Judicial
Prensa destaca el sobreseimiento definitivo otorgado a favor de Enrique Rais por la Fiscalía Suiza
El periódico 24 HEURES (24 HORAS), uno de los principales medios de prensa del Cantón de Vaud, Suiza, ha destacado en su edición digital e impresa del 6 de mayo del presente año, la noticia acerca del Sobreseimiento Definitivo que el Ministerio Público Fiscal de Suiza ha decretado a favor del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, que es el resultado de dos años de investigación que comprobaron la inocencia de Rais y lo infundado de las denuncias promovidas por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
El citado medio de comunicación, hace un reconocimiento a la constancia y esfuerzo desarrollado por más de cinco años por parte de Enrique Rais y su equipo de defensa de litigación internacional para ratificar su inocencia sobre los hechos acusados y además demostrar que su caso fue una instrumentalización del Sistema Judicial (Fiscalía y Órgano Judicial) para fabricar una persecución penal en su contra, cuyo único objetivo era despojarlo de sus empresas.
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“Je suis victime d’ une machination” (“Soy víctima de un complot”)
El 22 de diciembre de 2017, Enrique Rais había sido entrevistado por la prensa Suiza, donde declaró de forma precisa, que su caso estaba sustentado en prueba ilícita y prueba falsa, que incluía “intervenciones telefónicas ilegales”, que no tenían relación con su persona y en las que la propia Fiscalía reconoció que no existía autorización para captar escuchas de los teléfonos de Rais. Además destacó la forma en que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, instrumentalizó a la Fiscalía, abriendo expedientes sobre la base de notas publicadas por el periodista Héctor Silva, de las cuales se ha demostrado ante las autoridades correspondientes que no eran coincidentes con la realidad.
Esta persecución penal ilegal y arbitraria, llevó a Enrique Rais a tener que defenderse en Suiza de acusaciones promovidas el 20 de noviembre de 2017, por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes con apoyo del ex abogado Mario Calderón Castillo, en un claro patrocinio infiel, ya que los mismos canadienses reconocen que es su abogado, utilizaron documentación que este último sustrajo de las empresas de Rais, para intentar sorprender a la Fiscalía Suiza, que se trataba de actos de lavado de dinero, lo que después de la investigación se confirmó que fue una denuncia calumniosa.
Precisamente Enrique Rais fue denunciado por los delitos de Lavado de Dinero, Robo de las acciones de MIDES, corrupción de funcionarios y fraude procesal, por los mismos hechos que se han montado los procesos penales en El Salvador y sobre los cuales Naciones Unidas ha ordenado que se debe “poner fin inmediato al proceso penal en contra del Sr. Rais” y “garantizarle su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización.” Esto forma parte de las responsabilidades del Estado de El Salvador, que el Gobierno ya se encuentra cumpliendo a partir de la divulgación que previamente realizó por medio de Cancillería de la resolución que declara la detención arbitraria decretada contra Rais. (Publicada en: https://rree.gob.sv/opiniones-del-grupo-de-trabajo-sobre-la-detencion-arbitraria-en-su-89o-periodo-de-sesiones-23-a-27-de-noviembre-de-2020/ )
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“La resolución de Naciones Unidas que declara la detención arbitraria de Rais, por la justicia salvadoreña”
De acuerdo, al apoderado legal de Enrique Rais, su cliente ha sido víctima del sistema judicial en El Salvador, lo que ha quedado comprobado con la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, dictamen al que el Gobierno de Suiza ha dado la validez y cumplimiento que corresponde a partir de las obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.
Añade que el caso fabricado contra Enrique Rais, es una muestra de cómo anteriormente el Sistema Penal ha sido utilizado por estructuras de poder político y económico para afectar a personas por fines de intereses empresariales o comerciales; siendo precisamente lo que denunció siempre su cliente y que el tiempo, así como organismos internacionales y un gobierno que destaca en institucionalidad y Estado de Derecho como Suiza, le están permitiendo demostrar que es víctima de abuso de poder.
El abogado recordó que en la Corte Suprema de Justicia, siendo Presidente de ese Órgano de Estado, Óscar Armando Pineda Navas, se efectuaron una serie de traslados y remociones de Jueces que iban a conocer los procesos contra su cliente y en otros casos se retiraron jueces y magistrados, por el simple hecho de haber fallado previamente de un modo favorable en casos relacionados con Rais, lo que es también atentorio contra la independencia judicial; pues se envía un mensaje a cualquier autoridad judicial o Tribunal que si fallaban conforme a justicia y le daban la razón a mi cliente, podían también ser removidos de sus cargos o desmejorados con traslados a sedes judiciales en la periferia. Esto además de las presiones públicas que realizaba el Exfiscal general.
