Judicial
«No me vayas a echar a la jura porque aquí mismo te vamos a reventar”, así amenazaba un pandillero a un empresario en San Salvador
Un empresario cansado ser extorsionado denunció a dos criminales de la pandilla 39, quienes le exigieron $1,500 para no atentar contra su vida. Uno de los imputados dijo en la vista pública que dejó esa estructura delincuencial hace ocho años y que todo fue montado por la Policía.
Una vida tranquila, eso es lo que tenía Romel (nombre modificado por seguridad), un pequeño empresario de San Salvador, quien hasta finales de 2016 no tenía mayores problemas en su vida. Sin embargo, no fue hasta que Francisco Alexis M., de 38 años de edad, y Jesús M., de 39, llegaron un día a tocarle la puerta para exigirle dinero a cambio de no asesinarlo junto con su familia.
Francisco, un convicto retirado desde hace ocho años de la pandilla 39 –una aliada de la pandilla 18- que nació en el alma de la 39ª avenida Sur de San Salvador en 1994. Desde que dejó la pandilla se había dedicado al mantenimiento automotriz, con especialidad en enderezado y pintura, y en ese mismo oficio conoció a Jesús, quien hasta el momento no había tenido problemas con la justicia.
Según la relación de los hechos que se ventiló en un juicio en contra de los sujetos, fue la tarde del 6 de noviembre cuando alguien llegó a tocarle la puerta de su casa. Él abrió sin imaginar que ese momento sería el inicio de un martirio.
Enfrente tenía a Francisco, un hombre alto, flaco, con la cabellera rapada, una barba espesa y abundantes tatuajes, quien le dijo que debía entregarle a la pandilla $500 al día siguiente sobre la calle Los Almendros, detrás de la terminal de Occidente en San Salvador.
Con la vida sentenciada, él logró juntar la cifra requerida y al día siguiente llegó al lugar y hora indicada. Se paró a esperar en una zona solitaria, cuando de pronto apareció un vehículo rojo donde se conducía Francisco junto con Jesús. Temeroso se acercó al carro y se apresuró a entregarles el dinero sin intercambiar palabras, tenía miedo por su vida y decidió seguir cada paso.
Cuando los hombres se fueron, sintió un alivio y así fue por varios días en los que no supo más de ellos sino hasta el 20 de noviembre que Francisco llegó nuevamente para pedirle $1,000 que tenían que ser entregados en las próximas horas.
“Aquí mismo te vamos a reventar”
El hombre no sabía qué hacer, ya no tenía como seguir pagando por lo que decidió interponer una denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes organizaron una entrega controlada para capturar a los dos sujetos. La víctima cuando habló con el pandillero le dijo que no llegaría él sino un pariente que ya tenía las coordenadas. Este aceptó las condiciones sin sospechar.
El familiar del que hablaba Romel era un investigador vestido de civil de la corporación, quien llegó a la cita con los criminales. Al igual que la primera vez, el mismo vehículo apareció al fondo de la calle hasta acercarse al oficial.
-“¡Vaya, hacelo rápido! Y no me vayas a echar la jura porque aquí mismo te vamos a reventar”, le dijo Francisco con un tono amenazador, mientras era custodiado por Jesús. El oficial se apresuró a darle un paquete donde disimulaba tener el dinero y estos emprendieron marchar sin saber que habían caído en la trampa. Metros adelante fueron intervenidos por la autoridad policial por el delito de extorsión agravada.
Francisco se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mientras que Jesús es procesado en libertad a la espera de una sentencia. El pasado 25 de septiembre ambos imputados se presentaron a la primera vista pública en la que desfilaron las pruebas testimoniales mostradas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La jueza del Tribunal Cuarto de sentencia de San Salvador preguntó a los imputados si deseaban declarar, pero de los dos solo Francisco decidió hacerlo, ya que se consideraba inocente de los cargos.
Francisco señaló que el arresto había sido un montaje de la Policía y “por un simple capricho”, por el simple hecho de tener tatuajes alusivos a la pandilla 39, a la que asegura ya no pertenece.
En una intervención de 20 minutos explicó que el día que fue capturado, él se conducía en un vehículo rojo junto con Jesús sobre el bulevar Monseñor Romero cuando de pronto fueron intervenidos por agentes que sin mediar palabras los golpearon, los arrestaron y luego los trasladaron hacia la terminal de Occidente.
“El investigador me dice que si yo les entregaba información de pandillas o le entregaba armas que ellos podrían hacer un trato conmigo (para ser liberado). Le explique que no tengo relación con pandillas, no tengo información ni armas”, señaló el imputado, quien asegura que fue objeto de una entrega controlada montada por los policías para inculparlo.
Durante la audiencia el Ministerio Público solicitó suspenderla, ya que la víctima no se presentó debido a estar fuera del país. Se espera que el juicio continúe la otra semana para que dicho tribunal dicte una resolución y determine la responsabilidad civil y penal de los imputados.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
