Judicial
Fiscales acusados de inventar pruebas contra Enrique Rais, buscaron que no se dieran ha conocer nota de “Los trapos sucios del fiscal que se va”
Los fiscales acusados de inventar pruebas contra el empresario Enrique Rais intentaron que el periódico web El Faro no publicara la noticia titulada “Los trapos sucios del fiscal que se va”, que hace alusión a Douglas Meléndez, quien finalizó sus funciones al frente del Ministerio Público a inicios de este año.
La resolucion del Juez 4 de Instruccion declaró “No Ha Lugar ” lo solicitado por los fiscales quienes intentaron que no se publicara el reportaje periodístico y que se ordenara al El Faro a bajar la noticia que afecta al exFiscal Douglas Meléndez.
“POR TANTO, CON BASE A LO EXPUESTO Y A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 19 Y SIGUIENTES D
DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA; SE RESUELVE: A) DELCARESE NO HA LUGAR LA PETICIÓN FISCAL DE LIBRAR OFICIO AL PERIÓDICO DIGITAL EL FARO , A FIN DE QUE RETIREN O SUPRIMAN DE LA NOTA PERIODÍSTICA DESCRITA EN LA PRESENTE RESOLUCON; APLIQUENSE LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE ESTABLEZCA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS LEYES, A EFECTO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA RESERVA DEL PRESENTE PROCESO PENAL”, dice parte de la resolución.
A continuación mostramos parte del reportaje de El Faro titulado “Los trapos sucios el fiscal que se va”
https://elfaro.net/es/201901/el_salvador/22822/Los-trapos-sucios-del-fiscal-que-se-va.htm
Durante sus tres años de gestión, Meléndez ha repetido que recibió una Fiscalía maniatada por el crimen organizado, y en múltiples ocasiones apuntó su discurso contra la corrupción y el nepotismo.
“En El Salvador hay una corrupción sistemática. El Salvador es un país donde hay corrupción enquistada, la corrupción está en todos lados, en las instituciones públicas, ministerios, autónomas, en la política y hasta en la iglesia”, dijo a finales de agosto de 2018, durante el Encuentro Nacional Anticorrupción.
Saca y Martínez condenados; dos procesos abiertos por corrupción contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), el primer mandatario del FMLN; y el apoyo de la embajada de los Estados Unidos eran las cartas para su reelección, algo que no logró. El 21 de diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa eligió a Raúl Melara como nuevo fiscal general. La independencia de Melara ha sido cuestionada por diferentes sectores porque fue asesor del actual candidato a la presidencia del partido Arena, Carlos Calleja.
Son los últimos días de Meléndez al frente de la Fiscalía. Al revisar sus tres años de gestión, en la rutina, en el día a día, lejos de las cámaras, algunos fiscales cuentan que en esa institución ocurrieron prácticas que se parecen a lo que su jefe más criticó durante su período.
Entre octubre y diciembre de 2018, El Faro conversó con siete fiscales (tres de unidades especializadas, dos de unidades comunes y dos de una oficina subregional, en el interior del país). Todos pidieron anonimato como condición, asegurando que de aparecer sus nombres perderían sus empleos o se les abrirían expedientes en Auditoría Fiscal, la unidad que investiga a los fiscales. “Si el jefe lo tiene a uno en la mira le abren expedientes hasta por no poner el nombre del papá de un testigo en el sistema (informático) ¿A mí como fiscal de qué me sirve saber cómo se llama el papá de un testigo? ¿En qué me ayuda a resolver un caso?”, dijo una fiscal.
Los fiscales describen obstáculos en algunas investigaciones, en especial cuando los involucrados han sido miembros de la Fiscalía. Las fuentes señalan conflictos de interés de algunos jefes y cuentan que la institución encargada de castigar a la delincuencia fue víctima de la delincuencia: la Fiscalía de San Miguel extravió medio centenar de armas que eran evidencias en procesos judiciales. La investigación de ese hecho no ha dado mayores resultados y, pese a los indicios, ningún jefe o empleado fiscal ha sido sancionado.
Este periódico rastreó una serie documentos oficiales (actas policiales, documentos notariales) e información oficial de otras instituciones, como el Tribunal de Ética Gubernamental y la Dirección de Migración, que coinciden con la información revelada por las fuentes anónimas. Así se reconstruyeron cuatro casos, cuatro estampas desconocidas de la administración de Meléndez.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