También, en el caso del Ex Magistrado Carlos Ernesto Sánchez, quien previamente como miembro de la Cámara 1ª de lo Penal de San Salvador, fue quien le decretó basado en prueba ilícita y prueba falsa la detención provisional a Enrique Rais, lo que ha sido declarado como una detención arbitraria por Naciones Unidas. Y además, quiso apuntar el abogado, resulta que los Ex Magistrados de Sala de lo Constitucional que han sido recientemente destituidos de sus cargos, en una aplicación selectiva de justicia constitucional, mantuvieron engavetados por tres años recursos de hábeas corpus promovidos por los abogados de Enrique Rais, ya que resolverlos implicaba confirmar que su privación de libertad había sido ilegal, mientras que en otros casos esa misma Sala emitió “sentencias exprés”
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“Suiza sobresee de todos los cargos a Enrique Rais”
Después de una exhaustiva y objetiva investigación, la Fiscalía Suiza concluyó que Enrique Rais, no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputaban, por tanto le decreta el Sobreseimiento y además ordena que el Gobierno Suizo lo indemnice por los daños y perjuicios que le ha ocasionado una persecución penal falsa.
En su resolución, la Fiscalía Suiza, reconoce que por una parte el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por su nivel de respetabilidad mundial y ser la máxima autoridad para pronunciarse en la materia, le contiene toda la credibilidad para confirmar lo declarado por parte de Enrique Rais, de ser víctima de abuso de poder. Y por otra parte cuestiona las actuaciones de Fiscalía y Poder Judicial de El Salvador, auxiliándose para ello de información contenida en el «Índice de Percepción de la Corrupción» de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL para el año 2020, que es una clasificación del nivel de percepción de la corrupción en el mundo en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo, en el cual, El Salvador se situó en el puesto 104 con una puntuación de 36/100, 100 correspondiente a «con regular nivel de corrupto».
Un estudio realizado por la misma asociación concluyó que en 2019, «el 93%» de la población salvadoreña consideraba muy problemático el grado de corrupción en el Sistema Judicial.
La publicación divulgada por 24 HEURES, de acuerdo a personeros Suizos consultados, responde al compromiso de los medios de prensa en aquel país, por ser objetivos y veraces con su información de tal forma que al haber publicado en aquel momento una entrevista sobre la base de los cuestionamientos por acciones penales contra Enrique Rais, ahora se ocupan de desmentir todos los hechos falsos y hacer pública su inocencia frente a tales acusaciones.
Judicial
Condenan a 32 integrantes de la MS-13 por múltiples crímenes cometidos en Ahuachapán
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
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Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS fueron condenados hasta con 53 años de prisión
Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 53 años de prisión por formar parte o liderar agrupaciones con estructura jerárquica y organizadas como la MS-13 que en el pasado infundieron terror e inseguridad en la población.
Según el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados formaban parte de la estructura que delinquían en diferentes sectores de Chalatenango en donde fueron capturados en 2022, durante el Régimen de Excepción.
Entre los condenados se encuentra el homeboy José Gerardo Hércules Pineda, alias «charcha», quien recibió una pena de 53 años de prisión; y los paros Luis Fernando Alvarado Reyes, alias «canchis»; Hugo Alberto Romero Castillo, alias «Hugo»; y Josué Ezequiel Marroquín Pineda, alias «beleti» o «zunso», fueron condenados a 26 años de prisión cada uno.
También recibieron una condena de 26 años de cárcel los colaboradores Yeimy Gregoria Clavel Quijada, también conocida como Yeimin Gregoria Clavel Quijada, alias «my friend» o «yeimi»; Ramón Ernesto Castillo Mejía, alias «gargamón»; Simón Alvarado Orellana, alias «Simón»; y Nelson de Jesús Palma Escobar.
Las condenas fueron impuestas por el delito de organizaciones terroristas con agravación especial por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 2, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General de la República.
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Cárcel para abusador de dos niñas de Ciudad Arce
A una pena de 32 años de prisión fue condenado Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas (una de ellas con discapacidad mental) en Ciudad Arce, La Libertad Centro, durante los años 2022 y 2024.
El imputado habría aprovechado su relación con la madre de las víctimas para acercarse a ellas y violarlas mientras estaban bajo su cargo o cuando dormían.

Durante dos años Álvarez mantuvo amenazadas a las menores para que guardaran silencio y no lo delataran; tiempo después le contaron a unos familiares, quienes las acompañaron a denunciar y mediante orden fiscal el imputado fue detenido.
La condena de cárcel fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el fiscal en juicio.
A Hernández Álvarez se le condenó por el delito de violación agravada continuada (16 años por víctima) y está obligado al pago de $3,600 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.






