Judicial
Acusan a excomisionado de Acceso a la Información de manosear, borracho, a una mujer en una fiesta con diplomáticos
La noche del 12 de diciembre de 2014, la embajada de Alemania en El Salvador decidió sumarse a las celebraciones por la Semana de la Transparencia, una temática que desde hace algunos años ha sido motivo de festejo en la comunidad política salvadoreña. Para hacerlo, convocaron a un cóctel que tuvo como invitados a funcionarios y representantes de diferentes entidades relacionadas con el tema.
Como era de esperar, entre los invitados estaban los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero también representantes de instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Uno de los que acudió a la cita fue Mauricio Vásquez López, quien para esa fecha se desempeñaba como comisionado del IAIP y quien anteriormente había sido asesor jurídico en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL).
Los invitados fueron llegando a la sede de la legación, ubicada en la colonia Escalón, a eso de las 7:30 de la noche. Entre quienes acudieron está la supuesta víctima -quien por estar bajo régimen de protección no se puede revelar su nombre- y un amigo suyo.
La mujer permaneció en la terraza de la residencia, pero al paso de las horas decidió ingresar a una de las salas para sentarse junto a su acompañante y otros cinco invitados –entre ellos Vásquez López-. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche.
Al entrar, la supuesta víctima observó cómo el imputado derramó una bebida y se desbalanceó, aparentemente a causa del estado en el que se encontraba producto de la ingesta de alcohol, según se conoció cuando se instaló la audiencia inicial del caso el 18 de abril de 2017.
Ahí se supo que tras pasar unos 15 minutos, y sin aparente motivo, Vásquez López tomó del cuello y del cabello a la mujer, la jaló hacia él e intentó besarla; como reacción, ella se asustó y lo empujó para separarlo. La insistencia del hombre fue tal que volvió a intentar obtener ese beso forzado.
Según se ha conocido en el proceso judicial, en la segunda ocasión el imputado la tomó de los brazos y le rozó uno de sus senos. Ante esto, ella logró levantarse de la silla.
Indignada, la mujer se fue al parqueo de la residencia con su acompañante, mientras Vásquez López fue acompañado por los representantes de FUNDE y Fusades hasta afuera de la casa.
Ahí, pararon un taxi para que el hombre se fuera del lugar.
La continuación del proceso judicial
El Juzgado Decimoquinto de Paz envió a audiencia preliminar el caso, que actualmente se encuentra en el Juzgado 6° de Instrucción.
Vásquez López obtuvo medidas con sustitución a la detención, por lo que cada ocho días debe presentarse a firmar en ese juzgado. Además, se le indicó que no debía salir del país, no debía cambiar de domicilio ni tener contacto con la víctima.
Durante este tiempo, el imputado laboró como comisionado propietario en el IAIP de manera normal y en el periodo de los cuatro años que le correspondían, del 23 de febrero de 2013 al 7 de junio de 2017. Esta última fecha fue alargada debido a que hubo un retraso en la elección de los nuevos comisionados.
El próximo 6 de marzo el Tribunal 1° de Sentencia instalará la audiencia de vista pública, luego de haberla suspendido el pasado 29 de enero por falta de la supuesta víctima, de los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR), de testigos y de un abogado querellante.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
