Nacionales
Mujer que trabajaba en una oficina jurídica fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario
Una mujer que trabajaba en una oficina jurídica en las cercanías de Sertracen fue procesada por culpa de su patrón quien adquirió por $1 la firma y sello de un notario a quien le fue plagiado sus autorizaciones con las que se contabilizaron más de 400 documentos considerados falsos.
Una investigación de las autoridades estableció que la mujer se valió de la autorización obtenida por un abogado a quien sin su consentimiento le plagió los objetos jurídicos para recibir ganancias desde el año 2014.
Miriam H., laboraba en una tramitadora ubicada en el centro comercial Metro Gangas donde su función principal era atender a los clientes que querían adquirir un vehículo y necesitaban de una compraventa, razón que la llevó a conocer a Alonso (nombre modificado por seguridad) y su hermano quienes fueron los últimos clientes que atendió tras quedar en evidencia ante las autoridades.
El 30 de octubre del 2013, la mujer y sus clientes acordaron los términos sobre el traspaso solicitado, por lo que se procedió a emitir la compraventa con firma y sello de un notario, previamente plasmada en una hoja en blanco.
Hasta ese momento todo marcha con normalidad, el trámite fue rápido y sencillo y los hombres sentían emocionados de su nueva adquisición, sin embargo, sus ánimos cambiaron cuando empleados de Sertracen les explicaron que el documento era falso y que debía ser remitido a las autoridades.
La sorpresa les cayó como un balde de agua fría para los hombres que decidieron interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de uso y portación de documentos falsos en contra de Miriam.
En sede fiscal, Alonso y su hermano fueron notificados que su caso iba a ser sumado al expediente de la mujer a quien le contabilizaron más de 400 víctimas las cuales residían en diferentes zonas del país.
Firma y sello eran vendidas a $1
Según el expediente judicial, la firma y sello pertenecen a Manuel (nombre modificado por seguridad) un notario que en 2014 se enteró que desconocidos le tomaron su firma y sello para plasmarlo en hojas en blanco que eran vendidas por $1 a las diferentes casas tramitadoras de vehículos.
El abogado decidió interponer el aviso a las diferentes instituciones judiciales por los reclamos que comenzó a recibir de supuestos clientes, con los que jamás había tratado, por las irregularidades señaladas en Sertracen.
Fue hasta diciembre del 2017 que el ministerio público golpeó a la estructura que se lucraba de la firma del abogado en un mega operativo realizado en varios puntos de la capital donde fueron detenidas unas 20 personas.
Al conocer su situación jurídica, Miriam decidió presentarse voluntariamente a los tribunales para enfrentar el proceso judicial en su contra debido a la denuncia de los hermanos. El caso llegó hasta la etapa de sentencia.
Pese a la acusación, en ningún momento se constató que la imputada había sido la responsable de la falsificación de dicho documento. La imputada fue catalogada por su abogada como una “persona aislada del hecho”.
Mientras tanto, la Fiscalía explicó que el propietario del vehículo no ha logrado ponerlo en circulación debido a este problema judicial, aunque, decidió no seguir presentándose a los tribunales ya que “no quería saber más nada del caso».
Luego de varias horas de juicio, la jueza del Juzgado Quinto de Sentencia decidió absorber de toda responsabilidad penal y civil a la mujer señalando que no había manera alguna de comprobar la intención de perjudicar a las víctimas que la señalaron en un primer momento. Cuando Miriam escuchó el fallo no logró contener las lágrimas ya que había pasado varios meses en el proceso.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) revelaron que durante la jornada del 30 de marzo no se reportaron muertes a causa de la violencia en todo el territorio nacional.
«Finalizamos el domingo 30 de marzo, con 0 homicidios en el país», detalló la PNC en su cuenta oficial de X.
Hasta ahora, los días sin homicidios durante el mes de marzo son: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 30.
Las autoridades han asegurado que esta reducción en los homicidios, que en 2024 cerró 1.9 por cada 100,000 habitantes, se debe a la implementación tanto del Plan Control Territorial como al régimen de excepción.
Internacionales
Colombia extraditará a El Salvador a jefe pandillero que vivía en mansión rodeada de celebridades de la música
En agosto del año pasado, la Fiscalía General de la República detectó que desde Colombia, Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias «El Tatuado», estaba dirigiendo una estructura de extorsionistas y estafadores, investigación que alertó a las autoridades de ese país quienes comenzaron a seguir los rastros del criminal reclamado por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Es perfilado como pandillero de la facción revolucionaria de la pandilla 18 y junto a otros siete detenidos engañaron a personas a través de un grupo creado en una red social, donde les prometían liberar a sus parientes privados de libertad, pero debían pagar como mínimo $3,000.
Pintor Rodríguez se cambió de nombre para no ser localizado y tenía trabajos fachada, pero llamó la atención de las fuerzas de seguridad del país sudamericano la vida de lujo que llevaba pues residía en mansiones de Llanogrande, una de las zonas más exclusivas en Antioquia, en donde un mes de alquiler sobrepasa los $8,000.
En el exclusivo complejo habitacional tienen sus mansiones celebridades de la música colombiana, entre ellos J Balvin, el valor de las casas es muy elevado y sobrepasan los $2 millones, solo un metro cuadrado de terreno está valuado en $1,000.
El nivel de gastos de Pintor Rodríguez es excéntrico, había adquirido motocicletas de gama alta, le decomisaron una BMW S1000RR, que tiene un costo de $33,700 aproximados y una BMW F900 XR de unos $19,200, en ese país.
Llevaba una vida de clase alta, practicaba deportes extremos y pretendía hacer creer que era italiano, para acreditarlo entre su grupo de personas cercanas con las que ya había entablado un círculo de amistad, a veces se refería con palabras italianas.
Expediente judicial
El proceso penal judicializado a finales de agosto de 2024, la Fiscalía destaca que Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, es el cabecilla de la banda. Según el informe, el salvadoreño contactaba a las víctimas y les pedía entre $2,000 y $25,000, para, supuestamente, liberar a sus familiares detenidos.
El 14 de agosto de ese año la estructura fue desarticulada mediante operativos realizados en Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín y La Libertad.
Entre las capturas hay personas que prestaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero. Cuatro mujeres vinculadas a la red están en prisión, se trata de Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
En las pesquisas realizadas detectaron que el dinero que las víctimas pagaban, era depositado en las cuentas bancarias y luego era remesado a Colombia.
Según las pesquisas, contactaron a sus víctimas a través de unas páginas de las redes sociales, una de ellas de nombre TDL, creada en Facebook, les aseguraban que sus parientes iban a quedar en libertad para mientras les entregaban el dinero.
Cuando las víctimas no les querían pagar las amenazaban con llamar a la Policía para que las detuviera por el régimen de excepción, así denunciaron las personas afectadas por la estructura.
