Judicial
Prensa destaca el sobreseimiento definitivo otorgado a favor de Enrique Rais por la Fiscalía Suiza
El periódico 24 HEURES (24 HORAS), uno de los principales medios de prensa del Cantón de Vaud, Suiza, ha destacado en su edición digital e impresa del 6 de mayo del presente año, la noticia acerca del Sobreseimiento Definitivo que el Ministerio Público Fiscal de Suiza ha decretado a favor del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, que es el resultado de dos años de investigación que comprobaron la inocencia de Rais y lo infundado de las denuncias promovidas por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
El citado medio de comunicación, hace un reconocimiento a la constancia y esfuerzo desarrollado por más de cinco años por parte de Enrique Rais y su equipo de defensa de litigación internacional para ratificar su inocencia sobre los hechos acusados y además demostrar que su caso fue una instrumentalización del Sistema Judicial (Fiscalía y Órgano Judicial) para fabricar una persecución penal en su contra, cuyo único objetivo era despojarlo de sus empresas.
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“Je suis victime d’ une machination” (“Soy víctima de un complot”)
El 22 de diciembre de 2017, Enrique Rais había sido entrevistado por la prensa Suiza, donde declaró de forma precisa, que su caso estaba sustentado en prueba ilícita y prueba falsa, que incluía “intervenciones telefónicas ilegales”, que no tenían relación con su persona y en las que la propia Fiscalía reconoció que no existía autorización para captar escuchas de los teléfonos de Rais. Además destacó la forma en que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, instrumentalizó a la Fiscalía, abriendo expedientes sobre la base de notas publicadas por el periodista Héctor Silva, de las cuales se ha demostrado ante las autoridades correspondientes que no eran coincidentes con la realidad.
Esta persecución penal ilegal y arbitraria, llevó a Enrique Rais a tener que defenderse en Suiza de acusaciones promovidas el 20 de noviembre de 2017, por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes con apoyo del ex abogado Mario Calderón Castillo, en un claro patrocinio infiel, ya que los mismos canadienses reconocen que es su abogado, utilizaron documentación que este último sustrajo de las empresas de Rais, para intentar sorprender a la Fiscalía Suiza, que se trataba de actos de lavado de dinero, lo que después de la investigación se confirmó que fue una denuncia calumniosa.
Precisamente Enrique Rais fue denunciado por los delitos de Lavado de Dinero, Robo de las acciones de MIDES, corrupción de funcionarios y fraude procesal, por los mismos hechos que se han montado los procesos penales en El Salvador y sobre los cuales Naciones Unidas ha ordenado que se debe “poner fin inmediato al proceso penal en contra del Sr. Rais” y “garantizarle su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización.” Esto forma parte de las responsabilidades del Estado de El Salvador, que el Gobierno ya se encuentra cumpliendo a partir de la divulgación que previamente realizó por medio de Cancillería de la resolución que declara la detención arbitraria decretada contra Rais. (Publicada en: https://rree.gob.sv/opiniones-del-grupo-de-trabajo-sobre-la-detencion-arbitraria-en-su-89o-periodo-de-sesiones-23-a-27-de-noviembre-de-2020/ )
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“La resolución de Naciones Unidas que declara la detención arbitraria de Rais, por la justicia salvadoreña”
De acuerdo, al apoderado legal de Enrique Rais, su cliente ha sido víctima del sistema judicial en El Salvador, lo que ha quedado comprobado con la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, dictamen al que el Gobierno de Suiza ha dado la validez y cumplimiento que corresponde a partir de las obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.
Añade que el caso fabricado contra Enrique Rais, es una muestra de cómo anteriormente el Sistema Penal ha sido utilizado por estructuras de poder político y económico para afectar a personas por fines de intereses empresariales o comerciales; siendo precisamente lo que denunció siempre su cliente y que el tiempo, así como organismos internacionales y un gobierno que destaca en institucionalidad y Estado de Derecho como Suiza, le están permitiendo demostrar que es víctima de abuso de poder.
El abogado recordó que en la Corte Suprema de Justicia, siendo Presidente de ese Órgano de Estado, Óscar Armando Pineda Navas, se efectuaron una serie de traslados y remociones de Jueces que iban a conocer los procesos contra su cliente y en otros casos se retiraron jueces y magistrados, por el simple hecho de haber fallado previamente de un modo favorable en casos relacionados con Rais, lo que es también atentorio contra la independencia judicial; pues se envía un mensaje a cualquier autoridad judicial o Tribunal que si fallaban conforme a justicia y le daban la razón a mi cliente, podían también ser removidos de sus cargos o desmejorados con traslados a sedes judiciales en la periferia. Esto además de las presiones públicas que realizaba el Exfiscal general.
También, en el caso del Ex Magistrado Carlos Ernesto Sánchez, quien previamente como miembro de la Cámara 1ª de lo Penal de San Salvador, fue quien le decretó basado en prueba ilícita y prueba falsa la detención provisional a Enrique Rais, lo que ha sido declarado como una detención arbitraria por Naciones Unidas. Y además, quiso apuntar el abogado, resulta que los Ex Magistrados de Sala de lo Constitucional que han sido recientemente destituidos de sus cargos, en una aplicación selectiva de justicia constitucional, mantuvieron engavetados por tres años recursos de hábeas corpus promovidos por los abogados de Enrique Rais, ya que resolverlos implicaba confirmar que su privación de libertad había sido ilegal, mientras que en otros casos esa misma Sala emitió “sentencias exprés”
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“Suiza sobresee de todos los cargos a Enrique Rais”
Después de una exhaustiva y objetiva investigación, la Fiscalía Suiza concluyó que Enrique Rais, no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputaban, por tanto le decreta el Sobreseimiento y además ordena que el Gobierno Suizo lo indemnice por los daños y perjuicios que le ha ocasionado una persecución penal falsa.
En su resolución, la Fiscalía Suiza, reconoce que por una parte el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por su nivel de respetabilidad mundial y ser la máxima autoridad para pronunciarse en la materia, le contiene toda la credibilidad para confirmar lo declarado por parte de Enrique Rais, de ser víctima de abuso de poder. Y por otra parte cuestiona las actuaciones de Fiscalía y Poder Judicial de El Salvador, auxiliándose para ello de información contenida en el «Índice de Percepción de la Corrupción» de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL para el año 2020, que es una clasificación del nivel de percepción de la corrupción en el mundo en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo, en el cual, El Salvador se situó en el puesto 104 con una puntuación de 36/100, 100 correspondiente a «con regular nivel de corrupto».
Un estudio realizado por la misma asociación concluyó que en 2019, «el 93%» de la población salvadoreña consideraba muy problemático el grado de corrupción en el Sistema Judicial.
La publicación divulgada por 24 HEURES, de acuerdo a personeros Suizos consultados, responde al compromiso de los medios de prensa en aquel país, por ser objetivos y veraces con su información de tal forma que al haber publicado en aquel momento una entrevista sobre la base de los cuestionamientos por acciones penales contra Enrique Rais, ahora se ocupan de desmentir todos los hechos falsos y hacer pública su inocencia frente a tales acusaciones.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
