Nacionales
Registro electoral dará garantía de transparencia del voto exterior en 2024
Los salvadoreños que viven el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales y de diputaciones de la Asamblea Legislativa en dos modalidades: remoto por internet para quienes tiene DUI con dirección en el exterior y electrónica presencial para los connacionales domiciliados en El Salvador, según la nueva Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Desde la aprobación de este decreto, funcionarios e integrantes de los partidos de oposición ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo se han unido para dar pie a críticas y desprestigiar la normativa. En palabras de Juan Gilberto Contreras, abogado y consultor en materia electoral, los comentarios de este grupo van encaminados a «empañar un proceso electoral y una ley antes de tiempo».
«Por tendenciosas y por querer empañar el proceso electoral, desde ahorita también dicen que no habrá vigilancia en el voto en el exterior. Pero el artículo 22 de la ley aprobada dice que el Tribunal [Supremo Electoral, TSE] está obligado a garantizar la transparencia en los procesos, permitiendo la observación de los distintos actores electorales nacionales e internacionales, así como la participación de la Junta de Vigilancia [Electoral]», explicó Contreras.
Uno de los señalamientos que ha reiterado la oposición y con el que intenta cambiar la opinión de la diáspora respecto a la efectividad de la ley del voto en el extranjero ha sido cuestionar el hecho de que unos connacionales podrán votar por internet y otros deberán asistir a consulados para ejercer el sufragio.
Diputados de ARENA han hecho ver esto como «una desigualdad» en el trato hacia los salvadoreños que viven en el exterior, incluso sugieren que todos voten por internet o que se vuelva a la vía postal, sistema que ya generó muchos problemas.
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Noel Orellana, magistrado electoral, asegura que el organismo será garante de que se tenga la participación de organismos internacionales e instituciones responsables de verificar la transparencia el día de las elecciones.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
