Judicial
Jefe de farmacia del hospital psiquiátrico suministró anestesia vencida a casi 100 pacientes y ahora enfrentará juicio
El jefe de farmacia del hospital psiquiátrico de Soyapango es señalado de permitir el suministro de medicamento vencido a casi un centenar de pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en 2015 y de los cuales en varios casos se tiene registro de complicaciones en el quirófano del sanatorio del cual el director estaba al tanto de dicha situación.
Pese a tener ocho años de laborar en el hospital nacional psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez”, el químico farmacéutico y jefe de farmacia, Mauricio F., de 37 años de edad, decidió suministrar Propofol 1% que ya había caducado a 94 pacientes quienes no se enteraron de lo sucedido.
La denuncia de los 94 casos fue interpuesta por miembros del sindicato de los trabajadores del Ministerio de Salud (Sitramisal) la cual llegó a oídos de la Dirección General de Medicamentos (DGM) quienes realizaron una investigación en la farmacia que dio como resultado el hallazgo de 66 ampollas vencidas en dos lotes diferentes.
El 14 de septiembre de 2015, inspectores fiscales y miembros de la DGM llegaron la farmacia central, almacenes y quirófanos del hospital, para verificar lo que hasta ese entonces se manejaba como rumores.
El informe de las autoridades señaló que 43 ampolletas vencieron en enero de 2015 y que otras 23 en abril del mismo año. Es decir que el producto disponible en farmacia tenía más de siete meses de caducidad.
Luego de las investigaciones, se determinó que en mayo 31 pacientes fueron inyectadas con la anestesia vencida, mientras que en junio se contabilizaron otros 63 pacientes a los que se le aplicó el medicamento.
El director estaba al tanto de todo
Tras ser procesado, el 6 de noviembre del 2018 -durante la audiencia preliminar-, la defensa del imputado señaló que no había pruebas suficientes para comprobar un daño certero en la salud de las personas que habían sido atendidas con dicho anestésico debido a que ningún paciente ha interpuesto alguna denuncia.
Asimismo, señalaron que el imputado no era el único que estaba de acuerdo en dicho procedimiento y apuntaron a otras autoridades de avalar dicha decisión entre ellos el director del centro de salud.
“Si tenía conocimiento previo que el medicamento estaba vencido, de hecho tuvimos una reunión con el director y con otro doctor que en ese momento era jefe de operaciones. Para mí mala suerte no quedó ningún documente que estableciera que si tuvimos esa reunión y que llegamos al acuerdo de utilizar el medicamento”, señaló el imputado.
Al mismo tiempo, Mauricio señaló que una tecnóloga del centro asistencial también estaba al tanto de la situación y que únicamente se limitó a revisar la receta para llevarla a la sala de operaciones donde se introdujo a uno de los pacientes.
Otro de los puntos de los cuales la defensa se auxilió fue en la falta de abastecimiento de dicho insumo, elemento que no ha sido comprobado ante el tribunal a cargo del proceso.
“Cambio de conducta” en pacientes
En el expediente judicial presentado por este caso se señaló el caso de pacientes a quienes los médicos y enfermeras que los atendían observaron extraños comportamientos luego de aplicarles la anestesia.
En un documento firmado por los galenos se informó que el paciente experimentó “cambios de conducta” luego de finalizar el efecto de Propofol 1%; mientras que otro, luego de salir del efecto de la anestesia, “presentó un lenguaje arrastrado y somnoliento y que no se podía mantener en pie”.
Por su parte, la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico Farmacéutico emitió una sanción económica en contra del hospital -que no está especificada en el expediente judicial- por lo que debido a esto tomaron medidas en la utilización de Propofol 1%.
Luego de más de tres años de procesos judiciales, este jueves el tribunal Tercero de sentencia realizara la vista pública en contra del jefe de farmacia del hospital a quien se le atribuye el delito de despacho o comercio indebido de medicamentos en perjuicio de la salud pública.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
