Judicial
Estrangulado a su novia embarazada para que no se diera cuenta su otra pareja, enfrentaría pena hasta de 60 años cárcel
Henry Alberto Salazar Burgos, de 28 años regresa al Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, acusado de haber estrangulado a su novia embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 26 años.
El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2017, algunos meses después la Policía capturó al sujeto y el lunes se reanudó el juicio en donde está acusado de feminicidio agravado en perjuicio de la que fuera su pareja y de aborto sin consentimiento en contra de su pequeño no nacido de ocho meses.
El reporte fiscal establece que en octubre de 2017 la pareja tuvo una discusión porque Lilian le estaba exigiendo que se hiciera cargo de los gastos de su embarazo, $75 mensuales, pero Henry no quiso y le insistió en que mejor abortara al pequeño.
La insistencia del hombre para que la mujer abortara era, de acuerdo con las investigaciones, porque Henry mantenía una relación sentimental con otra mujer y no quería que ella se enterara de que Lilian estaba embarazada.
«El hombre no quería que su “novia formal” se enterara, por eso cuando Lilian y él iban en un vehículo en la zona entre San Marcos y Santo Tomás es que la da muerte, la estranguló y fue a deshacerse del cuerpo entre Olocuilta y Miramar», según explicó Douglas Meléndez cuando todavía era fiscal general.
Después de haberla matado el hombre regresó a San Salvador como que nada hubiera pasado, pero las autoridades investigaron y concluyeron con el arresto y acusación formal.
El viernes, día en que se reanudó el proceso, cuatro testigos desfilaron, entre ellos un médico encargado de hacer la autopsia y un psiquiatra forense que entrevistó a los familiares y compañeros de trabajo para saber cómo era la relación entre Henry y Lilian.
De acuerdo a lo expresado por los conocidos, la mujer sufría tanto de violencia emocional, física y económica, pues era ella la que pagaba los gastos cuando salían a algún lugar.
Como parte de los testigos también llegaron un agente de la Policía y explicó los pormenores del día en que encontraron el cadáver y un perito fiscal quien mostró videos de cámaras de vigilancia el día del asesinato.
Este lunes, al juicio llegan dos testigos más, con los que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de Salazar Burgos.
De ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan, el hombre enfrentaría una pena de hasta 60 años, pues por feminicidio agravado la condena es de 50 años y por aborto sin consentimiento va desde los cuatro hasta los 10 años
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
