Judicial
Tuitero es enviado a juicio por expresiones de violencia contra diputada de Nuevas Ideas
El Juzgado Especializado Segundo de instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, resolvió este martes enviar a juicio al tuitero Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, conocido como Alex Umanzor, o «Chiquillo Periquillo Power», por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, amenazas con agravación especial, y acoso través de tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas.
La acusación de la diputada hacia el exmilitante de Nuevas Ideas, Alex Umanzor, nace debido a mensajes ofensivos con lenguaje soez por medio de redes sociales, el pasado 17 de agosto de 2022.
Durante la audiencia preliminar, la jueza también ratificó la orden de captura contra Orellana Meléndez. Umanzor vive en Estados Unidos y es procesado con vista al requerimiento. «No puede venir una persona del sexo masculino a realizar este tipo de frases, que no solo la denigran a ella sino a todas las mujeres salvadoreñas», aseguró la fiscal. El Juzgado también admitió toda la prueba.
El pasado 28 de agosto, la diputada informó que el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia decretó medidas de protección a favor, entre ellas: se le prohibía a Orellana Meléndez hostigar, acosar a través de redes sociales a la diputada, así como acercarse a su familia.
La solicitud de las medidas de protección de la diputada se originó tras un video publicado por Alex Umanzor donde se refería hacia ella con un lenguaje soez.
El delito de expresiones a violencia regulados en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres sanciona con una multa de dos a 25 salarios mínimos, mientras que por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación establece una pena de prisión de cuatro a seis años.
Sigfrido Alexander Orellana Meléndez también fue acusado el 5 de septiembre por los delitos de proposición, conspiración y apología del delito de sedición, al supuestamente incitar a un golpe de Estado.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
