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Los CUBO son una alternativa de desarrollo para las comunidades que habían sido estigmatizadas
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue cumpliendo su promesa de construir espacios para que millares de jóvenes, que residen en las zonas más vulnerables del país y en riesgo por el accionar de las pandillas, ocupen su tiempo en actividades productivas y de sano esparcimiento.
Actualmente han sido terminados, y entregados a las comunidades, ocho Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) y otros seis son construidos de forma simultánea en distintas zonas del país, de un total de 30 que se proyecta entregar este año.
Estos proyectos se enmarcan en la fase 2 del Plan Control Territorial denominada “Oportunidades”, en la que se impulsan acciones a favor de niños y jóvenes de las comunidades en riesgo por los antisociales.
Con los CUBO se lleva una moderna infraestructura hasta las comunidades. Cada centro implementa diferentes actividades para todas las edades. Estos espacios cuentan con biblioteca, señal de internet, talleres, videojuegos, entre otras herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades.
Hay avances en la construcción de otros CUBO en colonia San José 2, Soyapango; en Panchimalco; reparto Santa Lucía, Mejicanos; colonia Valle Verde, Apopa (San Salvador); San Luis Talpa (La Paz); y cantón El Tamarindo, Conchagua (La Unión).
En el caso de la San José 2, el pasado 4 de febrero, el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, colocó la primera piedra de esa obra que beneficiará de manera directa a más de 15,000 personas. En Panchimalco, ayer verificó el avance en la obra que traerá beneficio a miles de jóvenes. Ahí, el comité juvenil “Jóvenes Sin Límites” demostró entusiasmo por este proyecto.
El Gobierno obtiene apoyo de las alcaldías, así como de organismos internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea.
De esta manera, el Gobierno sigue impulsando acciones a favor de las comunidades históricamente estigmatizadas, que por años fueron olvidadas por administraciones anteriores, pero ahora tienen nuevas oportunidades para la búsqueda del desarrollo.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador envío a juicio a Rubén Darío Acebo Cedeño, de 38 años; Hipólito Perlaza Moreno, de 58; ambos de nacionalidad ecuatoriana, y Norberto Valencia Arroyo, de 29 años, de nacionalidad colombiana, acusados por traficar más de 1,300 kg de cocaína valorados en más de $33 millones.
«Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional el 9 julio del 2025, a 600 millas náuticas al sur de la Bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, La Paz», informó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los tres imputados se transportaban a bordo de una embarcación de bajo perfil o semi sumergible con 1,326 kg de droga que tras analisis resulto ser cocaína, con un valor de $33,335,640.
«El Salvador no es, ni será, un refugio para el crimen organizado, cada operativo, cada captura, cada tonelada de droga confiscada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro», indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la presentación de los imputados.
A los extranjeros se les incautó una embarcación LPV, una antena de servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos GPS y un rastreador satelital.
«Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía, durante la audiencia preliminar, se logró establecer la participación de los tres extranjeros en el delito de tráfico ilícito», expresó el fiscal.
En otro caso, el 12 de mayo, los ecuatorianos Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Los extranjeros fueron ubicados por elementos de la Marina Nacional el 7 de febrero 2025 en altamar y se les intervino a 515 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Al verificar la embarcación, las autoridades encontraron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína, en total transportaban 1,795 kg de cocaína, valorada en $45,126,300. En la audiencia, la FGR aportó abundante prueba para lograr la sentencia.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo anunciaron que un nuevo grupo de salvadoreños partirá del país en los próximos días para desempeñarse en distintas posiciones como parte de Programa de Migración Laboral.
El asesor del Despacho Ministerial, Adonay de Paz, informó que quienes viajarán en los próximos días se instalarán en estados como Ontario, Quebec, o Columbia Británica.
«Van a un país donde hay un amplio espíritu y cultura de cumplimiento de ley, de altos estándares laborales y eso es algo que está en el corazón del programa asegurarnos de brindar oportunidades laborales que sean seguras y estables», mencionó el funcionario.
Indicó además que el grupo se desempeñará en posiciones como: limpieza, cocina, atención al cliente, y puestos gerenciales en restaurantes de la nación norteamericana.
También señaló que desde su creación en 2019, el Programa de Migración Laboral ha favorecido a cientos de salvadoreños quienes han mejorado sus condiciones de vida.
Uno de los beneficiados, Marlon Hernández, manifestó su agradecimiento por esta oportunidad, y aseguró que su objetivo es crecer como trabajador y apoyar económicamente a su familia.
También agradeció al Ministerio de Trabajo, y al presidente Nayib Bukele por la implementación de este tipo de iniciativas que permiten el desarrollo de los beneficiados y sus familias.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolla juicio contra 92 pandilleros de la 18, a quienes se les procesa por 27 homicidios agravados, 12 desapariciones de personas, nueve casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, cometidos en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
«Los crímenes que se pretenden resolver con este juicio ocurrieron entre 2017 y 2022 en diferentes zonas de San Martín», dijo el fiscal del caso.
Entre los casos que se busca resolver está la desaparición y posterior homicidio agravado de un motorista de la Ruta 140, cometido en 2022.
De acuerdo con el reporte judicial, la víctima desapareció la noche del 24 de enero del 2022 luego que terminara su jornada laboral. En las investigaciones se señala que el motorista le comentó a un conocido que los sujetos lo habían contactado y dicho que querían hablar con él en San Martín.
La víctima también le mencionó que iría después de guardar el microbús porque «no temía, ya que no debía nada».
Sin embargo, cuando se reunió los pandilleros le quitaron la vida a machetazos, lo desmembraron y enterraron su cuerpo en una zona rural del cantón San José Primero, de San Martín. La denuncia de su desaparición ocurrió un día después.
«Hicieron un agujero y lo enterraron, ya desmembrado, en el mismo lugar. Tras la búsqueda de las autoridades, el 9 de marzo del mismo año el cuerpo fue encontrado», detalló el informe judicial.
