Judicial
Salvador Sánchez Cerén será enjuiciado en agosto por recibir $530,000 en sobresueldos
Los procesos penales en los que el expresidente de la república del FMLN, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), es enjuiciado por recibir sobresueldos, así como el que implica a diez exfuncionarios del gobierno del prófugo Mauricio Funes (2009-2014), quienes son procesados por el caso Saqueo Público ya tienen fecha para las últimas fases.
En el caso Sánchez Cerén deberá enfrentar juicio por acusaciones de recibir $530,000 como sobresueldos cuando se desempeñó como vicepresidente de la república en la gestión de Funes (2009-2014), junto a él, hay otros seis exfuncionarios que deben someterse a la vista pública del proceso penal por los delitos de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito.
Entre los señalados está el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez quien es acusado de haber recibido $290,000; José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura y Ganadería ($565,000); Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente (177,000); y Manuel Melgar, exministro de Seguridad Públicas ($150,000), todos tienen condición de prófugos, y de no presentarse al juicio serán procesados como reos ausentes. En el caso del exministro de Trabajo, Calixto Mejía, que recibió $208,000, ha sido único que se ha presentado a los juzgados a lo largo del proceso.
Todos deberán de compadecer al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el próximo 20 de agosto, fecha en que inicie el juicio, el cual se tiene previsto concluya el 30 de ese mismo mes. Previamente, todos los señalados deberán presentarse el 3 de abril para ser enterados de las imputaciones.
En este mismo caso, ya confesaron sus delitos y devolvieron al Estado el dinero recibido ilícitamente, la exministra de Salud, Violeta Menjívar ($177,000), la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal ($162,000), el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, el exministro de Hacienda ($174,000), mientras que Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, devolvió $210,000.
Los anteriores exfuncionarios, confesaron los delitos a cambio de una pena leve consistente en un año por enriquecimiento ilícito y dos por lavado de dinero, tiempo reemplazable con trabajo de utilidad pública y el pago de las cantidades de dinero que recibieron como sobresueldos.
FALLO DE «SAQUEO PÚBLICO» SERÁ EN MARZO
Mientras que la resolución final en el caso denominado «Saqueo Público», por el que Mauricio Funes es acusado de sustraer $351 millones de fondos públicos, será dada a conocer el 15 de marzo.
La lectura de este fallo estaba programada para que diera a conocer la semana pasada en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, pero fue reprogramado debido a que los fiscales del caso estaban concentrados verifican el proceso del escrutinio final de las elecciones pasadas. Funes afronta este caso por separado.
Los que han sido enjuiciados y esperan el fallo son, la exprimera dama, Vanda Pignato, el expresidente del Cifco, Miguel Menéndez, además el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas; el exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; el exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, y el asistente técnico financiero, Pablo Gómez.
Los exempleados de Casa Presidencial son señalados de colaborar con Funes para sustraer millones de dólares y luego depositarlos en cuentas bancarias particulares.
La Fiscalía ha solicitado la condena máxima de hasta 30 años de cárcel para algunos imputados, según el grado de participación.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
