Judicial
Estrangulado a su novia embarazada para que no se diera cuenta su otra pareja, enfrentaría pena hasta de 60 años cárcel
Henry Alberto Salazar Burgos, de 28 años regresa al Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, acusado de haber estrangulado a su novia embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 26 años.
El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2017, algunos meses después la Policía capturó al sujeto y el lunes se reanudó el juicio en donde está acusado de feminicidio agravado en perjuicio de la que fuera su pareja y de aborto sin consentimiento en contra de su pequeño no nacido de ocho meses.
El reporte fiscal establece que en octubre de 2017 la pareja tuvo una discusión porque Lilian le estaba exigiendo que se hiciera cargo de los gastos de su embarazo, $75 mensuales, pero Henry no quiso y le insistió en que mejor abortara al pequeño.
La insistencia del hombre para que la mujer abortara era, de acuerdo con las investigaciones, porque Henry mantenía una relación sentimental con otra mujer y no quería que ella se enterara de que Lilian estaba embarazada.
«El hombre no quería que su “novia formal” se enterara, por eso cuando Lilian y él iban en un vehículo en la zona entre San Marcos y Santo Tomás es que la da muerte, la estranguló y fue a deshacerse del cuerpo entre Olocuilta y Miramar», según explicó Douglas Meléndez cuando todavía era fiscal general.
Después de haberla matado el hombre regresó a San Salvador como que nada hubiera pasado, pero las autoridades investigaron y concluyeron con el arresto y acusación formal.
El viernes, día en que se reanudó el proceso, cuatro testigos desfilaron, entre ellos un médico encargado de hacer la autopsia y un psiquiatra forense que entrevistó a los familiares y compañeros de trabajo para saber cómo era la relación entre Henry y Lilian.
De acuerdo a lo expresado por los conocidos, la mujer sufría tanto de violencia emocional, física y económica, pues era ella la que pagaba los gastos cuando salían a algún lugar.
Como parte de los testigos también llegaron un agente de la Policía y explicó los pormenores del día en que encontraron el cadáver y un perito fiscal quien mostró videos de cámaras de vigilancia el día del asesinato.
Este lunes, al juicio llegan dos testigos más, con los que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de Salazar Burgos.
De ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan, el hombre enfrentaría una pena de hasta 60 años, pues por feminicidio agravado la condena es de 50 años y por aborto sin consentimiento va desde los cuatro hasta los 10 años
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
