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Mujer que trabajaba en una oficina jurídica fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario
Una mujer que trabajaba en una oficina jurídica en las cercanías de Sertracen fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario a quien le fue plagiado sus autorizaciones con las que se contabilizaron más de 400 documentos considerados falsos.
Una investigación de las autoridades estableció que la mujer se valió de la autorización obtenida por un abogado a quien sin su consentimiento le plagió los objetos jurídicos para recibir ganancias desde el año 2014.
Miriam H., laboraba en una tramitadora ubicada en el centro comercial Metro Gangas donde su función principal era atender a los clientes que querían adquirir un vehículo y necesitaban de una compraventa, razón que la llevó a conocer a Alonso (nombre modificado por seguridad) y su hermano quienes fueron los últimos clientes que atendió tras quedar en evidencia ante las autoridades.
El 30 de octubre del 2013, la mujer y sus clientes acordaron los términos sobre el traspaso solicitado, por lo que se procedió a emitir la compraventa con firma y sello de un notario, previamente plasmada en una hoja en blanco.
Hasta ese momento todo marcha con normalidad, el trámite fue rápido y sencillo y los hombres sentían emocionados de su nueva adquisición, sin embargo, sus ánimos cambiaron cuando empleados de Sertracen les explicaron que el documento era falso y que debía ser remitido a las autoridades.
La sorpresa les cayó como un balde de agua fría para los hombres que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de uso y portación de documentos falsos en contra de Miriam.
En sede fiscal, Alonso y su hermano fueron notificados que su caso iba a ser sumado al expediente de la mujer a quien le contabilizaron más de 400 víctimas las cuales residían en diferentes zonas del país.
Firma y sello eran vendidas a $1
Según el expediente judicial, la firma y sello pertenecen a Manuel (nombre modificado por seguridad) un notario que en 2014 se enteró que desconocidos le tomaron su firma y sello para plasmarlo en hojas en blanco que eran vendidas por $1 a las diferentes casas tramitadoras de vehículos.
El abogado decidió interponer el aviso a las diferentes instituciones judiciales por los reclamos que comenzó a recibir de supuestos clientes, con los que jamás había tratado, por las irregularidades señaladas en Sertracen.
Fue hasta diciembre del 2017 que el ministerio público golpeó a la estructura que se lucraba de la firma del abogado en un mega operativo realizado en varios puntos de la capital donde fueron detenidas unas 20 personas.
Al conocer su situación jurídica, Miriam decidió presentarse voluntariamente a los tribunales para enfrentar el proceso judicial en su contra debido a la denuncia de los hermanos. El caso llegó hasta la etapa de sentencia.
Pese a la acusación, en ningún momento se constató que la imputada había sido la responsable de la falsificación de dicho documento. La imputada fue catalogada por su abogada como una “persona aislada del hecho”.
Mientras tanto, la Fiscalía explicó que el propietario del vehículo no ha logrado ponerlo en circulación debido a este problema judicial, aunque, decidió no seguir presentándose a los tribunales ya que “no quería saber más nada del caso».
Luego de varias horas de juicio, la jueza del Juzgado Quinto de Sentencia decidió absorber de toda responsabilidad penal y civil a la mujer señalando que no había manera alguna de comprobar la intención de perjudicar a las víctimas que la señalaron en un primer momento. Cuando Miriam escuchó el fallo no logró contener las lágrimas ya que había pasado varios meses en el proceso.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
