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Pandilleros que se jactaban de su criminalidad en TikTok ya están presos
Presumir por pertenecer a la Mara Salvatrucha o al Barrio 18 era el objetivo de varios pandilleros a través de la red social del momento, TikTok, sin embargo, tras una investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) los terroristas fueron ubicados y ahora ya están tras las rejas de diferentes centros penitenciarios donde podrían pasar los próximos 20 años.
Entre los últimos terroristas ubicados luego de subir videos por la referida red social está Javier Jonathan Martínez, quien se burlaba de la justicia e incita a los familiares de los pandilleros a «tomarse las cárceles» y dar un golpe de estado contra el Presidente Nayib Bukele para revertir el régimen de excepción. El hombre ya tiene antecedentes, entre 2015 y 2020 fue capturado 3 veces por agrupaciones ilícitas, pero varios jueces lo liberaron.
En el 2015, vigilaba mientras otros terroristas asesinaron a un policía, fue capturado y también fue liberado por un juez, según la Policía. Ahora será procesado por: Sedición, agrupaciones ilícitas y apología del delito.
Otra de las detenidas es Liliana Trinidad Salazar de 35 años, alias «Malévola», producía videos donde presumía su pertenencia a la pandilla 18.
De acuerdo con el reporte oficial, la Malévola recogía el dinero de la extorsión y amenazaba a vendedores. De la zona de Chalchuapa, lugar donde fue arrestada el pasado 16 de mayo.
Otro de los terroristas que alardeaba ser miembro de la pandilla por la referida red social era José Alfredo Aparicio, alias «El Enano», a quien la Policía Nacional Civil (PNC) lo tenía perfilado como jefe de pandillas. El delincuente fue capturado en el cantón El Espino, Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Las autoridades indicaron que, por ser cabecilla, le esperan de 40 a 45 años de prisión, luego que los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron el Código Penal e incrementaron las penas para los miembros de pandillas.
El Enano tiene cuentas pendientes con la justicia. Entre 2014 y 2020 fue procesado varias veces, sin embargo, fue absuelto por diversos jueces.
Entre sus pendientes con la justicia están la portación ilegal de tres armas de fuego y una granada M-67, dos veces por homicidio agravado, feminicidio agravado, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.
En un caso similar, la PNC arrestó a Erika Beatriz Villanueva Aldana, quien se jactaba de ser pandillera en redes sociales. La Corporación explicó que Villanueva grababa videos en TikTok donde presumía pertenecer a la mara. La mujer fue detenida en el cantón San Juan Las Minas, Metapán, Santa Ana y enfrenta un proceso por los delitos de agrupaciones ilícitas y apología.
El día del arresto de Villanueva Aldana, el director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, «esta mujer incitaba a los jóvenes a pertenecer a estructuras criminales».
Las autoridades del Gabinete de Seguridad reiteran que el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas para proteger a las familias salvadoreñas del accionar criminal, de los grupos de terroristas que ha dejado luto, dolor y pérdidas económicas debido a las extorsiones que por muchos años las estructuras terroristas exigieron a las victimas bajo amenazas de muerte a ellos o a miembros de sus familias.
Otro de los que se jactaba por estar activo en la mara era René Amilcar Flores Martínez, alias «Sastre», quien las investigaciones detallaron que colaboraba con los terroristas en diferentes actividades ilícitas.
El Sastre fue detenido en un Operativo de Intervención Rápida (OIR) ejecutado en el mercado de la colonia Santa Lucía, Ilopango. El hombre podría enfrentar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Uno de los más recientes casos durante el régimen de excepción es la aprehensión de Nayeli Cantarero, quien fue ubicada Ejército y luego entregada a la Policía por pertenecer a grupos terroristas y publicar contenido alusivo a pandillas en TikTok. Cantarero es originaria de San José Villanueva, La Libertad y al momento del arresto se ocultaba junto a otra mujer en Sensuntepeque, Cabañas.
Días antes de la entrada en vigencia del combate frontal a las pandillas, la PNC detuvo a José Rubelí Benítez alias «Crimen», un pandillero de la 18 que subía videos a la red social y se burlaba de la justicia, además se jactaba de su pandilla.
Las autoridades le siguieron la pista y fue arrestado por agentes de la Sección Táctica Operativa en La Unión. El Crimen es procesado por agredir a un agente policial, además de los delitos de robo agravado y tenencia de droga.
Este terrorista también es investigado por otros delitos, ya que este sujeto ordenaba el cometimiento de ilícitos a otros mareros.
MARERO MOSTRABA LUJOS EN LA RED SOCIAL
El pasado 14 de junio de 2021, tras una investigación de la Fiscalía, la Policía capturó a David Ernesto Bermúdez Martínez, alías «Quisquilluelo», quien se vanagloriaba en TikTok sobre todos sus lujos que según las pesquisas son producto de las extorsiones a comerciantes en el municipio de Corinto, Morazán.
El marero además administraba un aparente negocio de comida llamado Mirador Entre Nubes situado en la calle a Cacaopera, lugar en el que, según la Policía, se reunían para planificar los crímenes.
En su cuenta de Tik Tok @martinez0134, «Quisquilluelo» publicaba videos que alardeaban de los lujos que la mara tenía: entre ellos el supuesto comedor publicitado como un concepto único con la mejor vista panorámica de todo el país, en el lugar a parte del servicio de comida ofrecían áreas de descanso, piscinas, paseos en pony y un recorrido para apreciar especies animales como un mono de la especie conocida como Cara Blanca, dos guaras y una tortuga.
En la red social, Bermúdez Martínez también subía videos que mostraban la ostentosa vida, al mejor estilo narco, que él y varios de su estructura tenían. En los clips se observaban modernas camionetas, pick up y motos 4×4, dinero tirado en camas o entre ramos de rosas y chocolates decorados como un regalo, relojes, joyas, la construcción de áreas recreativas del supuesto negocio, celebraciones de fiestas con discomóvil y guardaespaldas equipados con chalecos antibalas, fusiles y revólveres.
Cada video era acompañado de música de banda o trap, géneros musicales frecuentemente utilizados por bandas criminales como los narcotraficantes.
Principal
BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
