Judicial
Salvador Sánchez Cerén será enjuiciado en agosto por recibir $530,000 en sobresueldos
Los procesos penales en los que el expresidente de la república del FMLN, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), es enjuiciado por recibir sobresueldos, así como el que implica a diez exfuncionarios del gobierno del prófugo Mauricio Funes (2009-2014), quienes son procesados por el caso Saqueo Público ya tienen fecha para las últimas fases.
En el caso Sánchez Cerén deberá enfrentar juicio por acusaciones de recibir $530,000 como sobresueldos cuando se desempeñó como vicepresidente de la república en la gestión de Funes (2009-2014), junto a él, hay otros seis exfuncionarios que deben someterse a la vista pública del proceso penal por los delitos de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito.
Entre los señalados está el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez quien es acusado de haber recibido $290,000; José Guillermo López Suárez, exministro de Agricultura y Ganadería ($565,000); Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente (177,000); y Manuel Melgar, exministro de Seguridad Públicas ($150,000), todos tienen condición de prófugos, y de no presentarse al juicio serán procesados como reos ausentes. En el caso del exministro de Trabajo, Calixto Mejía, que recibió $208,000, ha sido único que se ha presentado a los juzgados a lo largo del proceso.
Todos deberán de compadecer al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador el próximo 20 de agosto, fecha en que inicie el juicio, el cual se tiene previsto concluya el 30 de ese mismo mes. Previamente, todos los señalados deberán presentarse el 3 de abril para ser enterados de las imputaciones.
En este mismo caso, ya confesaron sus delitos y devolvieron al Estado el dinero recibido ilícitamente, la exministra de Salud, Violeta Menjívar ($177,000), la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal ($162,000), el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, el exministro de Hacienda ($174,000), mientras que Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, devolvió $210,000.
Los anteriores exfuncionarios, confesaron los delitos a cambio de una pena leve consistente en un año por enriquecimiento ilícito y dos por lavado de dinero, tiempo reemplazable con trabajo de utilidad pública y el pago de las cantidades de dinero que recibieron como sobresueldos.
FALLO DE «SAQUEO PÚBLICO» SERÁ EN MARZO
Mientras que la resolución final en el caso denominado «Saqueo Público», por el que Mauricio Funes es acusado de sustraer $351 millones de fondos públicos, será dada a conocer el 15 de marzo.
La lectura de este fallo estaba programada para que diera a conocer la semana pasada en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, pero fue reprogramado debido a que los fiscales del caso estaban concentrados verifican el proceso del escrutinio final de las elecciones pasadas. Funes afronta este caso por separado.
Los que han sido enjuiciados y esperan el fallo son, la exprimera dama, Vanda Pignato, el expresidente del Cifco, Miguel Menéndez, además el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas; el exgerente Financiero Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga; el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro; el exjefe de Tesorería, Jorge Alberto Herrera Castellano; el exjefe de Contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, y el asistente técnico financiero, Pablo Gómez.
Los exempleados de Casa Presidencial son señalados de colaborar con Funes para sustraer millones de dólares y luego depositarlos en cuentas bancarias particulares.
La Fiscalía ha solicitado la condena máxima de hasta 30 años de cárcel para algunos imputados, según el grado de participación.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
