Judicial
«No me vayas a echar a la jura porque aquí mismo te vamos a reventar”, así amenazaba un pandillero a un empresario en San Salvador
Un empresario cansado ser extorsionado denunció a dos criminales de la pandilla 39, quienes le exigieron $1,500 para no atentar contra su vida. Uno de los imputados dijo en la vista pública que dejó esa estructura delincuencial hace ocho años y que todo fue montado por la Policía.
Una vida tranquila, eso es lo que tenía Romel (nombre modificado por seguridad), un pequeño empresario de San Salvador, quien hasta finales de 2016 no tenía mayores problemas en su vida. Sin embargo, no fue hasta que Francisco Alexis M., de 38 años de edad, y Jesús M., de 39, llegaron un día a tocarle la puerta para exigirle dinero a cambio de no asesinarlo junto con su familia.
Francisco, un convicto retirado desde hace ocho años de la pandilla 39 –una aliada de la pandilla 18- que nació en el alma de la 39ª avenida Sur de San Salvador en 1994. Desde que dejó la pandilla se había dedicado al mantenimiento automotriz, con especialidad en enderezado y pintura, y en ese mismo oficio conoció a Jesús, quien hasta el momento no había tenido problemas con la justicia.
Según la relación de los hechos que se ventiló en un juicio en contra de los sujetos, fue la tarde del 6 de noviembre cuando alguien llegó a tocarle la puerta de su casa. Él abrió sin imaginar que ese momento sería el inicio de un martirio.
Enfrente tenía a Francisco, un hombre alto, flaco, con la cabellera rapada, una barba espesa y abundantes tatuajes, quien le dijo que debía entregarle a la pandilla $500 al día siguiente sobre la calle Los Almendros, detrás de la terminal de Occidente en San Salvador.
Con la vida sentenciada, él logró juntar la cifra requerida y al día siguiente llegó al lugar y hora indicada. Se paró a esperar en una zona solitaria, cuando de pronto apareció un vehículo rojo donde se conducía Francisco junto con Jesús. Temeroso se acercó al carro y se apresuró a entregarles el dinero sin intercambiar palabras, tenía miedo por su vida y decidió seguir cada paso.
Cuando los hombres se fueron, sintió un alivio y así fue por varios días en los que no supo más de ellos sino hasta el 20 de noviembre que Francisco llegó nuevamente para pedirle $1,000 que tenían que ser entregados en las próximas horas.
“Aquí mismo te vamos a reventar”
El hombre no sabía qué hacer, ya no tenía como seguir pagando por lo que decidió interponer una denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes organizaron una entrega controlada para capturar a los dos sujetos. La víctima cuando habló con el pandillero le dijo que no llegaría él sino un pariente que ya tenía las coordenadas. Este aceptó las condiciones sin sospechar.
El familiar del que hablaba Romel era un investigador vestido de civil de la corporación, quien llegó a la cita con los criminales. Al igual que la primera vez, el mismo vehículo apareció al fondo de la calle hasta acercarse al oficial.
-“¡Vaya, hacelo rápido! Y no me vayas a echar la jura porque aquí mismo te vamos a reventar”, le dijo Francisco con un tono amenazador, mientras era custodiado por Jesús. El oficial se apresuró a darle un paquete donde disimulaba tener el dinero y estos emprendieron marchar sin saber que habían caído en la trampa. Metros adelante fueron intervenidos por la autoridad policial por el delito de extorsión agravada.
Francisco se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mientras que Jesús es procesado en libertad a la espera de una sentencia. El pasado 25 de septiembre ambos imputados se presentaron a la primera vista pública en la que desfilaron las pruebas testimoniales mostradas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La jueza del Tribunal Cuarto de sentencia de San Salvador preguntó a los imputados si deseaban declarar, pero de los dos solo Francisco decidió hacerlo, ya que se consideraba inocente de los cargos.
Francisco señaló que el arresto había sido un montaje de la Policía y “por un simple capricho”, por el simple hecho de tener tatuajes alusivos a la pandilla 39, a la que asegura ya no pertenece.
En una intervención de 20 minutos explicó que el día que fue capturado, él se conducía en un vehículo rojo junto con Jesús sobre el bulevar Monseñor Romero cuando de pronto fueron intervenidos por agentes que sin mediar palabras los golpearon, los arrestaron y luego los trasladaron hacia la terminal de Occidente.
“El investigador me dice que si yo les entregaba información de pandillas o le entregaba armas que ellos podrían hacer un trato conmigo (para ser liberado). Le explique que no tengo relación con pandillas, no tengo información ni armas”, señaló el imputado, quien asegura que fue objeto de una entrega controlada montada por los policías para inculparlo.
Durante la audiencia el Ministerio Público solicitó suspenderla, ya que la víctima no se presentó debido a estar fuera del país. Se espera que el juicio continúe la otra semana para que dicho tribunal dicte una resolución y determine la responsabilidad civil y penal de los imputados.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
