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Joven muere tras hacer 300 sentadillas por violar toque de queda
El abuso policial no es una problemática exclusiva de algún país en especial, pues múltiples casos se han presentado en todo el mundo, y por desgracia, debido a ello muchas personas han muerto.
Tal es el caso de Darren Manaog, un joven de 28 años de edad, originario del país asiático y quien fue reprimido por la policía de General Trias, luego de que violara la orden de toque de queda que se impuso para contender la propagación del COVID-19.
De acuerdo con un familiar de la víctima, el hombre filipino salió de su casa el pasado primero de abril para comprar agua después de las 18:00 horas, cuando empiezan las restricciones en la región.
Sin embargo, fue detenido por las autoridades junto con otras personas, en tanto, las medidas excedieron los protocolos oficiales, pues no se les cobró una multa ni se les exigió que regresaran de inmediato a sus casas.
Así mismo, las personas detenidas fueron llevadas a un lugar en donde se les ordenó que hicieran 100 sentadillas sin parar, de lo contrario, tendrían que empezar de nuevo.
Manaog y los demás terminaron haciendo 300 sentadillas y regresó a su casa hasta la mañana del 2 de abril. Su familiar contó que cuando el joven llegó, tenía un dolor intenso en las rodillas y en los muslos, tanto que le costaba levantarse y caminar.
De la misma forma, dijo que su estado de salud empeoró con rapidez; “Cuando pidió ayuda para ir al baño, comenzó a tener convulsiones, su rostro se puso violeta y su corazón dejó de latir”, contó.
En consecuencia, el joven cayó en coma y al día siguiente, el 3 de abril, falleció. “Ordenamos al jefe de nuestra policía que realizara una investigación justa sobre el incidente y la supuesta tortura”, dijo.
Cabe mencionar que, hasta el momento se desconoce la causa de muerte del joven, pero el Alcalde de la región indicó que el caso ya está bajo investigación.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
