Nacionales
Magistrados desestiman peritaje que habla de “ataque sexual”
Los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, señalaron que el uso del término “ataque sexual” es un exceso del perito, porque es a los jueces a quienes les corresponde hacer una calificación jurídica.
En la versión pública de la resolución, los magistrados se contradicen en varios puntos, principalmente en lo referente a los elementos necesarios para establecer la existencia y el tipo de delito. Por ejemplo, en el punto 2.24 se dice con toda claridad que en el informe pericial “no se consigna que la víctima presente indicadores propios de las víctimas de delitos sexuales”.
Muy a pesar de eso, en el siguiente numeral se deja constancia que la persona que estuvo a cargo del peritaje utilizó el término “ataque sexual”.
Otra contradicción se da entre una acotación del numeral 2.25, que con especial énfasis señala “realizar un juicio de tipicidad que no es atribución de los forenses, sino de los Juzgadores”, y uno de los puntos del pronunciamiento público, adjunto a la resolución, que resalta que “una conducta sólo puede ser calificada como delito por parte del legislador”.
A lo largo de las 22 páginas de la resolución existen múltiples referencias a diferentes preceptos de la doctrina jurídica, más no se establece el criterio para hacer valederos determinados preceptos por encima de otros, lo que lleva a inferir que esas citas específicas se escogieron de forma arbitraria, como una especie de pivote jurídico para alcanzar una resolución que es en realidad contraria a derecho.
Parte de la doctrina citada señala que “existe un consenso en cuanto a que los actos de tocamiento, para poder constituir un delito de Agresión Sexual -y en consecuencia Agresión Sexual en Menor-, deben ser analizados en el contexto social en el que se producen”, lo que convenientemente deja espacio para que algunos tocamientos queden en la impunidad, si así lo indica el “contexto social”.
Tampoco se encuentra en esta resolución una sola referencia a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que, por su carácter de ley especial, tiene preponderancia sobre el Código Penal.
Los magistrados omitieron toda la referencia a la larga de lista de acuerdos internacionales, de los que El Salvador es firmante, que están por debajo solo de la Constitución y que incluyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Otro aspecto preocupante de la resolución es que, si bien ambos magistrados aseguran que tuvieron en consideración el principio del interés superior de la niña, eso no los faculta para calificar como delito una conducta que no lo es.
Pero a renglón seguido, señalan que los diputados no habrían hecho bien su trabajo al redactar el Código Penal y dejaron como una simple falta los hechos que se le adjudican al magistrado Escalante, pero siendo esta la situación los magistrados, al igual que todos los jueces, deben; como lo puede explicar cualquier estudiante de Derecho, superponer el principio de constitucionalidad y declarar inaplicable cualquier normativa que no esté apegada a la letra de la Constitución, después de todo eso es exactamente lo que juran hacer cuando toman posesión del cargo.
En los últimos párrafos del pronunciamiento, los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, hacen una airada defensa de la independencia judicial y anuncian que enviarán un informe al Relator Especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas por la ola de críticas desatadas en su contra desde el 31 de octubre, cuando de palabra se dio a conocer la resolución.
Sin embargo, el pronunciamiento no incluye ni una palabra sobre la necesidad de transparentar el trabajo judicial, la falibilidad que es propia de la condición humana o el terrible mensaje de impunidad que está afectando a las víctimas de este caso, a las de casos similares y a la sociedad salvadoreña en su conjunto.
Nacionales
Régimen de excepción deja más de 87 mil pandilleros capturados desde 2022, según balance oficial
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, el Gobierno de El Salvador ha intensificado las acciones de seguridad orientadas a desarticular estructuras de pandillas. De acuerdo con el más reciente informe del Gabinete de Seguridad, hasta el 30 de junio de 2025 se contabilizan 87,088 capturas de integrantes de pandillas en todo el país.
Solo en el primer semestre de 2025, las autoridades reportan un promedio mensual de 471 detenciones, sumando más de 2,800 pandilleros aprehendidos en lo que va del año. Durante estos operativos también se incautaron drogas, armas, dinero en efectivo y vehículos vinculados a actividades ilícitas.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteró que el régimen es considerado “la mejor herramienta legal” para combatir las estructuras criminales. “No descansaremos hasta sacar de las calles al último pandillero que siga haciendo daño a la población”, afirmó.
Desde su aprobación por la Asamblea Legislativa —a petición del presidente Nayib Bukele tras una escalada de homicidios registrada en marzo de 2022— la medida ha sido renovada mensualmente. En sus primeros 47 días, ya se contabilizaban 28,500 detenciones y un promedio de 600 capturas diarias.
El informe también detalla que para enero de 2023 el total de capturados era de 62,975, cifra que aumentó a 74,861 al finalizar ese año. En septiembre de 2024 se superaron las 81,000 detenciones, y para el cierre de ese año la cifra alcanzaba los 84,260.
Apoyo ciudadano
Aunque el régimen de excepción ha sido criticado por sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos, la medida continúa contando con respaldo mayoritario de la población. Una encuesta reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) otorgó una calificación promedio de 7.78 a la estrategia de seguridad del gobierno y reflejó que el 60 % de los ciudadanos apoya la continuidad del régimen.
Las autoridades han insistido en que esta política ha permitido recuperar el control de territorios históricamente dominados por las pandillas y reducir los índices de violencia en el país.
Nacionales
Binaes presenta a Otelo, nuevo perro robot para fomentar la robótica e innovación en El Salvador
La Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes) incorporó un nuevo perro robot llamado Otelo, disponible en el sexto nivel del edificio, dedicado a la innovación y tecnología. Otelo se suma a Canelo, el primer perro robot de la biblioteca, para ofrecer a los visitantes una experiencia de aprendizaje y entretenimiento.
La Binaes invita a niños, jóvenes, adultos y estudiantes a conocer a Otelo, con acceso gratuito todos los días. En la sección de robótica, los niños de tres a siete años pueden interactuar con robots educativos para desarrollar habilidades básicas de programación y coordinación motora.
Además, la biblioteca ofrece talleres y cursos para niños mayores de ocho años y adolescentes, donde se abordan desde conceptos básicos de electrónica hasta la creación de casas inteligentes mediante domótica. El próximo 18 de julio se realizará un taller para la construcción de un termómetro digital.
“Descubre el apasionante universo de la robótica en nuestro taller para jóvenes y adultos, donde exploraremos Arduino y electrónica básica en una jornada intensa y educativa”, informó la Binaes en sus redes sociales. Las inscripciones están abiertas en el sitio web oficial de la biblioteca.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Madecadel Isaías García Chelín, alias «Mongol» o «Corrupto», un pandillero de 34 años vinculado a la clica Victorias Locos Salvatruchos de la MS13, originario de Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
El detenido fue aprehendido en Mixco, Guatemala, durante un operativo contra extorsiones, en el que además se incautaron drogas y dinero en efectivo. García Chelín había huido a ese país para evadir la acción del régimen de excepción en El Salvador.
Este individuo cuenta con antecedentes por homicidio agravado imperfecto, portación ilegal de armas, extorsión, posesión de drogas y robo agravado.
Actualmente, el pandillero será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas mientras se procesa su deportación y entrega a las autoridades salvadoreñas.
