Judicial
Abogados y políticos cuestionan a la FGR ¿Por qué no se usó la Ley de Extinción de Dominio contra acusados de desviar donativo de Taiwán?
Algunos abogados y políticos externaron sus dudas sobre los resultados que podrían obtenerse con la acción de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que interpusiera una demanda civil contra Juan Tennant Wright, Gerardo Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entre otros señalados de desviar $10 millones de un donativo de China Taiwán para los damnificados por los terremotos ocurridos en el año 2001.
Y aunque la noticia fue aplaudida por muchos, ahora otros se cuestionan porqué dejaron pasar tanto tiempo y sobre la idoneidad de la acción de la FGR.
“¿Por qué no lo había hecho? ¿cuánto tiempo tiene el caso de Saca?”, cuestionó por su parte el exmagistrado de Cámara y jurista Omar Pastor luego de enterarse de la noticia externando sus dudas al respecto.
En la misma línea de pensamiento se expresó Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones del partido Cambio Democrático (CD), quien se mostró escéptico con la medida escogida por el ministerio público.
Álvarez señaló que el fiscal general, Raúl Melara Morán, debería responder “¿por qué él no utiliza esta herramienta pudiendo hacerlo? y se la reserva no sé con qué intención… esa es otra cosa que a uno lo pone en duda”, previno el secretario de Comunicaciones del CD.
Cuando fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio, los funcionarios de la época argumentaron que sería una herramienta expedita para que el Estado recuperara los fondos desviados del erario público, ya que su
aplicación no dependía de un resultado en una instancia penal previa, en vista que únicamente buscaba incautar los bienes y dinero cuya procedencia lícita no se podía demostrar.
En este caso, en el juicio por peculado y lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores se documentó que Juan Tennant Wright era en 2001 el tesorero de ARENA y Gerardo Balzaretti Kriete fungía como presidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP).
Según se estableció en la etapa de instrucción del citado juicio, Francisco Flores transfirió mediante el Banco Cuscatlán los $10 millones que habría desviado del donativo de China Taiwán hacia el Centro de Estudios
Políticos, de ahí se trasladaron a cuentas bancarias del tricolor llamadas ARENA Día D y ARENA Casa Por Casa.
Debido a que en la estructura organizativa de ARENA, Juan Tennant Wright tenía un puesto clave como tesorero y Gerardo Balzaretti Kriete presidía el CEP su participación habría sido decisiva en el desvió de los $10 millones, de acuerdo a la argumentación de la FGR.
Sin embargo, para Aldo Álvarez, la decisión de optar por una demanda civil para recuperar esos $10 millones desviados del mencionado donativo es una acción “muy, muy rara; me parece que cualquiera pueda decir que detrás de eso no hay intención de querer mostrar músculo, si lo sumamos también a la detención del exministro, hace unos días del exministro de Defensa Munguía Payés”.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
