Judicial
Tuitero es enviado a juicio por expresiones de violencia contra diputada de Nuevas Ideas
El Juzgado Especializado Segundo de instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, resolvió este martes enviar a juicio al tuitero Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, conocido como Alex Umanzor, o «Chiquillo Periquillo Power», por el delito de expresiones de violencia contra la mujer, amenazas con agravación especial, y acoso través de tecnologías de la información y comunicación, en perjuicio de la diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas.
La acusación de la diputada hacia el exmilitante de Nuevas Ideas, Alex Umanzor, nace debido a mensajes ofensivos con lenguaje soez por medio de redes sociales, el pasado 17 de agosto de 2022.
Durante la audiencia preliminar, la jueza también ratificó la orden de captura contra Orellana Meléndez. Umanzor vive en Estados Unidos y es procesado con vista al requerimiento. «No puede venir una persona del sexo masculino a realizar este tipo de frases, que no solo la denigran a ella sino a todas las mujeres salvadoreñas», aseguró la fiscal. El Juzgado también admitió toda la prueba.
El pasado 28 de agosto, la diputada informó que el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia decretó medidas de protección a favor, entre ellas: se le prohibía a Orellana Meléndez hostigar, acosar a través de redes sociales a la diputada, así como acercarse a su familia.
La solicitud de las medidas de protección de la diputada se originó tras un video publicado por Alex Umanzor donde se refería hacia ella con un lenguaje soez.
El delito de expresiones a violencia regulados en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres sanciona con una multa de dos a 25 salarios mínimos, mientras que por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación establece una pena de prisión de cuatro a seis años.
Sigfrido Alexander Orellana Meléndez también fue acusado el 5 de septiembre por los delitos de proposición, conspiración y apología del delito de sedición, al supuestamente incitar a un golpe de Estado.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
