Judicial
Norman Quijano será juzgado por la Cámara Primero de lo Penal tras negociar con pandillas
La Asamblea Legislativa le eliminó ayer el fuero constitucional a Norman Noel Quijano González, diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para que enfrente la justicia por los delitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Dicho proceso será llevado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. El desafuero fue aprobado con 66 votos de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y VAMOS, mientras que los diputados del partido de Quijano — ARENA— solo se hicieron presentes a la instalación de la plenaria y posteriormente abandonaron el Salón Azul; por lo tanto, se les descontará el día laboral.
Los cinco partidos que votaron a favor del dictamen de la comisión especial de antejuicio concluyeron que había suficientes elementos testimoniales y documentales ofertados por la Fiscalía que demostraron la participación de Quijano en la negociación con los grupos terroristas. El parlamentario tricolor ha enfrentado dos antejuicios por los mismos delitos.
El primero fue a petición del fiscal general, Raúl Melara, en noviembre de 2020, cuando era diputado de la Asamblea Legislativa, pero por falta de votos no fue desaforado. En esa oportunidad, el FMLN insistió en el desafuero, pero ayer simplemente no votó y tampoco razonó la decisión. En agosto de ese año la cámara que verá el caso le había suspendido temporalmente la orden de captura.
El segundo antejuicio fue promovido desde el 3 de noviembre de este año por el nuevo fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, y desarrollado por la nueva Asamblea Legislativa, teniendo la mayoría calificada la bancada de Nuevas Ideas.
Según el requerimiento fiscal, Quijano, quien huyó desde mayo pasado hacia Honduras, y miembros de su equipo de campaña sostuvieron varias reuniones con integrantes de estructuras delincuenciales y les ofrecieron beneficios económicos y sociales a cambio del respaldo electoral en las elecciones presidenciales de 2014.
En esos comicios Quijano competía como el candidato de ARENA a la presidencia de la república para el período 2014-2019, y su contendiente era Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, ahora nacionalizado nicaragüense y señalado de cometer actos de corrupción en su Gobierno.
La acusación señala que una de las reuniones de Quijano con pandilleros fue desarrollada en la sede de la Red Nacional de Pastores, en la colonia Flor Blanca, de San Salvador, previo a la segunda vuelta de la campaña electoral. En la primera vuelta el candidato arenero obtuvo al menos 500,000 votos menos que Sánchez Cerén.
La Fiscalía dice que Quijano ofreció en ese encuentro a los cabecillas $100,000 del presupuesto general del Estado de 2015 para la rehabilitación de exintegrantes, recursos que serían administrados por las alcaldías; también les ofreció $100 millones en programas sociales y consensuar el nombramiento del próximo ministro de Seguridad.
Los pandilleros grabaron en video dicha reunión, que luego, en el proceso de investigación, fue incorporado por la Fiscalía como parte de las pruebas para solicitar el desafuero del excandidato presidencial.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
