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PREOCUPANTE: En El Salvador aumenta el número de menores abusadas sexualmente, según estudios del CONNA
Cada tres horas, una menor de edad es sometida y violada en El Salvador. El 51 % de los delitos sexuales ocurren en casas conocidas y a manos de sus padres o padrastros.
Estos datos fueron revelados por autoridades del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna) quien confirmó los casos durante el 2018.
La directora del Conna, Zaira Navas, confirmó que ese año hubo 1,847 niñas (hasta los 14 años) que fueron violadas. A eso se le agrega que 1,258 adolescentes, entre los 15 y 17 años, fueron víctimas de estupro.
En ambos rubros la sumatoria dejó como resultado 3,105 casos en un año, es decir, un promedio diario de ocho ataques sexuales.
La mayoría de las violaciones ocurrieron en las viviendas donde residen las víctimas, pero también donde habitan familiares. Los responsables, como dato peculiar del estudio, son los progenitores o padrastros.
“En su mayoría ocurren (las violaciones) por los compañeros de vida de las madres, lamentablemente (también) por los padres; la familia debe ser el entorno protector, los abuelos, los hermanos, tíos o personas en las que dejan a los niños bajo el cuidado y en algunos casos maestros de las escuelas”, explicó la directora.
Se ha detectado otro problema, indicó Navas, y es que se han reportado casos de abusos sexuales de parte de profesores de centros educativos en contra de alumnos con alguna discapacidad física o de otro tipo.
Debido a que los principales involucrados en violaciones a menores son los familiares, dijo Navas, es necesario que se imparta la educación sexual adecuada.
“Podemos detectar que el niño y la niña no se siente cómodo con alguna persona con la que se encuentra, si el niño o la niña no quiere quedarse ahí. Hay diferentes expresiones de los niños que hacen que un padre o una madre puedan detectar que el niño tiene miedo, que algo está pasando y que quiere su atención”, detalló la funcionaria.
Pidió a los padres de familia creerles a sus hijos cuando estén denunciado una situación de esa magnitud porque de esa manera se ayuda acabar cuanto antes con la situación.
“Les pedimos a los padres creerles, escucharles, poner la denuncia y acompañarles en ese proceso”, agregó.
123, número telefónico para denunciar
La institución ha habilitado una línea telefónica, con el número 123, para que ya sean los padres, otras personas o incluso los niños quienes puedan realizar las denuncias a la institución y ellos se van a encargar de hacer las coordinaciones respectivas.
“Pueden contar su caso, es absolutamente confidencial. Es una línea que permite que los niños y las niñas se comuniquen, que reciban atención psicológica, pueden hablar con trabajadores sociales, abogados, pueden poner su denuncia, pero también pueden acudir a cualquiera de las 16 sedes de las Juntas de Protección (una en cada departamento y tres en San salvador)”, dijo Navas.
En la atención que se da a la población a través de la línea, se ha establecido que quienes más denuncias han interpuesto son los familiares de la víctima y no necesariamente los afectados.
Otra de las fuentes de denuncias son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, este último a través del sistema hospitalario, al reportar los casos que les estén llegando.
“Hay que presentar las denuncias ante las Juntas de Protección para que ese niño o esa niña reciba una medida de protección”, agregó.
Navas comentó que el Conna está trabajando de la mano con la Policía para efectuar los procedimientos respectivo.
Por El Salador Times.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
