Judicial
Acusan a excomisionado de Acceso a la Información de manosear, borracho, a una mujer en una fiesta con diplomáticos
La noche del 12 de diciembre de 2014, la embajada de Alemania en El Salvador decidió sumarse a las celebraciones por la Semana de la Transparencia, una temática que desde hace algunos años ha sido motivo de festejo en la comunidad política salvadoreña. Para hacerlo, convocaron a un cóctel que tuvo como invitados a funcionarios y representantes de diferentes entidades relacionadas con el tema.
Como era de esperar, entre los invitados estaban los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pero también representantes de instituciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Uno de los que acudió a la cita fue Mauricio Vásquez López, quien para esa fecha se desempeñaba como comisionado del IAIP y quien anteriormente había sido asesor jurídico en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL).
Los invitados fueron llegando a la sede de la legación, ubicada en la colonia Escalón, a eso de las 7:30 de la noche. Entre quienes acudieron está la supuesta víctima -quien por estar bajo régimen de protección no se puede revelar su nombre- y un amigo suyo.
La mujer permaneció en la terraza de la residencia, pero al paso de las horas decidió ingresar a una de las salas para sentarse junto a su acompañante y otros cinco invitados –entre ellos Vásquez López-. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche.
Al entrar, la supuesta víctima observó cómo el imputado derramó una bebida y se desbalanceó, aparentemente a causa del estado en el que se encontraba producto de la ingesta de alcohol, según se conoció cuando se instaló la audiencia inicial del caso el 18 de abril de 2017.
Ahí se supo que tras pasar unos 15 minutos, y sin aparente motivo, Vásquez López tomó del cuello y del cabello a la mujer, la jaló hacia él e intentó besarla; como reacción, ella se asustó y lo empujó para separarlo. La insistencia del hombre fue tal que volvió a intentar obtener ese beso forzado.
Según se ha conocido en el proceso judicial, en la segunda ocasión el imputado la tomó de los brazos y le rozó uno de sus senos. Ante esto, ella logró levantarse de la silla.
Indignada, la mujer se fue al parqueo de la residencia con su acompañante, mientras Vásquez López fue acompañado por los representantes de FUNDE y Fusades hasta afuera de la casa.
Ahí, pararon un taxi para que el hombre se fuera del lugar.
La continuación del proceso judicial
El Juzgado Decimoquinto de Paz envió a audiencia preliminar el caso, que actualmente se encuentra en el Juzgado 6° de Instrucción.
Vásquez López obtuvo medidas con sustitución a la detención, por lo que cada ocho días debe presentarse a firmar en ese juzgado. Además, se le indicó que no debía salir del país, no debía cambiar de domicilio ni tener contacto con la víctima.
Durante este tiempo, el imputado laboró como comisionado propietario en el IAIP de manera normal y en el periodo de los cuatro años que le correspondían, del 23 de febrero de 2013 al 7 de junio de 2017. Esta última fecha fue alargada debido a que hubo un retraso en la elección de los nuevos comisionados.
El próximo 6 de marzo el Tribunal 1° de Sentencia instalará la audiencia de vista pública, luego de haberla suspendido el pasado 29 de enero por falta de la supuesta víctima, de los abogados de la Fiscalía General de la República (FGR), de testigos y de un abogado querellante.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), Anastasio Membreño Martínez fue condenado a 42 años y 8 meses de prisión por violar y agredir sexualmente a una menor de edad. La víctima tenía 12 años cuando Membreño Martínez cometió los crímenes.
Las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán, condenara a Membreño Martínez a 26 años y 8 meses por violación en menor e incapaz agravada y a 16 por agresión sexual en menor o incapaz agravada.
En juicio, el fiscal del caso comprobó que entre el 1 y 6 de junio de 2023, el procesado agredió y violó a la menor de edad en la casa de la víctima ubicada en la colonia Prado, del cantón El Norte, del distrito de San Francisco Gotera, en Morazán.
El hombre aprovechó que la menor se encontraba sola en la habitación para cometer los delitos.
La menor de edad le contó a una hermana y a su mamá lo que el procesado le había hecho y denunciaron el crimen a las autoridades. El procesado fue condenado en rebeldía.
El Juzgado Tercero de Paz de San Miguel ordenó la detención provisional para Diego Josael Calderón Hernández, quien es procesado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de tráfico ilícito.
«El 14 de enero se recibió información y se le dio la vigilancia a efecto de corroborar la información de que se iba a realizar un traslado de droga, y en efecto, el 15 de enero se verificó e incautó al imputado más de dos kilos de cocaína», explicó la fiscal del caso.
La misma fuente agregó que al efectuar la diligencias del caso, los resultados y pruebas presentadas al citado juzgado se ordenó la detención provisional del imputado.
La droga decomisada a Calderón Hernández tiene un valor de $50,473.58, informó la Fiscalía.
La detención del sospechoso fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien aseguró que fue intervenido por agentes de la División Antinarcóticos de la Policía.
«Este sujeto será procesado por el delito de tráfico ilícito y deberá responder ante las autoridades, sepan que en este país no hay cabida para ningún narcotraficante, los estamos combatiendo y no daremos ni un solo paso atrás», afirmó en esa ocasión el ministro.
Ese día de la captura, el hombre circulaba en un vehículo por el kilómetro 143 de la carretera Panamericana, sector de la colonia Carrillo, en San Miguel.
A 69 años de cárcel fue condenado un pandillero Juan Carlos Saravia Salamanca, homeboy de la MS, por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones, los asesinatos fueron cometidos en el 2016 en San Miguel.
A una de las víctimas la privó de libertad y la llevó a otra zona en donde le quitó la vida. El cuerpo fue localizado días después.
Las privaciones de libertad ocurrieron en el 2015 en los distritos de Jucuarán y El Tránsito, agregó la fiscalía. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra El Crimen Organizado de San Miguel.
