Judicial
Abogados de Enrique Rais presentan denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C
Este día, el equipo de abogados que representan a Enrique Rais y su familia, presentaron una Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C., con la finalidad que el organismo internacional investigue, analice y corrija las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades públicas y judiciales de El Salvador, en los casos a los que se vincula al empresario. Entre las instituciones denunciadas se encuentran la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Órgano Judicial.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
Entre otras cosas, se ha solicitado al Organismo de Derechos Humanos adscrito a la Organización de Estados Americanos, que verifique y emita un informe sobre las violaciones a derechos fundamentales atribuidas al Estado de El Salvador tales como la violación al derecho a la libertad personal (Art. 7 de la Convención Americana) derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley –Juez Natural- (Art. 8.1 de la Convención Americana); el derecho al honor y a la dignidad (Art. 11 de la Convención Americana); la garantía de la presunción de inocencia (Art. 8.2 de la Convención Americana); el derecho a la intimidad y no interceptación ilegal de comunicaciones (Art. 11 de la Convención Americana); el derecho al secreto de la comunicación cliente-abogado (Art. 11 de la Convención Americana) y la garantía de la protección judicial, por medio de un recurso judicial efectivo. (Art. 25 de la Convención Americana) todas en relación con las obligaciones contenidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Enrique Rais.
Pese a que el empresario no ha sido condenado en ningún proceso penal, la petición que activa el sistema interamericano de protección a los derechos humanos pretende que un organismo internacional, legítimamente establecido e imparcial, analice las actuaciones de las Instituciones del Estado en los casos a los que se vincula al empresario Enrique Rais, al estimar los peticionantes que distintos funcionarios del Sistema Penal han generado con su actuar una serie de violaciones a garantías tuteladas por la Convención Americana y que el actual sistema PenalSalvadoreño no ofrece suficientes garantías para la Tutela Judicial Efectiva.
“Todo ciudadano o habitante de los países sometidos al sistema interamericano de derechos humanos tiene derecho a acudir a las instancias internacionales para denunciar los atropellos que un Estado a través de sus funcionarios e instituciones ha cometido en su contra”, acotó uno de los juristas del equipo legal del empresario… “Aun sin existir una sentencia que ponga fin al proceso, un ciudadano puede solicitar la intervención de la Comisión Interamericana, si el Estado denunciado no ha ofrecido garantías suficientes de tutela judicial efectiva, ya sea por negación del recurso judicial efectivo, por retardación de justicia o por silencio judicial excediendo los plazos razonables previamente determinados por la CIDH”…cerró el profesional del derecho.
Enrique Rais enfrenta desde la Administración del Ex Fiscal Douglas Meléndez una serie de procesos judiciales que han sido cuestionados en su validez y legalidad, a raíz de haberse confirmado la utilización en dichos procesos de escuchas telefónicas donde no consta la existencia previa de una autorización judicial para intervenir comunicaciones del empresario, ni hay garantía de legitimidad de las supuestas escuchas captadas, también se fundamentó en intervenciones telefónicas que según la ley debieron haberse destruido; así como la revelación de coacciones y presiones a empleados de la propia agencia fiscal para que declararan como testigos criteriado en casos de supuesta corrupción.
Por otro lado, distintas voces han surgido recientemente entre la población y en apoyo a la nueva administración del Ejecutivo, que exigen la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, al tenerse la percepción generalizada que ni el sistema judicial ni la Fiscalía General de la República ofrecen suficientes garantías de imparcialidad y objetividad para investigar y resolver conforme a la ley en los procesos penales.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
