Nacionales
Rolando Castro asegura que alcaldías se están quedado con cuotas del ISSS y AFP de sus empleados.
Cerca de 15 alcaldías del país están siendo investigadas por retener las cuotas legales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP e incluso créditos personales de sus trabajadores, confirmó el ministerio de Trabajo.
De acuerdo con el titular de Trabajo, Rolando Castro hay alcaldías “de las más grandes del país” involucradas en la investigación, donde se les retienen las cuotas a los empleados, pero el dinero no está siendo depositado a las instituciones y eso le está creando inconvenientes.
“Estamos en una investigación con cerca de 15 alcaldías, incluyendo a las más grandes de este país… de que han hecho las retenciones legales como AFP, Seguro Social y hasta los créditos de los trabajadores que no están llegando y está generando interés moratorio que se les está aplicando a los trabajadores”, indicó Castro en la entrevista de Diálogo con Ernesto López.
Esta situación de que no se esté trasladando el pago a las instituciones, como en el caso del ISSS, genera que cuando uno de los empleados llega con alguna enfermedad no los están atendiendo puesto que no se ha hecho efectivo el pago patronal.
Castro dijo que se les ha dado de plazo una semana (que vence el próximo viernes 6 de septiembre) para que se pongan al día con el pago de las retenciones, si no les van a iniciar un proceso sancionatorio y también van a llevar el caso a la Fiscalía.
“Vamos a recurrir a las sanciones administrativas, con base a la Ley, pero también ya estamos haciendo coordinaciones con el fiscal general de la República, ya que ese delito es de carácter penal y cumplan de inmediato porque también vamos a ser firmes y eso no lo vamos a tolerar”, indicó.
El ministro dijo que por cuestiones del proceso no puede dar nombres de las municipalidades, pero dijo que hay alcaldías que están siendo administradas por los distintos partidos involucrados en esa situación.
Agregó que en la parte privada, se está investigando a cerca de 50 empresas que están cometiendo el mismo delito, no depositan las cuotas de sus empleados en las instituciones impidiendo el derecho a la salud que consigna las leyes salvadoreñas.
Empleados del Ministerio se ponían de acuerdo con las empresas
Castro agregó que se está llevando una investigación interna de varios trabajadores, ya que en meses anteriores cuando se denunciaba una situación como esta, empleados de la institución, que eran encargados de velar por los derechos labores, se ponían de acuerdo con las empresas para no seguir el caso.
“Nosotros encontramos sectores que se ponían de acuerdo con la parte patronal y el concepto generalizado de la clase trabajadora era de que para qué recurro al Ministerio si no hace nada. Encontramos muchas irregularidades y ausencia de liderazgo en este tipo temas, de tutela de derechos de los trabajadores”, dijo.
Incluso, dijo Castro, en algunos casos las investigaciones internas han culminado y se han interpuesto los respectivos avisos a la Fiscalía para que intervenga en la situación.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante mayo de 2025. De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el país suma ya 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes, incluyendo el miércoles 14 de mayo.
La información fue publicada por la institución policial a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde se detalló que no se reportaron asesinatos en ningún punto del territorio nacional durante la jornada del miércoles.
Los días sin homicidios durante mayo, según el registro oficial, corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Además, el país acumula cinco días consecutivos sin hechos violentos letales.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes permanentes y las acciones coordinadas entre la PNC y la Fuerza Armada, como parte de la estrategia de seguridad implementada en el marco del régimen de excepción. El gobierno ha reiterado que estas medidas han posicionado a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
Las cifras forman parte de los reportes diarios que publica la Policía Nacional Civil, como parte del monitoreo del impacto de sus políticas de seguridad y control territorial.
Internacionales
Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña
Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.
“El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.
La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.
Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.
El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.
En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.
