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Mujer que trabajaba en una oficina jurídica fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario
Una mujer que trabajaba en una oficina jurídica en las cercanías de Sertracen fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario a quien le fue plagiado sus autorizaciones con las que se contabilizaron más de 400 documentos considerados falsos.
Una investigación de las autoridades estableció que la mujer se valió de la autorización obtenida por un abogado a quien sin su consentimiento le plagió los objetos jurídicos para recibir ganancias desde el año 2014.
Miriam H., laboraba en una tramitadora ubicada en el centro comercial Metro Gangas donde su función principal era atender a los clientes que querían adquirir un vehículo y necesitaban de una compraventa, razón que la llevó a conocer a Alonso (nombre modificado por seguridad) y su hermano quienes fueron los últimos clientes que atendió tras quedar en evidencia ante las autoridades.
El 30 de octubre del 2013, la mujer y sus clientes acordaron los términos sobre el traspaso solicitado, por lo que se procedió a emitir la compraventa con firma y sello de un notario, previamente plasmada en una hoja en blanco.
Hasta ese momento todo marcha con normalidad, el trámite fue rápido y sencillo y los hombres sentían emocionados de su nueva adquisición, sin embargo, sus ánimos cambiaron cuando empleados de Sertracen les explicaron que el documento era falso y que debía ser remitido a las autoridades.
La sorpresa les cayó como un balde de agua fría para los hombres que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de uso y portación de documentos falsos en contra de Miriam.
En sede fiscal, Alonso y su hermano fueron notificados que su caso iba a ser sumado al expediente de la mujer a quien le contabilizaron más de 400 víctimas las cuales residían en diferentes zonas del país.
Firma y sello eran vendidas a $1
Según el expediente judicial, la firma y sello pertenecen a Manuel (nombre modificado por seguridad) un notario que en 2014 se enteró que desconocidos le tomaron su firma y sello para plasmarlo en hojas en blanco que eran vendidas por $1 a las diferentes casas tramitadoras de vehículos.
El abogado decidió interponer el aviso a las diferentes instituciones judiciales por los reclamos que comenzó a recibir de supuestos clientes, con los que jamás había tratado, por las irregularidades señaladas en Sertracen.
Fue hasta diciembre del 2017 que el ministerio público golpeó a la estructura que se lucraba de la firma del abogado en un mega operativo realizado en varios puntos de la capital donde fueron detenidas unas 20 personas.
Al conocer su situación jurídica, Miriam decidió presentarse voluntariamente a los tribunales para enfrentar el proceso judicial en su contra debido a la denuncia de los hermanos. El caso llegó hasta la etapa de sentencia.
Pese a la acusación, en ningún momento se constató que la imputada había sido la responsable de la falsificación de dicho documento. La imputada fue catalogada por su abogada como una “persona aislada del hecho”.
Mientras tanto, la Fiscalía explicó que el propietario del vehículo no ha logrado ponerlo en circulación debido a este problema judicial, aunque, decidió no seguir presentándose a los tribunales ya que “no quería saber más nada del caso».
Luego de varias horas de juicio, la jueza del Juzgado Quinto de Sentencia decidió absorber de toda responsabilidad penal y civil a la mujer señalando que no había manera alguna de comprobar la intención de perjudicar a las víctimas que la señalaron en un primer momento. Cuando Miriam escuchó el fallo no logró contener las lágrimas ya que había pasado varios meses en el proceso.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
