Judicial
Fiscales acusados de inventar pruebas contra Enrique Rais, buscaron que no se dieran ha conocer nota de “Los trapos sucios del fiscal que se va”
Los fiscales acusados de inventar pruebas contra el empresario Enrique Rais intentaron que el periódico web El Faro no publicara la noticia titulada “Los trapos sucios del fiscal que se va”, que hace alusión a Douglas Meléndez, quien finalizó sus funciones al frente del Ministerio Público a inicios de este año.
La resolucion del Juez 4 de Instruccion declaró “No Ha Lugar ” lo solicitado por los fiscales quienes intentaron que no se publicara el reportaje periodístico y que se ordenara al El Faro a bajar la noticia que afecta al exFiscal Douglas Meléndez.
“POR TANTO, CON BASE A LO EXPUESTO Y A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 19 Y SIGUIENTES D
DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA; SE RESUELVE: A) DELCARESE NO HA LUGAR LA PETICIÓN FISCAL DE LIBRAR OFICIO AL PERIÓDICO DIGITAL EL FARO , A FIN DE QUE RETIREN O SUPRIMAN DE LA NOTA PERIODÍSTICA DESCRITA EN LA PRESENTE RESOLUCON; APLIQUENSE LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE ESTABLEZCA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS LEYES, A EFECTO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA RESERVA DEL PRESENTE PROCESO PENAL”, dice parte de la resolución.
A continuación mostramos parte del reportaje de El Faro titulado “Los trapos sucios el fiscal que se va”
https://elfaro.net/es/201901/el_salvador/22822/Los-trapos-sucios-del-fiscal-que-se-va.htm
Durante sus tres años de gestión, Meléndez ha repetido que recibió una Fiscalía maniatada por el crimen organizado, y en múltiples ocasiones apuntó su discurso contra la corrupción y el nepotismo.
“En El Salvador hay una corrupción sistemática. El Salvador es un país donde hay corrupción enquistada, la corrupción está en todos lados, en las instituciones públicas, ministerios, autónomas, en la política y hasta en la iglesia”, dijo a finales de agosto de 2018, durante el Encuentro Nacional Anticorrupción.
Saca y Martínez condenados; dos procesos abiertos por corrupción contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), el primer mandatario del FMLN; y el apoyo de la embajada de los Estados Unidos eran las cartas para su reelección, algo que no logró. El 21 de diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa eligió a Raúl Melara como nuevo fiscal general. La independencia de Melara ha sido cuestionada por diferentes sectores porque fue asesor del actual candidato a la presidencia del partido Arena, Carlos Calleja.
Son los últimos días de Meléndez al frente de la Fiscalía. Al revisar sus tres años de gestión, en la rutina, en el día a día, lejos de las cámaras, algunos fiscales cuentan que en esa institución ocurrieron prácticas que se parecen a lo que su jefe más criticó durante su período.
Entre octubre y diciembre de 2018, El Faro conversó con siete fiscales (tres de unidades especializadas, dos de unidades comunes y dos de una oficina subregional, en el interior del país). Todos pidieron anonimato como condición, asegurando que de aparecer sus nombres perderían sus empleos o se les abrirían expedientes en Auditoría Fiscal, la unidad que investiga a los fiscales. “Si el jefe lo tiene a uno en la mira le abren expedientes hasta por no poner el nombre del papá de un testigo en el sistema (informático) ¿A mí como fiscal de qué me sirve saber cómo se llama el papá de un testigo? ¿En qué me ayuda a resolver un caso?”, dijo una fiscal.
Los fiscales describen obstáculos en algunas investigaciones, en especial cuando los involucrados han sido miembros de la Fiscalía. Las fuentes señalan conflictos de interés de algunos jefes y cuentan que la institución encargada de castigar a la delincuencia fue víctima de la delincuencia: la Fiscalía de San Miguel extravió medio centenar de armas que eran evidencias en procesos judiciales. La investigación de ese hecho no ha dado mayores resultados y, pese a los indicios, ningún jefe o empleado fiscal ha sido sancionado.
Este periódico rastreó una serie documentos oficiales (actas policiales, documentos notariales) e información oficial de otras instituciones, como el Tribunal de Ética Gubernamental y la Dirección de Migración, que coinciden con la información revelada por las fuentes anónimas. Así se reconstruyeron cuatro casos, cuatro estampas desconocidas de la administración de Meléndez.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
