Nacionales
Registro electoral dará garantía de transparencia del voto exterior en 2024
Los salvadoreños que viven el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales y de diputaciones de la Asamblea Legislativa en dos modalidades: remoto por internet para quienes tiene DUI con dirección en el exterior y electrónica presencial para los connacionales domiciliados en El Salvador, según la nueva Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Desde la aprobación de este decreto, funcionarios e integrantes de los partidos de oposición ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo se han unido para dar pie a críticas y desprestigiar la normativa. En palabras de Juan Gilberto Contreras, abogado y consultor en materia electoral, los comentarios de este grupo van encaminados a «empañar un proceso electoral y una ley antes de tiempo».
«Por tendenciosas y por querer empañar el proceso electoral, desde ahorita también dicen que no habrá vigilancia en el voto en el exterior. Pero el artículo 22 de la ley aprobada dice que el Tribunal [Supremo Electoral, TSE] está obligado a garantizar la transparencia en los procesos, permitiendo la observación de los distintos actores electorales nacionales e internacionales, así como la participación de la Junta de Vigilancia [Electoral]», explicó Contreras.
Uno de los señalamientos que ha reiterado la oposición y con el que intenta cambiar la opinión de la diáspora respecto a la efectividad de la ley del voto en el extranjero ha sido cuestionar el hecho de que unos connacionales podrán votar por internet y otros deberán asistir a consulados para ejercer el sufragio.
Diputados de ARENA han hecho ver esto como «una desigualdad» en el trato hacia los salvadoreños que viven en el exterior, incluso sugieren que todos voten por internet o que se vuelva a la vía postal, sistema que ya generó muchos problemas.
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Noel Orellana, magistrado electoral, asegura que el organismo será garante de que se tenga la participación de organismos internacionales e instituciones responsables de verificar la transparencia el día de las elecciones.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
