Judicial
Abogados y políticos cuestionan a la FGR ¿Por qué no se usó la Ley de Extinción de Dominio contra acusados de desviar donativo de Taiwán?
Algunos abogados y políticos externaron sus dudas sobre los resultados que podrían obtenerse con la acción de la Fiscalía General de la República (FGR), luego que interpusiera una demanda civil contra Juan Tennant Wright, Gerardo Balzaretti Kriete, Elías Antonio Saca, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entre otros señalados de desviar $10 millones de un donativo de China Taiwán para los damnificados por los terremotos ocurridos en el año 2001.
Y aunque la noticia fue aplaudida por muchos, ahora otros se cuestionan porqué dejaron pasar tanto tiempo y sobre la idoneidad de la acción de la FGR.
“¿Por qué no lo había hecho? ¿cuánto tiempo tiene el caso de Saca?”, cuestionó por su parte el exmagistrado de Cámara y jurista Omar Pastor luego de enterarse de la noticia externando sus dudas al respecto.
En la misma línea de pensamiento se expresó Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones del partido Cambio Democrático (CD), quien se mostró escéptico con la medida escogida por el ministerio público.
Álvarez señaló que el fiscal general, Raúl Melara Morán, debería responder “¿por qué él no utiliza esta herramienta pudiendo hacerlo? y se la reserva no sé con qué intención… esa es otra cosa que a uno lo pone en duda”, previno el secretario de Comunicaciones del CD.
Cuando fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio, los funcionarios de la época argumentaron que sería una herramienta expedita para que el Estado recuperara los fondos desviados del erario público, ya que su
aplicación no dependía de un resultado en una instancia penal previa, en vista que únicamente buscaba incautar los bienes y dinero cuya procedencia lícita no se podía demostrar.
En este caso, en el juicio por peculado y lavado de dinero contra el expresidente Francisco Flores se documentó que Juan Tennant Wright era en 2001 el tesorero de ARENA y Gerardo Balzaretti Kriete fungía como presidente del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth (CEP).
Según se estableció en la etapa de instrucción del citado juicio, Francisco Flores transfirió mediante el Banco Cuscatlán los $10 millones que habría desviado del donativo de China Taiwán hacia el Centro de Estudios
Políticos, de ahí se trasladaron a cuentas bancarias del tricolor llamadas ARENA Día D y ARENA Casa Por Casa.
Debido a que en la estructura organizativa de ARENA, Juan Tennant Wright tenía un puesto clave como tesorero y Gerardo Balzaretti Kriete presidía el CEP su participación habría sido decisiva en el desvió de los $10 millones, de acuerdo a la argumentación de la FGR.
Sin embargo, para Aldo Álvarez, la decisión de optar por una demanda civil para recuperar esos $10 millones desviados del mencionado donativo es una acción “muy, muy rara; me parece que cualquiera pueda decir que detrás de eso no hay intención de querer mostrar músculo, si lo sumamos también a la detención del exministro, hace unos días del exministro de Defensa Munguía Payés”.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
