Política
ARENA continúa demorándose como partido político con la renuncia de 18 jefes municipales
La renuncia de alcaldes y concejales que gobernaban bajo la bandera del partido ARENA no solo implica una reducción en el número de afiliados tricolor, sino que también representa la pérdida de la presencia y del control político territorial en municipios que históricamente —y por tradición— han votado por el instituto que gobernó desde el Ejecutivo por dos décadas.
El 21 de enero pasado, y en un mismo acto público, oficializaron su renuncia José Lorenzo Argueta Canales, alcalde de Cacaopera; Isaí Fuentes, de San Simón; David Villela, de Delicias de Concepción, y César Omar Saravia, de Sociedad.
Los cuatro municipios pertenecen a Morazán, y con las dimisiones ARENA perdió la presencia y el control político que ejercía en los 313.43 kilómetros cuadrados que conforman las cuatro jurisdicciones.
El partido solo se queda, por el momento, con el control político de dos alcaldías en ese departamento de la zona oriental: Yamabal y San Fernando. Ambos suman una extensión territorial de 111 kilómetros cuadrados.
Dos días antes, el 19 de enero, se conoció también la dimisión de José Salvador Menjívar Miranda, alcalde de Jicalapa, de La Libertad. Con esa desafiliación, ARENA perdió el control político sobre 42.93 kilómetros cuadrados, y a escala departamental solo gobierna —hasta ahora— en Antiguo Cuscatlán, con la alcaldesa Milagro Navas.
El martes 18 anterior, Ronny Lazo, el alcalde de Santa Rosa de Lima, del departamento de La Unión, viajó hasta la Asamblea Legislativa —en San Salvador— y anunció su renuncia. Así, ARENA ya no tiene el control político de los 128.56 kilómetros cuadrados de ese municipio y únicamente retiene su presencia territorial a escala departamental en la jurisdicción de San Alejo, de 251.64 kilómetros cuadrados.
Un día antes, el lunes 17 de enero, pidieron la desafiliación los alcaldes Francisco Alirio Candray, con nueve períodos al frente de la comuna de San Juan Tepezontes; Juan Alexánder Tamacas, con tres períodos en San Juan Talpa; José David Campos, con tres períodos en Paraíso de Osorio, y Carlos Alcides García, con su primer período como jefe de comuna de San Emigdio.
Con las cuatro renuncias, el partido tricolor no solo perdió el control político de los 75.77 kilómetros cuadrados que totalizan dichas jurisdicciones, sino también la presencia territorial en todo el departamento de La Paz. Pero la sangría arenera incluye dejar ir el predominio político sobre los 18.22 kilómetros cuadrados de San Cristóbal, en Cuscatlán. El alcalde Pedro Antonio Vásquez Pérez, que gobernaba desde hace 13 años el municipio, envió el 4 de enero de este año una carta a la dirigencia del partido para comunicarle su renuncia.
El viernes 7 de enero renunció Ricardo Ramírez Flores como alcalde de Candelaria, Cuscatlán, y ARENA ya no podrá tener el control territorial sobre los 36.73 kilómetros cuadrados, ocho cantones y ocho caseríos que constituyen este municipio.
Desde el 14 de diciembre de 2021, el tricolor ya no controla políticamente los 12.31 kilómetros cuadrados de San Bartolomé Perulapía, también en Cuscatlán. El alcalde Rónal Bladimir Ortiz Hernández renunció al tricolor luego de gobernar ahí desde 2018.
la desafiliación de los tres alcaldes de Cuscatlán, ARENA solo se queda con los 42.74 kilómetros cuadrados de San José Guayabal, uno de los reductos que el tricolor gobierna desde 2000 con el alcalde Mauricio Arturo Vilanova Vaquero.
