Nacionales
Registro electoral dará garantía de transparencia del voto exterior en 2024
Los salvadoreños que viven el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales y de diputaciones de la Asamblea Legislativa en dos modalidades: remoto por internet para quienes tiene DUI con dirección en el exterior y electrónica presencial para los connacionales domiciliados en El Salvador, según la nueva Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Desde la aprobación de este decreto, funcionarios e integrantes de los partidos de oposición ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo se han unido para dar pie a críticas y desprestigiar la normativa. En palabras de Juan Gilberto Contreras, abogado y consultor en materia electoral, los comentarios de este grupo van encaminados a «empañar un proceso electoral y una ley antes de tiempo».
«Por tendenciosas y por querer empañar el proceso electoral, desde ahorita también dicen que no habrá vigilancia en el voto en el exterior. Pero el artículo 22 de la ley aprobada dice que el Tribunal [Supremo Electoral, TSE] está obligado a garantizar la transparencia en los procesos, permitiendo la observación de los distintos actores electorales nacionales e internacionales, así como la participación de la Junta de Vigilancia [Electoral]», explicó Contreras.
Uno de los señalamientos que ha reiterado la oposición y con el que intenta cambiar la opinión de la diáspora respecto a la efectividad de la ley del voto en el extranjero ha sido cuestionar el hecho de que unos connacionales podrán votar por internet y otros deberán asistir a consulados para ejercer el sufragio.
Diputados de ARENA han hecho ver esto como «una desigualdad» en el trato hacia los salvadoreños que viven en el exterior, incluso sugieren que todos voten por internet o que se vuelva a la vía postal, sistema que ya generó muchos problemas.
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Noel Orellana, magistrado electoral, asegura que el organismo será garante de que se tenga la participación de organismos internacionales e instituciones responsables de verificar la transparencia el día de las elecciones.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
