Judicial
Hasta 60 años pasarán tras las rejas los cabecillas de pandillas en El Salvador
Para continuar con el combate de las pandillas y a propuesta del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aumentó las penas carcelarias en contra de los cabecillas de las estructuras delincuenciales y reguló los procedimientos judiciales de los más de 71, 000 pandilleros capturados con el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Con los votos favorables de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA, el pleno incorporó el artículo 2-A en la Ley Contra el Crimen Organizado, para aumentar de 45 a 60 años la pena carcelaria en contra de los cabecillas de las pandillas, por su calidad de autores mediatos de delitos de realización compleja como el homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión.
Los cambios en el cuerpo de ley no fueron respaldados por las fracciones legislativas del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo (que votaron en contra), ni de ARENA (que no votó). Los cuatro partidos de oposición suman 16 de los 84 votos del pleno legislativo. En ocasiones anteriores, también se han opuesto a dar sus votos para financiar programas o acciones para el combate de las pandillas, como el Plan Control Territorial (PCT).
Previo a la votación en el pleno legislativo, la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quienes se mostraron a favor de las reformas para endurecer las condenas carcelarias.
«Pretendemos que la causal de ser cabecilla sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Por ejemplo, si la condena máxima por agrupaciones ilícitas es de 45 años aumentaría a 60 para los cabecillas», dijo el ministro Villatoro en su comparecencia a la comisión de seguridad.
Las reformas también incorporaron el artículo 4-A para que la Fiscalía General de la República (FGR) haga uso de las nuevas tecnologías para presentar, mediante cualquier soporte electrónico, las solicitudes y documentación de procesos penales contra los pandilleros ante las sedes judiciales del país.
De igual manera, con la reforma de ley crearon el artículo 5-A para que la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la supervisión de la FGR, se auxilie de colaboradores nacionales o extranjeros para que participen en operaciones encubiertas para lograr la captura de quienes cometan delitos de realización compleja.
Para garantizarles su integridad física y personal, la identidad de dichos colaboradores, así como la información del inicio de la investigación, se mantendrá en reserva en la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado y la Corrupción de la FGR, según establece el inciso segundo del artículo 5-A.
Además de aumentar las penas carcelarias, la Asamblea Legislativa también aprobó las disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de los capturados con el régimen de excepción. «Las detenciones están en control judicial, pero no contamos con las herramientas para agilizar la fase de instrucción; sin embargo, ahora las tendremos. Con esta iniciativa, los criminales serán juzgados por clicas, es decir, de la forma en la que se organizaban para delinquir en los territorios», explicó Villatoro en la comisión de seguridad pública de la Asamblea.
Con la reforma, la FGR realizará procedimientos transicionales que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva, presentar las pruebas de forma ordenada y agrupar a las pandillas por células, según establecen los artículos 2 y 3 de las disposiciones. Por esta iniciativa también votaron en contra los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, mientras que ARENA no votó.
En cambio, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA votaron a favor. Los diputados de la bancada cian recordaron que el año pasado también aprobaron reformas de ley presentadas por el Ejecutivo para robustecer el sistema judicial y combatir a las pandillas.
Judicial
Acusados de estafar con paquetes turísticos seguirán en prisión mientras avanza investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, Lised Cristina Posada Cuadros, Gregorio Andrés García Echeverry, Jonathan David Torres Builes y Natalia Paniagüa Jaramillo se mantengan en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de estafa.
A los imputados se les acusa de promover paquetes vacacionales a través de una falsa agencia de viajes, Trópico Travel. En este nuevo proceso se han registrado las denuncias de 51 víctimas
De acuerdo a la investigación y testimonios de las víctimas, los imputados vendían membresías turísticas con un amplio portafolio de beneficios, logrando que les pagaran con tarjetas de crédito, pero cuando las víctimas querían hacer uso de lo que habían adquirido, no pudieron.
El monto que se reclama en calidad de responsabilidad civil a favor de las víctimas es de $77,042.00 dólares.
La primera audiencia en contra de los imputados se realizó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el caso pasa a la etapa de instrucción.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la detención provisional en contra de Gerardo Quijada Orellana, mejor conocido como “Mr. Miyagui”, por el delito de estafa en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2024, la víctima decidió llevar su vehículo al taller “GQ Racing”, propiedad de Quijada, para realizar una reparación.
Tras hacerle un scáner, le dijeron que la reparación por el cambio de árbol de llaves y cárter tendría un costo de $1,000, a lo que la víctima accedió y canceló.
El día de la entrega del vehículo, la víctima reportó el mismo fallo mecánico, razón por la que volvió a llevar el vehículo al taller, donde Quijada Orellana asumió el costo de la supuesta reparación por problemas en la bomba de gasolina. La víctima pidió que le entregaran la pieza dañada, pero el ahora procesado se negó.
El problema en el vehículo continúo, la víctima decidió llevar su vehículo a otro taller donde le diagnosticaron que el problema era con la caja de velocidades, con un costo de $1,200.
La víctima intentó contactar a Gerardo Quijada Orellana para que asumiera los costos, pero nunca le respondió
A 26 años de prisión fue condenada Flor Arely Molina tras ser hallada culpable de arrebatarle la vida a un pequeño de solo dos años y medio de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes.
La FGR explicó que el menor perdió la vida tras ser golpeado. “Este lamentable hecho ocurrió en noviembre de 2023, en Santa Tecla, La Libertad”, añadieron autoridades.
Según el reporte, Molina era la cuidadora o niñera del menor, y fue valiéndose de esa situación que sucedieron los hechos.
Tras el desfile de pruebas el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso la sentencia ante la contundencia de las mismas. Por su parte, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con la condena.
