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Pandilleros que se jactaban de su criminalidad en TikTok ya están presos
Presumir por pertenecer a la Mara Salvatrucha o al Barrio 18 era el objetivo de varios pandilleros a través de la red social del momento, TikTok, sin embargo, tras una investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) los terroristas fueron ubicados y ahora ya están tras las rejas de diferentes centros penitenciarios donde podrían pasar los próximos 20 años.
Entre los últimos terroristas ubicados luego de subir videos por la referida red social está Javier Jonathan Martínez, quien se burlaba de la justicia e incita a los familiares de los pandilleros a «tomarse las cárceles» y dar un golpe de estado contra el Presidente Nayib Bukele para revertir el régimen de excepción. El hombre ya tiene antecedentes, entre 2015 y 2020 fue capturado 3 veces por agrupaciones ilícitas, pero varios jueces lo liberaron.
En el 2015, vigilaba mientras otros terroristas asesinaron a un policía, fue capturado y también fue liberado por un juez, según la Policía. Ahora será procesado por: Sedición, agrupaciones ilícitas y apología del delito.
Otra de las detenidas es Liliana Trinidad Salazar de 35 años, alias «Malévola», producía videos donde presumía su pertenencia a la pandilla 18.
De acuerdo con el reporte oficial, la Malévola recogía el dinero de la extorsión y amenazaba a vendedores. De la zona de Chalchuapa, lugar donde fue arrestada el pasado 16 de mayo.
Otro de los terroristas que alardeaba ser miembro de la pandilla por la referida red social era José Alfredo Aparicio, alias «El Enano», a quien la Policía Nacional Civil (PNC) lo tenía perfilado como jefe de pandillas. El delincuente fue capturado en el cantón El Espino, Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Las autoridades indicaron que, por ser cabecilla, le esperan de 40 a 45 años de prisión, luego que los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron el Código Penal e incrementaron las penas para los miembros de pandillas.
El Enano tiene cuentas pendientes con la justicia. Entre 2014 y 2020 fue procesado varias veces, sin embargo, fue absuelto por diversos jueces.
Entre sus pendientes con la justicia están la portación ilegal de tres armas de fuego y una granada M-67, dos veces por homicidio agravado, feminicidio agravado, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.
En un caso similar, la PNC arrestó a Erika Beatriz Villanueva Aldana, quien se jactaba de ser pandillera en redes sociales. La Corporación explicó que Villanueva grababa videos en TikTok donde presumía pertenecer a la mara. La mujer fue detenida en el cantón San Juan Las Minas, Metapán, Santa Ana y enfrenta un proceso por los delitos de agrupaciones ilícitas y apología.
El día del arresto de Villanueva Aldana, el director de la Policía Nacional Civil, Comisionado Mauricio Arriaza Chicas, «esta mujer incitaba a los jóvenes a pertenecer a estructuras criminales».
Las autoridades del Gabinete de Seguridad reiteran que el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas para proteger a las familias salvadoreñas del accionar criminal, de los grupos de terroristas que ha dejado luto, dolor y pérdidas económicas debido a las extorsiones que por muchos años las estructuras terroristas exigieron a las victimas bajo amenazas de muerte a ellos o a miembros de sus familias.
Otro de los que se jactaba por estar activo en la mara era René Amilcar Flores Martínez, alias «Sastre», quien las investigaciones detallaron que colaboraba con los terroristas en diferentes actividades ilícitas.
El Sastre fue detenido en un Operativo de Intervención Rápida (OIR) ejecutado en el mercado de la colonia Santa Lucía, Ilopango. El hombre podría enfrentar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Uno de los más recientes casos durante el régimen de excepción es la aprehensión de Nayeli Cantarero, quien fue ubicada Ejército y luego entregada a la Policía por pertenecer a grupos terroristas y publicar contenido alusivo a pandillas en TikTok. Cantarero es originaria de San José Villanueva, La Libertad y al momento del arresto se ocultaba junto a otra mujer en Sensuntepeque, Cabañas.
Días antes de la entrada en vigencia del combate frontal a las pandillas, la PNC detuvo a José Rubelí Benítez alias «Crimen», un pandillero de la 18 que subía videos a la red social y se burlaba de la justicia, además se jactaba de su pandilla.
Las autoridades le siguieron la pista y fue arrestado por agentes de la Sección Táctica Operativa en La Unión. El Crimen es procesado por agredir a un agente policial, además de los delitos de robo agravado y tenencia de droga.
Este terrorista también es investigado por otros delitos, ya que este sujeto ordenaba el cometimiento de ilícitos a otros mareros.
MARERO MOSTRABA LUJOS EN LA RED SOCIAL
El pasado 14 de junio de 2021, tras una investigación de la Fiscalía, la Policía capturó a David Ernesto Bermúdez Martínez, alías «Quisquilluelo», quien se vanagloriaba en TikTok sobre todos sus lujos que según las pesquisas son producto de las extorsiones a comerciantes en el municipio de Corinto, Morazán.
El marero además administraba un aparente negocio de comida llamado Mirador Entre Nubes situado en la calle a Cacaopera, lugar en el que, según la Policía, se reunían para planificar los crímenes.
En su cuenta de Tik Tok @martinez0134, «Quisquilluelo» publicaba videos que alardeaban de los lujos que la mara tenía: entre ellos el supuesto comedor publicitado como un concepto único con la mejor vista panorámica de todo el país, en el lugar a parte del servicio de comida ofrecían áreas de descanso, piscinas, paseos en pony y un recorrido para apreciar especies animales como un mono de la especie conocida como Cara Blanca, dos guaras y una tortuga.