En el departamento de San Vicente ya renunciaron los únicos tres alcaldes que mantenía luego de los resultados electorales del 28 de febrero de 2021. El jefe de comuna de San Ildefonso, Carlos Alberto Soriano Ruiz, dimitió el 8 de diciembre pasado. Había gobernado el municipio —que tiene una extensión territorial de 136.4 kilómetros cuadrados— desde el 1.º de mayo de 2018.
Asimismo, con la desafiliación de Elba Noemy López de Guillén —el 14 de diciembre del año pasado—, el partido no solo perdió a una de sus pocas alcaldesas a escala nacional, sino también el control político del municipio de Santa Clara, que tiene una extensión territorial de 124.46 kilómetros cuadrados.
Se suma la renuncia, conocida el 17 de noviembre de 2021, del alcalde Raúl Juventino Mejía. El tricolor sufrió con ello la pérdida del dominio político en los 17.01 kilómetros cuadrados, dos cantones y siete caseríos del municipio de San Cayetano Istepeque.
En Cabañas, ARENA ya perdió toda su presencia territorial obtenida en las urnas. El alcalde Adrián Castellanos Peña abandonó las filas del partido el 22 de septiembre pasado y eso puso fin al control político que el partido ejercía con su bandera (desde 2012) en los 67.12 kilómetros cuadrados, siete cantones y 39 caseríos del municipio de Jutiapa. Con la renuncia del alcalde Castellanos y los resultados electorales del 28 de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas gobierna en seis alcaldías de Cabañas; GANA, en una, y el PCN, otra. El departamento está integrado por nueve municipios.
Además de la renuncia del único jefe municipal tricolor, el partido ya sufrió en Cabañas la pérdida de su único e icónico diputado, Carlos Reyes. El legislador declinó en septiembre del año pasado, y días después lo hizo su diputada suplente.
El 24 de septiembre pasado, con la renuncia del alcalde Víctor Manuel Martínez Jiménez, ARENA cedió presencia y control político en el municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán. El alcalde gobernaba desde 2003 bajo la bandera arenera sobre los 263.95 kilómetros cuadrados, 13 cantones y 71 caseríos de esa localidad. Solo conserva dos alcaldías en ese departamento: Concepción de Ataco y San Pedro Puxtla.
Dentro de un año los salvadoreños volverán a escribir un nuevo capítulo en la historia democrática del país, eligiendo al presidente y vicepresidente de la república que gobernarán en los siguientes seis años, de 2027 a 2033.
En esa misma jornada electoral, la ciudadanía también podrán elegir la representación política de los 60 escaños que conforman la Asamblea Legislativa, así como la renovación de los 44 Concejos Municipales Plurales que administran los 262 distritos a escala nacional.
La unificación de las elecciones para 2027 quedó normada el 31 de julio de 2025 por el Congreso a través de reformas a la Constitución de la República [artículos 75, 80 incisos 1°, 2° y 3°; y artículos 133, 152 y 154] con el fin de ordenar y homologar el ciclo electoral.
Estas enmiendas fueron aprobadas con 57 votos, en la sesión plenaria ordinaria 66, y ratificadas en la plenaria 67, «con el objetivo de actualizar el sistema electoral para fortalecer la democracia, optimizar recursos públicos y alinear las reglas con la voluntad popular», comunicó el Órgano Legislativo.
Los cambios a la Carta Magna dan un componente novedoso a las próximas elecciones, pues se habilitó la reelección presidencial indefinida sin menoscabar la voluntad democrática y soberana de los ciudadanos para escoger libremente a gobernantes.
Tampoco limita la participación de ninguno de los 11 partidos políticos que según el Tribunal Supremo Electoral [TSE] están, a la fecha, legalmente inscritos para competir en los comicios.
Estos son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN], Alianza Republicana Nacionalista [ARENA], Partido de Concertación Nacional [PNC], Partido Demócrata Cristiano [PDC], VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional [GANA], Democracia Salvadoreña [DS], Fuerza Solidaria [FS], Fraternidad Patriota Salvadoreña [FPS] y el Partido Independiente Salvadoreño [PAIS].
