Judicial
Norman Quijano será juzgado por la Cámara Primero de lo Penal tras negociar con pandillas
La Asamblea Legislativa le eliminó ayer el fuero constitucional a Norman Noel Quijano González, diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para que enfrente la justicia por los delitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Dicho proceso será llevado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. El desafuero fue aprobado con 66 votos de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y VAMOS, mientras que los diputados del partido de Quijano — ARENA— solo se hicieron presentes a la instalación de la plenaria y posteriormente abandonaron el Salón Azul; por lo tanto, se les descontará el día laboral.
Los cinco partidos que votaron a favor del dictamen de la comisión especial de antejuicio concluyeron que había suficientes elementos testimoniales y documentales ofertados por la Fiscalía que demostraron la participación de Quijano en la negociación con los grupos terroristas. El parlamentario tricolor ha enfrentado dos antejuicios por los mismos delitos.
El primero fue a petición del fiscal general, Raúl Melara, en noviembre de 2020, cuando era diputado de la Asamblea Legislativa, pero por falta de votos no fue desaforado. En esa oportunidad, el FMLN insistió en el desafuero, pero ayer simplemente no votó y tampoco razonó la decisión. En agosto de ese año la cámara que verá el caso le había suspendido temporalmente la orden de captura.
El segundo antejuicio fue promovido desde el 3 de noviembre de este año por el nuevo fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, y desarrollado por la nueva Asamblea Legislativa, teniendo la mayoría calificada la bancada de Nuevas Ideas.
Según el requerimiento fiscal, Quijano, quien huyó desde mayo pasado hacia Honduras, y miembros de su equipo de campaña sostuvieron varias reuniones con integrantes de estructuras delincuenciales y les ofrecieron beneficios económicos y sociales a cambio del respaldo electoral en las elecciones presidenciales de 2014.
En esos comicios Quijano competía como el candidato de ARENA a la presidencia de la república para el período 2014-2019, y su contendiente era Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, ahora nacionalizado nicaragüense y señalado de cometer actos de corrupción en su Gobierno.
La acusación señala que una de las reuniones de Quijano con pandilleros fue desarrollada en la sede de la Red Nacional de Pastores, en la colonia Flor Blanca, de San Salvador, previo a la segunda vuelta de la campaña electoral. En la primera vuelta el candidato arenero obtuvo al menos 500,000 votos menos que Sánchez Cerén.
La Fiscalía dice que Quijano ofreció en ese encuentro a los cabecillas $100,000 del presupuesto general del Estado de 2015 para la rehabilitación de exintegrantes, recursos que serían administrados por las alcaldías; también les ofreció $100 millones en programas sociales y consensuar el nombramiento del próximo ministro de Seguridad.
Los pandilleros grabaron en video dicha reunión, que luego, en el proceso de investigación, fue incorporado por la Fiscalía como parte de las pruebas para solicitar el desafuero del excandidato presidencial.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a prisión perpetua a cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por el delito de pertenencia a organización terrorista. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada después de que el tribunal valorara las pruebas presentadas contra la estructura que operaba en ese departamento.
Entre los sentenciados figura Josué Odir Granados Zapata, identificado por la Fiscalía como cabecilla y palabrero encargado de una zona. También recibieron prisión perpetua Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez, señalados como integrantes de la misma agrupación.
En el mismo proceso, otros cuatro miembros fueron condenados a 45 años de cárcel cada uno por agrupaciones ilícitas. En total, el fallo comprende a nueve personas, con penas diferenciadas según los delitos por los que fueron encontradas responsables.
Los cuatro condenados a 45 años también tienen procesos judiciales pendientes, de acuerdo con la información atribuida a la FGR. Esas causas deberán resolverse por separado; los reportes consultados no detallan los delitos adicionales ni las fechas de las próximas audiencias.
Juan Antonio Herrera Velásquez, de 43 años y conocido como “el hermano Juan”, fue capturado por presuntamente amenazar a una mujer de 40 años. Según la información publicada por El Blog, que atribuye el procedimiento a la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se realizó en flagrancia.
El detenido fue presentado en publicaciones de redes sociales como un hombre dedicado a predicar mensajes religiosos. Sin embargo, la información consultada no identifica la congregación a la que pertenecería ni precisa si desempeña formalmente un cargo pastoral.
El delito señalado en el reporte es amenazas. Aunque el titular original utiliza la palabra “ultraja”, el contenido de la noticia no describe una agresión sexual ni detalla lesiones físicas contra la mujer. Tampoco especifica las expresiones que habría utilizado el detenido o las circunstancias que originaron el incidente.
Hasta la publicación consultada, no se había precisado oficialmente el lugar de los hechos ni si existía algún vínculo entre Herrera Velásquez y la víctima. Las búsquedas complementarias localizaron publicaciones sobre la captura, pero no aportaron un informe oficial accesible con mayores detalles del caso.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
