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Abogados y políticos cuestionan a la FGR ¿Por qué no se usó la Ley de Extinción de Dominio contra acusados de desviar donativo de Taiwán?

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Algunos abogados y políticos externaron sus dudas sobre los resultados que podrían obtenerse con la acción de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que interpusiera una demanda civil contra Juan Tennant Wright, Gerardo Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entre otros señalados de desviar $10 millones de un donativo de China Taiwán para los damnificados por los terremotos ocurridos en el año 2001.

Y aunque la noticia fue aplaudida por muchos, ahora otros se cuestionan porqué dejaron pasar tanto tiempo y sobre la idoneidad de la acción de la FGR.

“¿Por qué no lo había hecho? ¿cuánto tiempo tiene el caso de Saca?”, cuestionó por su parte el exmagistrado de Cámara y jurista Omar Pastor luego de enterarse de la noticia externando sus dudas al respecto.

En la misma línea de pensamiento se expresó Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones del partido Cambio Democrático (CD), quien se mostró escéptico con la medida escogida por el ministerio público.

Álvarez señaló que el fiscal general, Raúl Melara Morán, debería responder “¿por qué él no utiliza esta herramienta pudiendo hacerlo? y se la reserva no sé con qué intención… esa es otra cosa que a uno lo pone en duda”, previno el secretario de Comunicaciones del CD.

Cuando fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio, los funcionarios de la época argumentaron que sería una herramienta expedita para que el Estado recuperara los fondos desviados del erario público, ya que su
aplicación no dependía de un resultado en una instancia penal previa, en vista que únicamente buscaba incautar los bienes y dinero cuya procedencia lícita no se podía demostrar.

En este caso, en el juicio por peculado y lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores se documentó que Juan Tennant Wright era en 2001 el tesorero de ARENA y Gerardo Balzaretti Kriete fungía como presidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP).

Según se estableció en la etapa de instrucción del citado juicio, Francisco Flores transfirió mediante el Banco Cuscatlán los $10 millones que habría desviado del donativo de China Taiwán hacia el Centro de Estudios
Políticos, de ahí se trasladaron a cuentas bancarias del tricolor llamadas ARENA Día D y ARENA Casa Por Casa.

Debido a que en la estructura organizativa de ARENA, Juan Tennant Wright tenía un puesto clave como tesorero y Gerardo Balzaretti Kriete presidía el CEP su participación habría sido decisiva en el desvió de los $10 millones, de acuerdo a la argumentación de la FGR.

Sin embargo, para Aldo Álvarez, la decisión de optar por una demanda civil para recuperar esos $10 millones desviados del mencionado donativo es una acción “muy, muy rara; me parece que cualquiera pueda decir que detrás de eso no hay intención de querer mostrar músculo, si lo sumamos también a la detención del exministro, hace unos días del exministro de Defensa Munguía Payés”.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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