Judicial
Abogados de Enrique Rais presentan denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C
Este día, el equipo de abogados que representan a Enrique Rais y su familia, presentaron una Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington D.C., con la finalidad que el organismo internacional investigue, analice y corrija las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades públicas y judiciales de El Salvador, en los casos a los que se vincula al empresario. Entre las instituciones denunciadas se encuentran la Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Órgano Judicial.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
Entre otras cosas, se ha solicitado al Organismo de Derechos Humanos adscrito a la Organización de Estados Americanos, que verifique y emita un informe sobre las violaciones a derechos fundamentales atribuidas al Estado de El Salvador tales como la violación al derecho a la libertad personal (Art. 7 de la Convención Americana) derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley –Juez Natural- (Art. 8.1 de la Convención Americana); el derecho al honor y a la dignidad (Art. 11 de la Convención Americana); la garantía de la presunción de inocencia (Art. 8.2 de la Convención Americana); el derecho a la intimidad y no interceptación ilegal de comunicaciones (Art. 11 de la Convención Americana); el derecho al secreto de la comunicación cliente-abogado (Art. 11 de la Convención Americana) y la garantía de la protección judicial, por medio de un recurso judicial efectivo. (Art. 25 de la Convención Americana) todas en relación con las obligaciones contenidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Enrique Rais.
Pese a que el empresario no ha sido condenado en ningún proceso penal, la petición que activa el sistema interamericano de protección a los derechos humanos pretende que un organismo internacional, legítimamente establecido e imparcial, analice las actuaciones de las Instituciones del Estado en los casos a los que se vincula al empresario Enrique Rais, al estimar los peticionantes que distintos funcionarios del Sistema Penal han generado con su actuar una serie de violaciones a garantías tuteladas por la Convención Americana y que el actual sistema PenalSalvadoreño no ofrece suficientes garantías para la Tutela Judicial Efectiva.
“Todo ciudadano o habitante de los países sometidos al sistema interamericano de derechos humanos tiene derecho a acudir a las instancias internacionales para denunciar los atropellos que un Estado a través de sus funcionarios e instituciones ha cometido en su contra”, acotó uno de los juristas del equipo legal del empresario… “Aun sin existir una sentencia que ponga fin al proceso, un ciudadano puede solicitar la intervención de la Comisión Interamericana, si el Estado denunciado no ha ofrecido garantías suficientes de tutela judicial efectiva, ya sea por negación del recurso judicial efectivo, por retardación de justicia o por silencio judicial excediendo los plazos razonables previamente determinados por la CIDH”…cerró el profesional del derecho.
Enrique Rais enfrenta desde la Administración del Ex Fiscal Douglas Meléndez una serie de procesos judiciales que han sido cuestionados en su validez y legalidad, a raíz de haberse confirmado la utilización en dichos procesos de escuchas telefónicas donde no consta la existencia previa de una autorización judicial para intervenir comunicaciones del empresario, ni hay garantía de legitimidad de las supuestas escuchas captadas, también se fundamentó en intervenciones telefónicas que según la ley debieron haberse destruido; así como la revelación de coacciones y presiones a empleados de la propia agencia fiscal para que declararan como testigos criteriado en casos de supuesta corrupción.
Por otro lado, distintas voces han surgido recientemente entre la población y en apoyo a la nueva administración del Ejecutivo, que exigen la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, al tenerse la percepción generalizada que ni el sistema judicial ni la Fiscalía General de la República ofrecen suficientes garantías de imparcialidad y objetividad para investigar y resolver conforme a la ley en los procesos penales.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
