Judicial
Acusan a dos policías de provocar éxodos de familias en Cuscatancingo
Familias han sido víctimas de éxodos en una colonia de Cuscatancingo, en San Salvador, gracias a que dos policías se han encargado de generar pánico y zozobra en la comunidad, así lo asegura una vendedora de tortillas que fue privada de libertad en una delegación en 2017 cuando iba a interponer la denuncia.
Según el expediente judicial de este caso, Oscar G., de 26 años de edad, y Eugenio C., de 35, ambos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes son acusados de provocar la movilización de varias familias de las cuales solo una se atrevió a denunciarlos. Francisca (nombre modificado por seguridad) la única de las víctimas que decidió contar lo que había ocurrido.
Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.
“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.
Fue la mañana del 12 de enero del 2017. Ella llegó junto con su novio para interponer la denuncia de que días atrás estos dos policías le destruyeron su negocio y la obligaron a salir de la colonia sin saber que sus agresores estaban destacados en la misma delegación.
“¡Ajá, vieja de la gran puta! Ayer te fuimos a buscar y lástima que no te encontramos ¿Verdad que has ido a interponer una denuncia?”, fueron las palabras de bienvenida que le dijo Oscar cuando la vio llegar. Ella, sin demostrar medio, entró a la delegación para denunciarlos.
Sin embargo, al ver que no salía aviso a persona de la Procuraduría General de los Derechos Humanos (PDDH).
“Ya quedaste fichada. Nada me cuesta ponerte un paquete de droga”, le dijo uno de ellos al mismo tiempo que le quitaba las esposas. Francisca escapó en estado de shock, la denuncia se interpuso en la PDDH, donde antes ya había denunciado las agresiones de estos agentes.
A través de otras personas se enteró que al día siguiente de su retención en la delegación, hombres vestidos de negro llegaron a su vivienda para destruirle las ventanas y mancharle las paredes con una equis, igual que las casas de las otras víctimas.
“Yo soy la ley y no importa si nos demanda”
Francisca había logrado establecer un negocio de tortillas, era el único ingreso que le ayudaba a sustentar a su familia. Entre los pasillos estrechos de la colonia, se escuchaba un rumor que otros habitantes huyeron con sus pertenencias, ya que estos policías estaban amedrentando a las personas; a pesar de esto, ella continuaba con su vida y nunca advirtió que estos llegarían como un golpe sin avisar.
Según su testimonio, fue el 9 de enero de 2017 a las 6:00 de la tarde cuando los vio llegar caminando lentamente hacia su negocio junto con otros tres soldados. A pesar de ser la autoridad responsable de su seguridad, ella comenzó a sentirse incómoda y nerviosa mientras rogaba no ser la próxima víctima.
Meses atrás, Francisca construyó una casa improvisada hecha de pilares de madera y un techo de lámina donde hacía todos los días tortillas, a su negocio acudían personas de todos los pasajes. Ella se sentía feliz al saber que su negocio era muy popular.
-Lléveme a donde vive -le dijo Eugenio con un tono serio.
-No puedo, estoy haciendo las tortillas -le contestó mientras palmeaba la masa y lanzaba a la plancha, pero esto solo provocó la furia del policía.
-¡A la gran puta! Si no se van a perder. Nadie se las va a robar -le insistió con violencia.
Al escuchar el tono de su voz, Francisca sintió un temor que se apoderó de su cuerpo y ante la desfachatez del policía comenzó a caminar hacia su casa y sin algún tipo de documento que validara su inspección, comenzaron a revisar toda la casa.
Ella lo cuestionó sobre el porqué del procedimiento y él le respondió: “Yo soy la ley y no importa si nos demanda porque no nos van a hacer nada”, consigna el expediente judicial del caso. Luego de varios minutos en la casa los policías fueron hasta el negocio y comenzaron a desmantelarlo, ella solo observó sin poder hacer nada.
Esto no fue un obstáculo para ella ya que al día siguiente se dispuso a montar nuevamente el negocio en la acera de su casa. De pronto, aparecieron Eugenio y Oscar quienes le dijeron: “¿Por qué no haces caso? Ya no queremos verte en el lugar. Ni vendiendo ni en la colonia”, mientras que con su pie comenzó a botarle los recipientes con las tortillas. Tomó un banco y se lo lanzó en la espalda.
Eugenio con un tono molesto le señaló: “No te queremos ver aquí, tienes doce horas para que te vayas a la mierda”.
“Pero, ¿Dónde me voy a ir? No tengo para donde”, les respondió. No le quedó de otra que buscar un nuevo hogar.
Los buenos promedios
Según el expediente policial incorporado en el proceso, Oscar y Eugenio no fueron malos agentes mientras estuvieron dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El primero entró en enero de 2012 y se graduó en 18 de septiembre de 2013 con un promedio de 8.41; al momento de su detención, no tenía ningún tipo de falta en su expediente.
No obstante, Eugenio ya llevaba dos faltas entre leves y graves debido a que no se presentó a trabajar. Ingresó a estudiar para ser policía en marzo de 2006 y se graduó al año siguiente con un promedio de 8.54.
Ahora ellos están resguardados en el centro penitenciario en Metapán, Santa Ana, a la espera de que el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador desarrolle el juicio en su contra por los delitos de amenazas agravadas y limitación a la libertad de circulación.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
