Judicial
Fiscales acusados de inventar pruebas contra Enrique Rais, buscaron que no se dieran ha conocer nota de “Los trapos sucios del fiscal que se va”
Los fiscales acusados de inventar pruebas contra el empresario Enrique Rais intentaron que el periódico web El Faro no publicara la noticia titulada “Los trapos sucios del fiscal que se va”, que hace alusión a Douglas Meléndez, quien finalizó sus funciones al frente del Ministerio Público a inicios de este año.
La resolucion del Juez 4 de Instruccion declaró “No Ha Lugar ” lo solicitado por los fiscales quienes intentaron que no se publicara el reportaje periodístico y que se ordenara al El Faro a bajar la noticia que afecta al exFiscal Douglas Meléndez.
“POR TANTO, CON BASE A LO EXPUESTO Y A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 19 Y SIGUIENTES D
DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA; SE RESUELVE: A) DELCARESE NO HA LUGAR LA PETICIÓN FISCAL DE LIBRAR OFICIO AL PERIÓDICO DIGITAL EL FARO , A FIN DE QUE RETIREN O SUPRIMAN DE LA NOTA PERIODÍSTICA DESCRITA EN LA PRESENTE RESOLUCON; APLIQUENSE LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE ESTABLEZCA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS LEYES, A EFECTO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA RESERVA DEL PRESENTE PROCESO PENAL”, dice parte de la resolución.
A continuación mostramos parte del reportaje de El Faro titulado “Los trapos sucios el fiscal que se va”
https://elfaro.net/es/201901/el_salvador/22822/Los-trapos-sucios-del-fiscal-que-se-va.htm
Durante sus tres años de gestión, Meléndez ha repetido que recibió una Fiscalía maniatada por el crimen organizado, y en múltiples ocasiones apuntó su discurso contra la corrupción y el nepotismo.
“En El Salvador hay una corrupción sistemática. El Salvador es un país donde hay corrupción enquistada, la corrupción está en todos lados, en las instituciones públicas, ministerios, autónomas, en la política y hasta en la iglesia”, dijo a finales de agosto de 2018, durante el Encuentro Nacional Anticorrupción.
Saca y Martínez condenados; dos procesos abiertos por corrupción contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), el primer mandatario del FMLN; y el apoyo de la embajada de los Estados Unidos eran las cartas para su reelección, algo que no logró. El 21 de diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa eligió a Raúl Melara como nuevo fiscal general. La independencia de Melara ha sido cuestionada por diferentes sectores porque fue asesor del actual candidato a la presidencia del partido Arena, Carlos Calleja.
Son los últimos días de Meléndez al frente de la Fiscalía. Al revisar sus tres años de gestión, en la rutina, en el día a día, lejos de las cámaras, algunos fiscales cuentan que en esa institución ocurrieron prácticas que se parecen a lo que su jefe más criticó durante su período.
Entre octubre y diciembre de 2018, El Faro conversó con siete fiscales (tres de unidades especializadas, dos de unidades comunes y dos de una oficina subregional, en el interior del país). Todos pidieron anonimato como condición, asegurando que de aparecer sus nombres perderían sus empleos o se les abrirían expedientes en Auditoría Fiscal, la unidad que investiga a los fiscales. “Si el jefe lo tiene a uno en la mira le abren expedientes hasta por no poner el nombre del papá de un testigo en el sistema (informático) ¿A mí como fiscal de qué me sirve saber cómo se llama el papá de un testigo? ¿En qué me ayuda a resolver un caso?”, dijo una fiscal.
Los fiscales describen obstáculos en algunas investigaciones, en especial cuando los involucrados han sido miembros de la Fiscalía. Las fuentes señalan conflictos de interés de algunos jefes y cuentan que la institución encargada de castigar a la delincuencia fue víctima de la delincuencia: la Fiscalía de San Miguel extravió medio centenar de armas que eran evidencias en procesos judiciales. La investigación de ese hecho no ha dado mayores resultados y, pese a los indicios, ningún jefe o empleado fiscal ha sido sancionado.
Este periódico rastreó una serie documentos oficiales (actas policiales, documentos notariales) e información oficial de otras instituciones, como el Tribunal de Ética Gubernamental y la Dirección de Migración, que coinciden con la información revelada por las fuentes anónimas. Así se reconstruyeron cuatro casos, cuatro estampas desconocidas de la administración de Meléndez.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