En la red social, Bermúdez Martínez también subía videos que mostraban la ostentosa vida, al mejor estilo narco, que él y varios de su estructura tenían. En los clips se observaban modernas camionetas, pick up y motos 4×4, dinero tirado en camas o entre ramos de rosas y chocolates decorados como un regalo, relojes, joyas, la construcción de áreas recreativas del supuesto negocio, celebraciones de fiestas con discomóvil y guardaespaldas equipados con chalecos antibalas, fusiles y revólveres.
Cada video era acompañado de música de banda o trap, géneros musicales frecuentemente utilizados por bandas criminales como los narcotraficantes.
Al reanudarse el juicio del exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, la Fiscalía General de la República presentó, este miércoles, la declaración de dos contadoras públicas que auditaron la gestión municipal del imputado.
Una de las peritas, dijo que cuando ella fue auditora gubernamental, junto a una colega fueron citadas al extinto Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador para elaborar una pericia financiera contable de la administración de Miranda y su concejo municipal.
En el examen realizado, las expertas encontraron varias irregularidades, uno de los hallazgos fue la utilización de fondos públicos de forma ilegal. A pregunta de uno de los fiscales, la contadora dijo a la jueza de la causa, que en 2009, el concejo municipal presidido por Juan Miranda Pérez, no aprobó ningún acuerdo de presupuesto para ese año, pese a que la ley establece que es obligación.
Al no tener un acuerdo de aprobación se incurrió en un incumplimiento del Código Municipal, citó la exauditora gubernamental.
El principal hallazgo en la gestión municipal iniciada el 1 de mayo de 2009 y finalizada el 30 de abril de 2012, fue que parte del dinero asignado como parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador (Fodes), fue utilizado para el pago de dietas por un monto de $18,772.
«Ese pago es ilegal porque el Fodes establece que es para realizar proyectos y programas de desarrollo municipal» dijo la perita.
La vista pública comenzó el pasado 11 de febrero y entró en receso para continuar hoy, en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, en contra del imputado acusado por los delitos de peculado [apropiarse de bienes del Estado] y malversación, en perjuicio de la administración pública y de la Alcaldía de Rosario de Mora.
Según el ministerio público, durante la administración municipal del imputado se destinaron fondos de la municipalidad y del Fodes para fines distintos, ajenos al municipio, lo que causó un perjuicio económico de $130,000.
Esa acusación fue reforzada con el peritaje que fue defendido por las dos expertas que se encargaron de elaborarlo.
El defensor del exalcalde, en sus alegatos iniciales dijo al tribunal que no se ha configurado el delito de peculado ya que Miranda Pérez no tuvo ningún beneficio personal y que en todo caso lo que podría haberse dado es una malversación.
Mientras miles de trabajadores, se dedican a la corta, recolección y traslado de caña de azúcar, la Policía Nacional Civil mantiene intensos patrullajes, que se enmarcan en el Plan Control Territorial. Los agentes policiales también recorren áreas dedicadas a la ganadería y a la agricultura.
«Jornadas seguras tienen los trabajadores de la zafra, en el departamento de La Paz. La Policía Rural se mantiene vigilante de las zonas agrícolas y ganaderas», informó la corporación policial en sus redes sociales, mostrando imágenes de los agentes, en el desarrollo de patrullajes.
En este momento, El Salvador se mantiene en pleno desarrollo de la zafra que inicia en noviembre y culmina usualmente en abril.
«La Policía Rural patrulla por los amplios terrenos previniendo incidentes. Garantizar la seguridad a los salvadoreños es nuestra prioridad, por eso patrullamos en todos los distritos del territorio nacional», destacó la corporación policial en redes sociales junto a imágenes de los agentes del orden cruzando ríos, patrullando a caballo, cruzando veredas y cuidando áreas de cultivo a nivel nacional.
En esta temporada de zafra, la Policía ha incluido su atención en esta área productiva que está generando miles de empleos. De acuerdo a la Asociación Azucarera de El Salvador (AAES) , para la zafra 2025 y 2026 esperan procesar 6.5 millones de toneladas de caña y producir 720,000 toneladas métricas de azúcar. Estas cifras representan un incremento respecto al ciclo anterior, que cerró con 6 millones de toneladas de caña y 687,157 toneladas de azúcar, según la AAES. «La seguridad se mantiene activa en todo momento, protegiendo a los productores y habitantes del sector», informó la Policía.
El Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad ordenó que sigan en la cárcel, Juan Diego Girón Ayala y Juan Diego Villalta Abarca, ambos de 22 años, quienes según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República, se dedicaban a robar pertenencias de los peatones del barrio El Calvario, distrito de La Libertad, La Libertad Costa.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los capturó el 1 de febrero de 2026, de forma infraganti cuando se conducían en una motocicleta que no portaba placas.
Una de sus víctimas alertó a un equipo de agentes policiales para que los ubicara y arrestara, al momento de la captura les decomisaron un celular, una navaja de empuñadura y 95 dólares.
Enfrentan la causa penal mediante un proceso sumario, al finalizar la audiencia inicial, el juzgado otorgó 60 días para la fase de investigación, en ese plazo la Fiscalía deberá recopilar nuevos elementos para que en la próxima audiencia se defina la situación jurídica de los dos acusados.
