Judicial
Acusan a dos policías de provocar éxodos de familias en Cuscatancingo
Familias han sido víctimas de éxodos en una colonia de Cuscatancingo, en San Salvador, gracias a que dos policías se han encargado de generar pánico y zozobra en la comunidad, así lo asegura una vendedora de tortillas que fue privada de libertad en una delegación en 2017 cuando iba a interponer la denuncia.
Según el expediente judicial de este caso, Oscar G., de 26 años de edad, y Eugenio C., de 35, ambos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes son acusados de provocar la movilización de varias familias de las cuales solo una se atrevió a denunciarlos. Francisca (nombre modificado por seguridad) la única de las víctimas que decidió contar lo que había ocurrido.
Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.
“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.
Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.
“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.
Sin embargo, al ver que no salía aviso a persona de la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH).
“Ya quedaste fichada. Nada me cuesta ponerte un paquete de droga”, le dijo uno de ellos al mismo tiempo que le quitaba las esposas. Francisca escapó en estado de shock, la denuncia se interpuso en la PDDH, donde antes ya había denunciado las agresiones de estos agentes.
A través de otras personas se enteró que al día siguiente de su retención en la delegación, hombres vestidos de negro llegaron a su vivienda para destruirle las ventanas y mancharle las paredes con una equis, igual que las casas de las otras víctimas.
“Yo soy la ley y no importa si nos demanda”
Francisca había logrado establecer un negocio de tortillas, era el único ingreso que le ayudaba a sustentar a su familia. Entre los pasillos estrechos de la colonia, se escuchaba un rumor que otros habitantes huyeron con sus pertenencias, ya que estos policías estaban amedrentando a las personas; a pesar de esto, ella continuaba con su vida y nunca advirtió que estos llegarían como un golpe sin avisar.
Según su testimonio, fue el 9 de enero de 2017 a las 6:00 de la tarde cuando los vio llegar caminando lentamente hacia su negocio junto con otros tres soldados. A pesar de ser la autoridad responsable de su seguridad, ella comenzó a sentirse incómoda y nerviosa mientras rogaba no ser la próxima víctima.
Meses atrás, Francisca construyó una casa improvisada hecha de pilares de madera y un techo de lámina donde hacía todos los días tortillas, a su negocio acudían personas de todos los pasajes. Ella se sentía feliz al saber que su negocio era muy popular.
-Lléveme a donde vive -le dijo Eugenio con un tono serio.
-No puedo, estoy haciendo las tortillas -le contestó mientras palmeaba la masa y lanzaba a la plancha, pero esto solo provocó la furia del policía.
-¡A la gran puta! Si no se van a perder. Nadie se las va a robar -le insistió con violencia.
Al escuchar el tono de su voz, Francisca sintió un temor que se apoderó de su cuerpo y ante la desfachatez del policía comenzó a caminar hacia su casa y sin algún tipo de documento que validara su inspección, comenzaron a revisar toda la casa.
Ella lo cuestionó sobre el porqué del procedimiento y él le respondió: “Yo soy la ley y no importa si nos demanda porque no nos van a hacer nada”, consigna el expediente judicial del caso. Luego de varios minutos en la casa los policías fueron hasta el negocio y comenzaron a desmantelarlo, ella solo observó sin poder hacer nada.
Esto no fue un obstáculo para ella ya que al día siguiente se dispuso a montar nuevamente el negocio en la acera de su casa. De pronto, aparecieron Eugenio y Oscar quienes le dijeron: “¿Por qué no haces caso? Ya no queremos verte en el lugar. Ni vendiendo ni en la colonia”, mientras que con su pie comenzó a botarle los recipientes con las tortillas. Tomó un banco y se lo lanzó en la espalda.
Eugenio con un tono molesto le señaló: “No te queremos ver aquí, tienes doce horas para que te vayas a la mierda”.
“Pero, ¿Dónde me voy a ir? No tengo para donde”, les respondió. No le quedó de otra que buscar un nuevo hogar.
Los buenos promedios
Según el expediente policial incorporado en el proceso, Oscar y Eugenio no fueron malos agentes mientras estuvieron dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El primero entró en enero de 2012 y se graduó en 18 de septiembre de 2013 con un promedio de 8.41; al momento de su detención, no tenía ningún tipo de falta en su expediente.
No obstante, Eugenio ya llevaba dos faltas entre leves y graves debido a que no se presentó a trabajar. Ingresó a estudiar para ser policía en marzo de 2006 y se graduó al año siguiente con un promedio de 8.54.
Ahora ellos están resguardados en el centro penitenciario en Metapán, Santa Ana, a la espera de que el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador desarrolle el juicio en su contra por los delitos de amenazas agravadas y limitación a la libertad de circulación.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
