Judicial
Norman Quijano será juzgado por la Cámara Primero de lo Penal tras negociar con pandillas
La Asamblea Legislativa le eliminó ayer el fuero constitucional a Norman Noel Quijano González, diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para que enfrente la justicia por los delitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Dicho proceso será llevado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. El desafuero fue aprobado con 66 votos de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y VAMOS, mientras que los diputados del partido de Quijano — ARENA— solo se hicieron presentes a la instalación de la plenaria y posteriormente abandonaron el Salón Azul; por lo tanto, se les descontará el día laboral.
Los cinco partidos que votaron a favor del dictamen de la comisión especial de antejuicio concluyeron que había suficientes elementos testimoniales y documentales ofertados por la Fiscalía que demostraron la participación de Quijano en la negociación con los grupos terroristas. El parlamentario tricolor ha enfrentado dos antejuicios por los mismos delitos.
El primero fue a petición del fiscal general, Raúl Melara, en noviembre de 2020, cuando era diputado de la Asamblea Legislativa, pero por falta de votos no fue desaforado. En esa oportunidad, el FMLN insistió en el desafuero, pero ayer simplemente no votó y tampoco razonó la decisión. En agosto de ese año la cámara que verá el caso le había suspendido temporalmente la orden de captura.
El segundo antejuicio fue promovido desde el 3 de noviembre de este año por el nuevo fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, y desarrollado por la nueva Asamblea Legislativa, teniendo la mayoría calificada la bancada de Nuevas Ideas.
Según el requerimiento fiscal, Quijano, quien huyó desde mayo pasado hacia Honduras, y miembros de su equipo de campaña sostuvieron varias reuniones con integrantes de estructuras delincuenciales y les ofrecieron beneficios económicos y sociales a cambio del respaldo electoral en las elecciones presidenciales de 2014.
En esos comicios Quijano competía como el candidato de ARENA a la presidencia de la república para el período 2014-2019, y su contendiente era Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, ahora nacionalizado nicaragüense y señalado de cometer actos de corrupción en su Gobierno.
La acusación señala que una de las reuniones de Quijano con pandilleros fue desarrollada en la sede de la Red Nacional de Pastores, en la colonia Flor Blanca, de San Salvador, previo a la segunda vuelta de la campaña electoral. En la primera vuelta el candidato arenero obtuvo al menos 500,000 votos menos que Sánchez Cerén.
La Fiscalía dice que Quijano ofreció en ese encuentro a los cabecillas $100,000 del presupuesto general del Estado de 2015 para la rehabilitación de exintegrantes, recursos que serían administrados por las alcaldías; también les ofreció $100 millones en programas sociales y consensuar el nombramiento del próximo ministro de Seguridad.
Los pandilleros grabaron en video dicha reunión, que luego, en el proceso de investigación, fue incorporado por la Fiscalía como parte de las pruebas para solicitar el desafuero del excandidato presidencial.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
