Judicial
Acusan a excomisionado de Acceso a la Información de manosear, borracho, a una mujer en una fiesta con diplomáticos
La noche del 12 de diciembre de 2014, la embajada de Alemania en El Salvador decidió sumarse a las celebraciones por la Semana de la Transparencia, una temática que desde hace algunos años ha sido motivo de festejo en la comunidad política salvadoreña. Para hacerlo, convocaron a un cóctel que tuvo como invitados a funcionarios y representantes de diferentes entidades relacionadas con el tema.
Como era de esperar, entre los invitados estaban los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero también representantes de instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Uno de los que acudió a la cita fue Mauricio Vásquez López, quien para esa fecha se desempeñaba como comisionado del IAIP y quien anteriormente había sido asesor jurídico en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL).
Los invitados fueron llegando a la sede de la legación, ubicada en la colonia Escalón, a eso de las 7:30 de la noche. Entre quienes acudieron está la supuesta víctima -quien por estar bajo régimen de protección no se puede revelar su nombre- y un amigo suyo.
La mujer permaneció en la terraza de la residencia, pero al paso de las horas decidió ingresar a una de las salas para sentarse junto a su acompañante y otros cinco invitados –entre ellos Vásquez López-. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche.
Al entrar, la supuesta víctima observó cómo el imputado derramó una bebida y se desbalanceó, aparentemente a causa del estado en el que se encontraba producto de la ingesta de alcohol, según se conoció cuando se instaló la audiencia inicial del caso el 18 de abril de 2017.
Ahí se supo que tras pasar unos 15 minutos, y sin aparente motivo, Vásquez López tomó del cuello y del cabello a la mujer, la jaló hacia él e intentó besarla; como reacción, ella se asustó y lo empujó para separarlo. La insistencia del hombre fue tal que volvió a intentar obtener ese beso forzado.
Según se ha conocido en el proceso judicial, en la segunda ocasión el imputado la tomó de los brazos y le rozó uno de sus senos. Ante esto, ella logró levantarse de la silla.
Indignada, la mujer se fue al parqueo de la residencia con su acompañante, mientras Vásquez López fue acompañado por los representantes de FUNDE y Fusades hasta afuera de la casa.
Ahí, pararon un taxi para que el hombre se fuera del lugar.
La continuación del proceso judicial
El Juzgado Decimoquinto de Paz envió a audiencia preliminar el caso, que actualmente se encuentra en el Juzgado 6° de Instrucción.
Vásquez López obtuvo medidas con sustitución a la detención, por lo que cada ocho días debe presentarse a firmar en ese juzgado. Además, se le indicó que no debía salir del país, no debía cambiar de domicilio ni tener contacto con la víctima.
Durante este tiempo, el imputado laboró como comisionado propietario en el IAIP de manera normal y en el periodo de los cuatro años que le correspondían, del 23 de febrero de 2013 al 7 de junio de 2017. Esta última fecha fue alargada debido a que hubo un retraso en la elección de los nuevos comisionados.
El próximo 6 de marzo el Tribunal 1° de Sentencia instalará la audiencia de vista pública, luego de haberla suspendido el pasado 29 de enero por falta de la supuesta víctima, de los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR), de testigos y de un abogado querellante.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
