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Judicial

Acusan a dos policías de provocar éxodos de familias en Cuscatancingo

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Familias han sido víctimas de éxodos en una colonia de Cuscatancingo, en San Salvador, gracias a que dos policías se han encargado de generar pánico y zozobra en la comunidad, así lo asegura una vendedora de tortillas que fue privada de libertad en una delegación en 2017 cuando iba a interponer la denuncia.


Según el expediente judicial de este caso, Oscar G., de 26 años de edad, y Eugenio C., de 35, ambos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes son acusados de provocar la movilización de varias familias de las cuales solo una se atrevió a denunciarlos. Francisca (nombre modificado por seguridad) la única de las víctimas que decidió contar lo que había ocurrido.

Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.

“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.

Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.

“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.

Sin embargo, al ver que no salía aviso a persona de la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH).

“Ya quedaste fichada. Nada me cuesta ponerte un paquete de droga”, le dijo uno de ellos al mismo tiempo que le quitaba las esposas. Francisca escapó en estado de shock, la denuncia se interpuso en la PDDH, donde antes ya había denunciado las agresiones de estos agentes.  

A través de otras personas se enteró que al día siguiente de su retención en la delegación, hombres vestidos de negro llegaron a su vivienda para destruirle las ventanas y mancharle las paredes con una equis, igual que las casas de las otras víctimas.

“Yo soy la ley y no importa si nos demanda”

Francisca había logrado establecer un negocio de tortillas, era el único ingreso que le ayudaba a sustentar a su familia. Entre los pasillos estrechos de la colonia, se escuchaba un rumor que otros habitantes huyeron con sus pertenencias, ya que estos policías estaban amedrentando a las personas; a pesar de esto, ella continuaba con su vida y nunca advirtió que estos llegarían como un golpe sin avisar.

Según su testimonio, fue el 9 de enero de 2017 a las 6:00 de la tarde cuando los vio llegar caminando lentamente hacia su negocio junto con otros tres soldados. A pesar de ser la autoridad responsable de su seguridad, ella comenzó a sentirse incómoda y nerviosa mientras rogaba no ser la próxima víctima.

Meses atrás, Francisca construyó una casa improvisada hecha de pilares de madera y un techo de lámina donde hacía todos los días tortillas, a su negocio acudían personas de todos los pasajes. Ella se sentía feliz al saber que su negocio era muy popular.

-Lléveme a donde vive -le dijo Eugenio con un tono serio.

-No puedo, estoy haciendo las tortillas -le contestó mientras palmeaba la masa y lanzaba a la plancha, pero esto solo provocó la furia del policía.

-¡A la gran puta! Si no se van a perder. Nadie se las va a robar -le  insistió con violencia.

Al escuchar el tono de su voz, Francisca sintió un temor que se apoderó de su cuerpo y ante la desfachatez del policía comenzó a caminar hacia su casa y sin algún tipo de documento que validara su inspección, comenzaron a revisar toda la casa.

Ella lo cuestionó sobre el porqué del procedimiento y él le respondió: “Yo soy la ley y no importa si nos demanda porque no nos van a hacer nada”, consigna el expediente judicial del caso. Luego de varios minutos en la casa los policías fueron hasta el negocio y comenzaron a desmantelarlo, ella solo observó sin poder hacer nada.

Esto no fue un obstáculo para ella ya que al día siguiente se dispuso a montar nuevamente el negocio en la acera de su casa. De pronto, aparecieron Eugenio  y Oscar quienes le dijeron: “¿Por qué no haces caso? Ya no queremos verte en el lugar. Ni vendiendo ni en la colonia”, mientras que con su pie comenzó a botarle los recipientes con las tortillas. Tomó un banco y se lo lanzó en la espalda.

Eugenio con un tono molesto le señaló: “No te queremos ver aquí, tienes doce horas para que te vayas a la mierda”.

“Pero, ¿Dónde me voy a ir? No tengo para donde”, les respondió. No le quedó de otra que buscar un nuevo hogar.

Los buenos promedios

Según el expediente policial incorporado en el proceso, Oscar y Eugenio no fueron malos agentes mientras estuvieron dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El primero entró en enero de 2012 y se graduó en 18 de septiembre de 2013 con un promedio de 8.41; al momento de su detención, no tenía ningún tipo de falta en su expediente.

No obstante, Eugenio ya llevaba dos faltas entre leves y graves debido a que no se presentó a trabajar. Ingresó a estudiar para ser policía en marzo de 2006 y se graduó al año siguiente con un promedio de 8.54.

Ahora ellos están resguardados en el centro penitenciario en Metapán, Santa Ana, a la espera de que el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador desarrolle el juicio en su contra por los delitos de amenazas agravadas y limitación a la libertad de circulación.

Por: El Salvador Times.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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