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Judicial

Hasta 60 años pasarán tras las rejas los cabecillas de pandillas en El Salvador

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Para continuar con el combate de las pandillas y a propuesta del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aumentó las penas carcelarias en contra de los cabecillas de las estructuras delincuenciales y reguló los procedimientos judiciales de los más de 71, 000 pandilleros capturados con el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022.

Con los votos favorables de Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA, el pleno incorporó el artículo 2-A en la Ley Contra el Crimen Organizado, para aumentar de 45 a 60 años la pena carcelaria en contra de los cabecillas de las pandillas, por su calidad de autores mediatos de delitos de realización compleja como el homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión.

Los cambios en el cuerpo de ley no fueron respaldados por las fracciones legislativas del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo (que votaron en contra), ni de ARENA (que no votó). Los cuatro partidos de oposición suman 16 de los 84 votos del pleno legislativo. En ocasiones anteriores, también se han opuesto a dar sus votos para financiar programas o acciones para el combate de las pandillas, como el Plan Control Territorial (PCT).

Previo a la votación en el pleno legislativo, la comisión de seguridad pública de la Asamblea Legislativa recibió al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quienes se mostraron a favor de las reformas para endurecer las condenas carcelarias.

«Pretendemos que la causal de ser cabecilla sea suficiente para incrementar un tercio de la pena. Por ejemplo, si la condena máxima por agrupaciones ilícitas es de 45 años aumentaría a 60 para los cabecillas», dijo el ministro Villatoro en su comparecencia a la comisión de seguridad.

Las reformas también incorporaron el artículo 4-A para que la Fiscalía General de la República (FGR) haga uso de las nuevas tecnologías para presentar, mediante cualquier soporte electrónico, las solicitudes y documentación de procesos penales contra los pandilleros ante las sedes judiciales del país.

De igual manera, con la reforma de ley crearon el artículo 5-A para que la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la supervisión de la FGR, se auxilie de colaboradores nacionales o extranjeros para que participen en operaciones encubiertas para lograr la captura de quienes cometan delitos de realización compleja.

Para garantizarles su integridad física y personal, la identidad de dichos colaboradores, así como la información del inicio de la investigación, se mantendrá en reserva en la Fiscalía Adjunta Contra el Crimen Organizado y la Corrupción de la FGR, según establece el inciso segundo del artículo 5-A.

Además de aumentar las penas carcelarias, la Asamblea Legislativa también aprobó las disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de los capturados con el régimen de excepción. «Las detenciones están en control judicial, pero no contamos con las herramientas para agilizar la fase de instrucción; sin embargo, ahora las tendremos. Con esta iniciativa, los criminales serán juzgados por clicas, es decir, de la forma en la que se organizaban para delinquir en los territorios», explicó Villatoro en la comisión de seguridad pública de la Asamblea.

Con la reforma, la FGR realizará procedimientos transicionales que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva, presentar las pruebas de forma ordenada y agrupar a las pandillas por células, según establecen los artículos 2 y 3 de las disposiciones. Por esta iniciativa también votaron en contra los grupos parlamentarios del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo, mientras que ARENA no votó.

En cambio, Nuevas Ideas, GANA, PCN, PDC y los tres diputados disidentes de ARENA votaron a favor. Los diputados de la bancada cian recordaron que el año pasado también aprobaron reformas de ley presentadas por el Ejecutivo para robustecer el sistema judicial y combatir a las pandillas.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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