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Pandilleros mueren abatidos a tiros tras enfrentarse con agentes de la PNC
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha fortalecido las acciones del Plan Control Territorial para sacar de circulación a miembros activos de pandillas acusados de diferentes delitos en el país, con el propósito de dar tranquilidad a la población salvadoreña.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han desplegado intensos operativos de búsqueda de pandilleros que tienen órdenes judiciales de captura en su contra por los delitos de homicidio, extorsión, violación, privación de libertad, entre otros ilícitos.
Los operativos de búsqueda de delincuentes son desarrollados en diferentes puntos del país, donde los delincuentes han generado zozobra mediante amenazas en los pobladores.
Cabe destacar que, en las últimas 72 horas se han registrado varios enfrentamientos armados, donde han fallecido miembros activos de pandillas.
Cantón El Bañadero de Guacotecti, Cabañas
Cantón Tilapa del municipio de Huizúcar, La Libertad
El viernes anterior, el Presidente Bukele anunció el fortalecimiento de la estrategia de seguridad con la ejecución de las siguientes fases del Plan Control Territorial, las cuales estarán enfocadas en la prevención de los delitos y en la reducción en el índice de impunidad en el país.
Las fases dos y tres de la estrategia de seguridad tuvieron un retraso en su aplicación debido al bloqueo que mantuvieron los diputados de la anterior Asamblea Legislativa para la aprobación del financiamiento para su puesta en marcha.
Con la llegada de los actuales diputados de la Asamblea Legislativa se logró desentrampar el financiamiento requerido y próximamente se espera que el Gobierno reciba los recursos para la implementación completa de las dos fases que estaban pendientes.
El mandatario salvadoreño además anunció que está por implementarse la fase cuatro de la estrategia, siempre con el objetivo primario de garantizar el resguardo de la vida de los ciudadanos y de desmontar estructuras que por años han causado dolor y luto.
El Plan Control Territorial comenzó a implementarse el 20 de junio de 2019, a pocos días del inicio de la actual gestión presidencial, con el propósito de reducir el índice de criminalidad ante el abandono de anteriores administraciones.
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
