Judicial
«No me vayas a echar a la jura porque aquí mismo te vamos a reventar”, así amenazaba un pandillero a un empresario en San Salvador
Un empresario cansado ser extorsionado denunció a dos criminales de la pandilla 39, quienes le exigieron $1,500 para no atentar contra su vida. Uno de los imputados dijo en la vista pública que dejó esa estructura delincuencial hace ocho años y que todo fue montado por la Policía.
Una vida tranquila, eso es lo que tenía Romel (nombre modificado por seguridad), un pequeño empresario de San Salvador, quien hasta finales de 2016 no tenía mayores problemas en su vida. Sin embargo, no fue hasta que Francisco Alexis M., de 38 años de edad, y Jesús M., de 39, llegaron un día a tocarle la puerta para exigirle dinero a cambio de no asesinarlo junto con su familia.
Francisco, un convicto retirado desde hace ocho años de la pandilla 39 –una aliada de la pandilla 18- que nació en el alma de la 39ª avenida Sur de San Salvador en 1994. Desde que dejó la pandilla se había dedicado al mantenimiento automotriz, con especialidad en enderezado y pintura, y en ese mismo oficio conoció a Jesús, quien hasta el momento no había tenido problemas con la justicia.
Según la relación de los hechos que se ventiló en un juicio en contra de los sujetos, fue la tarde del 6 de noviembre cuando alguien llegó a tocarle la puerta de su casa. Él abrió sin imaginar que ese momento sería el inicio de un martirio.
Enfrente tenía a Francisco, un hombre alto, flaco, con la cabellera rapada, una barba espesa y abundantes tatuajes, quien le dijo que debía entregarle a la pandilla $500 al día siguiente sobre la calle Los Almendros, detrás de la terminal de Occidente en San Salvador.
Con la vida sentenciada, él logró juntar la cifra requerida y al día siguiente llegó al lugar y hora indicada. Se paró a esperar en una zona solitaria, cuando de pronto apareció un vehículo rojo donde se conducía Francisco junto con Jesús. Temeroso se acercó al carro y se apresuró a entregarles el dinero sin intercambiar palabras, tenía miedo por su vida y decidió seguir cada paso.
Cuando los hombres se fueron, sintió un alivio y así fue por varios días en los que no supo más de ellos sino hasta el 20 de noviembre que Francisco llegó nuevamente para pedirle $1,000 que tenían que ser entregados en las próximas horas.
“Aquí mismo te vamos a reventar”
El hombre no sabía qué hacer, ya no tenía como seguir pagando por lo que decidió interponer una denuncia a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes organizaron una entrega controlada para capturar a los dos sujetos. La víctima cuando habló con el pandillero le dijo que no llegaría él sino un pariente que ya tenía las coordenadas. Este aceptó las condiciones sin sospechar.
El familiar del que hablaba Romel era un investigador vestido de civil de la corporación, quien llegó a la cita con los criminales. Al igual que la primera vez, el mismo vehículo apareció al fondo de la calle hasta acercarse al oficial.
-“¡Vaya, hacelo rápido! Y no me vayas a echar la jura porque aquí mismo te vamos a reventar”, le dijo Francisco con un tono amenazador, mientras era custodiado por Jesús. El oficial se apresuró a darle un paquete donde disimulaba tener el dinero y estos emprendieron marchar sin saber que habían caído en la trampa. Metros adelante fueron intervenidos por la autoridad policial por el delito de extorsión agravada.
Francisco se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mientras que Jesús es procesado en libertad a la espera de una sentencia. El pasado 25 de septiembre ambos imputados se presentaron a la primera vista pública en la que desfilaron las pruebas testimoniales mostradas por la Fiscalía General de la República (FGR).
La jueza del Tribunal Cuarto de sentencia de San Salvador preguntó a los imputados si deseaban declarar, pero de los dos solo Francisco decidió hacerlo, ya que se consideraba inocente de los cargos.
Francisco señaló que el arresto había sido un montaje de la Policía y “por un simple capricho”, por el simple hecho de tener tatuajes alusivos a la pandilla 39, a la que asegura ya no pertenece.
En una intervención de 20 minutos explicó que el día que fue capturado, él se conducía en un vehículo rojo junto con Jesús sobre el bulevar Monseñor Romero cuando de pronto fueron intervenidos por agentes que sin mediar palabras los golpearon, los arrestaron y luego los trasladaron hacia la terminal de Occidente.
“El investigador me dice que si yo les entregaba información de pandillas o le entregaba armas que ellos podrían hacer un trato conmigo (para ser liberado). Le explique que no tengo relación con pandillas, no tengo información ni armas”, señaló el imputado, quien asegura que fue objeto de una entrega controlada montada por los policías para inculparlo.
Durante la audiencia el Ministerio Público solicitó suspenderla, ya que la víctima no se presentó debido a estar fuera del país. Se espera que el juicio continúe la otra semana para que dicho tribunal dicte una resolución y determine la responsabilidad civil y penal de los imputados.
Por: El Salvador Times.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
