Judicial
Hasta 60 años pasarán tras las rejas los cabecillas de pandillas en El Salvador
Para continuar con el combate de las pandillas y a propuesta del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aumentó las penas carcelarias en contra de los cabecillas de las estructuras delincuenciales y reguló los procedimientos judiciales de los más de 71, 000 pandilleros capturados con el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Con los votos favorables de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA, el pleno incorporó el artículo 2-A en la Ley Contra el Crimen Organizado, para aumentar de 45 a 60 años la pena carcelaria en contra de los cabecillas de las pandillas, por su calidad de autores mediatos de delitos de realización compleja como el homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión.
Los cambios en el cuerpo de ley no fueron respaldados por las fracciones legislativas del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo (que votaron en contra), ni de ARENA (que no votó). Los cuatro partidos de oposición suman 16 de los 84 votos del pleno legislativo. En ocasiones anteriores, también se han opuesto a dar sus votos para financiar programas o acciones para el combate de las pandillas, como el Plan Control Territorial (PCT).
Previo a la votación en el pleno legislativo, la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quienes se mostraron a favor de las reformas para endurecer las condenas carcelarias.
«Pretendemos que la causal de ser cabecilla sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Por ejemplo, si la condena máxima por agrupaciones ilícitas es de 45 años aumentaría a 60 para los cabecillas», dijo el ministro Villatoro en su comparecencia a la comisión de seguridad.
Las reformas también incorporaron el artículo 4-A para que la Fiscalía General de la República (FGR) haga uso de las nuevas tecnologías para presentar, mediante cualquier soporte electrónico, las solicitudes y documentación de procesos penales contra los pandilleros ante las sedes judiciales del país.
De igual manera, con la reforma de ley crearon el artículo 5-A para que la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la supervisión de la FGR, se auxilie de colaboradores nacionales o extranjeros para que participen en operaciones encubiertas para lograr la captura de quienes cometan delitos de realización compleja.
Para garantizarles su integridad física y personal, la identidad de dichos colaboradores, así como la información del inicio de la investigación, se mantendrá en reserva en la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado y la Corrupción de la FGR, según establece el inciso segundo del artículo 5-A.
Además de aumentar las penas carcelarias, la Asamblea Legislativa también aprobó las disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de los capturados con el régimen de excepción. «Las detenciones están en control judicial, pero no contamos con las herramientas para agilizar la fase de instrucción; sin embargo, ahora las tendremos. Con esta iniciativa, los criminales serán juzgados por clicas, es decir, de la forma en la que se organizaban para delinquir en los territorios», explicó Villatoro en la comisión de seguridad pública de la Asamblea.
Con la reforma, la FGR realizará procedimientos transicionales que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva, presentar las pruebas de forma ordenada y agrupar a las pandillas por células, según establecen los artículos 2 y 3 de las disposiciones. Por esta iniciativa también votaron en contra los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, mientras que ARENA no votó.
En cambio, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA votaron a favor. Los diputados de la bancada cian recordaron que el año pasado también aprobaron reformas de ley presentadas por el Ejecutivo para robustecer el sistema judicial y combatir a las pandillas.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
