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Estrangulado a su novia embarazada para que no se diera cuenta su otra pareja, enfrentaría pena hasta de 60 años cárcel
Henry Alberto Salazar Burgos, de 28 años regresa al Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer, acusado de haber estrangulado a su novia embarazada, Lilian Beatriz Méndez Ramírez, de 26 años.
El crimen ocurrió el 20 de octubre de 2017, algunos meses después la Policía capturó al sujeto y el lunes se reanudó el juicio en donde está acusado de feminicidio agravado en perjuicio de la que fuera su pareja y de aborto sin consentimiento en contra de su pequeño no nacido de ocho meses.
El reporte fiscal establece que en octubre de 2017 la pareja tuvo una discusión porque Lilian le estaba exigiendo que se hiciera cargo de los gastos de su embarazo, $75 mensuales, pero Henry no quiso y le insistió en que mejor abortara al pequeño.
La insistencia del hombre para que la mujer abortara era, de acuerdo con las investigaciones, porque Henry mantenía una relación sentimental con otra mujer y no quería que ella se enterara de que Lilian estaba embarazada.
«El hombre no quería que su “novia formal” se enterara, por eso cuando Lilian y él iban en un vehículo en la zona entre San Marcos y Santo Tomás es que la da muerte, la estranguló y fue a deshacerse del cuerpo entre Olocuilta y Miramar», según explicó Douglas Meléndez cuando todavía era fiscal general.
Después de haberla matado el hombre regresó a San Salvador como que nada hubiera pasado, pero las autoridades investigaron y concluyeron con el arresto y acusación formal.
El viernes, día en que se reanudó el proceso, cuatro testigos desfilaron, entre ellos un médico encargado de hacer la autopsia y un psiquiatra forense que entrevistó a los familiares y compañeros de trabajo para saber cómo era la relación entre Henry y Lilian.
De acuerdo a lo expresado por los conocidos, la mujer sufría tanto de violencia emocional, física y económica, pues era ella la que pagaba los gastos cuando salían a algún lugar.
Como parte de los testigos también llegaron un agente de la Policía y explicó los pormenores del día en que encontraron el cadáver y un perito fiscal quien mostró videos de cámaras de vigilancia el día del asesinato.
Este lunes, al juicio llegan dos testigos más, con los que la Fiscalía pretende demostrar la culpabilidad de Salazar Burgos.
De ser encontrado culpable de los cargos que se le imputan, el hombre enfrentaría una pena de hasta 60 años, pues por feminicidio agravado la condena es de 50 años y por aborto sin consentimiento va desde los cuatro hasta los 10 años
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
