Nacionales
Registro electoral dará garantía de transparencia del voto exterior en 2024
Los salvadoreños que viven el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales y de diputaciones de la Asamblea Legislativa en dos modalidades: remoto por internet para quienes tiene DUI con dirección en el exterior y electrónica presencial para los connacionales domiciliados en El Salvador, según la nueva Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Desde la aprobación de este decreto, funcionarios e integrantes de los partidos de oposición ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo se han unido para dar pie a críticas y desprestigiar la normativa. En palabras de Juan Gilberto Contreras, abogado y consultor en materia electoral, los comentarios de este grupo van encaminados a «empañar un proceso electoral y una ley antes de tiempo».
«Por tendenciosas y por querer empañar el proceso electoral, desde ahorita también dicen que no habrá vigilancia en el voto en el exterior. Pero el artículo 22 de la ley aprobada dice que el Tribunal [Supremo Electoral, TSE] está obligado a garantizar la transparencia en los procesos, permitiendo la observación de los distintos actores electorales nacionales e internacionales, así como la participación de la Junta de Vigilancia [Electoral]», explicó Contreras.
Uno de los señalamientos que ha reiterado la oposición y con el que intenta cambiar la opinión de la diáspora respecto a la efectividad de la ley del voto en el extranjero ha sido cuestionar el hecho de que unos connacionales podrán votar por internet y otros deberán asistir a consulados para ejercer el sufragio.
Diputados de ARENA han hecho ver esto como «una desigualdad» en el trato hacia los salvadoreños que viven en el exterior, incluso sugieren que todos voten por internet o que se vuelva a la vía postal, sistema que ya generó muchos problemas.
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Pero Contreras desmiente que se trate de un tema de desigualdad; por el contrario, indica que «es una cuestión de transparencia», debido a que los compatriotas que tienen DUI con residencia en El Salvador aparecerán en los padrones electorales que el TSE distribuya en los municipios, y para cerrar cualquier posibilidad de que voten dos veces se pide su asistencia física a un consulado.
«Si estas personas votaran por internet podrían dejar las dudas de que voten por internet y también vengan a votar al país», añadió el consultor.
Los connacionales domiciliados en el extranjero estarán inscritos en un registro electoral para el voto electrónico, que establece la nueva ley en su artículo 13, y no aparecerán en ningún padrón en El Salvador.
«Es un mecanismo de transparencia, para mí muy acertado. Si usted tiene su dirección en El Salvador, vote en un consulado, porque lo están viendo físicamente a usted emitir su voto. No es cuestión de desigualdad, es más cuestión de una garantía de que no se repita la oportunidad de votar», explicó Contreras.
También rechazó la idea de que exista un fraude electoral en 2024 y nula vigilancia en los procesos, y calificó como «ilógicos» los señalamientos de algunos sectores que intentan «asustar con el tema».
El analista Juan Maldonado expresó recientemente que «siempre se tiende a asustar con el petate del muerto al argumentar el tema del fraude electoral», y aseguró que «se tiene que confiar en el sistema y en el TSE».
Noel Orellana, magistrado electoral, asegura que el organismo será garante de que se tenga la participación de organismos internacionales e instituciones responsables de verificar la transparencia el día de las elecciones.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
