 alcaldes, 44 síndicos, 372 concejales y esto haría un total de 460 funcionarios en todo el país, lo que indica una considerable reducción significativa comparado con los casi 3 mil que hay actualmente.
Por otro lado, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la reestructuración de municipios no afectará el calendario elaborado para las elecciones en 2024 y no generará modificaciones en la implementación del voto residencial. Los electores continuarán ejerciendo el sufragio en los centros que tradicionalmente se les ha asignado.
El anuncio de la restructuración
El 1 de junio, el Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la normativa y seis días después el Órgano Legislativo recibió dicha propuesta para ser estudiada por la Comisión Política.
Los parlamentarios que integran esa mesa de labores recibieron a funcionarios de los ministerios de Gobernación, de Hacienda y Desarrollo Local, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la CCR, del TSE, del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), del Centro Nacional de Registro (CNR), de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y a un grupo de alcaldes.
Reacción del Presidente Bukele
El Presidente Nayib Bukele destacó a través de sus redes oficiales la aprobación de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal por parte de la Asamblea Legislativa.
“Con súper mayoría, la Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que reduce el número de alcaldías de nuestro país, de 262 a 44. ¡HISTORIA!”, celebró el mandatario en Twitter.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
