Judicial
Salvador Sánchez Cerén será enjuiciado en agosto por recibir $530,000 en sobresueldos
Los procesos penales en los que el expresidente de la república del FMLN, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), es enjuiciado por recibir sobresueldos, así como el que implica a diez exfuncionarios del gobierno del prófugo Mauricio Funes (2009-2014), quienes son procesados por el caso Saqueo Público ya tienen fecha para las últimas fases.
En el caso Sánchez Cerén deberá enfrentar juicio por acusaciones de recibir $530,000 como sobresueldos cuando se desempeñó como vicepresidente de la república en la gestión de Funes (2009-2014), junto a él, hay otros seis exfuncionarios que deben someterse a la vista pública del proceso penal por los delitos de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito.
Entre los señalados está el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez quien es acusado de haber recibido $290,000; José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura y Ganadería ($565,000); Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente (177,000); y Manuel Melgar, exministro de Seguridad Públicas ($150,000), todos tienen condición de prófugos, y de no presentarse al juicio serán procesados como reos ausentes. En el caso del exministro de Trabajo, Calixto Mejía, que recibió $208,000, ha sido único que se ha presentado a los juzgados a lo largo del proceso.
Todos deberán de compadecer al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el próximo 20 de agosto, fecha en que inicie el juicio, el cual se tiene previsto concluya el 30 de ese mismo mes. Previamente, todos los señalados deberán presentarse el 3 de abril para ser enterados de las imputaciones.
En este mismo caso, ya confesaron sus delitos y devolvieron al Estado el dinero recibido ilícitamente, la exministra de Salud, Violeta Menjívar ($177,000), la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal ($162,000), el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, el exministro de Hacienda ($174,000), mientras que Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, devolvió $210,000.
Los anteriores exfuncionarios, confesaron los delitos a cambio de una pena leve consistente en un año por enriquecimiento ilícito y dos por lavado de dinero, tiempo reemplazable con trabajo de utilidad pública y el pago de las cantidades de dinero que recibieron como sobresueldos.
FALLO DE «SAQUEO PÚBLICO» SERÁ EN MARZO
Mientras que la resolución final en el caso denominado «Saqueo Público», por el que Mauricio Funes es acusado de sustraer $351 millones de fondos públicos, será dada a conocer el 15 de marzo.
La lectura de este fallo estaba programada para que diera a conocer la semana pasada en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, pero fue reprogramado debido a que los fiscales del caso estaban concentrados verifican el proceso del escrutinio final de las elecciones pasadas. Funes afronta este caso por separado.
Los que han sido enjuiciados y esperan el fallo son, la exprimera dama, Vanda Pignato, el expresidente del Cifco, Miguel Menéndez, además el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas; el exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; el exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, y el asistente técnico financiero, Pablo Gómez.
Los exempleados de Casa Presidencial son señalados de colaborar con Funes para sustraer millones de dólares y luego depositarlos en cuentas bancarias particulares.
La Fiscalía ha solicitado la condena máxima de hasta 30 años de cárcel para algunos imputados, según el grado de participación.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
