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Nuevo sistema de transporte reordenará recorrido de rutas y zonas
La nueva ley de transporte, de la cual ya hay un dictamen favorable pendiente de ser aprobado, tiene como objetivo generar las condiciones idóneas para que peatones y conductores se desplacen de forma segura por las diferentes arterias del país. En la referida ley se establece que se creará la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial y que esta tendrá diferentes divisiones operativas.
Dos de esas divisiones serán la Dirección General de Transporte Terrestre y la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, que tendrán bajo su supervisión el funcionamiento y la operación de las unidades del transporte colectivo de pasajeros.
En la propuesta de ley dictaminada se establece que ambas divisiones trabajarán de forma articulada para definir el ordenamiento de la circulación de los buses y microbuses que deberán cumplir con los permisos respectivos.
Según el proyecto legal, podrán crearse nuevas rutas, las cuales se definirán acordes con la necesidad que exista y la demanda del servicio.
La ley explica que si la Dirección General de Transporte Terrestre lo considera, podrán habilitarse recorridos por zonas geográficas y que no serán los mismos de las rutas de buses o microbuses, como parte de un proceso de reordenamiento de la circulación vehicular.
Estrictamente, la normativa menciona que los nuevos recorridos podrán habilitarse con base en la necesidad técnica comprobada y sin que haya una solicitud de concesión.
El diputado Salvador Chacón, quien es presidente de la comisión de obras públicas, transporte y vivienda, explicó que esta nueva forma de ordenar el transporte tendrá como enfoque prioritario al peatón y que se fomente el uso del transporte colectivo.
«En el pasado existía una serie de burocracia en el sector transporte. Desde la comisión de obras públicas estamos analizando qué territorios necesitan mayor cobertura de este servicio», expuso el legislador.
Bajo la nueva ley, el proceso de concesión de rutas se regirá bajo varios elementos, entre los que se mencionan el detalle del recorrido, el punto de inicio del viaje y el punto de llegada, así como las paradas para abordaje y desabordaje.
Además, el peticionario o concesionario deberá contar con unidades de transporte que no sobrepasen los 15 años de fabricación, con un sistema de videovigilancia y caja única, y personal certificado para transportar a pasajeros.
El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, detalló al ser llamado ante la comisión en la etapa de análisis de la propuesta que cuando la ley entre en vigor se emitirá un reglamento general de transporte terrestre en el que se van a detallar los tipos de recorridos que estarán habilitados para el transporte masivo, colectivo, selectivo, especial, alternativo local y transporte excepcional de pasajeros con carga en pick-up.
Castelar hizo mención de que el objetivo es incentivar a que la población vuelva a usar el transporte público para trasladarse y así reducir el movimiento de vehículos privados.
«Sabemos que el parque vehicular en El Salvador creció porque la población ya no quería viajar en bus. Hablamos de un transporte colectivo inseguro, desordenado, irrespetuoso. Con la nueva ley se va a garantizar que los empresarios cuenten con buses modernos, seguros, en los que los ciudadanos puedan trasladarse y no requerir un vehículo privado», expresó a los legisladores.
En cuanto a la clasificación del transporte público terrestre también se definió que el masivo es el que tendrá la mayor capacidad de movilización de personas e incluirá unidades con ruedas neumáticas o en rieles, previendo la inclusión de trenes; le seguirá el colectivo, que solo incluirá buses y microbuses. Estas dos formas de transporte serán las que atenderán la mayor demanda de la población, ya que estarán en todo el territorio nacional.
Por otra parte, el transporte especial estará destinado a determinados grupos, como iglesias o escuelas; el selectivo será en un acuerdo entre un cliente y un prestador de servicio privado de transporte con un precio y un recorrido ya acordados.
El alternativo local será el que se desarrolle en una determinada zona donde no funcione ni el masivo, ni el colectivo o el selectivo.
La última forma de transporte contemplada en la nueva ley será el excepcional, para suplir la necesidad de movilizar a pasajeros o cargas de un lugar a otro en donde ninguno de los anteriores puede dar el servicio.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
