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Los CUBO son una alternativa de desarrollo para las comunidades que habían sido estigmatizadas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue cumpliendo su promesa de construir espacios para que millares de jóvenes, que residen en las zonas más vulnerables del país y en riesgo por el accionar de las pandillas, ocupen su tiempo en actividades productivas y de sano esparcimiento.
Actualmente han sido terminados, y entregados a las comunidades, ocho Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y otros seis son construidos de forma simultánea en distintas zonas del país, de un total de 30 que se proyecta entregar este año.
Estos proyectos se enmarcan en la fase 2 del Plan Control Territorial denominada “Oportunidades”, en la que se impulsan acciones a favor de niños y jóvenes de las comunidades en riesgo por los antisociales.
Con los CUBO se lleva una moderna infraestructura hasta las comunidades. Cada centro implementa diferentes actividades para todas las edades. Estos espacios cuentan con biblioteca, señal de internet, talleres, videojuegos, entre otras herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades.
Hay avances en la construcción de otros CUBO en colonia San José 2, Soyapango; en Panchimalco; reparto Santa Lucía, Mejicanos; colonia Valle Verde, Apopa (San Salvador); San Luis Talpa (La Paz); y cantón El Tamarindo, Conchagua (La Unión).
En el caso de la San José 2, el pasado 4 de febrero, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, colocó la primera piedra de esa obra que beneficiará de manera directa a más de 15,000 personas. En Panchimalco, ayer verificó el avance en la obra que traerá beneficio a miles de jóvenes. Ahí, el comité juvenil “Jóvenes Sin Límites” demostró entusiasmo por este proyecto.
El Gobierno obtiene apoyo de las alcaldías, así como de organismos internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea.
De esta manera, el Gobierno sigue impulsando acciones a favor de las comunidades históricamente estigmatizadas, que por años fueron olvidadas por administraciones anteriores, pero ahora tienen nuevas oportunidades para la búsqueda del desarrollo.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
