Judicial
Acusan a dos policías de provocar éxodos de familias en Cuscatancingo
Familias han sido víctimas de éxodos en una colonia de Cuscatancingo, en San Salvador, gracias a que dos policías se han encargado de generar pánico y zozobra en la comunidad, así lo asegura una vendedora de tortillas que fue privada de libertad en una delegación en 2017 cuando iba a interponer la denuncia.
Según el expediente judicial de este caso, Oscar G., de 26 años de edad, y Eugenio C., de 35, ambos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes son acusados de provocar la movilización de varias familias de las cuales solo una se atrevió a denunciarlos. Francisca (nombre modificado por seguridad) la única de las víctimas que decidió contar lo que había ocurrido.
Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.
“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.
Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.
“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.
Sin embargo, al ver que no salía aviso a persona de la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH).
“Ya quedaste fichada. Nada me cuesta ponerte un paquete de droga”, le dijo uno de ellos al mismo tiempo que le quitaba las esposas. Francisca escapó en estado de shock, la denuncia se interpuso en la PDDH, donde antes ya había denunciado las agresiones de estos agentes.
A través de otras personas se enteró que al día siguiente de su retención en la delegación, hombres vestidos de negro llegaron a su vivienda para destruirle las ventanas y mancharle las paredes con una equis, igual que las casas de las otras víctimas.
“Yo soy la ley y no importa si nos demanda”
Francisca había logrado establecer un negocio de tortillas, era el único ingreso que le ayudaba a sustentar a su familia. Entre los pasillos estrechos de la colonia, se escuchaba un rumor que otros habitantes huyeron con sus pertenencias, ya que estos policías estaban amedrentando a las personas; a pesar de esto, ella continuaba con su vida y nunca advirtió que estos llegarían como un golpe sin avisar.
Según su testimonio, fue el 9 de enero de 2017 a las 6:00 de la tarde cuando los vio llegar caminando lentamente hacia su negocio junto con otros tres soldados. A pesar de ser la autoridad responsable de su seguridad, ella comenzó a sentirse incómoda y nerviosa mientras rogaba no ser la próxima víctima.
Meses atrás, Francisca construyó una casa improvisada hecha de pilares de madera y un techo de lámina donde hacía todos los días tortillas, a su negocio acudían personas de todos los pasajes. Ella se sentía feliz al saber que su negocio era muy popular.
-Lléveme a donde vive -le dijo Eugenio con un tono serio.
-No puedo, estoy haciendo las tortillas -le contestó mientras palmeaba la masa y lanzaba a la plancha, pero esto solo provocó la furia del policía.
-¡A la gran puta! Si no se van a perder. Nadie se las va a robar -le insistió con violencia.
Al escuchar el tono de su voz, Francisca sintió un temor que se apoderó de su cuerpo y ante la desfachatez del policía comenzó a caminar hacia su casa y sin algún tipo de documento que validara su inspección, comenzaron a revisar toda la casa.
Ella lo cuestionó sobre el porqué del procedimiento y él le respondió: “Yo soy la ley y no importa si nos demanda porque no nos van a hacer nada”, consigna el expediente judicial del caso. Luego de varios minutos en la casa los policías fueron hasta el negocio y comenzaron a desmantelarlo, ella solo observó sin poder hacer nada.
Esto no fue un obstáculo para ella ya que al día siguiente se dispuso a montar nuevamente el negocio en la acera de su casa. De pronto, aparecieron Eugenio y Oscar quienes le dijeron: “¿Por qué no haces caso? Ya no queremos verte en el lugar. Ni vendiendo ni en la colonia”, mientras que con su pie comenzó a botarle los recipientes con las tortillas. Tomó un banco y se lo lanzó en la espalda.
Eugenio con un tono molesto le señaló: “No te queremos ver aquí, tienes doce horas para que te vayas a la mierda”.
“Pero, ¿Dónde me voy a ir? No tengo para donde”, les respondió. No le quedó de otra que buscar un nuevo hogar.
Los buenos promedios
Según el expediente policial incorporado en el proceso, Oscar y Eugenio no fueron malos agentes mientras estuvieron dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El primero entró en enero de 2012 y se graduó en 18 de septiembre de 2013 con un promedio de 8.41; al momento de su detención, no tenía ningún tipo de falta en su expediente.
No obstante, Eugenio ya llevaba dos faltas entre leves y graves debido a que no se presentó a trabajar. Ingresó a estudiar para ser policía en marzo de 2006 y se graduó al año siguiente con un promedio de 8.54.
Ahora ellos están resguardados en el centro penitenciario en Metapán, Santa Ana, a la espera de que el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador desarrolle el juicio en su contra por los delitos de amenazas agravadas y limitación a la libertad de circulación.
Por: El Salvador Times.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
