Política
ARENA continúa demorándose como partido político con la renuncia de 18 jefes municipales
La renuncia de alcaldes y concejales que gobernaban bajo la bandera del partido ARENA no solo implica una reducción en el número de afiliados tricolor, sino que también representa la pérdida de la presencia y del control político territorial en municipios que históricamente —y por tradición— han votado por el instituto que gobernó desde el Ejecutivo por dos décadas.
El 21 de enero pasado, y en un mismo acto público, oficializaron su renuncia José Lorenzo Argueta Canales, alcalde de Cacaopera; Isaí Fuentes, de San Simón; David Villela, de Delicias de Concepción, y César Omar Saravia, de Sociedad.
Los cuatro municipios pertenecen a Morazán, y con las dimisiones ARENA perdió la presencia y el control político que ejercía en los 313.43 kilómetros cuadrados que conforman las cuatro jurisdicciones.
El partido solo se queda, por el momento, con el control político de dos alcaldías en ese departamento de la zona oriental: Yamabal y San Fernando. Ambos suman una extensión territorial de 111 kilómetros cuadrados.
Dos días antes, el 19 de enero, se conoció también la dimisión de José Salvador Menjívar Miranda, alcalde de Jicalapa, de La Libertad. Con esa desafiliación, ARENA perdió el control político sobre 42.93 kilómetros cuadrados, y a escala departamental solo gobierna —hasta ahora— en Antiguo Cuscatlán, con la alcaldesa Milagro Navas.
El martes 18 anterior, Ronny Lazo, el alcalde de Santa Rosa de Lima, del departamento de La Unión, viajó hasta la Asamblea Legislativa —en San Salvador— y anunció su renuncia. Así, ARENA ya no tiene el control político de los 128.56 kilómetros cuadrados de ese municipio y únicamente retiene su presencia territorial a escala departamental en la jurisdicción de San Alejo, de 251.64 kilómetros cuadrados.
Un día antes, el lunes 17 de enero, pidieron la desafiliación los alcaldes Francisco Alirio Candray, con nueve períodos al frente de la comuna de San Juan Tepezontes; Juan Alexánder Tamacas, con tres períodos en San Juan Talpa; José David Campos, con tres períodos en Paraíso de Osorio, y Carlos Alcides García, con su primer período como jefe de comuna de San Emigdio.
Con las cuatro renuncias, el partido tricolor no solo perdió el control político de los 75.77 kilómetros cuadrados que totalizan dichas jurisdicciones, sino también la presencia territorial en todo el departamento de La Paz. Pero la sangría arenera incluye dejar ir el predominio político sobre los 18.22 kilómetros cuadrados de San Cristóbal, en Cuscatlán. El alcalde Pedro Antonio Vásquez Pérez, que gobernaba desde hace 13 años el municipio, envió el 4 de enero de este año una carta a la dirigencia del partido para comunicarle su renuncia.
El viernes 7 de enero renunció Ricardo Ramírez Flores como alcalde de Candelaria, Cuscatlán, y ARENA ya no podrá tener el control territorial sobre los 36.73 kilómetros cuadrados, ocho cantones y ocho caseríos que constituyen este municipio.
Desde el 14 de diciembre de 2021, el tricolor ya no controla políticamente los 12.31 kilómetros cuadrados de San Bartolomé Perulapía, también en Cuscatlán. El alcalde Rónal Bladimir Ortiz Hernández renunció al tricolor luego de gobernar ahí desde 2018.
la desafiliación de los tres alcaldes de Cuscatlán, ARENA solo se queda con los 42.74 kilómetros cuadrados de San José Guayabal, uno de los reductos que el tricolor gobierna desde 2000 con el alcalde Mauricio Arturo Vilanova Vaquero.
En el departamento de San Vicente ya renunciaron los únicos tres alcaldes que mantenía luego de los resultados electorales del 28 de febrero de 2021. El jefe de comuna de San Ildefonso, Carlos Alberto Soriano Ruiz, dimitió el 8 de diciembre pasado. Había gobernado el municipio —que tiene una extensión territorial de 136.4 kilómetros cuadrados— desde el 1.º de mayo de 2018.
Asimismo, con la desafiliación de Elba Noemy López de Guillén —el 14 de diciembre del año pasado—, el partido no solo perdió a una de sus pocas alcaldesas a escala nacional, sino también el control político del municipio de Santa Clara, que tiene una extensión territorial de 124.46 kilómetros cuadrados.
Se suma la renuncia, conocida el 17 de noviembre de 2021, del alcalde Raúl Juventino Mejía. El tricolor sufrió con ello la pérdida del dominio político en los 17.01 kilómetros cuadrados, dos cantones y siete caseríos del municipio de San Cayetano Istepeque.
En Cabañas, ARENA ya perdió toda su presencia territorial obtenida en las urnas. El alcalde Adrián Castellanos Peña abandonó las filas del partido el 22 de septiembre pasado y eso puso fin al control político que el partido ejercía con su bandera (desde 2012) en los 67.12 kilómetros cuadrados, siete cantones y 39 caseríos del municipio de Jutiapa. Con la renuncia del alcalde Castellanos y los resultados electorales del 28 de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas gobierna en seis alcaldías de Cabañas; GANA, en una, y el PCN, otra. El departamento está integrado por nueve municipios.
Además de la renuncia del único jefe municipal tricolor, el partido ya sufrió en Cabañas la pérdida de su único e icónico diputado, Carlos Reyes. El legislador declinó en septiembre del año pasado, y días después lo hizo su diputada suplente.
El 24 de septiembre pasado, con la renuncia del alcalde Víctor Manuel Martínez Jiménez, ARENA cedió presencia y control político en el municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán. El alcalde gobernaba desde 2003 bajo la bandera arenera sobre los 263.95 kilómetros cuadrados, 13 cantones y 71 caseríos de esa localidad. Solo conserva dos alcaldías en ese departamento: Concepción de Ataco y San Pedro Puxtla.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
