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Mujer que trabajaba en una oficina jurídica fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario
Una mujer que trabajaba en una oficina jurídica en las cercanías de Sertracen fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario a quien le fue plagiado sus autorizaciones con las que se contabilizaron más de 400 documentos considerados falsos.
Una investigación de las autoridades estableció que la mujer se valió de la autorización obtenida por un abogado a quien sin su consentimiento le plagió los objetos jurídicos para recibir ganancias desde el año 2014.
Miriam H., laboraba en una tramitadora ubicada en el centro comercial Metro Gangas donde su función principal era atender a los clientes que querían adquirir un vehículo y necesitaban de una compraventa, razón que la llevó a conocer a Alonso (nombre modificado por seguridad) y su hermano quienes fueron los últimos clientes que atendió tras quedar en evidencia ante las autoridades.
El 30 de octubre del 2013, la mujer y sus clientes acordaron los términos sobre el traspaso solicitado, por lo que se procedió a emitir la compraventa con firma y sello de un notario, previamente plasmada en una hoja en blanco.
Hasta ese momento todo marcha con normalidad, el trámite fue rápido y sencillo y los hombres sentían emocionados de su nueva adquisición, sin embargo, sus ánimos cambiaron cuando empleados de Sertracen les explicaron que el documento era falso y que debía ser remitido a las autoridades.
La sorpresa les cayó como un balde de agua fría para los hombres que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de uso y portación de documentos falsos en contra de Miriam.
En sede fiscal, Alonso y su hermano fueron notificados que su caso iba a ser sumado al expediente de la mujer a quien le contabilizaron más de 400 víctimas las cuales residían en diferentes zonas del país.
Firma y sello eran vendidas a $1
Según el expediente judicial, la firma y sello pertenecen a Manuel (nombre modificado por seguridad) un notario que en 2014 se enteró que desconocidos le tomaron su firma y sello para plasmarlo en hojas en blanco que eran vendidas por $1 a las diferentes casas tramitadoras de vehículos.
El abogado decidió interponer el aviso a las diferentes instituciones judiciales por los reclamos que comenzó a recibir de supuestos clientes, con los que jamás había tratado, por las irregularidades señaladas en Sertracen.
Fue hasta diciembre del 2017 que el ministerio público golpeó a la estructura que se lucraba de la firma del abogado en un mega operativo realizado en varios puntos de la capital donde fueron detenidas unas 20 personas.
Al conocer su situación jurídica, Miriam decidió presentarse voluntariamente a los tribunales para enfrentar el proceso judicial en su contra debido a la denuncia de los hermanos. El caso llegó hasta la etapa de sentencia.
Pese a la acusación, en ningún momento se constató que la imputada había sido la responsable de la falsificación de dicho documento. La imputada fue catalogada por su abogada como una “persona aislada del hecho”.
Mientras tanto, la Fiscalía explicó que el propietario del vehículo no ha logrado ponerlo en circulación debido a este problema judicial, aunque, decidió no seguir presentándose a los tribunales ya que “no quería saber más nada del caso».
Luego de varias horas de juicio, la jueza del Juzgado Quinto de Sentencia decidió absorber de toda responsabilidad penal y civil a la mujer señalando que no había manera alguna de comprobar la intención de perjudicar a las víctimas que la señalaron en un primer momento. Cuando Miriam escuchó el fallo no logró contener las lágrimas ya que había pasado varios meses en el proceso.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Centro Nacional de Registros (CNR), a través del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI), presentó el Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de Propiedad Intelectual (CEMCAPI), el cual nace con el objetivo de agilizar y dinamizar el clima de negocios en el país.
Las autoridades explicaron que este proyecto fue desarrollado en colaboración estratégica con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para descongestionar el sistema judicial y ofrecer a los usuarios una alternativa rápida, económica y especializada para resolver conflictos sobre marcas, patentes y derechos de autor.
El nuevo mecanismo abarca controversias contractuales y extracontractuales en materia de signos distintivos, patentes y derechos conexos, y se fundamenta en los artículos 6 y 7 de la Ley de Propiedad Intelectual, promoviendo el acceso a la justicia mediante vías alternas como la mediación, la conciliación y el arbitraje.
«La implementación del servicio no es una promesa, es una realidad probada. Desde agosto de 2025, el ISPI ejecutó un plan piloto con resultados contundentes», subraya el CNR a través de un comunicado de prensa.
En este sentido, detalla que, en controversias sobre Derechos de Autor (tarifas entre Entidades de Gestión Colectiva y usuarios), se alcanzó un 100 % de acuerdos satisfactorios.
Mientras tanto, en procesos de oposición de signos distintivos (marcas), se lograron resolver conflictos complejos, evitando prolongados trámites administrativos.
El evento de lanzamiento del CEMCAPI contó con la presencia y participación de funcionarios del Centro Nacional de Registros; representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), firmas legales especializadas y representantes de la OMPI.
«Con este nuevo Centro de Mediación no solo estamos descongestionando los tribunales civiles y mercantiles, sino que también enviamos un mensaje claro a innovadores, artistas y empresarios: en El Salvador sus derechos se protegen de manera eficiente, marcando con esta iniciativa un antes y un después en la seguridad jurídica de los creativos y empresarios salvadoreños», reitera la comunicación oficial.
Añade que lo que antes tardaba años en resolverse en un juicio, hoy busca una solución mediante el diálogo especializado, reduciendo significativamente los tiempos y costos para los usuarios
Este proyecto cuenta con un grupo de 25 servidores públicos del ISPI, quienes han sido capacitados rigurosamente para fungir como mediadores, garantizando imparcialidad y especialización técnica.
Durante la noche del jueves, agentes de la Policía nacional Civil (PNC) reportaron la captura de dos hombres, quienes protagonizaron una pelea en la vía pública en San Marcos, San Salvador Sur.
Los detenidos fueron identificados como Mario Saúl Sandoval Pérez, de 54 años, conductor de un bus de la ruta A y Werner Vladimir Interiano Alarcón, de 48 años, conductor de un camión.
«Ambos fueron captados en un video mientras peleaban luego de disputarse la vía en la calle principal Alfonso Alballero, de San Marcos», escribió la PNC en su cuenta de X.
La Policía informó que los detenidos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
