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Julia deja muertes y destrucción en El Salvador en menos de 24 horas
La muerte de al menos nueve salvadoreños, derrumbes, desbordamientos de ríos, árboles caídos, entre otros, fueron algunos de los daños que generó el paso de la tormenta tropical Julia en El Salvador en menos de 24 horas. Sin embargo, la rápida reacción de las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Protección Civil salvó la vida de más de mil salvadoreños que fueron afectados por los estragos y llevados a albergues.
Hasta ayer al mediodía, el viceministerio de Gobernación detalló que Julia dejó nueve fallecidos, 113 árboles caídos, 81 vías obstruidas, 31 viviendas dañadas, 22 deslizamientos, 19 ríos desbordados, un puente colapsado, nueve vehículos afectados y una persona lesionada.
Entre las nueve personas que murieron por las lluvias están cinco soldados quienes quedaron soterrados por un muro que se desplomó en Comasagua. Los cuerpos fueron liberados al mediodía del lunes.
Entre las afectaciones más significativas está la destrucción del puente del río Titihuapa que fue arrastrado por las corrientes de agua, este conectaba los municipios de Ciudad Dolores, en Cabañas y San Ildefonso, San Vicente. Su caída dejó incomunicados los dos departamentos.
Producto de las intensas lluvias, los ríos Grande, de San Miguel, el Torola, en La Unión y El Molino en Usulután se desbordaron y provocaron que varias familias fueran evacuadas y perdieran sus pertenencias.
De igual forma, varias carreteras principales de país, entre ellas, la Panamericana en el tramo de Los Chorros, la calle al Puerto de La Libertad, la de Comalapa, la de Planes de Renderos y la de Sensuntepeque sufrieron deslizamientos de tierras que obstruyeron el paso vehicular.
Durante la emergencia las autoridades desplegaron en todo el país a 500 personas de los equipos tácticos operativos, más de 200 guardavidas y 650 bomberos, 1,500 trabajodores del Fovial y utilizaron más de 1,100 maquinas para remoción de escombros. Un contingente de 16,000 policías y soldados ayudaron en tareas de remoción, evacuación y rescate.
«Por instrucciones del señor Presidente de la República, todas las instituciones que conformamos Protección Civil nos activamos con todas las medidas de prevención desde la semana pasada, ante la llegada de la tormenta tropical Julia. En todo el país hemos realizado una labor 24/7 y todavía la vamos a seguir realizando para rescatar familias de los lugares donde se han dado inundaciones para trasladarlos a los diversos albergues, hasta el momento son más de 1,000 personas las que han sido evacuadas», informó el viceministro de Gobernación, Raúl Juárez Cestoni.
«A ellos se suman las comisiones departamentales y municipales de Protección Civil y elementos de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, personal del ministerio de Obras Públicas, Fovial y ministerio de Salud», indicó Cestoni.
El Gobierno mantiene listos 81 albergues a escala nacional. De estos, 35 se encuentran abiertos.
«Nos mantenemos hasta este momento en alerta roja y la población debe estar consciente de ello, tenemos a todo el aparato del Estado trabajando para salvaguardar sus vidas», afirmó el funcionario.
«En el caso del Fovial se han atendido 77 emergencias entre los cuales están: 22 derrumbes, cuatro cárcavas, seis inundaciones y 44 árboles caídos.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
