Judicial
Hasta 60 años pasarán tras las rejas los cabecillas de pandillas en El Salvador
Para continuar con el combate de las pandillas y a propuesta del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aumentó las penas carcelarias en contra de los cabecillas de las estructuras delincuenciales y reguló los procedimientos judiciales de los más de 71, 000 pandilleros capturados con el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Con los votos favorables de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA, el pleno incorporó el artículo 2-A en la Ley Contra el Crimen Organizado, para aumentar de 45 a 60 años la pena carcelaria en contra de los cabecillas de las pandillas, por su calidad de autores mediatos de delitos de realización compleja como el homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión.
Los cambios en el cuerpo de ley no fueron respaldados por las fracciones legislativas del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo (que votaron en contra), ni de ARENA (que no votó). Los cuatro partidos de oposición suman 16 de los 84 votos del pleno legislativo. En ocasiones anteriores, también se han opuesto a dar sus votos para financiar programas o acciones para el combate de las pandillas, como el Plan Control Territorial (PCT).
Previo a la votación en el pleno legislativo, la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quienes se mostraron a favor de las reformas para endurecer las condenas carcelarias.
«Pretendemos que la causal de ser cabecilla sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Por ejemplo, si la condena máxima por agrupaciones ilícitas es de 45 años aumentaría a 60 para los cabecillas», dijo el ministro Villatoro en su comparecencia a la comisión de seguridad.
Las reformas también incorporaron el artículo 4-A para que la Fiscalía General de la República (FGR) haga uso de las nuevas tecnologías para presentar, mediante cualquier soporte electrónico, las solicitudes y documentación de procesos penales contra los pandilleros ante las sedes judiciales del país.
De igual manera, con la reforma de ley crearon el artículo 5-A para que la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la supervisión de la FGR, se auxilie de colaboradores nacionales o extranjeros para que participen en operaciones encubiertas para lograr la captura de quienes cometan delitos de realización compleja.
Para garantizarles su integridad física y personal, la identidad de dichos colaboradores, así como la información del inicio de la investigación, se mantendrá en reserva en la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado y la Corrupción de la FGR, según establece el inciso segundo del artículo 5-A.
Además de aumentar las penas carcelarias, la Asamblea Legislativa también aprobó las disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de los capturados con el régimen de excepción. «Las detenciones están en control judicial, pero no contamos con las herramientas para agilizar la fase de instrucción; sin embargo, ahora las tendremos. Con esta iniciativa, los criminales serán juzgados por clicas, es decir, de la forma en la que se organizaban para delinquir en los territorios», explicó Villatoro en la comisión de seguridad pública de la Asamblea.
Con la reforma, la FGR realizará procedimientos transicionales que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva, presentar las pruebas de forma ordenada y agrupar a las pandillas por células, según establecen los artículos 2 y 3 de las disposiciones. Por esta iniciativa también votaron en contra los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, mientras que ARENA no votó.
En cambio, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA votaron a favor. Los diputados de la bancada cian recordaron que el año pasado también aprobaron reformas de ley presentadas por el Ejecutivo para robustecer el sistema judicial y combatir a las pandillas.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
