Judicial
Norman Quijano será juzgado por la Cámara Primero de lo Penal tras negociar con pandillas
La Asamblea Legislativa le eliminó ayer el fuero constitucional a Norman Noel Quijano González, diputado de ARENA en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), para que enfrente la justicia por los delitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Dicho proceso será llevado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro. El desafuero fue aprobado con 66 votos de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y VAMOS, mientras que los diputados del partido de Quijano — ARENA— solo se hicieron presentes a la instalación de la plenaria y posteriormente abandonaron el Salón Azul; por lo tanto, se les descontará el día laboral.
Los cinco partidos que votaron a favor del dictamen de la comisión especial de antejuicio concluyeron que había suficientes elementos testimoniales y documentales ofertados por la Fiscalía que demostraron la participación de Quijano en la negociación con los grupos terroristas. El parlamentario tricolor ha enfrentado dos antejuicios por los mismos delitos.
El primero fue a petición del fiscal general, Raúl Melara, en noviembre de 2020, cuando era diputado de la Asamblea Legislativa, pero por falta de votos no fue desaforado. En esa oportunidad, el FMLN insistió en el desafuero, pero ayer simplemente no votó y tampoco razonó la decisión. En agosto de ese año la cámara que verá el caso le había suspendido temporalmente la orden de captura.
El segundo antejuicio fue promovido desde el 3 de noviembre de este año por el nuevo fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, y desarrollado por la nueva Asamblea Legislativa, teniendo la mayoría calificada la bancada de Nuevas Ideas.
Según el requerimiento fiscal, Quijano, quien huyó desde mayo pasado hacia Honduras, y miembros de su equipo de campaña sostuvieron varias reuniones con integrantes de estructuras delincuenciales y les ofrecieron beneficios económicos y sociales a cambio del respaldo electoral en las elecciones presidenciales de 2014.
En esos comicios Quijano competía como el candidato de ARENA a la presidencia de la república para el período 2014-2019, y su contendiente era Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, ahora nacionalizado nicaragüense y señalado de cometer actos de corrupción en su Gobierno.
La acusación señala que una de las reuniones de Quijano con pandilleros fue desarrollada en la sede de la Red Nacional de Pastores, en la colonia Flor Blanca, de San Salvador, previo a la segunda vuelta de la campaña electoral. En la primera vuelta el candidato arenero obtuvo al menos 500,000 votos menos que Sánchez Cerén.
La Fiscalía dice que Quijano ofreció en ese encuentro a los cabecillas $100,000 del presupuesto general del Estado de 2015 para la rehabilitación de exintegrantes, recursos que serían administrados por las alcaldías; también les ofreció $100 millones en programas sociales y consensuar el nombramiento del próximo ministro de Seguridad.
Los pandilleros grabaron en video dicha reunión, que luego, en el proceso de investigación, fue incorporado por la Fiscalía como parte de las pruebas para solicitar el desafuero del excandidato presidencial.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