Con los cambios a la Constitución ahora la elección presidencial se definirá en primera vuelta, tras ser derogado el balotaje o segunda vuelta; además, quedó establecido que el período presidencial se prolongue a seis años. En 2027 iniciará el primer sexenio presidencial.
«Cada segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente $50 millones», explicó durante la discusión de las reformas constitucionales Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
MÁS DE $172 MILLONES HAN SIDO DESTINADOS PARA LAS ELECCIONES
Para el desarrollo de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre anterior asignar al TSE $125.4 millones, además de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior, que será mediante un sistema de votación remota por internet y de forma presencial en embajadas, consulados u otras sedes habilitadas por el TSE. Dichos recursos serán utilizados en logística, tecnología y para el escrutinio.
Del total asignado, $56 millones servirán para el soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados.
Los cambios a la ley superior también fueron acatados por el TSE, que informó que los mismos permiten al país un ahorro acumulado de hasta $560 millones en procesos electorales, ya que pasará de 13 a nueve eventos en un periodo de 25 años.
Según los registros del TSE, el padrón electoral ya supera los 6 millones de salvadoreños, de los cuales 932,316 residen en el extranjero, una cifra que creció en casi 200,000 respecto al último proceso comicial de 2024, para el cual el padrón cerró con 6,214,399; de estos, 741,094 eran residentes en el extranjero, según datos de la memoria de labores del organismo colegiado.
En el caso de los connacionales que hagan uso de la votación remota por internet, podrán comenzar un mes antes del día establecido por el TSE para la elección que se desarrollará en el país, es decir, el 30 de enero, según lo establece el artículo 16 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Para los salvadoreños en el exterior que utilicen la votación electrónica presencial, será continua; es decir, iniciará a las 7 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde, según el horario del centro de votación designado por el tribunal en el extranjero.
Los ciudadanos tienen 12 días, a partir de hoy, para efectuar modificaciones en la dirección de residencia que aparece en el Documento Único de Identidad (DUI), de cara a las elecciones generales que se realizarán el 28 de febrero de 2027, según ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Si te mudaste recientemente, actualiza tu dirección en el DUI para que puedas votar más cerca de tu nuevo hogar. Realiza el trámite en cualquier duicentro del país», indicó la institución a través de sus diferentes plataformas de redes sociales.
El tribunal reiteró a la ciudadanía que tiene como plazo límite el 27 de febrero próximo para realizar los respectivos cambios en el documento.
«Si quieres votar más cerca de tu casa aún estás a tiempo», enfatizó el ente electoral.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) también desarrolla jornadas móviles en el extranjero para dar oportunidad a que los connacionales realicen actualización de la dirección.
El TSE también ha comunicado los avances de las etapas del ciclo electoral salvadoreño, del que detalló que en este momento se ejecuta la segunda fase de este período.
«Esta etapa está compuesta por seis fases claves, diseñadas para organizar, supervisar y garantizar que cada salvadoreño dentro y fuera del país sea el protagonista de un proceso electoral moderno y eficiente», indicó.
LAS FASES DEL PROCESO ELECTORAL
Para tener una mejor comprensión de las seis fases claves a las que el TSE ha hecho referencia, estas han sido organizadas de la siguiente forma: logística y preparación de los centros de votación en el país; sigue la etapa de instalación de la Juntas Receptoras de Votos (JRV) y apertura de los centros de votación que serán habilitados en instalaciones previamente anunciadas por la institución a escala nacional.
En tercer lugar está la apertura de votación en el territorio nacional; después viene la observación electoral, que estará a cargo de las entidades y organismos nacionales e internacionales debidamente acreditados por el tribunal.
Luego viene el escrutinio, la transmisión y divulgación de los resultados preliminares; y finalmente, la recolección y traslado de las actas y el material electoral que será destinado para el evento.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
