Política
ARENA continúa demorándose como partido político con la renuncia de 18 jefes municipales
La renuncia de alcaldes y concejales que gobernaban bajo la bandera del partido ARENA no solo implica una reducción en el número de afiliados tricolor, sino que también representa la pérdida de la presencia y del control político territorial en municipios que históricamente —y por tradición— han votado por el instituto que gobernó desde el Ejecutivo por dos décadas.
El 21 de enero pasado, y en un mismo acto público, oficializaron su renuncia José Lorenzo Argueta Canales, alcalde de Cacaopera; Isaí Fuentes, de San Simón; David Villela, de Delicias de Concepción, y César Omar Saravia, de Sociedad.
Los cuatro municipios pertenecen a Morazán, y con las dimisiones ARENA perdió la presencia y el control político que ejercía en los 313.43 kilómetros cuadrados que conforman las cuatro jurisdicciones.
El partido solo se queda, por el momento, con el control político de dos alcaldías en ese departamento de la zona oriental: Yamabal y San Fernando. Ambos suman una extensión territorial de 111 kilómetros cuadrados.
Dos días antes, el 19 de enero, se conoció también la dimisión de José Salvador Menjívar Miranda, alcalde de Jicalapa, de La Libertad. Con esa desafiliación, ARENA perdió el control político sobre 42.93 kilómetros cuadrados, y a escala departamental solo gobierna —hasta ahora— en Antiguo Cuscatlán, con la alcaldesa Milagro Navas.
El martes 18 anterior, Ronny Lazo, el alcalde de Santa Rosa de Lima, del departamento de La Unión, viajó hasta la Asamblea Legislativa —en San Salvador— y anunció su renuncia. Así, ARENA ya no tiene el control político de los 128.56 kilómetros cuadrados de ese municipio y únicamente retiene su presencia territorial a escala departamental en la jurisdicción de San Alejo, de 251.64 kilómetros cuadrados.
Un día antes, el lunes 17 de enero, pidieron la desafiliación los alcaldes Francisco Alirio Candray, con nueve períodos al frente de la comuna de San Juan Tepezontes; Juan Alexánder Tamacas, con tres períodos en San Juan Talpa; José David Campos, con tres períodos en Paraíso de Osorio, y Carlos Alcides García, con su primer período como jefe de comuna de San Emigdio.
Con las cuatro renuncias, el partido tricolor no solo perdió el control político de los 75.77 kilómetros cuadrados que totalizan dichas jurisdicciones, sino también la presencia territorial en todo el departamento de La Paz. Pero la sangría arenera incluye dejar ir el predominio político sobre los 18.22 kilómetros cuadrados de San Cristóbal, en Cuscatlán. El alcalde Pedro Antonio Vásquez Pérez, que gobernaba desde hace 13 años el municipio, envió el 4 de enero de este año una carta a la dirigencia del partido para comunicarle su renuncia.
El viernes 7 de enero renunció Ricardo Ramírez Flores como alcalde de Candelaria, Cuscatlán, y ARENA ya no podrá tener el control territorial sobre los 36.73 kilómetros cuadrados, ocho cantones y ocho caseríos que constituyen este municipio.
Desde el 14 de diciembre de 2021, el tricolor ya no controla políticamente los 12.31 kilómetros cuadrados de San Bartolomé Perulapía, también en Cuscatlán. El alcalde Rónal Bladimir Ortiz Hernández renunció al tricolor luego de gobernar ahí desde 2018.
la desafiliación de los tres alcaldes de Cuscatlán, ARENA solo se queda con los 42.74 kilómetros cuadrados de San José Guayabal, uno de los reductos que el tricolor gobierna desde 2000 con el alcalde Mauricio Arturo Vilanova Vaquero.
En el departamento de San Vicente ya renunciaron los únicos tres alcaldes que mantenía luego de los resultados electorales del 28 de febrero de 2021. El jefe de comuna de San Ildefonso, Carlos Alberto Soriano Ruiz, dimitió el 8 de diciembre pasado. Había gobernado el municipio —que tiene una extensión territorial de 136.4 kilómetros cuadrados— desde el 1.º de mayo de 2018.
Asimismo, con la desafiliación de Elba Noemy López de Guillén —el 14 de diciembre del año pasado—, el partido no solo perdió a una de sus pocas alcaldesas a escala nacional, sino también el control político del municipio de Santa Clara, que tiene una extensión territorial de 124.46 kilómetros cuadrados.
Se suma la renuncia, conocida el 17 de noviembre de 2021, del alcalde Raúl Juventino Mejía. El tricolor sufrió con ello la pérdida del dominio político en los 17.01 kilómetros cuadrados, dos cantones y siete caseríos del municipio de San Cayetano Istepeque.
En Cabañas, ARENA ya perdió toda su presencia territorial obtenida en las urnas. El alcalde Adrián Castellanos Peña abandonó las filas del partido el 22 de septiembre pasado y eso puso fin al control político que el partido ejercía con su bandera (desde 2012) en los 67.12 kilómetros cuadrados, siete cantones y 39 caseríos del municipio de Jutiapa. Con la renuncia del alcalde Castellanos y los resultados electorales del 28 de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas gobierna en seis alcaldías de Cabañas; GANA, en una, y el PCN, otra. El departamento está integrado por nueve municipios.
Además de la renuncia del único jefe municipal tricolor, el partido ya sufrió en Cabañas la pérdida de su único e icónico diputado, Carlos Reyes. El legislador declinó en septiembre del año pasado, y días después lo hizo su diputada suplente.
El 24 de septiembre pasado, con la renuncia del alcalde Víctor Manuel Martínez Jiménez, ARENA cedió presencia y control político en el municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán. El alcalde gobernaba desde 2003 bajo la bandera arenera sobre los 263.95 kilómetros cuadrados, 13 cantones y 71 caseríos de esa localidad. Solo conserva dos alcaldías en ese departamento: Concepción de Ataco y San Pedro Puxtla.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
